Caso del Fiscal General del Estado

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En mayo de 2022, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) inició una actuación inspectora del Impuesto sobre Sociedades de la mercantil Maxwell Cremona S.L., cuyo administrador único era Alberto González Amador.^[8][9] El 22 de enero de 2024, la AEAT apreció indicios de la posible comisión de dos delitos fiscales relativos a los ejercicios de 2020 y 2021, presentando denuncia contra González Amador al Ministerio Fiscal.^[10]

El 2 de febrero de 2024, el abogado de González Amador, Carlos Neira, escribió un correo electrónico a la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, ofreciéndose a alcanzar un acuerdo de conformidad penal por el cual reconocería la comisión de los dos supuestos delitos fiscales y pagaría las cantidades reclamadas por la AEAT. Tras ser recibido el correo por el fiscal encargado del asunto, Julián Salto Torres, se inició entre éste y el abogado Neira un intercambio de comunicaciones orientadas a explorar la viabilidad de la conformidad.^[11]

El 12 de marzo de 2024, el digital elDiario.es publicó una exclusiva sobre la supuesta defraudación tributaria de Alberto González Amador, incorporando información del expediente tributario y datos contenidos en la denuncia formulada por la Fiscalía.^[12] La noticia se publicó a las 6:01 horas, antes de que a la propia defensa de González Amador se le hubiese notificado la misma denuncia.^[13]

En su informe de noviembre de 2024, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil documentó conversaciones mantenidas entre la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez con la fiscal de Sala jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Ana Isabel García León y con el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, en las que mencionan que la filtración de la denuncia a elDiario.es provino de la Fiscalía General del Estado.^[13][14]

El 13 de marzo de 2024, el diario El Mundo publicó a las 21:29 horas una noticia informando que el día anterior el Ministerio Fiscal había ofrecido un pacto de conformidad a González Amador, incorporando un pantallazo de un correo electrónico remitido por el fiscal Julián Salto, encargado del caso, en el que éste decía: «Aunque se ha denunciado también a otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible».^[15]

A raíz de la publicación de esa noticia, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con la finalidad de «ganar el relato» a esa información entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones junto con otros fiscales para recabar los correos intercambiados entre la defensa de González Amador y el Ministerio Fiscal y preparar una respuesta que dejara bien claro que, a su juicio, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo. Poco después de hacerse con los correos, uno de ellos fechado el 2 de febrero de 2024 aparece filtrado en la Cadena SER.^[16]

21:29 horas	El diario El Mundo publica una noticia titulada «La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales».[15]
21:34 horas	El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz realiza una llamada a la fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, quien no contesta en ese momento. Sin embargo, Rodríguez devuelve la llamada de forma inmediata y conversan durante 4 minutos y 23 segundos. Según la declaración prestada por la propia Pilar Rodríguez el día 27 de junio de 2024, ante el Instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en esa llamada el fiscal general le pidió los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal Julián Salto y la defensa de Alberto González Amador, diciéndole que iba a hacer una nota para desmentir una información que estaba circulando por las redes.[17][18]
21:39 horas	Después de la conversación con García Ortiz, Pilar Rodríguez realiza dos llamadas consecutivas al fiscal Julián Salto (21:39 y 21:43 horas). La primera llamada tiene lugar a las 21:39 horas, y dura 4 minutos y 9 segundos. La segunda llamada es realizada a las 21:43 horas, con una duración de 1 minuto y 12 segundos. El objetivo de estas llamadas es solicitar a Julián Salto los correos electrónicos intercambiados entre él y el abogado de González Amador, con la intención de que se los haga llegar a García Ortiz a la mayor brevedad posible. Salto se encontraba presenciando un partido de fútbol en el estadio Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán y lo sacaron del estadio para atender a la petición de sus superiores.[19][20] En su declaración prestada ante el TSJM el día 27 de junio de 2024, Salto testificó que aquella fue la primera vez que reenvió a alguien el correo del 2 de febrero.[21]
21:54 horas	A las 21:54:28 horas, Pilar Rodríguez envía un mensaje de WhatsApp a Álvaro García Ortiz preguntando: «¿A qué correo te mando los correos cruzados de Julián y el abogado?». García Ortiz responde a las 21:54:50 horas, solicitando que los envíe a su cuenta personal de Gmail, en lugar de su correo oficial de la Fiscalía.[22]
21:59 horas	A las 21:59 y 22:01 horas, García Ortiz recibe en su correo personal de Gmail los correos solicitados, enviados a través de Pilar. Estos correos incluyen uno fechado el 2 de febrero de 2024, entre el fiscal Julián Salto y el abogado de González Amador, Carlos Neira, en el que este último dice que «ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública».[22]
23:25 horas	El correo recibido por García Ortiz a las 21:59 horas se difunde a través del programa Hora 25 de la Cadena SER a las 23:25 horas, en una intervención realizada por el periodista Miguel Ángel Campos cuando el programa estaba finalizando. En dicha intervención en directo, se difundió un avance informativo que afirmaba: «el abogado del novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto en el que él se declarara culpable para evitar el juicio». Tras ello, Campos anunció que la Cadena SER había tenido acceso al correo remitido a la Fiscalía, en el que se proponía «un pacto, un acuerdo de conformidad para saldar esa deuda con Hacienda, un acuerdo de conformidad que implicaría asumir la condena por dos delitos fiscales y pagar la cantidad adeudada», reiterando la expresión: «delitos fiscales que ciertamente se producen». Añadió que la Fiscalía estaba preparando y publicaría, en las horas siguientes, un comunicado.[23][24][nota 1]
23:51 horas	A las 23:51 horas, la Cadena SER publicó en su web la noticia titulada «El novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto declarándose culpable de dos delitos para evitar el juicio», transcribiendo expresamente el contenido del correo electrónico: «reconociendo íntegramente los hechos» y «ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública». Se señalaba también que la Fiscalía preparaba un comunicado para su difusión en las horas siguientes. Ésta era la primera vez que se reproducían públicamente entrecomillados exactos del correo de 2 de febrero, aunque el programa de radio, sin la textualidad que sí empleó la página web de la emisora, había anticipado su contenido sustancial.[28][29]

