Asesinato de Jaime Hurtado

Jaime Hurtado nacido el 7 de febrero de 1937 en la parroquia rural de Malimpia, en Quinindé, Esmeraldas, en una familia afroecuatoriana campesina y analfabeta. Desde niño combinó el trabajo duro en el campo y en el bar de sus padres con el esfuerzo por estudiar: limpiaba zapatos, vendía periódicos y, a pesar de todo, destacó como estudiante y deportista sobresaliente, ganando medallas de oro en atletismo y jugando básquet en equipos como Emelec,^[1] en la Universidad de Guayaquil se formó como abogado y abrazó plenamente la izquierda revolucionaria, admirando a Augusto Sandino, Fidel Castro, el Che Guevara y Salvador Allende, mientras rechazaba con vehemencia la intervención estadounidense en América Latina. Desde los años sesenta militó en el Partido Comunista Marxista-Leninista y, en 1978, fue uno de los fundadores del Movimiento Popular Democrático (MPD), organización que lo llevó a convertirse en 1979 en el primer diputado nacional afrodescendiente del Ecuador y, en 1984, en el primer candidato presidencial de esa etnia.^[4]

Durante dos décadas fue un opositor implacable de todos los gobiernos, criticó duramente a Jaime Roldós y Oswaldo Hurtado, denunció las violaciones de derechos humanos y los escuadrones de la muerte de León Febres-Cordero, cuestionó los pactos de impunidad de Rodrigo Borja, combatió la corrupción y la “Hora Sixto” de Sixto Durán Ballén, y terminó siendo pieza clave en las movilizaciones populares que derrocaron a Abdalá Bucaram en 1997,fue acusado por los principales partidos como un antiimperialista convencido,^[5] propuso romper con el FMI y con Estados Unidos, lo que le valió ser tildado de subversivo y de querer implantar un modelo cubano o nicaragüense. Aunque su discurso era radical y a veces elogió figuras polémicas en clave antiimperialista como Hugo Chávez, Fidel Castro o Daniel Ortega, también apoyó levantamientos indígenas, luchas sindicales y estudiantiles, y fundó la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE). Paradójicamente, en varios momentos hizo alianzas tácticas con sectores de derecha para combatir gobiernos de centro o centroizquierda, lo que le granjeó acusaciones de oportunismo por parte de casi todo el espectro político.^[2]

Mientras Jaime Hurtado fungió como diputado nacional realizó investigaciones contra varios actores políticos, las principales denuncias que había hecho durante su etapa como congresista, involucraron a vacíos legales en las relaciones diplomáticas como comerciales con los gobiernos de Alberto Fujimori presidente del Perú, Andrés Pastrana presidente de Colombia, Hugo Banzer presidente de Bolivia y Ernesto Pérez presidente de Panamá, el vínculo en la venta ilegal de carros robados con el tráfico de drogas, la relación de las fuerzas armadas con el narcotráfico,^[6] el tráfico de tierras en las provincias de la costa mencionando la presencia de varios paramilitares en el proceso entre ellos Carlos Castaño Gil, Vicente Castaño y Gustavo Aníbal Giraldo.^[7]

También buscaba llevar procesos por lavado de dinero y tráfico de drogas a varios empresarios de alto nombre entre ellos al cardiólogo manabita Medardo Cevallos Balda y Olegario Orellana Jara, participó en un proceso de investigación criminalista contra los narcotraficantes Jorge Hugo Reyes señalado como aliado de Pablo Escobar y Óscar Caranqui conocido en ese tiempo solo bajo el alias "El Jaguar",^[8] asumió una activa defensa de los intereses de la clase obrera siendo el presidente de la comisión del derecho de los trabajadores de varias empresas,^[6] también inició procesos judiciales contra Rodrigo Borja, Sixto Durán-Ballén y Alberto Dahik dado los escándalos de corrupción durante su gobierno como la guerra del Cenepa, involucrando al ministro peruano Efraín Goldenberg.^[9]

Inicio un proceso judicial contra Alfredo Adum debido a su controvertida etapa como ministro de energía como a varios exmiembros del gabinete del gobierno de Abdalá Bucaram y por haber dicho comentarios racistas en su contra,^[9] del mismo modo Jaime Hurtado había iniciado una investigación contra el Servicio de Inteligencia y Seguridad Policial (SIES), creado en 1992 bajo el gobierno de Sixto Durán-Ballén para enfrentar la delincuencia y durante la guerra del Cenepa, sin embargo dicha agencia fue acusada de lavado de dinero, escándalos de corrupción y conexiones con el tráfico de drogas, Hurtado denuncio que esta estructura operaba bajo entrenamiento de las organizaciones estadounidenses de la CIA y el FBI bajo una colaboración entre los gobiernos de Rodrigo Borja y Sixto Durán-Ballén con el gobierno de George Bush y Bill Clinton, Hurtado denuncio que esta organización fue creada para espionaje ilegal y persecución política.^[9]

Jaime Hurtado y posteriormente su hijo Lenin Hurtado, manifestaron que el SIES hacia espionaje contra varios miembros opositores de Jamil Mahuad, Fabián Alarcón y Sixto Durán-Ballén como Rodrigo Paz Delgado, Jorge Moreno Ordóñez, Jorge Escala, Ciro Guzmán, Gustavo Eran Acosta, Ricardo Noboa, Enrique Ayala Mora, Averroes Bucaram, Ángel Duarte, Juan José Castelló, entre otros, mientras que de parte de miembros del SIES acusaron a Hurtado de instigación social, generar un discurso de pánico en la población debido al conflicto con Perú como la guerra del narco en Colombia y algunos de estos oficiales del SIES denunciaron a la fiscalía que Hurtado había difamado el nombre la Policía Nacional.^[10]

A pesar de encabezar varios procesos judiciales e investigaciones, Jaime Hurtado recibió diferentes cuestionamientos por parte de los principales actores políticos del Ecuador desde los partidos de derecha como de centro izquierda, el abogado Jaime Nebot, junto al alcalde de Guayaquil León Febres-Cordero, lo acusaron de oportunismo político, alegando que se había aprovechado de casos como la desaparición de los hermanos Santiago Restrepo y Andrés Restrepo, la muerte de la maestra Consuelo Benavides o la etapa dictatorial de Guillermo Rodríguez Lara para la obtención de votos y deslegitimar a los partidos a los cuales Hurtado era opositor. Asimismo, señalaron que había politizado el conflicto de Paquisha, la Guerra del Cenepa, los asesinatos de Abdón Calderón Muñoz, el empresario Folke Anderson y el doctor Iván Martínez, así como las tragedias derivadas del terremoto en Manabí de 1998 y las inundaciones en la Costa durante el fenómeno de El Niño, dentro del gabinete de Gobierno de Jamil Mahuad también se cuestionó que varias de las investigaciones que Hurtado llevaba adelante no contaban con peritajes ni con un proceso judicial riguroso por parte de la Fiscalía precedida por el abogado Guillermo Mosquera Soto. Esto motivó a que algunos políticos como empresarios acusados por Hurtado de narcotráfico y lavado de dinero, como Medardo Cevallos Balda y su hijo Alberto Cevallos Gómez, que respondieron a que Hurtado inventaba “falsos positivos” para desestabilizar al país, además de difamar su nombre en actividades ilegales.^[7][11]

