El miércoles 17 de febrero del 1999, después de haber participado en una de las sesiones del Congreso Nacional en la que se había opuesto a la ley de condonación a deudores de la Empresa Ecuatoriana de Petróleos (ECAPAC), sesionada por la legisladora Nina Pacari, Jaime Hurtado salió a su hora del almuerzo con su sobrino como asistente Wellington Borja Nazareno, y su guardaespaldas Pablo Vicente Tapia Farinango. A las 13h20, hora local, fueron asesinados a tiros en un lugar público a una cuadra de los edificios del Congreso Nacional, el Consejo de la Judicatura y otros edificios de gobierno que se encontraban bien resguardados. Los asesinos lograron escaparon sin trabas en un coche Suzuki Forsa, mientras los transeúntes buscaron formas de ayudar al diputado, siendo llevado al Hospital Eugenio Espejo para reanimarlo. Sus colegas miembros del MPD, entre ellos el dirigente Ciro Guzmán, llegaron pocos minutos después.[12] A pesar de los intentos para salvar su vida, los tres disparos que recibió en la cabeza y el tórax provocaron su muerte minutos después del ataque.[12][13]
Las denuncias de su asesinato desencadenaron que se implique al entonces presidente Jamil Mahuad y su gabinete presidencial, ya que previo a su asesinato, a pesar de haber formado parte de la oposición que llevó al derrocamiento de Abdalá Bucaram,[11] y de haber negado el apoyo al empresario Álvaro Noboa candidato del roldosismo en las elecciones de 1998,[11] Hurtado había protagonizado diferentes críticas y denuncias contra el gobierno del presidente Jamil Mahuad. Como congresista tuvo varios altercados contra los miembros del partido Democracia Popular y el Partido Social Cristiano,[11] afirmando que había un pacto entre los legisladores de esas bancadas con los miembros del ID, PCE, FRA y CFP para evitar el enjuiciamiento de varios actores políticos de esos partidos en actos de corrupción como lavado de dinero. Por otro lado, los miembros de estos partidos, entre ellos el abogado Jaime Nebot, Ramiro Rivera, Paco Moncayo, Sixto Durán-Ballén y León Roldós Aguilera, lo acusaban de ser parte o tener cercanía con la oposición encabezada por Adolfo Bucaram Ortiz y Elsa Bucaram, hermanos del expresidente Abdalá Bucaram.[11] León Roldós Aguilera, hermano del expresidente Jaime Roldós, cuestionó el rol de Jaime Hurtado en el Congreso, enfatizando su constante negativa, oposición y falta de claridad hacia varios gobiernos, incluido el de su hermano. Hurtado también recibió críticas por varios viajes o ausencias que tuvo en el Congreso Nacional. Uno de estos viajes tuvo lugar en el Caguán, del departamento de Caquetá-Colombia, en enero de 1999. A su vez, las bancadas aliadas del oficialismo criticaban la participación de Hurtado en la toma de decisión en el parlamento, en especial su negación a varios proyectos de ley de economía, el control que asumía de la bancada de Pachakutik, y su apoyo a las decisiones tomadas por el PRE y el PSE. Otra de las críticas que tuvo Jaime Hurtado fue su defensa previa al activismo de Sendero Luminoso y el movimiento Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en Perú, el Movimiento V República de Hugo Chávez en Venezuela, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Daniel Ortega en Nicaragua, y el Partido Comunista de Cuba (PCC) de Fidel Castro.[11]
Las principales denuncias que Jaime Hurtado había hecho durante su etapa como congresista involucraron a vacíos legales y anomalías en las relaciones diplomáticas con los gobiernos de Alberto Fujimori, presidente del Perú, y Andrés Pastrana, presidente de Colombia; el vínculo en la venta ilegal de carros robados con el tráfico de drogas; la relación de las fuerzas armadas con el narcotráfico;[2] el tráfico de tierras en las provincias de la costa, mencionando la presencia de varios paramilitares en el proceso, entre ellos Carlos Castaño Gil, Vicente Castaño y Gustavo Aníbal Giraldo.[8] Buscaba también iniciar procesos por lavado de dinero y tráfico de drogas a varios empresarios de alto nombre, entre ellos al cardiólogo manabita Medardo Cevallos Balda y Olegario Orellana Jara.[14] Asumió una activa defensa de los intereses de la clase obrera, siendo el presidente de la Comisión del derecho de los trabajadores de varias empresas.[2] Inició procesos judiciales contra Rodrigo Borja, Sixto Durán-Ballén y Alberto Dahik por los escándalos de corrupción durante sus gobierno, como la guerra del Cenepa, involucrando incluso al ministro peruano Efraín Goldenberg. Durante estos hechos también inició un proceso judicial contra Alfredo Adum debido a su controvertida etapa como ministro de energía, así como contra varios exmiembros del gabinete del gobierno de Abdalá Bucaram.