00:00 horas	Paralelamente a la difusión del correo por la prensa, la directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado, Mar Hedo, siguiendo instrucciones expresas del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, redactó una nota informativa para su difusión a las 10:00 horas del día siguiente. Según declaró la propia Mar Hedo durante el juicio, como ella no disponía de los correos intercambiados entre el fiscal Salto y la defensa de González Amador, fue el propio García Ortiz quien le dictó aquellos pasajes de la nota que incluían las citas textuales de los mismos.[30]
00:12 horas	Garía Ortiz escribe un mensaje de WhatsApp a Pilar Rodríguez pidiéndole que ella y la fiscal decana de Delitos Económicos de Madrid, Virna Alonso, revisen el contenido de la nota de prensa: «Si Virna está operativa. Échale un vistazo y dime si está bien (no las fechas que lo están) sino el fondo». Pilar, a los dos segundos, responde: «Voy».[31]
00:24 horas	Tras consultar con Virna, Pilar Rodríguez le escribe a García Ortiz: «Las dos pensamos que la nota está perfecta». García Ortiz contesta con un «Ok» y «Gracias».[32]
00:25 horas	Pilar escribe otro mensaje a García Ortiz diciendo: «Aunque dan ganas de incorporar un poquito de cianuro».[32]
6:50 horas	La directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado remite al jefe de prensa de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, Íñigo Corral, la nota de prensa para que la publique, a lo cual este último se opone.
7:14 horas	El diario El País publica una noticia que reproduce el contenido de la nota de prensa tres horas antes de su difusión oficial por la Fiscalía Provincial de Madrid. La directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado, Mar Hedo, reconoció que un borrador de la referida nota que le había dictado García Ortiz había sido filtrado a El País.[33][34]
8:29 horas	Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete del jefe de gabinete de Presidencia del Gobierno, envía a través de WhatsApp una imagen con copia del correo de 2 de febrero, antes de que la imagen de dicho correo hubiera tenido difusión por los medios de comunicación, al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato.[35][36]
8:30 horas	Sánchez Acera escribe un mensaje de WhatsApp a Lobato: «Cuidado con los datos personales». A continuación le envía un segundo mensaje posteriormente borrado.[35][36]
8:35 horas	Sánchez Acera continúa escribiendo a Lobato: «Se puede sacar».[35][36]
8:36 horas	Sánchez Acera envía otros tres mensajes a Lobato diciendo: «Sácasela en la pregunta», «Un quien miente señora Ayuso , usted o su novio? Parece q usted» y «La imagen con la carta es potente».[35][36]
8:39 horas	Juan Lobato responde a Pilar Sánchez Acera preguntando: «Pero se ha publicado en algún otro sitio esta carta? No tiene fecha».[35][36]
8:41 horas	Juan Lobato vuelve a preguntar a Sánchez Acera: «La carta como la tenemos? Se ha publicado en algún sitio?».[35][36]
8:42 horas	Sánchez Acera responde a Lobato diciendo: «Porque llega, la tienen los medios».[35][36]
8:43 horas	Sánchez Acera envía otros dos mensajes a Lobato: «Vamos a verlo» y «Para q estés más respaldado».[35][36]
8:44 horas	Sánchez Acera envía otros dos mensajes a Lobato: «Si es así. Te lo digo.» y «Si no. La tienes en retaguardia.» A lo que Juan Lobato responde diciendo: «Sí porfa. Es buena para explicar en la rueda de prensa con la propia carta. Pero la necesito diciendo de dónde la saco. Porq si no parece q me la ha dado la fiscalía.»[35][36]
8:45 horas	Sánchez Acera pregunta a Lobato: «A qué hora tienes a las 10.00 no?». Lobato responde diciendo: «11:05».[35][36]