Uno de los últimos procesos que contó con la participación de Jaime Hurtado fue la investigación de la muerte de su coideario Saúl Cañar dirigente de la CEDOCUT, quien fue hallado muerto en la ciudad de Latacunga, durante su autopsia se comprobó que su cuerpo presentaba signos de tortura, Cañar en 1998 junto a las organizaciones de campesinos de Los Ríos, se negaron aun proyecto minero y agrícola de una influyente familia de empresarios de Quevedo entre ellos el empresario Olegario Orellana Jara, quienes supuestamente estaban involucrados en el tráfico de tierras, según las autoridades la muerte de Cañar fue producto de un ajuste de cuentas a manos de guerrilleros y narcotraficantes, esto fue negado por Jaime Hurtado y el MPD que denunciaron que su muerte fue un acto de lesa humanidad, por su parte Olegario Orellana Jara también denuncio a Hurtado por difamación.^[9] A su vez, varios de estos actores políticos reclamaron que Hurtado previamente había brindado apoyo electoral al expresidente Abdalá Bucaram en las elecciones presidenciales de 1988 y 1996, en oposición a Rodrigo Borja y Jaime Nebot, cuestionando su legitimidad en el ámbito legislativo, así como su postura en las consultas populares y el referéndum constitucional de 1997, del mismo modo, Abdalá Bucaram, autoexiliado en Panamá, junto a miembros de su familia como Jacobo Bucaram, Dalo Bucaram, y Elsa Bucaram denunciaron persecución política por parte de Hurtado acusándolo de ser un inquisidor de la extrema izquierda.^[12]

Unas semanas antes de 1999, el gobierno de Jamil Mahuad enfrentaba una fuerte tensión social tras la implementación de un paquete de medidas económicas que provocó manifestaciones de alrededor de 120.000 maestros y miembros del MPD en rechazo a dichas políticas.^[7] En ese contexto, Jaime Hurtado participó en varias marchas contra la invasión ilegal de tierras en la ciudad de Palenque, de la provincia de Los Ríos, a su vez participo en una manifestación del MPD en Guayaquil contra el gobierno, donde fue denunciado por la Policía por presuntamente portar un arma y amenazar a los agentes. Posteriormente, Hurtado, al ser entrevistado, acusó a la Policía de haberlo agredido y calificó al gobierno de Mahuad como una dictadura represiva, mientras que la institución policial sostuvo que Hurtado había amenazado de muerte a un agente, ^[7][13] en una de sus últimas apariciones en televisión y radio, denunció públicamente que el Estado había censurado sus críticas y opiniones contra el gobierno, a una semana de su asesinato, miembros de los partidos ID, PCE, FRA y CFP aliados del oficialismo, presentaron una queja en su contra por acusarlos de encubrir actividades ilícitas. En una de sus últimas intervenciones en el Congreso, Hurtado afirmó que presentaría a lo que el llamo el mayor escándalo de narcotráfico y lavado de dinero en instituciones bancarias, tras haber remitido un oficio a la Policía de Narcóticos de Manabí en el que se mencionaba al doctor Medardo Cevallos Balda. Finalmente, el mismo día de su asesinato, criticó al presidente Jamil Mahuad por su plan económico enfocado en la convertibilidad del sucre.^[13]

El miércoles 17 de febrero de 1999, aproximadamente a la 1:20 p. m., Jaime Hurtado diputado nacional del Movimiento Popular Democrático (MPD), salió por la puerta lateral del Palacio Legislativo ubicado en la avenida 6 de Diciembre, en el centro norte de Quito. Lo acompañaban Wellington Borja Nazareno, su sobrino de 28 años, quien trabajaba como su asistente personal y Pablo Vicente Tapia Farinango, de 35 años, su guardaespaldas asignado, Hurtado había culminado su participación en la sesión matutina del Congreso, en la que Hurtado se había opuesto a un proyecto de ley precedido por la vicepresidenta de la asamblea la legisladora Nina Pacari, esta ley impulsada por el oficialismo buscaba condonar deudas de grandes empresas privadas con la Empresa Coordinadora de Administración de Petróleo del Ecuador (ECAPAC), una vez finalizada la sesión, Hurtado junto Borja y Tapia salieron a almorzar caminando a un restaurante cercano, apenas cruzaron la calle y avanzaron unos 80 metros por la acera de la avenida 6 de Diciembre exactamente frente al edificio del antiguo Consejo de la Judicatura y a una cuadra del propio Congreso, un automóvil Suzuki Forsa color rojo vino se detuvo bruscamente junto a ellos.^[14]

Del vehículo descendieron dos hombres armados con pistolas calibre 9 mm, uno de los sicarios se acercó directamente a Jaime Hurtado y le disparó tres veces a quemarropa: dos proyectiles impactaron en la cabeza y el tercero en el tórax, perforando el corazón. Wellington Borja recibió dos disparos uno en la cabeza y otro en el cuello mientras que Pablo Tapia fue alcanzado por al menos cuatro balas en el torso y la espalda,^[12] el atentado duró menos de diez segundos, los dos atacantes volvieron a subir al Suzuki Forsa, que los esperaba con el motor encendido y un tercer cómplice al volante, y huyeron a toda velocidad por la avenida 6 de Diciembre en dirección norte, perdiéndose entre el tráfico sin que ninguno de los numerosos policías y militares que custodiaban los edificios cercanos lograra reaccionar ni perseguirlo, en lugar del asesinato había una garita de la Policía Nacional a menos de 30 metros, agentes motorizados del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), soldados del Batallón de Seguridad del Congreso, y vehículos policiales estacionados en las inmediaciones, a pesar de ello, no se disparó ni una sola bala de respuesta y el vehículo de los sicarios se alejó sin obstáculos.^[7][10]

Jaime Hurtado quedó tendido boca arriba en la acera, con sangre brotando abundantemente de la cabeza y la boca. Wellington Borja cayó a su lado y Pablo Tapia quedó unos metros más atrás, minutos después llegaron al lugar dirigentes del MPD, entre ellos Jorge Escala, Ciro Guzmán, Ricardo Ulcuango y otros compañeros de bancada, a su vez decenas de transeúntes, periodistas y funcionarios que salían del Congreso corrieron al lugar. Algunos intentaron detener taxis para trasladar a las víctimas, otros llamaron a ambulancias, Hurtado que aún presentaba signos vitales cuando fue subido a un taxi particular que lo llevó de emergencia al Hospital Eugenio Espejo que estaba a solo seis cuadras. Llegó consciente, pero sufrió un paro cardiorrespiratorio por la pérdida de sangre, a pesar de los esfuerzos de reanimación, fue declarado muerto a las 1:45 p. m. por hemorragia masiva e irreversible, mientras que Wellington Borja y Pablo Tapia fallecieron en el sitio del ataque.^[12]