[15] Del mismo modo, Jaime Hurtado había iniciado una investigación contra el Servicio de Inteligencia y Seguridad Policial (SIES), creado en 1992 bajo el gobierno de Sixto Durán-Ballén para enfrentar la delincuencia y el conflicto con Perú, sin embargo dicha agencia fue acusada de lavado de dinero, escándalos de corrupción y conexiones con el tráfico de drogas. Según Hurtado, esta estructura operaba bajo entrenamiento de la CIA y el FBI, en colaboración entre los gobiernos de Rodrigo Borja y Sixto Durán-Ballén con los gobiernos de George H. W. Bush y Bill Clinton, para espionaje ilegal y persecución política. Hurtado, y posteriormente su hijo Lenin Hurtado, manifestaron que el SIES hacía espionaje contra varios miembros opositores de Jamil Mahuad, Fabián Alarcón y Sixto Durán-Ballén, entre ellos Rodrigo Paz Delgado, Jorge Moreno Ordóñez, Jorge Escala, Ciro Guzmán, Gustavo Eran Acosta, Ricardo Noboa, Enrique Ayala Mora, Averroes Bucaram, Ángel Duarte, Juan José Castelló, entre otros. Por su parte, miembros del SIES acusaron a Hurtado de instigación social.[16]
Se encargó de la investigación de la muerte de su coideario Saúl Cañar, dirigente de la CEDOCUT, quien fue hallado muerto en la ciudad de Latacunga. Durante su autopsia se comprobó que el cuerpo presentaba signos de tortura. En 1998, Cañar, junto a las organizaciones de campesinos de Los Ríos, se negaron a un proyecto minero y agrícola de una influyente familia de empresarios de Quevedo, quienes supuestamente estaban involucrados en el tráfico de tierras. Según las autoridades, la muerte de Cañar fue producto de un ajuste de cuentas a manos de guerrilleros y narcotraficantes. Esto fue negado por Jaime Hurtado y el MPD, que denunciaron que su muerte fue un acto de lesa humanidad.[15] Unas semanas previas a su asesinato, el gobierno de Jamil Mahuad enfrentaba una fuerte tensión social, con manifestaciones de 120.000 maestros y miembros del MPD en contra de sus políticas.[8] Hurtado había participado en varias marchas en contra de la invasión ilegal de tierras en la ciudad de Palenque de la provincia de Los Ríos. Del mismo modo, Hurtado fue parte de en una manifestación del MPD en la ciudad de Guayaquil en contra del gobierno, donde fue denunciado por la policía de portar un arma. Posteriormente, al ser entrevistado por las autoridades, Hurtado acusó a los agentes de la policía de agredirlo y que el gobierno de Mahuad era una dictadura represiva.[8][12] Otra de sus denuncias públicas correspondía a que los medios de comunicación habían censurado sus críticas y opiniones al gobierno. El mismo día de su asesinato, había criticado al presidente Jamil Mahuad por su plan económico enfocado en la convertibilidad del sucre.[12]
Confirmada la muerte de Jaime Hurtado, los miembros del MPD acusaron al presidente Jamil Mahuad, a los miembros del Partido Social Cristiano y Democracia Popular. A estas denuncias también se unieron su esposa, Siria Ángulo, sus padres y sus hijos.[12] En las primeras versiones del oficialismo nunca se dio un responsable directo. Desde las bancadas del oficialismo (entre el PSC y la DP), en un principio se acusaba vagamente a los miembros del PRE y el APRE, dada las confrontaciones previas que había protagonizado Hurtado con miembros cercanos del expresidente Abdalá Bucaram, entre ellos a Alfredo Adum. No obstante, desde estas bancadas se negó su participación en este hecho, y denunciaron calumnias contra el partido. También desde el oficialismo se denunció informalmente al aumento de la criminalidad del país. Un día después del asesinato, su féretro fue llevado al Congreso Nacional, donde los partidos de izquierda reclamaron justicia por el crimen.[12] Por su parte, el presidente Jamil Mahuad, minutos después del asesinato, solicitó la captura inmediata y la investigación del caso, afirmando que el crimen contra Jaime Hurtado no quedaría en impunidad.[12][17]
Dos días después del crimen se realizó una rueda de prensa en la que estaría presente el presidente Jamil Mahuad junto al ministro de gobierno Vladimiro Álvarez. Se anunció que habían capturado a 3 sospechosos de origen colombiano, Washington Aguirre, Christian Ponce y Sergei Merino. Su captura se logró después de que la policía allanara en la madrugada del 19 de febrero la vivienda de Michael Oña, empleado del Congreso Nacional, también implicado en el crimen tras el testimonio anticipado de Washington Aguirre. Sin embargo, Michael Oña fue asesinado después de que la policía anunciara que estaba armado cuando lo arrestaron. En su anuncio también acusaron dos personas denominadas Milanta y Victorino, supuestos miembros de las FARC, como cómplices y proveedores materiales para el asesinato. En medio del proceso legal la policía logró la captura de Freddy Contreras el autor material del asesinato.[12][17]
