Historia de la Argentina entre 1963 y 1983

La Argentina, que había empezado a organizarse independientemente en 1810, atravesó sus primeros 70 años de vida sumida en continuas guerras civiles;^[5] el período conservador que duró hasta 1916 presenció un acelerado crecimiento económico, apoyado en un modelo agroexportador.^[6] La reforma electoral que estableció el sufragio secreto y obligatorio para varones, llevó al gobierno en 1916 a Hipólito Yrigoyen de la Unión Cívica Radical que tomó importantes medidas de democratización económica, educativa, social y de género. Los sindicatos y el Partido Socialista por su parte denunciaron las masacres obreras y la acción de grupos parapoliciales,^{[n. 2]} en tanto que conservadores y radicales antipersonalistas denunciaban sus prácticas autoritarias,^{[n. 3]} calificando al gobierno de dictadura,^[7] mientras que los trust petroleros anglo-holandeses y estadounidenses operaban contra la política petrolera yrigoyenista a partir de la creación de la empresa estatal YPF.^[8] En 1930 Yrigoyen fue derrocado en el primero de los golpes de estado cívico-militar que afectarían al país durante más de medio siglo.^[9] El gobierno de constitucional de Yrigoyen fue sucedido por un período conocido como la "Década Infame", que luego de una breve dictadura estableció un régimen fraudulento conducido por una alianza de radicales antiyrigoyenistas, conservadores y socialistas, impuso una restauración conservadora basada en la proscripción del radicalismo, la dependencia del capital británico y la corrupción generalizada.^[10]

En 1943, sectores heterogéneos de las Fuerzas Armadas derrocaron al régimen conservador y establecieron una dictadura militar dentro de la cual que pugnaron diversas corrientes con sucesivos cambios de poder y golpes internos.^[11] Entre esos sectores un pequeño grupo conducido por el coronel Juan Domingo Perón, estableció una alianza con los principales sindicatos socialistas y sindicalistas revolucionarios, logrando importantes conquistas laborales. En 1945 se formó alrededor de la embajada de Estados Unidos liderada por Spruille Braden, una amplia oposición que se definió como "antiperonista", que a comienzos de octubre impulsó un nuevo golpe interno que dispuso el desplazamiento y detención de Perón, pero preservando a Edelmiro Farrell al frente de la dictadura. Pero una gran manifestación obrera realizada el 17 de octubre de 1945, logró liberar a Perón y el gobierno militar se vio obligado a llamar a elecciones.^[12] La mayoría de los sindicatos socialistas y sindicalistas revolucionarios formaron el Partido Laborista para impulsar la candidatura presidencial del coronel Juan Domingo Perón, contra una alianza de todos los partidos políticos existentes hasta entonces denominada la Unión Democrática,^[13] dando origen a un nuevo movimiento político, el peronismo, que ganó las elecciones y asumió el gobierno en junio de 1946;^[14] tras una reforma constitucional, Perón fue reelegido y asumió su segunda presidencia en 1952.^[15]

Durante los nueve años de la presidencia de Perón, el país se transformó rápidamente, incorporando a una amplia mayoría de la población a los beneficios de un estado de bienestar, se generalizaron los derechos sociales,^[15] se reconoció el derecho al voto y la igualdad jurídica de las mujeres, se establecieron los derechos políticos de la población de los territorios nacionales mediante su provincialización, se potenció el papel del Estado en la economía y se inició un acelerado proceso de sustitución de importaciones, que aspiraba a dejar atrás definitivamente el modelo agroexportador.^[16]

El componente salarial del ingreso nacional superó, por primera vez en la historia, a la retribución obtenida en concepto de ganancias, intereses y renta de la tierra. En 1948 aquel ascendía a 53% contra 47% de este, lo que se comparaba favorablemente con la situación imperante sólo un lustro atrás, cuando los trabajadores percibían 44,4% y los empresarios, capitalistas y rentistas recibían 55,6%".^[17]

En el ámbito internacional e ideológico, el gobierno peronista impulsó una doctrina de defensa de la democracia basada en la armonía y la justicia, crítica tanto del "individualismo egoísta", como de la "anulación del individuo por el Estado" que se denominó "tercera posición",^[18] adoptando una postura de no alineamiento en la recién iniciada Guerra Fría y de promoción de un proceso de "unión continental a base de Argentina, Brasil y Chile" (Pacto ABC).^[19]