Confirmada la muerte de Jaime Hurtado, los miembros del MPD acusaron al presidente Jamil Mahuad, a los miembros del Partido Social Cristiano y Democracia Popular, a estas denuncias también se unieron su esposa Siria Ángulo, sus padres y sus hijos,^[13] las primeras versiones del oficialismo nunca se dio un responsable directo, desde las bancadas del oficialismo entre el PSC y DP en un principio se acusaba vagamente a los miembros del PRE y el APRE, dada las confrontaciones previas que había protagonizado Hurtado con miembros cercanos del expresidente Abdalá Bucaram, entre ellos a Alfredo Adum, Víctor Manuel Bayas y Frank Vargas Pazzos, no obstante desde estas bancadas negaron su participación en este hecho y denunciaron calumnias contra el partido, también desde el oficialismo se denunció informalmente al aumento de la criminalidad del país, el 18 de febrero de 1999 del asesinato su féretro fue llevado al congreso nacional donde los partidos de izquierda junto a varios simpatizantes reclamaron justicia por el crimen,^[13] el 19 de febrero de 1999 su féretro fue traslado a la ciudad de Guayaquil para ser sepultado en el Camposanto Parque de la Paz, en ese mismo día miembros del MPD como la Universidad Central del Ecuador entre ellos el diputado Gustavo Terán realizaron marchas en la ciudad de Guayaquil y Quito, condenando el crimen, con consignas en contra del gobierno como "Gobierno asesino" o "Jamil Asesino", las marchas que fueron pacificas se tornaron violentas cuando simpatizantes del MPD agredieron miembros de la policía.^[15]

Por su parte al presidente Jamil Mahuad minutos después del asesinato anunció la captura inmediata y la investigación del caso, afirmando que el crimen contra Jaime Hurtado no quedaría en impunidad, ofreciendo una recompensa de mil millones de sucres a quien diera un dato o evidencia que contribuyera a establecer el crimen,^[13][15] dos días tras el acontecimiento se realizó una rueda de prensa en la que estaría presente el presidente Jamil Mahuad junto al ministro de gobierno Vladimiro Álvarez anunciaron que habían capturado a 3 sospechosos de origen colombiano, Washington Aguirre, Christian Ponce y Sergei Merino, su captura se logró después de que la policía allanara en la madrugada del 19 de febrero la vivienda de Michael Oña empleado del Congreso también implicado en el crimen, tras el testimonio anticipado de Washington Aguirre, sin embargo Michael Oña fue asesinado después de que la policía anunciara que estaba armado cuando lo arrestaron, en su anuncio también acusaron dos personas denominadas Milanta y Victorino supuestos miembros de las FARC como cómplices y proveedores materiales del asesinato, en medio del proceso legal la policía logró la captura de Freddy Contreras el autor material del asesinato.^[13][15]

La muerte de Jaime Hurtado incentivo que el MPD, implique al entonces presidente Jamil Mahuad y su gabinete presidencial, ya que previo a su asesinato, a pesar de haber formado parte de la oposición que llevó al derrocamiento de Abdalá Bucaram,^[16] y haber negado el apoyo al empresario Álvaro Noboa candidato del roldosismo en las elecciones de 1998,^[16] había protagonizado diferentes críticas como denuncias contra el gobierno del presidente Jamil Mahuad, como congresista tuvo varios altercados contra los miembros del partido Democracia Popular y el Partido Social Cristiano,^[16] afirmando que había un pacto entre los legisladores de esas bancadas con los miembros del ID, PCE, FRA y CFP para evitar que se abrieran investigaciones judiciales de varios actores políticos de esos partidos en actos de corrupción como lavado de dinero, por otro lado los miembros de estos partidos entre ellos el abogado Jaime Nebot, Ramiro Rivera, Paco Moncayo, Sixto Durán-Ballén y León Roldós Aguilera acusaron públicamente a Hurtado de injurias, también de tener cercanía con la oposición encabezada por Adolfo Bucaram Ortiz y Elsa Bucaram los hermanos del expresidente Abdalá Bucaram.^[16]

Previamente León Roldós Aguilera, hermano del expresidente Jaime Roldós, cuestionó el rol de Hurtado en el Congreso, enfatizando su constante negativa, oposición y falta de claridad hacia varios gobiernos, incluido el de su hermano, Hurtado también recibió críticas por varios viajes o ausencias que tuvo en el congreso, uno de esos viajes tuvo lugar en Caguán del departamento de Caquetá en Colombia en el mes de enero de 1999, a su vez las bancadas aliadas del oficialismo criticaban la participación de Hurtado en la toma de decisión en el parlamento, en especial su negación a varios proyectos de ley de economía, el control que asumía de la bancada de Pachakutik, su apoyo a las decisiones tomadas por el PRE y el PSE, otra de las críticas que tuvo Jaime Hurtado fue su defensa previa al activismo del Sendero Luminoso en Perú, el Movimiento V República de Hugo Chávez, FSLN de Daniel Ortega, PCC de Fidel Castro y el movimiento MR Túpac Amaru.^[16]

A pesar del anuncio del gobierno los voceros del MPD y la comisión de la justicia entre ellos, el dirigente Ciro Guzmán, rechazaron la investigación del caso, ya que las autoridades afirmaron que el asesinato de Jaime Hurtado fue producto a su apoyo a la guerrilla colombiana de las FARC y auxiliado aún agente militar del municipio de Caquetá, esta versión aceptada por el gobierno, generó controversia debido a que no se reveló los motivos del asesinato, del mismo modo la investigación jamás se encontró al actor intelectual del crimen,^[13] miembros del MPD lo consideraron un intento del gobierno para ocultar su propia culpabilidad, por su parte el gobierno aseguró que el actor intelectual era el paramilitar Carlos Castaño Gil quien era jefe de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) investigado también por Jaime Hurtado en el tráfico de armas y drogas,^[13] sin embargo el DAS colombiano no pudo verificar la información dada por el gobierno, asegurando que no había relación directa de las guerrillas con la muerte de Jaime Hurtado, en la misma línea, miembros y desertores de la organización Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) negaron cualquier implicación en el crimen, asegurando que su líder Carlos Castaño Gil desconocía la presencia de Hurtado en territorio colombiano y que nunca fue considerado un objetivo de seguimiento.^[17][18]