A pesar del anuncio del gobierno, los voceros del MPD y la comisión de la justicia, entre ellos el dirigente Ciro Guzmán, rechazaron la investigación del caso, ya que las autoridades afirmaron que el asesinato de Jaime Hurtado fue producto a su apoyo a la guerrilla colombiana de las FARC. Esta versión aceptada por el gobierno generó controversia debido a que no se reveló los motivos del asesinato. Del mismo modo, la investigación jamás encontró al actor intelectual del crimen.[12] Miembros del MPD lo consideraron un intento del gobierno para ocultar su propia culpabilidad. Por su parte, el gobierno aseguró que el actor intelectual era el paramilitar Carlos Castaño Gil, quien era jefe de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), investigado también por Jaime Hurtado en el tráfico de armas y drogas.[12] Sin embargo, el DAS colombiano no pudo verificar la información dada por el gobierno, asegurando que no había relación directa de las guerrillas con la muerte de Jaime Hurtado. En la misma línea, miembros y desertores de la organización Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) negaron cualquier implicación en el crimen, asegurando que su líder Carlos Castaño Gil desconocía la presencia de Hurtado en territorio colombiano y que nunca fue considerado un objetivo de seguimiento.[18][19]
La Comisión de Justicia detectó anomalías en el seguimiento a los sospechosos conocidos como Milanta y Victorino. En rueda de prensa la policía no ofreció detalles claros sobre sus identidades. A Milanta se le atribuyó el nombre de Gerardo Antonio Martínez Arbeláez, también conocido como Germán Sánchez o Capitán. De Victorino solo se conoció el alias Viejo Men pero nunca se otorgó una identidad o boceto claro. Según la Seguridad Fronteriza de Colombia, ambos sujetos habrían salido de Ecuador con apoyo policial tras el asesinato de Jaime Hurtado. Esta versión, respaldada por el MPD, fue negada por el gobierno. Durante la investigación se confirmó la participación directa de diez agentes de la policía en el crimen. Otra versión recogida por el MPD aseguraba que Milanta y Victorino eran en realidad los apodos para Washington Aguirre y Sergei Merino, y que la identidad verdadera de dichas personas eran falsas o inexistentes. Sin embargo, esta versión fue rechazada por Aguirre quien confirmó la existencia de Milanta y Victorino. A su vez, tanto el presidente Jamil Mahuad como su sucesor Gustavo Noboa, rechazaron esta implicación de la policía en el crimen.[18][20]
Las incógnitas por la investigación empezaron con el testimonio de uno de los sospechosos del crimen Washington Aguirre, este afirmó que Jaime Hurtado fue asesinado por órdenes de los sujetos denominados como Milanta y Victorino supuestos miembros de las FARC, tras una colaboración fallida con este grupo paramilitar, esta versión fue aceptada por el gobierno, pero fue rechazada por el MPD,[8] dado que en el testimonio de Washington Aguirre, este afirmó que era un espía de los Estados Unidos con una estrecha relación con la Interpol, la DEA y la policía nacional, Aguirre se encargaba de investigar la relación del narcotráfico con los partidos de izquierda o movimientos revolucionarios en Ecuador, Perú, Panamá, Venezuela y Colombia, en el marco de la creciente influencia de Hugo Chávez en la región, a su vez aseguro que tenía una gran amistad con varios oficiales, capitanes y comandantes de la policía nacional, entre ellos a los capitanes Edison Eduardo Gallardo y Byron Eduardo Viteri que fungían como seguridad del gobierno y en el congreso, quienes tiempo después fueron señalados como cómplices del asesinato, Aguirre confirmó la participación de Christian Ponce y Sergei Merino como autores materiales, de Freddy Contreras, Milanta y Victorino como autores del asesinato, el empleado del congreso nacional Michael Oña como contacto directo y el paramilitar Henry Gil Ayerve como uno de los autores intelectuales. También reveló otros nombres, entre ellos Lenin Ordóñez, implicado en el asesinato de Marco Bienvenido Palma; sin embargo, los demás nombres mencionados en su versión nunca fueron revelados.[8] [20]