8:46 horas	Sánchez Acera le cuestiona a Lobato: «A las 11? Por?» A lo que Lobato replica: «Salimos todos a esa hora. Hoy salgo yo el primero. Y luego cada 10 minutos los demás.»[35][36]
8:47 horas	Juan Lobato envía otro mensaje a Sánchez Acera: «Antes eran antes del control. Ahora después».[35][36]
8:48 horas	Sánchez Acera responde a Juan Lobato mandándole cuatro mensajes: «Va a salir antes, para el control .», «No a las 11», «A las 11 ya habrá salido todo el mundo con ella.» y «Pero te aviso cuando salga».[35][36]
8:59 horas	Juan Lobato responde a Sánchez Acera con un mensaje: «Ok».[35][36]
9:00 horas	Juan Lobato envía un mensaje a un grupo de WhatsApp denominado Coordinación SG, diciendo: «Y pilar quiere q yo saque el mail de la fiscalía. Q no ha salido pero que lo saque yo. No puede ser».[37]
9:01 horas	El director del Gabinete del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid, David Del Campo, contesta a Lobato diciendo: «No lo hagas.» Acto seguido, Del Campo envía otros dos mensajes mencionando que el secretario de Estado de Comunicación, el director de comunicación del PSOE y la directora de comunicación de la Ministra de Vivienda le habían escrito sobre el mismo asunto.[37]
9:03 horas	García Ortiz envía un mensaje de WhatsApp a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, para que su Fiscalía proceda a difundir la nota: «Ya tenemos la nota consensuada con Pilar y con Virna, que Íñigo la dé cuanto antes».[38]
9:05 horas	David Del Campo envía otro mensaje diciéndole a Lobato: «Juan en Moncloa y en Ferraz quieren el máximo ruido y jaleo para tapar el máximo tiempo posible las elecciones de Cataluña y que no hay presupuestos. Ayuso seguirá viva y en pie la semana que viene, tu también jueves a jueves dando la cara ante ella. Más tarde que pronto volverá la Amnistía, la autodeterminación, la consulta, Koldo, las elecciones en Cataluña que van a ser como Gran Hermano VIP.... Y tu seguirás en tu escaño y recorriendo la CAM.»[37]
9:06 horas	El digital El Plural publica una noticia que incluye la imagen del correo de 2 de febrero de 2024.[39]
9:08 horas	García Ortiz contacta telefónicamente con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, para que su Fiscalía proceda a difundir la nota. Lastra, quien había escuchado el programa Hora 25 la noche del día anterior y estaba molesta por la filtración producida, preguntó al fiscal general del Estado si había filtrado los correos. Este último le respondió diciendo: «Eso ahora no importa», sin negar haberlos filtrado.[40][41]
9:25 horas	García Ortiz envía dos mensajes a Almudena Lastra, diciéndole: «Almudena, la nota está correcta en fechas y contenido. Hay que sacarla, si tardamos se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo» y «Es imperativo sacarla».[38]
9:28 horas	García Ortiz envía otro mensaje a Almudena Lastra: «Nos están dejando como mentirosos».[38]
9:29 horas	Pilar Sánchez Acera le envía el enlace a la noticia de El Plural a Juan Lobato. Acto seguido le manda otros dos mensajes diciendo: «Ya está» y «Usted [Ayuso] dijo ayer que era una inspección a lo bestia. Usted debe mentir por corrupción a lo bestia y mentirosa salvaje.»[35][36]
9:37 horas	García Ortiz envía otro mensaje a Almudena Lastra: «Almudena, no me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. La actuación de los compañeros y de la Fiscalía es impecable y hay que defenderla».[38]
10:22 horas	La Fiscalía Provincial de Madrid publica la nota de prensa que difunde los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal Julián Salto y la defensa de González Amador.[42]