La Comisión de Justicia detectó anomalías en el seguimiento a los sospechosos conocidos como Milanta y Victorino. En rueda de prensa, la policía no ofreció detalles claros sobre sus identidades, a Milanta se le atribuyó el nombre de Gerardo Antonio Martínez Arbeláez, también conocido como Germán Sánchez o Capitán. De Victorino solo se conoció el alias Viejo Men pero nunca se otorgó una identidad o boceto claro, según la Seguridad Fronteriza de Colombia, ambos sujetos habrían salido de Ecuador con apoyo policial tras el asesinato de Jaime Hurtado, esta versión, respaldada por el MPD, fue negada por el gobierno, durante la investigación se confirmó la participación directa de diez agentes de la policía en el crimen, otra versión recogida por el MPD aseguraba que Milanta y Victorino eran en realidad los apodos para Washington Aguirre y Sergei Merino, y que la identidad verdadera de dichas personas eran falsas o inexistentes, sin embargo esta versión fue rechazada por Aguirre quien confirmó la existencia de Milanta y Victorino, a su vez tanto el presidente Jamil Mahuad como su sucesor Gustavo Noboa rechazaron esta implicación de la policía en el crimen.^[17][19]

Una de las primeras hipótesis que generó desconfianza en la investigación fue el testimonio de un testigo protegido de la Fiscalía, quien afirmó que los sicarios Milanta y Victorino habían escapado tras cometer el crimen. Según esta versión, un motociclista identificado como Vinicio Ávila se encontraba en la calle Clemente Ponce, cerca de donde estaba el vehículo, cuando fue amenazado por los atacantes, de acuerdo con un informe policial, Ávila siguió al vehículo y observó que los sicarios lo abandonaban, para luego asaltar a un motociclista, robarle la moto y huir en ella, ante esto Ávila acudió rápidamente a la Policía para notificar este hecho. El 18 de febrero de 1999, un taxista llamado Clever Gonzalo Vaca Irelia también acudió a la Policía para denunciar que había visto a uno de los presuntos asesinos, en este caso Washington Aguirre..^[3][11]

En su testimonio, señaló que el día del asesinato realizó una carrera desde el sur de Quito hasta el norte de la ciudad con Aguirre, quien le pidió escuchar la radio del vehículo, donde se transmitía la noticia de que habían asesinado a Jaime Hurtado, Wellington Borja y Pablo Tapia.^[3] Según Vaca Irelia, su actitud era sospechosa e impaciente al escuchar la noticia de la muerte de Hurtado. Posteriormente, dejo a en Washington Aguirre una vivienda ubicada a unas cuadras de la avenida Eloy Alfaro y Gaspar de Villarro, el 18 de febrero de 1999 la policia allanó el lugar, donde detuvieron al dueño del inmueble, quien fue interrogado por las autoridades, este confesó que había arrendado la casa a Washington Aguirre y Christian Ponce, así como que en ella se obtuvo armamento, aunque afirmó desconocer las intenciones de los mismos.^[11]

A pesar de esta primera hipótesis, Lenin Hurtado, junto al abogado de la familia, Lenin Rosero y el abogado Juan de Dios Parra, criticaron esta versión alegando que era demasiado fantasiosa y carecía de sustento periodístico. Detectaron anomalías en la declaración de Ávila, quien tiempo después afirmó que se encontraba en la calle Luis Felipe Borja, una vía ubicada detrás del sitio del crimen, y que solo había visto el automóvil y las placas, pero que nunca lo siguió, por otro lado no se permitieron entrevistas a las personas señaladas en esa versión policial, el MPD denunció que se trataba de un intento de desviar la atención ante la negligencia de la Policía. A su vez, una investigación independiente señaló que los dueños de la vivienda donde supuestamente se alojaron los sicarios el dueño de la propiedad había vendido y abandonado la propiedad.^[3][11]

Las incógnitas por la investigación empezaron con el testimonio de uno de los sospechosos del crimen Washington Aguirre un ciudadano de ascendencia colombiana, este afirmó en su testimonio anticipado que Jaime Hurtado fue asesinado por órdenes de los sujetos denominados como Milanta y Victorino supuestos miembros de las FARC, tras una colaboración fallida con este grupo paramilitar, esta versión fue aceptada por el gobierno, pero fue rechazada por el MPD,^[7] en su testimonio de Aguirre, se identifico como un ciudadano nacido en Colombia con nacionalidad ecuatoriana, este afirmó que era un espía de los Estados Unidos con una estrecha relación con la Interpol, la DEA y la policía nacional, Aguirre se encargaba de investigar la relación del narcotráfico con los partidos de izquierda o movimientos revolucionarios en Ecuador, Perú, Panamá, Bolivia, Venezuela, Colombia y Chile, en el marco de la creciente influencia de Hugo Chávez en la región, a su vez aseguro que tenía una gran amistad con varios oficiales, capitanes y comandantes de la policía nacional, entre ellos a los capitanes Edison Eduardo Gallardo y Byron Eduardo Viteri que fungían como seguridad del gobierno y en el congreso, quienes tiempo después fueron señalados como cómplices del asesinato, Aguirre confirmó la participación de Christian Ponce y Sergei Merino como autores materiales, de Freddy Contreras, Milanta y Victorino como autores del asesinato, el empleado del congreso nacional Michael Oña como contacto directo y el paramilitar Henry Gil Ayerve como uno de los autores intelectuales. También reveló otros nombres, entre ellos el oficial Lenin Ordóñez, implicado en el asesinato de Marco Bienvenido Palma; sin embargo, los demás nombres mencionados en su versión nunca fueron revelados.^{[7] [19]}

Según Washington Aguirre, el se había reunido con el paramilitar Henry Gil Ayerve alias Andrés el 4 de febrero en Bogotá, quien le informo que debía colaborar en el crimen según estos contactos, Hurtado habría mantenido vínculos con las guerrillas colombianas desde la década de 1980, con el supuesto objetivo de formar una fuerza militar insurgente para enfrentar al gobierno ecuatoriano, revelando que Jaime Hurtado en diciembre de 1998 a enero de 1999 se había reunido secretamente en su viaje en la ciudad de Caguán del departamento de Caquetá, con guerrilleros pertenecientes a las FARC para financiar las protestas del MPD contra el gobierno de Jamil Mahuad y que Hurtado tenía pensado otro viaje en la ciudad de Ayacucho y otro en la ciudad de La Paz para sumar apoyo financiero de los movimientos revolucionarios de Perú y Bolivia, en su testimonio mencionó un nexo secreto con redes de narcotráfico en la Costa y Sierra entre políticos como la policía nacional, donde apareció vagamente el nombre del entonces desconocido narcotraficante ibarreño Óscar Caranqui.^[7]