La lucha entre peronistas y antiperonistas escaló en violencia. Sectores importantes de los partidos opositores conspiraron con grupos militares para derrocar al gobierno constitucional recurriendo al terrorismo o a la preparación de golpes de estado. Los diarios de mayor tiraje (La Prensa, La Nación, La Razón, Clarín, El Mundo, La Vanguardia, Crítica y Noticias Gráficas, así como todas las radios, se negaron a difundir noticias sobre la campaña electoral peronista y ni siquiera mencionaban el nombre de Perón en sus ediciones.^[20] En 1951 fue desarticulado un golpe de Estado durante el cual fue asesinado el sargento Miguel Farina por no rendirse ante los golpistas^[21] Cientos de opositores sospechados de haber tenido complicidad con el golpe fueron detenidos, de los cuales 111 fueron condenados por la justicia. En 1953 grupos opositores al peronismo realizaron un atentado terrorista en la Plaza de Mayo durante una manifestación peronista en la que fueron asesinados Santa Festigiata D’ Amico, Mario Pérez, León David Roumeaux, Osvaldo Mouché, Salvador Manes y José Ignacio Couta. En junio de 1955 grupos opositores al peronismo organizaron un nuevo golpe de Estado, en cuyo transcurso bombardearon con aviones de guerra la Plaza de Mayo asesinando a 308 personas, entre ellas 23 mujeres, 6 niños y niñas y 111 militantes sindicales peronistas, además de decenas de personas que no pudieron ser identificadas debido a las severas mutilaciones y quemaduras sufridas.^[22][23] Al día siguiente del Bombardeo a Plaza de Mayo el médico Juan Ingalinella y otros militantes comunistas realizan una manifestación en defensa del gobierno constitucional de Perón, razón por la cual varios policías de Santa Fe lo detuvieron y luego de torturarlo y asesinarlo, hicieron desaparecer su cuerpo; el gobierno exoneró y detuvo a los policías sospechosos que fueron juzgados y finalmente condenados por homicidio simple en 1963. Cientos de golpistas y terroristas huyeron del país para evitar ser detenidos y enjuiciados por sus delitos, exiliándose la mayoría de ellos en Uruguay, para volver luego del derrocamiento de Perón, sin que ninguno de ellos haya sido sometido a proceso.^[23] El gobierno por su parte ejerció presión económica sobre los diarios opositores,^[24] y creó una red de medios de prensa que, al igual que la totalidad de las radios, controlaba en forma directa o a través de allegados. Se realizó una política propagandística para afianzar el gobierno que alcanzaba incluso a los libros escolares de los niños. Cientos de opositores fueron detenidos y hubo comprobados casos de torturas policiales como el del estudiante Mario Ernesto Bravo (la policía argentina recurría sistemáticamente a la tortura desde fines de la década de 1910, durante el gobierno de Yrigoyen).^[25][26]

El peronismo logró mantener el control de la política nacional hasta fines de 1954,^[27] cuando se inició un inesperado y –para muchos– incomprensible enfrentamiento entre la Iglesia Católica y el gobierno.^[28] En junio de 1955 la oposición antiperonista realizó un intento de golpe de Estado que incluyó un sangriento bombardeo de la Plaza de Mayo en el que fueron asesinadas más de 308 personas.^[22] Tres meses después, Perón y todos los poderes constitucionales fueron derrocados por medio de un golpe de Estado militar con apoyo civil.^[29] Ciento cincuenta y seis personas fueron asesinadas y miles fueron detenidas. Una dictadura tomó el poder con el nombre de "Revolución Libertadora". Perón marchó al exilio, en el que permanecería los siguientes dieciocho años.^[30]

Tras un efímero intento de dictadura que preservara los avances sociales del peronismo, dirigido por el general Eduardo Lonardi,^[31] la Revolución Libertadora encumbró como dictador a Pedro Eugenio Aramburu que inició una política de persecuciones y detenciones masivas con el fin "desperonizar" al país y establecer una economía más ligada al orden mundial de posguerra, bajo el liderazgo de Estados Unidos. La mayoría de los partidos que fueron opositores al peronismo (UCR, PS, PDN, PDP, PDC) integraron la dictadura formando la Junta Consultiva Nacional. Se consideró delito incluso el canto de la marcha peronista.^[32] Un intento de contragolpe de estado fue aplastado y sus líderes –además de decenas de civiles– fueron fusilados o asesinados clandestinamente.^[33] La reforma constitucional de 1949 fue dejada sin efecto y la dictadura patrocinó una nueva reforma constitucional impugnada por gran parte del arco político. La dictadura prohibió los diarios opositores y controló los medios de comunicación. Miles de opositores fueron detenidos y la policía recurrió sistemáticamente a la tortura.

No obstante, el peronismo no desapareció: una inorgánica "resistencia peronista" alarmaba continuamente al país por medio de atentados incruentos, mientras varios grupos intentaban evadir la proscripción por medio de varios partidos "neoperonistas".^[34] En las elecciones sindicales de 1957 el peronismo volvió a ganar la mayoría de los sindicatos.