El 15 de marzo de 2024, el Consejo General de la Abogacía Española emitió una declaración institucional denunciando que la difusión de correos electrónicos intercambiados entre el Ministerio Fiscal y la defensa de un investigado constituía «una clara vulneración de la garantía de confidencialidad en las comunicaciones» y reclamó una investigación para identificar a los responsables de la filtración.^[43][44] Igualmente, el presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Calos Estevez, también defendió que se realizara una investigación sobre la autoría de la filtración.^[43] El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) emitió un comunicado denunciando que la revelación de datos producida rompía el secreto profesional y la calificó como de «extrema gravedad», anunciando que tomaría medidas «llegando hasta las últimas consecuencias».^[45]

El 18 de marzo de 2024, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid acordó denunciar por las vías administrativa y penal la filtración de datos producida por la nota de prensa que emitió la Fiscalía Provincial de Madrid.^[46][47]

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El 20 de marzo de 2024, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) interpuso una denuncia penal contra el Ministerio Fiscal por revelación de secretos, solicitando al juzgado identificar al autor que había ordenado o consentido el envío de la nota de prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid que revelaba datos del correo electrónico de la defensa de Alberto González Amador.^[48] El 3 de abril de 2024, González Amador interpuso una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, por un supuesto delito de revelación de secretos.^[49] El 26 de abril de 2024, el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid que examinó la denuncia del ICAM acordó elevar una exposición razonada al TSJM para investigar la supuesta revelación de secretos.^[50]

El 7 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió a trámite la querella por revelación de secretos de González Amador y la exposición razonada del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid. Paralelamente, el tribunal acordó designar al magistrado Francisco José Goyena Salgano para la instrucción del caso.^[51]

El 10 de junio de 2024, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, remitió un escrito al TSJM asumiendo la «responsabilidad última» por la nota de prensa, argumentando que su publicación no se habría producido sin su previa autorización y sus instrucciones «expresas y directas». Además, García Ortiz esgrimió al tribunal que carecía de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de la nota dada su condición de aforado ante el Tribunal Supremo.^[52]

El 13 de junio de 2024, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, declaró como testigo ante el TSJM que recibió la «orden directa» de García Ortiz de divulgar una nota de prensa que difundía los correos intercambiados entre la Fiscalía y la defensa de Alberto González Amador. Lastra explicó que ella se opuso a publicar la nota con los correos electrónicos, lo cual consideraba que era una vulneración del deber de confidencialidad del Ministerio Fiscal, pero que tras las indicaciones recibidas por García Ortiz vía WhatsApp, la misma se acabó difundiendo con el encabezado de la Fiscalía Provincial de Madrid.^[53][54]

El 27 de junio de 2024, el fiscal Julián Salto declaró como imputado ante el TSJM que el día 13 de marzo se encontraba viendo en el Estadio Metropolitano un partido de fútbol de Liga de Campeones, entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán, cuando la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, se puso en contacto con él y le fue enviando los correos electrónicos intercambiados con el abogado de González Amador que ella le iba pidiendo.^[55][20] También declaró, en relación con el de 2 de febrero de 2024, que las únicas veces que envió ese correo fue en dos ocasiones: una cuando Pilar Rodríguez se le pidió y él lo mandó a sus superiores, la fiscal jefe provincial y la fiscal superior, y posteriormente cuando estaba siendo investigado a su abogado.^[21]

Ese mismo día, Pilar Rodríguez declaró como imputada ante el TSJM que el día 7 de marzo averiguó que González Amador era la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por lo que a la denuncia formulada contra él le dio la categoría de relevancia mediática, que pidió el asunto e hizo dación de cuenta a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y a la fiscal superior de Madrid, a la que remitió todo, salvo los correos electrónicos, que no tenía acceso; que el día 13, a partir de las 21:30 horas, recibió una llamada de la Fiscalía General del Estado, donde le piden los correos, y le explican que iban a hacer una nota para desmentir una información que estaba circulando por las redes; que ella molestó a Julián Salto para que le remitiera los correos electrónicos intercambiados, que reenvió al fiscal general del Estado para que pudieran desmentir el bulo que corría sobre el supuesto veto impuesto para llegar a un acuerdo de conformidad en ese asunto por ser quien era; que ignora quién redactó la nota, pero que recibió un borrador, al que se limitó a dar su visto bueno, pero solo al iter procesal, que no la elaboró ella ni fue consensuada con ella.^[56]