Washington Aguirre sostuvo estos vínculos representaban una amenaza para la seguridad de Ecuador, Perú y Colombia, además manifestó que los sujetos Milanta y Victorino lograron escapar del país el mismo día del asesinato,^[20] el 19 de febrero el gobierno nacional como las bancadas oficialistas aceptaron esta versión argumentando la defensa previa de Hurtado a los grupos paramilitares revolucionarios, el MPD rechazó tajantemente esta versión, en la que Aguirre afirmaba que el movimiento había establecido pactos con sectores de la región Costa vinculados al tráfico de tierras, con el objetivo de obtener armamento para la creación de una organización revolucionaria,^[11] El abogado Juan de Dios Parra manifestó que el testimonio de Aguirre era un montaje del Gobierno, destinado a imponer una versión falsa ante las autoridades sobre la supuesta participación de guerrillas colombianas. Asimismo, sostuvo que Aguirre no era un recluta de paramilitares colombianos, sino un empleado ecuatoriano del autor material del crimen, y que las autoridades colombianas nunca lo identificaron como ciudadano nacido en Colombia, como se afirmaba oficialmente, ^[3][11] el MPD denuncio públicamente el encubrimiento del caso de parte del gobierno, cuando se reportó la desaparición de los móviles del crimen en el río Machángara, el abandono e incineración del vehículo Suzuki Forsa y que las balas usadas por los sentenciados eran balas calibre 9 mm exclusivas de las fuerzas de seguridad del Estado.^[7][17]

Una de las principales incógnitas del caso gira en torno a Michael Oña, empleado del legislador oficialista Lorenzo Saá. Según el testimonio de Washington Aguirre, Oña habría sido su contacto directo para obtener información sobre las actividades de Jaime Hurtado en las semanas previas a su asesinato.^[7] Aguirre afirmó que, el día del crimen, Oña comunicó a los asesinos la salida de Hurtado del Congreso, dos días después, por orden de la policía, se intentó arrestar a Oña. Sin embargo, el procedimiento nunca se concretó, ya que Michael Oña fue asesinado por los agentes policiales. La familia del dirigente entre ellos su hijo Lenin Hurtado y los miembros del MPD cuestionaron duramente el proceso judicial, en rueda de prensa, los agentes de la policía alegaron que el asesinato de Michael Oña fue producto a que portaba un arma y disparó contra ellos durante su detención hiriendo aun oficial en el proceso, viéndose obligados a hacer uso legitimo de la fuerza. No obstante, esta versión jamás fue confirmada, dado que ningún informe policial coincidió con los hechos relatados en rueda de prensa.^[3]

La Comisión de la Verdad y representantes del MPD recopilaron testimonios de vecinos de Michael Oña que negaron haber escuchado disparos, otro informe recogió la declaración del hermano de Oña, quien aseguró que Michael se encontraba dormido cuando la policía irrumpió en su domicilio, el cual fue allanado sin orden judicial, a su vez Lenin Hurtado cuestionó la veracidad del informe policial que afirmaba que Michael Oña logró disparar contra un agente, señaló que Oña no contaba con ningún documento oficial que acreditara formación en el manejo de armas y que la policía no siguió el protocolo establecido durante el operativo.^[3][13] El dirigente Ciro Guzmán denunció que la muerte de Oña fue un acto deliberado para silenciarlo y evitar que se vinculara al partido oficialista de Jamil Mahuad. Esta sospecha se intensificó cuando el legislador Lorenzo Saá negó cualquier relación con Oña y tanto la bancada oficialista como el Partido Social Cristiano rechazaron que existiera vínculo alguno. Pese a las contradicciones, este caso fue archivado rápidamente por la fiscalía, que alegó que el MPD no presentó pruebas suficientes ni formalizó una solicitud judicial.^[13]

Los dirigentes del MPD denunciaron la participación directa de la Policía Nacional en el asesinato, a partir del testimonio de Washington Aguirre. Según Aguirre, los capitanes Edison Eduardo Gallardo, Byron Eduardo Viteri, Fabiano Aguirre y el Mayor Roberto Fabiano de la Sala, conocían de antemano los movimientos de Milanta y Victorino, siendo un apoyo para el contacto de redes transfronterizas y omitir las alertas sobre amenazas contra la vida de Hurtado. Aguirre afirmó que ambos sujetos con el apoyo del paramilitar Henry Gil Ayerve había financiado el asesinato con apoyo logístico de los oficiales nacionales, entregando cerca de 200 kilos de cocaína como parte de sus operaciones, Aguirre afirmó que la policía al mando del Servicio de Inteligencia y Seguridad Policial (SIES) habían ocultado casos de corrupción, tráfico de drogas como lavado de dinero a la DEA y la Interpol durante los gobiernos de Osvaldo Hurtado, León Febres-Cordero, Rodrigo Borja y Sixto Durán-Ballén.^[7]

El dinero utilizado entre 2.500 y 5.000 dólares habría servido para adquirir el vehículo y el armamento, con permisos facilitados por la propia institución policial. Durante el operativo, la policía habría garantizado la fuga de Milanta y Victorino, evitando su arresto el mismo día del crimen. Aguirre también denunció haber recibido amenazas de muerte por parte de agentes policiales si decidía rendir versión. A raíz de su testimonio, se inició un proceso judicial contra los capitanes Gallardo, Aguirre y Viteri, junto a diez agentes más, del mismo modo varios testimonios de los testigos de la muerte de Hurtado, afirmaron que los sicarios y el coche Suzuki Forsa merodearon sospechosamente por más de 30 minutos a 60 minutos las calles por donde ocurrió el asesinato, en presencia de la policía.^[7][13]

Una investigación encabezada por Lenin Hurtado reveló que dentro de la cúpula policial que conformaba el CIES había oficiales que tenían vínculos secretos con organizaciones criminales como el cartel de los Reyes Magos, el Cartel de Medellín, el Cartel de Cali, las FARC, el ELN y Sendero Luminoso,^[3] se señaló que varios oficiales se beneficiaban de colaboraciones clandestinas con el narcotraficante Jorge Hugo Reyes Torres ex-terrateniente de Pablo Escobar en Ecuador y con el narcotraficante Óscar Caranqui, respaldando las investigaciones previas de Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla, contra Pablo Escobar sobre la infiltración del narcotráfico en entidades públicas o policiales en Colombia, Perú y Ecuador. Lenin Hurtado también cuestionó la eliminación del SIES en 1999 debido a que previamente Jaime Hurtado había denunciado que agentes de la policía que eran parte del SIES habían hecho espionaje ilegal contra la oposición del gobierno de Jamil Mahuad, denunciando que miembros de esta agencia estaban involucrados en el tráfico de tierras y vínculos con el narcotráfico, y que durante semanas antes del crimen el SIES había hecho espionaje contra Hurtado bajo órdenes de monitorear actividades subversivas.^[21]

Debido a los escándalos de corrupción del SIES este sería disuelto y posteriormente reemplazado por un nuevo grupo de élite conocido como el Grupo de Coordinación de Inteligencia Conjunta (CIC), donde en esta nueva agencia se encontraban al capitán Viteri, al capitán Gallardo, el capitán Aguirre, el mayor Fabiano y a otros oficiales señalados por la declaración de Aguirre, dicha agencia también recibiría denuncias por coordinar o reprimir amenazas al orden público.^[3] Lenin Hurtado junto al abogado de la familia Lenin Rosero y el abogado Juan de Dios Parra denunciaron que este grupo operaba con impunidad, donde esta agencia recibió denuncias de encubrimiento ilícito, lavado de activos, eliminación de evidencia o la formación ilegal de grupos parapoliciales, esta agencia negada por el Estado fue reconocida en el año 2001, después de presiones de la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana, posteriormente Lenin Hurtado junto a la Comisión de la Verdad, señalaron que el SIES, y luego el CIC, mantenían vínculos con el Grupo de Apoyo Operacional (GAO), implicado en represión social, acciones extrajudiciales y operaciones vinculadas a bandas criminales.^[7]