Según Aguirre, el se había reunido con el paramilitar Henry Gil Ayerve alias Andrés el 4 de febrero en Bogotá, quien le informo que debía colaborar en el crimen según estos contactos, Hurtado habría mantenido vínculos con las guerrillas colombianas desde la década de 1980, con el supuesto objetivo de formar una fuerza militar insurgente para enfrentar al gobierno ecuatoriano, revelando que Jaime Hurtado en diciembre de 1998 a enero de 1999 se había reunido secretamente en su viaje en la ciudad de Caguán del departamento de Caquetá, con guerrilleros pertenecientes a las FARC para financiar las protestas del MPD contra el gobierno de Jamil Mahuad y que Hurtado tenía pensado otro viaje en la ciudad de Ayacucho y otro en la ciudad de La Paz para sumar apoyo financiero, en su testimonio mencionó un nexo secreto con redes de narcotráfico en la Costa y Sierra entre políticos como la policía nacional, donde apareció vagamente el nombre del entonces desconocido narcotraficante ibarreño Óscar Caranqui,[8] Aguirre sostuvo estos vínculos representaban una amenaza para la seguridad de Ecuador, Perú y Colombia, además manifestó que los sujetos Milanta y Victorino lograron escapar del país el mismo día del asesinato,[21] el 19 de febrero el gobierno nacional como las bancadas oficialistas aceptaron esta versión argumentando la defensa previa de Hurtado a los grupos paramilitares revolucionarios, el MPD rechazo tajantemente esta versión y denunciaron públicamente el encubrimiento del caso de parte del gobierno, cuando se reportó la desaparición de los móviles del crimen en el río Machángara, el abandono e incineración del vehículo Suzuki Forsa y que las balas usadas por los sentenciados eran balas calibre 9 mm exclusivas de las fuerzas de seguridad del Estado.[8][18]
Una de las principales incógnitas del caso gira en torno a Michael Oña, empleado del legislador oficialista Lorenzo Saá. Según el testimonio de Washington Aguirre, Oña habría sido su contacto directo para obtener información sobre las actividades de Jaime Hurtado en las semanas previas a su asesinato.[8] Aguirre afirmó que, el día del crimen, Oña comunicó a los asesinos la salida de Hurtado del Congreso, dos días después, por orden de la policía, se intentó arrestar a Oña. Sin embargo, el procedimiento nunca se concretó, ya que Michael Oña fue asesinado por los agentes policiales. La familia del dirigente entre ellos su hijo Lenin Hurtado y los miembros del MPD cuestionaron duramente el proceso judicial, en rueda de prensa, los agentes de la policía alegaron que el asesinato de Michael Oña fue producto a que portaba un arma y disparó contra ellos durante su detención hiriendo aun oficial en el proceso, viéndose obligados a hacer uso legitimo de la fuerza. No obstante, esta versión jamás fue confirmada, dado que ningún informe policial coincidió con los hechos relatados en rueda de prensa.[13]
La Comisión de la Verdad y representantes del MPD recopilaron testimonios de vecinos de Michael Oña que negaron haber escuchado disparos, otro informe recogió la declaración del hermano de Oña, quien aseguró que Michael se encontraba dormido cuando la policía irrumpió en su domicilio, el cual fue allanado sin orden judicial, a su vez Lenin Hurtado cuestionó la veracidad del informe policial que afirmaba que Michael Oña logró disparar contra un agente, señaló que Oña no contaba con ningún documento oficial que acreditara formación en el manejo de armas y que la policía no siguió el protocolo establecido durante el operativo.[13][12] El dirigente Ciro Guzmán denunció que la muerte de Oña fue un acto deliberado para silenciarlo y evitar que se vinculara al partido oficialista de Jamil Mahuad. Esta sospecha se intensificó cuando el legislador Lorenzo Saá negó cualquier relación con Oña y tanto la bancada oficialista como el Partido Social Cristiano rechazaron que existiera vínculo alguno. Pese a las contradicciones, este caso fue archivado rápidamente por la fiscalía, que alegó que el MPD no presentó pruebas suficientes ni formalizó una solicitud judicial.[12]
Los dirigentes del MPD denunciaron la participación directa de la Policía Nacional en el asesinato, a partir del testimonio de Washington Aguirre. Según Aguirre, los capitanes Edison Eduardo Gallardo, Byron Eduardo Viteri, Fabiano Aguirre y el Mayor Roberto Fabiano de la Sala, conocían de antemano los movimientos de Milanta y Victorino, siendo un apoyo para el contacto de redes transfronterizas y omitir las alertas sobre amenazas contra la vida de Hurtado. Aguirre afirmó que ambos sujetos con el apoyo del paramilitar Henry Gil Ayerve había financiado el asesinato con apoyo logístico de los oficiales nacionales, entregando cerca de 200 kilos de cocaína como parte de sus operaciones, Aguirre afirmó que la policía al mando del Servicio de Inteligencia y Seguridad Policial (SIES) habían ocultado casos de corrupción, tráfico de drogas como lavado de dinero a la DEA y la Interpol durante los gobiernos de Osvaldo Hurtado, León Febres-Cordero, Rodrigo Borja y Sixto Durán-Ballén.[8] El dinero utilizado entre 2.500 y 5.000 dólares habría servido para adquirir el vehículo y el armamento, con permisos facilitados por la propia institución policial. Durante el operativo, la policía habría garantizado la fuga de Milanta y Victorino, evitando su arresto el mismo día del crimen. Aguirre también denunció haber recibido amenazas de muerte por parte de agentes policiales si decidía rendir versión. A raíz de su testimonio, se inició un proceso judicial contra los capitanes Gallardo, Aguirre y Viteri, junto a diez agentes más, del mismo modo varios testimonios de los testigos de la muerte de Hurtado, afirmaron que los sicarios y el coche Suzuki Forsa merodearon sospechosamente por más de 30 minutos a 60 minutos las calles por donde ocurrió el asesinato, en presencia de la policía.[8][12]