Tras las declaraciones de ambos fiscales, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid solicitó al TSJM que elevase una exposición razonada al Tribunal Supremo al apreciar indicios de la posible comisión del delito de revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.^[57]

El 15 de julio de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo pidiendo la imputación del fiscal general del Estado.^[58] Asimismo, el tribunal acordó el sobreseimiento libre respecto al fiscal Julián Salto, al considerar meramente «instrumental y sin relevancia penal» su participación en los hechos investigados.^[58]

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El 15 de octubre de 2024, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo aceptó la exposición razonada remitida por el TSJM y acordó la apertura de un procedimiento contra el fiscal general por un supuesto delito de revelación de secretos.^[59] El Alto Tribunal acordó designar al magistrado Ángel Luis Hurtado para la instrucción del caso.

El 29 de octubre de 2024, el magistrado Ángel Luis Hurtado ordenó a los agentes de la Unidad Central Operativa la Guardia Civil que registraran los despachos del fiscal general y de la fiscal jefe provincial de Madrid e intervinieran sus ordenadores, teléfonos móviles y tableta.^[60] El 8 de noviembre, el magistrado acotó el plazo del análisis de los datos intervenidos a aquellos fechados entre los días 8 al 14 de marzo de 2024, ambos inclusive.^[61]

El 25 de noviembre de 2024, el magistrado Ángel Luis Hurtado levantó parcialmente el secreto de las actuaciones en la causa, incluyendo un informe pericial presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el material intervenido en el registro realizado en el despacho de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. En dicho informe, la UCO concluye que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tuvo una «participación preeminente» en la filtración del correo confidencial de la defensa de González Amador.^[62][63]

El 21 de febrero de 2025, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo desestimó por unanimidad los recursos de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal contra la decisión del magistrado instructor de ordenar el registro de los despachos del fiscal general y de la fiscal jefe provincial de Madrid.^[64][65]

El 24 de noviembre de 2024, el periodista de ABC, Javier Chicote, publicó una exclusiva donde revelaba que el entonces secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, había acudido a una notaría para registrar una conversación de WhatsApp con Pilar Sánchez Acera, entonces jefa de Gabinete de Óscar López, director de Gabinete de Pedro Sánchez. El periodista detalló que la conversación revelaría que Presidencia del Gobierno estaría tras la filtración del correo confidencial del abogado de González Amador que investigaba el Tribunal Supremo, el cual habría recibido de la Fiscalía el 13 de marzo y tras ello diseñó una estrategia para que Sánchez Acera lo reenviase a Juan Lobato y este último lo mostrara en la sesión de control de la Asamblea de Madrid celebrada la mañana del 14 de marzo.^[66]

Tras la publicación de la exclusiva de ABC, Juan Lobato acudió al día siguiente a una entrevista en el programa Más de uno de Onda Cero para negar la veracidad de la noticia. En dicha entrevista, Lobato aseguró que la verdadera razón por la que acudió al notario fue para acreditar que tanto él como Pilar Sánchez Acera habían obtenido el correo de las publicaciones de los medios de comunicación y no de la Fiscalía.^[67][68] En respuesta, el periódico ABC desmintió esta versión informando de un encuentro que mantuvieron sus periodistas con el propio Lobato, en el que éste les había reconocido la veracidad de toda la exclusiva publicada el día antes.^[69] En paralelo, el Tribunal Supremo citó a declarar como testigo a Juan Lobato y le requirió su acta notarial.^[70]

El 26 de noviembre de 2024, Lobato denunció en una breve comparecencia en la Asamblea de Madrid que estaba siendo objeto de «linchamiento» por parte de algunos dirigentes y compañeros de partido a raíz de la polémica desatada por su registro ante notario de los mensajes que mantuvo con Pilar Sánchez Acera.^[71][72] Finalmente, al día siguiente dimitió de su cargo como secretario general de la federación madrileña del PSOE.^[73]

El 29 de noviembre de 2024, Lobato declaró como testigo ante el Tribunal Supremo y puso a su disposición el acta notarial y su teléfono móvil para la realización de un volcado y análisis del dispositivo.^[74] Los mensajes registrados en el acta revelaban que Pilar Sánchez Acera le había enviado el correo electrónico de la defensa de González Amador antes de que hubiera sido publicado por los medios de comunicación, que Lobato había mostrado dudas acerca de la procedencia del correo, que ante esas dudas Sánchez Acera le respondió que saldría antes en los medios para que pudiera enseñarlo en la sesión de control y que tras su publicación por parte de El Plural ella le envió el enlace de la noticia diciendo que ya podía usar el correo.^[75][76]