La UCR se dividió en dos partidos, y un acuerdo entre el exiliado Perón y el líder del radicalismo intransigente Arturo Frondizi llevó a este a ganar las elecciones de 1958, a cambio del respeto a la libertad sindical y el levantamiento de la proscripción del peronismo.^[35] Su gobierno, inspirado en las ideas desarrollistas, pretendió modernizar e industrializar la sociedad, basando su modelo económico en un masivo llamado a las inversiones extranjeras.^[36] Interpretando que Frondizi no había cumplido el pacto con Perón, los sindicalistas peronistas –que habían recuperado el control del movimiento obrero– se opusieron enérgicamente a la política impuesta por Frondizi, que respondió instalando un régimen represivo conocido como Plan CONINTES que le permitía militarizar los conflictos laborales, deteniendo a miles de opositores. En este período la tortura policial y carcelaria se generalizó visiblemente, al punto que el jefe de la principal bancada opositora de diputados y futuro vicepresidente de la Nación, Carlos Perette, denunciaba públicamente en la Cámara que “las denuncias de torturas han asumido proyecciones inigualadas”.^[37]

Constreñido por sectores enfrentados, Frondizi buscó solucionar las sucesivas crisis apelando a una política de hechos consumados y a la persecución de los peronistas, a los que finalmente optó por intentar derrotar en las urnas.^[38] Pero en las elecciones de 1962 el peronismo ganó la gobernación de diez de las catorce provincias, incluida la poderosa provincia de Buenos Aires, donde triunfó el combativo dirigente sindical textil Andrés Framini.^[39][40] Los militares querían que el presidente anulara las elecciones para que el peronismo no tuviera así ningún diputado ni senador en el Congreso; para evitar esto, Frondizi intentó realizar una maniobra e intervino ocho provincias, con la idea de quitar los gobernadores peronistas electos, pero no anular las elecciones, como le exigían los militares.^[41] De este modo, no pudo evitar el golpe militar que lo derrocó pocos días después. El 29 de marzo fue detenido por miembros de las Fuerzas Armadas. Sería trasladado primero al sur para luego quedar recluido en la Isla Martín García.^[42]

Antes de ser detenido, Frondizi ejecutó una nueva maniobra para demorar a los militares y lograr que en ese tiempo la Corte Suprema tomara juramento como presidente de la Nación al presidente del Senado, José María Guido, hombre de máxima confianza de Frondizi. De todos modos Guido asumió la Presidencia bajo control militar y se vio obligado a establecer un régimen no constitucional, sin Congreso ni autonomías provinciales. Durante su gobierno las Fuerzas Armadas se enfrentaron en una virtual guerra civil entre "Azules" y "Colorados", con decenas de muertos, que terminó con la derrota del sector colorado, más intransigentemente antiperonista.

En 1963 se celebraron elecciones presidencales, esta vez con la proscripción del peronismo y el frondizismo, las dos fuerzas políticas que habían gobernado el país mediante elecciones, desde 1936.^[43]

Los años de inicio de este período histórico estuvieron fuertemente influenciados por una especie de guerra civil interna de las Fuerzas Armadas, posterior al derrocamiento del gobierno peronista en 1955, para definir la postura a adoptar frente al peronismo. El bando «colorado», predominante en la Marina, sostenía que las Fuerzas Armadas debían adoptar una postura política abiertamente antiperonista, reprimiendo sus actividades y actuando desde el Estado para «desperonizar» a sus simpatizantes; el bando «azul», sin renegar del antiperonismo, sostenía que las Fuerzas Armadas debían adoptar una postura «profesional», dando prioridad a la lucha contra el comunismo, bajo el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

El conflicto tuvo dos momentos de máximo enfrentamiento armado en septiembre de 1962 y abril de 1963. Militarmente resultó victorioso el bando «azul», liderado por los generales Juan Carlos Onganía y Alejandro Agustín Lanusse, pero ideológicamente las Fuerzas Armadas reconstruyeron su unidad adoptando una postura que fusionaba ambas visiones y que fue conocida como «los violetas».

El "primer mundo" occidental vivía la llamada "edad de oro del capitalismo", caracterizada por una gran ampliación de la clase media con el ingreso masivo de sectores trabajadores organizados sindicalmente y el predominio de la economía keynesiana, que entraría en crisis a comienzos de los años '70 para ser reemplazada por la Escuela de Chicago y las teorías neoliberales.