Una investigación encabezada por Lenin Hurtado reveló que dentro de la cúpula policial había oficiales que tenían vínculos secretos con organizaciones criminales como el cartel de los Reyes Magos, el Cartel de Medellín, el Cartel de Cali, las FARC, el ELN y Sendero Luminoso,[13] se señaló que varios oficiales se beneficiaban de colaboraciones clandestinas con el narcotraficante Jorge Hugo Reyes Torres ex-terrateniente de Pablo Escobar en Ecuador y con el narcotraficante Óscar Caranqui, respaldando las investigaciones previas de Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla, contra Pablo Escobar sobre la infiltración del narcotráfico en entidades públicas o policiales en Colombia, Perú y Ecuador.[22] Lenin Hurtado también cuestionó la eliminación del SIES en 1999 debido a que previamente Jaime Hurtado había denunciado que agentes de la policía que eran parte del SIES habían hecho espionaje ilegal contra la oposición del gobierno de Jamil Mahuad, denunciando que miembros de esta agencia estaban involucrados en el tráfico de tierras y vínculos con el narcotráfico, y que durante semanas antes del crimen el SIES había hecho espionaje contra Hurtado bajo órdenes de monitorear actividades subversivas, debido a los escándalos de corrupción del SIES este sería disuelto y posteriormente reemplazado por un nuevo grupo de élite conocido como el Grupo de Coordinación de Inteligencia Conjunta (CIC), donde en esta nueva agencia se encontraban al capitán Viteri, al capitán Gallardo, el capitán Aguirre, el mayor Fabiano y a otros oficiales señalados por la declaración de Aguirre, dicha agencia también recibiría denuncias por coordinar o reprimir amenazas al orden público.[13]
Lenin Hurtado junto al abogado de la familia Lenin Rosero y el abogado Juan de Dios Parra denunciaron que este grupo operaba con impunidad, donde esta agencia recibió denuncias de encubrimiento ilícito, lavado de activos, eliminación de evidencia o la formación ilegal de grupos parapoliciales, esta agencia negada por el Estado fue reconocida en el año 2001, después de presiones de la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana, posteriormente Lenin Hurtado junto a la Comisión de la Verdad, señalaron que el SIES, y luego el CIC, mantenían vínculos con el Grupo de Apoyo Operacional (GAO), implicado en represión social, acciones extrajudiciales y operaciones vinculadas a bandas criminales. Hurtado identificó que el capitán Byron Eduardo Viteri estaba relacionado con el mayor Eduardo René González, los oficiales de la policía Sergio Wilfrido Gaibor, Eric Salinas y Aurelio Chala señalados en el Caso Fybeca (2003), durante el marco de las operaciones Caso Bruselas (2006) y Caso Madera (2009) en contra del narcotraficante Óscar Caranqui, el MPD respaldó las declaraciones de Óscar Caranqui, quien durante su detención en Penal García Moreno afirmó que Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el CIC habían mantenido vínculos de más de veinte años con su red de tráfico de drogas como de bandas criminales, operando en la sierra norte y la región costa del país, señalando que esta agencia contaba con el apoyo directo de guerrillas tanto colombianas como peruanas y carteles mexicanos o venezolanos, Caranqui informó que la infiltración del narcotráfico en la policía era tan profunda que la población debía preocuparse más por las actividades de los agentes de la policía y la política que por los propios narcotraficantes,[23] sin embargo pese a las denuncias ningún oficial fue desvinculado, afirmado que no existían pruebas incriminatorias, tiempo después varios de estos oficiales fueron ascendidos a cargos superiores dentro del mismo grupo.[8][12]