El 19 de diciembre de 2024, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil presentó un informe al Tribunal Supremo en el que analizaba los mensajes contenidos en el teléfono móvil de Juan Lobato. El análisis de los mensajes reveló que otros altos cargos de Presidencia del Gobierno y del PSOE tenían conocimiento de la existencia del correo antes de su publicación en los medios, señalando a los entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada, y al director de comunicación del PSOE, Ion Antolín. Además, la UCO también apuntó a que el propio Lobato intuía que el correo que le enviaron procedía de la Fiscalía y a que desde Presidencia del Gobierno y la dirección del PSOE en Ferraz le trasladaron indicaciones a su director de Gabinete para que lo utilizara porque querían ocasionar «el máximo ruido y jaleo» con el mismo.^[37][77][78]

El 19 de diciembre de 2024, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil informó al Tribunal Supremo que no había encontrado mensajes en ninguna aplicación de mensajería instantánea del fiscal general del Estado fechados entre el 8 y el 14 de marzo, puesto que habían sido borrados.^[79]

Tras conocerse el informe de la UCO, la Fiscalía atribuyó el borrado de los mensajes a un «protocolo habitual» para proteger la «información sensible» a la que tiene acceso el fiscal general.^[80][81] Sin embargo, otras fuentes fiscales cuestionaron que el borrado de García Ortiz pudiera tener base en algún protocolo o normativa interna de la Fiscalía.^[82] En esa línea, tanto la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, como el fiscal Julián Salto, delegado de la Fiscalía en Madrid Digital, negaron en sus declaraciones ante el Tribunal Supremo que existiera ningún protocolo de borrado de mensajes en la Fiscalía.^[83][84]

El 3 de enero de 2025, la UCO envió otro informe al Tribunal Supremo en el que revelaba que el fiscal general había cambiado de teléfono móvil apenas una semana después de que hubiera comenzado la causa contra él por supuesta revelación de secretos, el 23 de octubre de 2024.^[85]

El 29 de enero de 2025, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declaró como imputado ante el Tribunal Supremo y defendió su borrado de los mensajes de su móvil, argumentando que lo hace por «imposición legal» y que él elimina «absolutamente todo» y «de una manera regular» porque su móvil contiene «datos ultrasensibles». Además, García Ortiz también justificó haber cambiado de móvil una semana después de que se iniciara la causa, afirmando que él había cambiado de móvil hasta en seis ocasiones y que «Si yo hubiera querido ocultar datos, hubiera cambiado el 30 de julio, que es cuando se eleva a la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia o lo hubiera cambiado el 15 o el 16 de octubre, que es cuando el Tribunal Supremo acepta esa exposición razonada».^[86][87]

El 7 de febrero de 2025, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil presentó un nuevo informe al Tribunal Supremo en el que revelaba que García Ortiz había borrado todos sus mensajes el mismo día en que el Tribunal Supremo le notificó la apertura de la causa contra él por supuesta revelación de secretos, el 16 de octubre de 2024. Concretamente, el informe detalla que el fiscal general borró a las 15:01 horas de la tarde todos sus mensajes de WhatsApp y que, después de que la aplicación de mensajería registrara una reactivación de la actividad y el envío de nuevos mensajes tres minutos después de la eliminación, García Ortiz los volvió a borrar a las 15:17 horas.^[88][89]

El informe de la UCO también reveló que el fiscal general había eliminado «recientemente» la cuenta de correo electrónico personal en la que recibió el correo de la defensa de González Amador, así como también la copia de seguridad en Google Drive asociada a dicha cuenta.^[90] Además, la UCO también destacó que García Ortiz recibió el 13 de marzo de 2024 a las 21:38 horas una llamada telefónica por parte del periodista Miguel Ángel Campos, quien dos horas después firmaría la noticia que revelaba el correo de la defensa de González Amador, lo que evidenciaba que dicho periodista intentó contactar con García Ortiz aquella noche y que pudo haberlo hecho a través de WhatsApp.^[91]

El 26 de febrero de 2025, la UCO presentó un oficio al Tribunal Supremo donde detallaba dos cambios de móvil que García Ortiz realizó en 2024, sin haber devuelto ninguno: uno el 24 de mayo, diez días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid investigara quienes habían tenido acceso a los correos de la defensa González Amador, y otro el 18 de diciembre, poco después de la declaración de Juan Lobato. Además, la UCO también señaló que el fiscal general reseteó uno de los móviles una semana después de que el Tribunal Supremo le encausara.^[92][93]

Durante la fase de investigación de la causa, el magistrado instructor Ángel Luis Hurtado acordó tomar declaración a varias personas en calidad de testigos, así como también al fiscal general y a la fiscal jefe provincial de Madrid en calidad de imputados.