En el proceso de investigación Lenin Hurtado y la comisión de la Verdad identificaron que el capitán Byron Eduardo Viteri también estaba relacionado con el mayor Eduardo René González, los oficiales de la policía Sergio Wilfrido Gaibor, Eric Salinas y Aurelio Chala señalados en el Caso Fybeca (2003), durante el marco de las operaciones Caso Bruselas (2006) y Caso Madera (2009) en contra del narcotraficante Óscar Caranqui, el MPD uso como base las declaraciones de Óscar Caranqui, quien durante su detención en el Penal García Moreno afirmó que Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el CIC habían mantenido vínculos de más de veinte años con su red de tráfico de drogas como de bandas criminales y redes de sicariato, operando en la sierra norte y la región costa del país, señalando que esta agencia contaba con el apoyo directo de guerrillas tanto colombianas como peruanas y carteles mexicanos o venezolanos, Caranqui informó que la infiltración del narcotráfico en la policía era tan profunda que la población debía preocuparse más por las actividades de los agentes de la policía y la política que por los propios narcotraficantes,^[22] sin embargo pese a las denuncias ningún oficial fue desvinculado, afirmado que no existían pruebas incriminatorias, tiempo después varios de estos oficiales fueron ascendidos a cargos superiores dentro del mismo grupo, por su parte Byron Eduardo Viteri denuncio a Hurtado por difamación, y negó cualquier vínculo con el crimen, Washington Aguirre como la investigación que involucraba al mayor René González.^[7][13]

Una de las hipótesis elaboradas por la comisión de la justicia, miembros del MPD y Lenin Hurtado involucraron como actor intelectual del asesinato, al empresario manabita Medardo Cevallos Balda quien había fungido como embajador de Ecuador en México nombrado por el presidente Jamil Mahuad en el año 1998,^[23][8] durante su etapa como congresista Jaime Hurtado había realizado una investigación en la que involucraba a Medardo Cevallos Balda, esto se dio después de que Hurtado presentará un informe de la policía de narcóticos y la subjefatura antinarcóticos de Manabí, sobre la infiltración de empresas públicas vinculadas a Cevallos y a su familia en el tráfico de drogas, como la empresa pesquera Pesca Fresca y Aislantes Plumavit en las ciudades de Manta, Portoviejo y Guayaquil.^[23]

Jaime Hurtado había señalado que Medardo Cevallos Balda tenía una extraña relación con Jamil Mahuad, Fabián Alarcón, Guillermo Lasso, Jaime Nebot, Sixto Durán-Ballen, León Febres-Cordero y el gabinete presidencial de Mahuad,^[8] acusándolo de haber sido financista en el referéndum de Fabián Alarcón y la campaña electoral de Mahuad, asegurando que este financiamiento garantizo su nombramiento como embajador del estado, además Hurtado señaló que la empresa bancaria Bancomex, cuyo principal accionista era Cevallos Balda junto a su hijo Alberto Cevallos Gómez, funcionaba como fachada para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico,^[23] también advirtió sobre los vínculos de la familia Cevallos con el general José Ramón Jiménez Carbo acusado de estar vinculado el narcotraficante Jorge Hugo Reyes Torres y al cartel de drogas ecuatoriano Los Reyes Magos.^[8]

Además de las investigaciones echas por Jaime Hurtado contra Medardo Cevallos Balda, su hijo Lenin Hurtado y el abogado Juan de Dios Parra, comprobaron que Freddy Contreras el autor del asesinato había tenido una estrecha relación con Medardo Cevallos Balda, siendo su hombre de confianza durante varios años, en este hecho también se señalo al empresario de Quevedo Olegario Orellana Jara y al capitán Byron Eduardo Viteri de estar vinculados al narcotráfico en Esmeraldas, Guayas y Manabí,^[24] a su vez Lenin Hurtado denuncio a Medardo Cevallos Balda por la desaparición forzada como tortura al empleado Marco Bienvenido Palma Mendoza ocurrida en 1997, a manos del oficial Lenin Ordóñez y de exmiembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que supuestamente trabajaban como seguridad personal para Cevallos, Lenin Hurtado también señalo que en la declaración de Washington Aguirre, donde había mencionado el nombre de Lenin Ordóñez como otro de los presuntos responsables del crimen, y que Freddy Contreras había mantenido vínculos con Ordóñez trabajando para Cevallos,^[25] como la persecución contra el exministro de Gobierno César Verduga que pidió una solicitud de asilo político en México, luego de ser acusado por el gobierno de Jamil Mahuad de un presunto manejo irregular de seis millones de dólares durante el proceso del referéndum de 1997.^[26]

Mientras enfrentaba un juicio de extradición, César Verduga denunció al gobierno de Jamil Mahuad y a Medardo Cevallos Balda que las acusaciones en su contra se dieron en un contexto donde había recibido amenazas de muerte, tras investigar al llamado cartel de Los Reyes Magos, en su testimonio, Verduga afirmó que Medardo Cevallos Balda señalado en su investigación, estaba a cargo del proceso de extradición, el cual presentaba irregularidades que comprometían su legalidad,^[23] del mismo modo medios periodísticos informaron que durante el período en que Cevallos fungió como embajador, el gobierno de Ernesto Zedillo enfrentaba graves señalamientos por parte del gobierno de Bill Clinton y la Interpol, sobre la infiltración de funcionarios públicos y extranjeros en la red de tráfico de drogas con Estados Unidos, Panamá y Canadá,^[27][28] en ese mismo contexto, el diario mexicano La Jornada publicó en mayo de 1999 que la DEA tenía evidencias de que la empresa Aislantes Plumavit, vinculada a Cevallos y su familia, fabricaba cajas con doble fondo para enviar cocaína camuflada en productos pesqueros, la Subjefatura Antinarcóticos de Manabí investigaba estas operaciones, y un oficio de la DEA fechado el 9 de diciembre de 1998 respaldaba estas acusaciones.^[8][24]