Una de las hipótesis elaboradas por la comisión de la justicia, miembros del MPD y Lenin Hurtado involucraron como actor intelectual del asesinato, al empresario manabita Medardo Cevallos Balda quien había fungido como embajador de Ecuador en México nombrado por el presidente Jamil Mahuad en el año 1998,[24][14] durante su etapa como congresista Jaime Hurtado había realizado una investigación en la que involucraba a Medardo Cevallos Balda, esto se dio después de que Hurtado presentará un informe de la policía de narcóticos y la subjefatura antinarcóticos de Manabí, sobre la infiltración de empresas públicas vinculadas a Cevallos y a su familia en el trafico de drogas, como la empresa pesquera Pesca Fresca y Aislantes Plumavit en las ciudades de Manta, Portoviejo y Guayaquil,[24] además de eso Hurtado había señalado que Cevallos Balda tenía una extraña relación con Jamil Mahuad, Fabián Alarcón, Guillermo Lasso, Jaime Nebot, Sixto Durán-Ballen, León Febres-Cordero y el gabinete presidencial de Mahuad,[14] acusándolo de haber sido financista en el referéndum de Fabián Alarcón y la campaña electoral de Mahuad, asegurando que este financiamiento garantizo su nombramiento como embajador del estado, además Hurtado señaló que la empresa bancaria Bancomex, cuyo principal accionista era Cevallos Balda junto a su hijo Alberto Cevallos Gómez, funcionaba como fachada para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico,[24] también advirtió sobre los vínculos de la familia Cevallos con el general José Ramón Jiménez Carbo acusado de estar vinculado el narcotraficante Jorge Hugo Reyes Torres y al cartel de drogas ecuatoriano Los Reyes Magos.[14]
Además en la investigación correspondiente su hijo Lenin Hurtado y el abogado Juan de Dios Parra, comprobaron que Freddy Contreras el autor del asesinato había tenido una estrecha relación con Medardo Cevallos Balda, siendo su hombre de confianza durante varios años, en este hecho también se señalo al empresario de Quevedo Olegario Orellana Jara y al capitán Byron Eduardo Viteri de estar vinculados al narcotráfico en Esmeraldas, Guayas y Manabí,[25] a su vez Lenin Hurtado denuncio a Medardo Cevallos Balda por la desaparición forzada como tortura al empleado Marco Bienvenido Palma Mendoza ocurrida en 1997, a manos de Lenin Ordóñez y de exmiembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que supuestamente trabajaban como seguridad personal para Cevallos, Lenin Hurtado también señalo que en la declaración de Washington Aguirre, donde había mencionado el nombre de Lenin Ordóñez como otro de los presuntos responsables del crimen, y que Freddy Contreras había mantenido vínculos con Ordóñez trabajando para Cevallos,[26] como la persecución contra el exministro de Gobierno César Verduga que pidió una solicitud de asilo político en México, luego de ser acusado por el gobierno de Jamil Mahuad de un presunto manejo irregular de seis millones de dólares durante el proceso del referéndum de 1997.[27]
Mientras enfrentaba un juicio de extradición, César Verduga denunció al gobierno de Jamil Mahuad y a Medardo Cevallos Balda que las acusaciones en su contra se dieron en un contexto donde había recibido amenazas de muerte, tras investigar al llamado cartel de Los Reyes Magos, en su testimonio, Verduga afirmó que Medardo Cevallos Balda señalado en su investigación, estaba a cargo del proceso de extradición, el cual presentaba irregularidades que comprometían su legalidad,[24] del mismo modo medios periodísticos informaron que durante el período en que Cevallos fungió como embajador, el gobierno de Ernesto Zedillo enfrentaba graves señalamientos por parte del gobierno de Bill Clinton y la Interpol, sobre la infiltración de funcionarios públicos y extranjeros en la red de tráfico de drogas con Estados Unidos, Panamá y Canadá,[28][29] en ese mismo contexto, el diario mexicano La Jornada publicó en mayo de 1999 que la DEA tenía evidencias de que la empresa Aislantes Plumavit, vinculada a Cevallos y su familia, fabricaba cajas con doble fondo para enviar cocaína camuflada en productos pesqueros, la Subjefatura Antinarcóticos de Manabí investigaba estas operaciones, y un oficio de la DEA fechado el 9 de diciembre de 1998 respaldaba estas acusaciones.[14][25]
En respuesta a las acusaciones del Movimiento Popular Democrático (MPD), Medardo Cevallos Balda negó cualquier vínculo con el asesinato de Jaime Hurtado, calificando las denuncias como una cortina de humo y calumnias dirigidas en su contra, recibiendo apoyo del gabinete del presidente Jamil Mahuad, en medio del escándalo anunció acciones legales por injurias contra el MPD y a Lenin Hurtado, alegando daños a su imagen pública y a la integridad de su familia,[21] esta ofensiva judicial se produjo tras su renuncia al cargo de embajador en mayo de 1999, alegando problemas de salud, en el año 2000 inicio un proceso judicial en contra el diario mexicano La Jornada acusando de haber utilizado indebidamente su nombre para vincularlo a él, junto a su familia y sus empresas con actividades relacionadas al narcotráfico, paralelamente, volvió a denunciar públicamente al MPD y a Lenin Hurtado por calumnias, en el año 2001 un jurado dictaminó que las acusaciones formuladas por el MPD, el PSE, Lenin Hurtado y la investigación iniciada por Jaime Hurtado contenían información errónea y poco clara para sustentar una vinculación de Cevallos con operaciones criminales, el tribunal concluyó que Jaime Hurtado había incurrido en difamación contra Cevallos Balda y su familia, otorgándole a la familia de Cevallos una indemnización por el caso.[24]