El 8 de enero de 2025, el jefe de Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, declaró que la noche del 13 de marzo de 2024 difundió a los medios de comunicación un correo que había enviado el fiscal Julián Salto a la defensa de González Amador el día anterior, pero que desconocía de la existencia de otros emails y que no supo del correo de 2 de febrero de 2024 hasta que el mismo se hizo público por la prensa. También dijo que su afirmación en redes sociales de que la Fiscalía había retirado un pacto ofrecido a la defensa de González Amador por «órdenes de arriba» fue una intuición o deducción propia basada en su experiencia política, y no en información concreta.^[94][95]

El 16 de enero de 2025, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, declaró como testigo ante el Tribunal Supremo que la mañana del 14 de marzo de 2024 ella mantuvo una conversación telefónica con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la que le preguntó si él había filtrado el correo de la defensa de González Amador. Según Lastra, García Ortiz le contestó a su pregunta diciéndole «eso ahora no importa», sin negar haberlo filtrado.^[96][97]

El 21 de enero de 2025, la directora de Comunicación de la Fiscalía General del Estado, Mar Hedo, declaró como testigo que ella redactó la nota de prensa en la que se difundían los correos intercambiados entre la Fiscalía y la defensa de González Amador y que, como ella misma no disponía de ellos, García Ortiz fue quien le trasladó verbalmente esa parte del contenido de la nota. Por su parte, el jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid, Iñigo Corral, declaró que se opuso de forma reiterada a publicar la nota de prensa hasta el punto de que le trasladó a su jefa, la fiscal superior Almudena Lastra, que presentaría su dimisión si se le obligaba a hacerlo, aunque al final terminó enviándola al grupo de WhatsApp de periodistas de Tribunales tras recibirse orden escrita por parte del fiscal general del Estado.^[98]

El 12 de marzo de 2025, Pilar Sánchez Acera declaró como testigo y afirmó haber recibido el correo de un periodista cuya identidad y medio de comunicación para el que trabajaba no recordaba, añadiendo que no podía comprobar la identidad del periodista porque cambió de móvil y sus mensajes de por aquel entonces fueron borrados, desvinculando a la Fiscalía y a Presidencia del Gobierno de la filtración del correo.^[99][100] El magistrado Ángel Luis Hurtado consideró que su testimonio no era creíble, argumentando que «No es, por lo tanto, explicable que, siendo un documento tan significado, no pueda recordar quien se lo proporcionó, y no solo eso, sino que, tratado de buscar el origen de esa información en su dispositivo móvil, no sea posible porque, al igual que alguno más de los intervinientes en la presente causa, cambió de teléfono y borró cuantos mensajes tenía en el que usó en aquel momento» y que «Esa ocultación por parte de Pilar Sánchez Acera sobre la procedencia del correo de 2 de febrero de 2024, tratando de encubrir a quien se lo envió, no deja de ser un elemento más que abunda en que presumiblemente le fue remitido desde la Fiscalía General del Estado».^[101][102]

El 16 de mayo de 2025, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil declararon en calidad de peritos y se ratificaron en el contenido de su informe de noviembre de 2024 en el que concluían que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, había tenido una «participación preeminente» en la filtración del correo de la defensa de González Amador.^[103]

El 23 de mayo de 2025, Alberto González Amador declaró ante el Tribunal Supremo ratificándose en su denuncia por revelación de secretos y afirmó haber sufrido perjuicios en el ámbito personal y social a raíz de la filtración del correo de su defensa y que lo llamasen «defraudador confeso». También declaró que no tenía conocimiento previo del correo electrónico ni de su contenido, reconociendo dos delitos fiscales para intentar llegar a un pacto de conformidad con la Fiscalía, hasta que el mismo se difundió por la Cadena SER.^[104][105]

El 27 de mayo de 2025, el abogado de González Amador, Carlos Neira, declaró como testigo que su cliente le autorizó a buscar un pacto de conformidad con la Fiscalía para buscar una solución «rápida» y «sin hacer ruido» al caso y mantener su privacidad y anonimato, aunque no dio a conocer a González Amador el contenido exacto ni el envío del correo del 2 de febrero de 2024, del cual supo por primera vez por la prensa. También declaró que no compartió con nadie ese correo después de enviarlo a la Fiscalía y la Abogacía del Estado y que nunca pensó que se fuera a filtrar a los medios.^[106][107]