En respuesta a las acusaciones del Movimiento Popular Democrático (MPD), Medardo Cevallos Balda negó cualquier vínculo con el asesinato de Jaime Hurtado, calificando las denuncias como una cortina de humo y calumnias dirigidas en su contra, recibiendo apoyo del gabinete del presidente Jamil Mahuad, en medio del escándalo anunció acciones legales por injurias contra el MPD y a Lenin Hurtado, alegando daños a su imagen pública y a la integridad de su familia,^[20] esta ofensiva judicial se produjo tras su renuncia al cargo de embajador en mayo de 1999, alegando problemas de salud, en el mes de junio de 1999 Medardo Cevallos Balda junto a su familia abandonaron el país para dirigirse a una de sus residencia de la ciudad de Miami de los Estados Unidos, el MPD junto al PSE denunciaron que el gobierno de Jamil Mahuad y el congreso había facilitado la salida de Cevallos Balda, para evitar su captura como uno de los actores intelectuales del asesinato,^[29] mientras que el abogado de Cevallos Balda denuncio públicamente que su salida del país se dio tras recibir amenazas de muerte como mensajes intimidatorios de parte de miembros del MPD, asegurando la falta de claridad en el proceso y la seguridad de la familia de Cevallos Balda, del mismo modo denunciaron un intento de asesinato de parte del MPD y el PSE.^[30]

En el año 2000 inicio un proceso judicial en contra el diario mexicano La Jornada acusando de haber utilizado indebidamente su nombre para vincularlo a él, junto a su familia y sus empresas con actividades relacionadas con el narcotráfico, paralelamente, volvió a denunciar públicamente al MPD y a Lenin Hurtado por calumnias, en el año 2001 un jurado dictaminó que las acusaciones formuladas por el MPD, el PSE, Lenin Hurtado y la investigación iniciada por Jaime Hurtado contenían información errónea y poco clara para sustentar una vinculación de Cevallos con operaciones criminales, el tribunal concluyó que Jaime Hurtado había incurrido en difamación contra Cevallos Balda y su familia, otorgándole a la familia de Cevallos una indemnización por el caso, a estas denuncias también se unió la familia del empresario Olegario Orellana Jara que recibió una indemnización y disculpas públicas de parte del MPD por difamación.^[23]

El nombre de Medardo Cevallos Balda tomo mayor prominencia en 1999 y 2000 cuando las empresas bancarias Bancomex y Lincoln Bank las cuales era su principal accionista junto a su hijo, entró en una etapa de embargo producto del feriado bancario y la dolarización de la economía, donde un informe policial mostro qué estos bancos tenía irregularidades financieras, lo que llevó a la incautación de 25 empresas en 2002 incluyendo Agroforestal, Camaronoc, Aislantes Plumavit, Pesca Fresca, Maderas del Pacífico y Manabiagro, todas localizadas principalmente en Manabí, en este proceso su hijo Alberto Cevallos Gómez escapo del país a Estados Unidos, también el exministro César Verduga acusó a Cevallos, el magistrado Héctor Romero Parducci y el excanciller José Ayala de violar la legislación mexicana al presentar pruebas fuera del período de instrucción durante el proceso de su extradición,^[31] y en 2017 la Corte Interamericana en un informe de personas desaparecidas involucró a Cevallos en la muerte de Marco Bienvenido Palma, según este informe Cevallos ordenó a Lenin Ordóñez trasladar a las víctimas a varios lugares del país como Palestina, Puerto Inca y Puerto Olmeda antes de su asesinato,^[32] sin embargo todas estas acusaciones jamás pudieron ser comprobadas, ni tampoco se llevó a cabo un proceso de investigación, ya que no se obtuvo la evidencia, ni tampoco un registro por parte de las autoridades y la Fiscalía General precedida por la abogada Mariana Yépez, el político Washington Pesántez y el abogado Galo Chiriboga, declarando que no existía evidencia que vinculara a Cevallos Balda con el narcotráfico, y que toda prueba incriminatoria en su contra eran falsas, rechazando los pedidos del MPD de continuar el proceso.^[13]

En el año 2000, tras una investigación liderada por la fiscal Mariana Yépez y continuada por la fiscal subrogante Elsa Moreno, un tribunal ecuatoriano emitió una sentencia contra tres de los sospechosos colombianos implicados en el asesinato de Jaime Hurtado, su sobrino Wellington Borja Nazareno y su guardaespaldas Pablo Vicente Tapia Farinango, a pesar de que se quería la pena máxima para Washington Aguirre, Christian Ponce y Sergei Merino, los tres fueron condenados a seis años de prisión por su participación en el crimen,^[9] Aguirre y Ponce fueron acusados de asesinato, mientras que Merino fue señalado por encubrimiento, los tres fueron liberados tras cumplir solo dos años de su sentencia, beneficiados por buena conducta y reducciones de pena tras colaborar con la policía, Freddy Contreras identificado como el sicario directo fue procesado tras ser capturado, pero no se dio detalles claros sobre su sentencia siendo condenado 16 años en prisión, sin embargo su proceso también se dilató y Contreras también recupero su libertad 3 años después,^[9] está liberación temprana generó indignación de parte del MPD y de organismos como la IPU, que cuestionaron la lenidad como transparencia de la sentencia y la falta de seguimiento.^[33]

Durante el 2001 el MPD insistió en continuar el proceso judicial para identificar al autor intelectual del asesinato de Jaime Hurtado. Aunque logró revertir las penas impuestas a los procesados directos, en 2002 la fiscal Elsa Moreno decidió archivar las acusaciones contra 23 personas, entre ellas 15 oficiales de policía y el empresario Medardo Cevallos Balda, alegando falta de pruebas suficientes para sostener cargos de complicidad o autoría intelectual, en este proceso Medardo Cevallos Balda, Olegario Orellana Jara y el capitán Byron Eduardo Viteri denunciaron a los miembros del MPD por difamación, aquí un jurado dictamino que el MPD había vulnerado la imagen pública de estos implicados,^[34]a pesar de las demandas presentadas por el MPD y sus intentos de continuar con la investigación, los gobiernos posteriores de Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio, Rafael Correa y Lenin Moreno,^[35][36] no continuaron con el proceso dejando la muerte de Jaime Hurtado sin hallar responsables, debido a que el MPD habían reabierto el caso antes de ser cerrado por la fiscal Elsa Moreno, los procesados lograron evadir la justicia del país, Christian Steven Ponce, logró escapar de la justicia huyendo del país al ser liberado y fue capturado en el norte del estado de Nueva York en febrero de 2007 cuando conducía un automóvil y no llevaba puesto el cinturón de seguridad.^[37]