El nombre de Medardo Cevallos Balda tomo mayor prominencia en 1999 y 2000 cuando la empresa bancaria Bancomex de la cual era su principal accionista junto a su hijo, entró en una etapa de embargo producto del feriado bancario y la dolarización de la economía, donde un informe policial mostro qué el banco tenía irregularidades financieras, lo que llevó a la incautación de 25 empresas en 2002 incluyendo Agroforestal, Camaronoc, Aislantes Plumavit, Pesca Fresca, Maderas del Pacífico y Manabiagro, todas localizadas principalmente en Manabí, en este proceso su hijo Alberto Cevallos Gómez escapo del país a Estados Unidos, también el exministro César Verduga acusó a Cevallos, el magistrado Héctor Romero Parducci y el excanciller José Ayala de violar la legislación mexicana al presentar pruebas fuera del período de instrucción durante el proceso de su extradición,[30] y en 2017 la Corte Interamericana en un informe de personas desaparecidas involucro a Cevallos en la muerte de Marco Bienvenido Palma, según este informe Cevallos ordenó a Lenin Ordóñez trasladar a las víctimas a varios lugares del país como Palestina, Puerto Inca y Puerto Olmeda antes de su asesinato,[31] sin embargo todas estas acusaciones jamás pudieron ser comprobadas, ni tampoco se llevó a cabo un proceso de investigación, ya que no se obtuvo la evidencia ni tampoco un registro por parte de las autoridades y la Fiscalía General precedida por la abogada Mariana Yépez, el político Washington Pesántez y el abogado Galo Chiriboga, declarando que no existía evidencia que vinculara a Cevallos Balda con el narcotráfico, y rechazó los pedidos del MPD de continuar el proceso.[12]
En el año 2000, tras una investigación liderada por la fiscal Mariana Yépez y continuada por la fiscal subrogante Elsa Moreno, un tribunal ecuatoriano emitió una sentencia contra tres de los sospechosos colombianos implicados en el asesinato de Jaime Hurtado, su sobrino Wellington Borja Nazareno y su guardaespaldas Pablo Vicente Tapia Farinango, a pesar de que se quería la pena máxima para Washington Aguirre, Christian Ponce y Sergei Merino, los tres fueron condenados a seis años de prisión por su participación en el crimen,[15]Aguirre y Ponce fueron acusados de asesinato, mientras que Merino fue señalado por encubrimiento, los tres fueron liberados tras cumplir solo dos años de su sentencia, beneficiados por buena conducta y reducciones de pena tras colaborar con la policía, Freddy Contreras identificado como el sicario directo fue procesado tras ser capturado, pero no se dio detalles claros sobre su sentencia siendo condenado 16 años en prisión, sin embargo su proceso también se dilató y Contreras también recupero su libertad 3 años después,[15]está liberación temprana generó indignación de parte del MPD y de organismos como la IPU, que cuestionaron la lenidad como transparencia de la sentencia y la falta de seguimiento.[32]
Durante el 2001 el MPD insistió en continuar el proceso judicial para identificar al autor intelectual del asesinato de Jaime Hurtado. Aunque logró revertir las penas impuestas a los procesados directos, en 2002 la fiscal Elsa Moreno decidió archivar las acusaciones contra 23 personas, entre ellas 15 oficiales de policía y el empresario Medardo Cevallos Balda, alegando falta de pruebas suficientes para sostener cargos de complicidad o autoría intelectual, en este proceso Medardo Cevallos Balda, Olegario Orellana Jara y el capitán Byron Eduardo Viteri denunciaron a los miembros del MPD por difamación, aquí un jurado dictamino que el MPD había vulnerado la imagen publica de estos implicados,[33]a pesar de las demandas presentadas por el MPD y sus intentos de continuar con la investigación, los gobiernos posteriores de Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio, Rafael Correa y Lenin Moreno,[34][35] no continuaron con el proceso dejando la muerte de Jaime Hurtado sin hallar responsables, debido a que el MPD habían reabierto el caso antes de ser cerrado por la fiscal Elsa Moreno, los procesados lograron evadir la justicia del país, Christian Steven Ponce, logró escapar de la justicia huyendo del país al ser liberado y fue capturado en el norte del estado de Nueva York en febrero de 2007 cuando conducía un automóvil y no llevaba puesto el cinturón de seguridad.[36]