El 9 de junio de 2025 el magistrado Ángel Luis Hurtado dictó un auto de procesamiento contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos.^[108] Así, el magistrado consideró que existían indicios suficientes para concluir que García Ortiz, actuando «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno» y tras la publicación de la noticia de El Mundo el 13 de marzo de 2024, inició un «frenético intercambio de comunicaciones» para recabar los correos intercambiados entre la defensa de González Amador y el Ministerio Fiscal y filtrar uno de ellos fechado el 2 de febrero de 2024 a la Cadena SER.^[16]

Inmediatamente tras la publicación del contenido del correo por la emisora de radio, y en unidad de acto con ella, García Ortiz confeccionaría una nota de prensa donde se incorporaba información de, entre otros, el referido correo de 2 de febrero de 2024, y, cuando finalizó el borrador de la misma, se lo remitió a Pilar Rodríguez, quien dio el visto bueno a su contenido, sin oposición alguna a su publicación, que apareció con el membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid, de la que ella era jefa, sobre las 10:20 horas del día 14 de marzo de 2024.^[109]

Además, el magistrado consideró que desde la Fiscalía General del Estado, y antes de que se hubiera difundido la imagen del correo por otros medios, se envió copia del mismo a Pilar Sánchez Acera, directora de Gabinete del Secretario de Estado, director de Gabinete del Presidente del Gobierno, quien haría uso de él dando instrucciones a Juan Lobato para que lo exhibiese en su intervención en la sesión del día 14 de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, en contra de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.^[110]

Recurrido el auto, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo rechazó el recurso de García Ortiz, autorizando su procesamiento al considerar que los indicios presentados por el magistrado instructor eran suficientes. No obstante, la Sala de Apelaciones acordó levantar el procesamiento de Pilar Rodríguez, al no apreciar indicios de delito en su caso. Además, la Sala consideró que no se había acreditado con suficiencia que García Ortiz actuara siguiendo «indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno», aunque consideró que esa cuestión carecía de relevancia ya que el procesamiento no afectaba a ninguna persona vinculada con esa institución. La decisión, adoptada por mayoría de la Sala, contó con el voto particular de un magistrado que consideraba que no había indicios suficientes para atribuir al fiscal general la autoría de las filtraciones.^[111][112]

El 9 de septiembre de 2025, el magistrado Ángel Luis Hurtado dictó el auto de apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado.^[113] Dicho juicio tuvo lugar entre los días 3 y 13 de noviembre de 2025 y en él declararon 40 testigos, incluyendo fiscales, abogados, periodistas, políticos, directores de comunicación, el propio González Amador (pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid) y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.^[114][115]

El 20 de noviembre de 2025, el Tribunal Supremo declaró al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, culpable de un delito de revelación de secretos.^[5][6][7] El Alto Tribunal le impuso una inhabilitación de dos años para ejercer el cargo público de fiscal general del Estado, 7200 euros de multa y otros 10 000 euros en concepto de indemnización a favor de González Amador. La sentencia, publicada el 9 de diciembre de 2025, se adoptó por mayoría de cinco de los siete magistrados que formaron el tribunal.^[116] De esta forma, García Ortiz se convirtió en el primer fiscal general en ejercicio en ser condenado e inhabilitado.^[117]

Tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo, García Ortiz solicitó formalmente al Gobierno su dimisión como fiscal general del Estado el 24 de noviembre de 2025.^[118] La misma se hizo efectiva el 10 de diciembre, cuando tomó posesión su sucesora, Teresa Peramato.^[119]

El 19 de febrero de 2026, la defensa de Alberto González Amador presentó un escrito de defensa solicitando la nulidad de su causa por supuestos delitos de fraude fiscal y falsedad documental en base a la sentencia condenatoria del exfiscal general del Estado, argumentando que el procedimiento penal «fue precedido, antes de existir, por la actuación delictiva del Fiscal General del Estado» y que la misma vulneró sus derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia.^[120][121]

En relación con el fallo del Tribunal Supremo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, manifestó su desacuerdo con la condena impuesta a García Ortiz diciendo que: «El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos».^[122]

Por su parte, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, celebró la condena impuesta al entonces fiscal general del Estado: «El 20 de noviembre de 2025 pasará a la historia por ser un día histórico. La justicia ha condenado al fiscal general por cometer un delito para dañar a un adversario político, son hechos propios de una dictadura».^[123]