El 15 de diciembre del 2010 Henry Gil Ayerve fue arrestado en la ciudad de Bogotá por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Colombia (Dijin),^[38]la captura se dio en el contexto de redadas contra redes de sicariato y narcotráfico. Ecuador había emitido una orden de Interpol por su rol en el asesinato de Hurtado, además de otras causas pendientes en Pichincha dos por asociación ilícita y una por tenencia ilegal de armas,^[39] tras negociaciones bilaterales, Gil Ayerve fue extraditado a Ecuador la madrugada del 21 de diciembre de 2010. Llegó al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito bajo fuertes medidas de seguridad, escoltado por 20 policías colombianos en Bogotá y entregado a agentes ecuatorianos, a pesar de su captura su proceso se dilato por mucho tiempo debido a la apelación de la defensa de Gil Ayerve como acusaciones hacia a sus abogados de dilatar el juicio, originalmente lo iban sentenciar a 25 años en la cárcel por autor intelectual, sin embargo su sentencia se redujo a 18 años bajo los cargos de asesinato, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas, pero no se dicto medidas sobre su participación en el asesinato de Jaime Hurtado, no obstante en su testimonio anticipado apuntó a que el asesinato de Hurtado existía la participación directa de policiales ecuatorianos, a pesar de que miembros del MPD y después Unidad Popular intentaron reabrir su caso, Gil Ayerve sería liberado a finales del año 2018 el proceso judicial encargado dicto que había cumplido su sentencia y posteriormente saldría del país.^[39]

El 16 de junio de 2013, Washington Aguirre fue arrestado en el aeropuerto de Fiumicino en la ciudad de Roma bajo una identidad falsa, procedente de la ciudad de Amán del país de Jordania, donde portaba una boleta roja de Interpol emitida por Ecuador por el asesinato de Hurtado, la Interpol de Quito coordinó inmediatamente con autoridades italianas, diplomáticas y judiciales para confirmar la validez de la captura y tramitar la extradición, el Ministro del Interior de ese periodo José Serrano anunció que se dio inicio al proceso de extradición, las negociaciones con Italia se han prolongado por apelaciones de los abogados de Aguirre, cuestiones de doble incriminación y posibles protecciones internacionales, aquí Aguirre expresó públicamente que se había omitido un 60% a 80% de lo declarado en su versión donde se vinculaba a la DEA y a la policía nacional en el crimen, aquí Aguirre aseguró que si regresaba a Ecuador lo iban a matar, a pesar de la colaboración de los medios de comunicación no se pudo llevar a cabo el proceso para la extradición de Aguirre, paralelamente el narcotraficante Óscar Caranqui señalado en el testimonio de Aguirre sería asesinado en una riña carcelaria el 30 de junio de 2013 en la cárcel de La Roca de Guayaquil,^[40] después de publicar un libro con el nombre La Roca, cementerio de hombres vivos donde denunciaba actos de corrupción como vínculos del correísmo con la guerrilla colombiana y el narcotráfico,^[41] en febrero de 2015, la familia Hurtado junto a Unidad Popular exigieron celeridad a la Cancillería ecuatoriana y a la Corte Nacional de Justicia para la extradición del Aguirre,^[35] en 2019 Lenin Hurtado reiteró en la extradición de Washington Aguirre asegurando que era esencial para esclarecer el crimen de su padre, sin embargo este proceso nunca se llevó a cabo por la apelación de los abogados de Aguirre.^[42]

Durante el primer gobierno del presidente Rafael Correa, el MPD que había sido un aliado inicial de Alianza País en las elecciones presidenciales de 2006, respaldó la promesa de reabrir la investigación de la muerte de Jaime Hurtado, no obstante, el proceso terminó en estancamiento, sin avances significativos ni una resolución sobre el autor intelectuales,^[43] por su parte, antiguos miembros del gabinete del ex presidente Jamil Mahuad que formaban parte de la oposición contra Rafael Correa, apoyaron la investigación que encabezó el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, durante el bombardeo de Angostura, donde murió el guerrillero Raúl Reyes en 2008 lo que ocasiono una ruptura diplomática con Colombia,^[44][45] durante el bombardeo una investigación pericial a las computadoras al fallecido Raúl Reyes se identifico que grupos guerrilleros entre ellos la FARC habían dado apoyo financiero a partidos políticos de izquierda en las campañas presidenciales de Ecuador, Colombia, Venezuela y Perú.^[46][47]

El presidente Rafael Correa negó los señalamientos hechos por el presidente Álvaro Uribe, que denunció una violación de la soberanía nacional rompiendo relaciones diplomáticas con Colombia, acusando a sus opositores de inventar testimonios falsos,^[47] el MPD que también fue señalado por figuras opositoras al correísmo como León Febres-Cordero, afirmando que estos documentos validaban la versión de que grupos guerrilleros estaban detrás de la muerte de Jaime Hurtado, esto fue negado por el MPD que respaldaron al presidente Rafael Correa, durante el segundo gobierno de Rafael Correa, la relación entre ambos movimientos se deterioró por diferencias ideológicas,^[48] estas tensiones se incrementaron cuando el presidente Rafael Correa inició un proceso judicial contra el MPD, así como contra Pachakutik, a quienes acusó de orquestar un golpe de Estado y un intento de magnicidio en su contra durante el Revuelta Policial de 2010.^[49][50][51]

Durante el tercer gobierno de Rafael Correa, el MPD formo parte de múltiples manifestaciones en contra del plan de gobierno del correísmo, al mismo tiempo que denunciaron persecución política de parte de Rafael Correa, cuando implemento un plan económico donde buscaba desaparecer a la organizaciones sociales y la confiscación de fondos de la FEUE,^[52] Lenin Hurtado junto a la comisión de la justicia intentaron por varios medios buscar la reapertura del caso, sin embargo este proceso quedo estancado sin identificar al autor intelectual del asesinato de Jaime Hurtado, la investigación fue cerrada durante el tercer gobierno de Rafael Correa, esta decisión fue cuestionada por el sectores de la Unidad Popular y partidos de oposición al correísmo, entre ellos el expresidente Lucio Gutiérrez, Jorge Escala, Enrique Ayala Mora, Galo Lara, Fernando Balda, Andrés Páez, Fernando Villavicencio, Christian Zurita, Paco Moncayo, Lourdes Tibán, Yaku Pérez, Cléver Jiménez, César Montúfar, Mauricio Rodas entre otros, durante las manifestaciones de oposición en 2015 y 2016.^[53][54][55]

En 2015 Unidad Popular, Lenin Hurtado y varios actores de la oposición alegaron que el fiscal general Galo Chiriboga quien era cercano al presidente Rafael Correa como varias figuras importantes del correísmo entre ellos Jorge Glas, Ricardo Patiño, José Serrano, Carlos Pólit, Fernando Alvarado, Alexis Mera y Gabriela Rivadeneira no tenía intención de reabrir la investigación de la muerte de Jaime Hurtado y otros casos, entre ellos el asesinato del general Jorge Gabela, el periodista Fausto Valdiviezo, el abogado Wellington Alcívar Quiñonez y el estudiante David Romo, alegando que este cierre era para evitar que se reabrieron los casos donde se vinculará al correísmo con redes de narcotráfico, la infiltración de grupos guerrilleros, corrupción policial y actos de lesa humanidad,^[56] por su parte el presidente Rafael Correa acusó al partido de Unidad Popular y los exmiembros del MPD como enemigos internos del país, sectarios violentos y obstaculizar de su proyecto revolucionario,^[57][58] a su vez responsabilizó al partido de obstaculizar la investigación.^[43][59]