El 15 de diciembre del 2010 Henry Gil Ayerve fue arrestado en la ciudad de Bogotá por la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Colombia (Dijin),[37]la captura se dio en el contexto de redadas contra redes de sicariato y narcotráfico. Ecuador había emitido una orden de Interpol por su rol en el asesinato de Hurtado, además de otras causas pendientes en Pichincha dos por asociación ilícita y una por tenencia ilegal de armas,[38] tras negociaciones bilaterales, Gil Ayerve fue extraditado a Ecuador la madrugada del 21 de diciembre de 2010. Llegó al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito bajo fuertes medidas de seguridad, escoltado por 20 policías colombianos en Bogotá y entregado a agentes ecuatorianos, a pesar de su captura su proceso se dilato por mucho tiempo debido a la apelación de la defensa de Gil Ayerve como acusaciones hacia a sus abogados de dilatar el juicio, originalmente lo iban sentenciar a 25 años en la cárcel por autor intelectual, sin embargo su sentencia se redujo a 18 años bajo los cargos de asesinato, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas, pero no se dicto medidas sobre su participación en el asesinato de Jaime Hurtado, no obstante en su testimonio anticipado apuntó a que el asesinato de Hurtado existía la participación directa de policiales ecuatorianos, a pesar de que miembros del MPD y después Unidad Popular intentaron reabrir su caso, Gil Ayerve sería liberado a finales del año 2018 el proceso judicial encargado dicto que había cumplido su sentencia y posteriormente saldría del país.[38]
El 16 de junio de 2013, Washington Aguirre fue arrestado en el aeropuerto de Fiumicino en la ciudad de Roma, bajo una identidad falsa, procedente de Amán. Aguirre tenía boleta roja emitida por la Interpol a solicitud del Ecuador por el asesinato de Hurtado. La Interpol de Quito coordinó inmediatamente con las autoridades italianas, diplomáticas y judiciales para confirmar la validez de la captura y tramitar su extradición. El Ministerio del Interior de Ecuador, encabezado por José Serrano en esa época, anunció que se dio inicio al proceso de extradición. Las negociaciones con Italia se prolongaron por apelaciones de Aguirre, cuestiones de doble incriminación y posibles protecciones internacionales. Aguirre expresó públicamente que se había omitido de 60% a 80% de lo que había declarado en su versión, donde se vinculaba a la DEA y a la policía nacional en el crimen, y aseguró que si regresaba al Ecuador lo iban a matar. A pesar de los intentos de negociación, el proceso para la extradición de Aguirre no se pudo llevar a cabo. Paralelamente, el narcotraficante Óscar Caranqui, señalado en el testimonio de Aguirre, sería asesinado en una riña carcelaria el 30 de junio de 2013 en la cárcel de La Roca.[39] En febrero de 2015, la familia Hurtado junto a Unidad Popular exigieron celeridad a la Cancillería ecuatoriana y a la Corte Nacional de Justicia para la extradición del Aguirre.[34] En 2019, Lenin Hurtado insistió en la extradición de Washington Aguirre, asegurando que era esencial para esclarecer el crimen de su padre; sin embargo, este proceso nunca se llevó a cabo.[40]
A pesar de los intentos de Lenin Hurtado, como la comisión de la justicia de buscar a los responsables, hasta la fecha no se ha identificado al autor intelectual del asesinato de Jaime Hurtado. La investigación fue cerrada durante el gobierno de Rafael Correa. Esta decisión fue cuestionada por el sectores de la Unidad Popular y por partidos de oposición al correísmo, entre ellos el expresidente Lucio Gutiérrez, Jorge Escala, Enrique Ayala Mora, Galo Lara, Fernando Balda, Andrés Páez, Fernando Villavicencio, Paco Moncayo, Lourdes Tibán, Yaku Pérez, Cléver Jiménez, César Montúfar, Mauricio Rodas entre otros. Durante las manifestaciones de oposición en 2015, estos actores alegaron que el fiscal Galo Chiriboga, cercano a Rafael Correa, Jorge Glas, Ricardo Patiño y José Serrano, no tenía intención de reabrir este y otros casos, entre ellos los casos del general Jorge Gabela, el periodista Fausto Valdiviezo, el abogado Wellington Alcívar Quiñonez y el estudiante David Romo, alegando que este cierre era para evitar que se reabrieran casos que vincularan al correísmo con redes de narcotráfico, la infiltración de grupos guerrilleros, corrupción policial y actos de lesa humanidad.[41] A pesar de ello, el caso fue archivado.
Para el expresidente Jamil Mahuad y exmiembros de su gabinete, el proceso de investigación dio las pruebas suficientes para sostener que las FARC fueron los autores del crimen, y acusaron a los sectores del MPD de montar un show político y proferir injurias por involucrarlos en el asesinato. Sin embargo, sectores de izquierda y la Unidad Popular siguen considerando la muerte de Jaime Hurtado como un crimen de Estado y su investigación como impune. Encuestas nacionales, entre ellas de Cedatos, recopilaron que al principio la versión oficial contaba con el 75% de aceptación, pero posteriormente las mismas encuestas revelaron el 65% de la población desconfiaba o no creyó en la versión oficial.[16]
Malimpia, Esmeraldas, Ecuador