Hasta mediados de la década del 60, la juventud era considerada apenas una etapa biológica, que constituía más un escollo –equivalía a inexperiencia– que una característica positiva. La aceleración de los cambios tecnológicos y sociales, la generalización de las comunicaciones internacionales en tiempo real –a través de la televisión– o en forma inmediata –a través de los diarios y revistas– dieron un nuevo valor a la juventud, identificada ahora con la innovación y la energía. Por primera vez, los jóvenes tuvieron la posibilidad de cuestionar exitosamente la experiencia de los mayores; la juventud hacía así su aparición como sector social con sus propios intereses y puntos de vista. Esa postura se reforzó con la elección de los jóvenes de sus propias vestimentas, gustos musicales y libertades sexuales completamente distintos de los de sus mayores.^[44]

Otro factor de renovación cultural fue la influencia del Concilio Vaticano II; cuando la propia Iglesia Católica –considerada una institución inmutable por su propia naturaleza– había hecho una reforma tan profunda, la sociedad quedó definitivamente abierta a casi cualquier cambio.^[45] En América Latina las reformas religiosas se vieron consolidadas por el surgimiento de prácticas pastorales renovadoras como la Teología de la liberación -que en Argentina tomó la forma de Teología del pueblo- y los curas obreros y villeros. La respuesta de los grupos conservadores y las clases propietarias al impulso generalizado hacia las novedades fue de abierta oposición; a lo largo de este período se verían numerosos casos de iniciativas reaccionarias, que se opusieron activa y violentamente a todo cambio.^[46]

La serie de golpes de Estado iniciada en 1930 y las proscripciones políticas, convencieron a muchas personas de la necesidad de adoptar tácticas insurreccionales, desde sabotajes y manifestaciones de desobediencia civil, hasta puebladas y acciones guerrilleras. Los jóvenes que habían llegado a la edad adulta después del derrocamiento de Perón en 1955, en particular, no habían conocido ningún gobierno enteramente legítimo, surgido de elecciones libres, ni tampoco habían visto a un presidente terminar su mandato. Las Fuerzas Armadas ejercían una tutela agobiante sobre la sociedad y la política. Desde la caída de Perón, los trabajadores habían visto limitadas sus posibilidades de expresar su voz de modo que incidiera en el gobierno de la sociedad, a lo que se agregó el cierre de esa posibilidad también para la juventud universitaria de clase media a partir de la Noche de los bastones largos de 1968 -que puso fin al gobierno autónomo tripartito de las universidades estatales-, y por la campaña moralizante y la censura ejercida por la dictadura de Onganía.^[47]

Simultáneamente la Guerra Fría escaló con la Crisis de los misiles de Cuba de 1962 y el ingreso de Estados Unidos a la guerra de Vietnam en 1964. Estados Unidos adoptó entonces la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional para militarizar los países de América Latina, promoviendo los golpes de Estado militares y el uso del terrorismo de Estado. En esas circunstancias amplios sectores, particularmente juveniles, adhirieron a posturas revolucionarias y antiimperialistas, y a la idea de «liberación nacional», e identificaron la lucha abierta –incluso armada– contra las dictaduras, como el camino más adecuado para cambiar la sociedad, tomando como modelos a seguir experiencias como la revolución cubana y el ejemplo del Che Guevara,^[48] pero también «vías democráticas» como el triunfo electoral de 1970 de Salvador Allende en Chile, o las de Cámpora y Perón, en Argentina en 1973.

La Argentina había entrado en una acelerada industrialización, y casi nadie discutía la atribución de regular en alguna medida la economía nacional que debía tener el Estado, mientras se abrían rápidamente paso ideas de izquierda.^[48]

El 12 de octubre de 1963 Arturo Illia, de la Unión Cívica Radical del Pueblo, asumió el gobierno con su legitimidad muy cuestionada. Había sido elegido en elecciones en las que se había prohibido participar al peronismo y con los dos principales líderes opositores proscriptos: Perón obligado al exilio y Frondizi encarcelado. Del total de votos obtuvo un escaso 25 %, apenas cuatro puntos por encima de los votos en blanco con los que se expresaban muchos peronistas. La UCRI a pesar de tener detenido a su líder, obtuvo un 16 %. Nunca un presidente había sido elegido con un porcentaje tan bajo de votos.^[49] El oficialismo apenas tenía el 38 % de los diputados, aunque tenía un 54% de senadores.^[50] Su gestión de gobierno y sus opciones políticas estuvieron estrechamente ligadas al escaso margen de maniobra que estas circunstancias le otorgaban.^[51]

Frondizi había iniciado en su gobierno una política de explotación petrolera basada en las locaciones de obra de los yacimientos a empresas privadas, reservando a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) la actividad de exploración y la compra de la producción a las empresas concesionarias.^[52] La UCRP había denunciado que, pese a su nombre, se trataba de concesiones, y no de locaciones; que YPF asumía todo el riesgo empresario y que los combustibles eran más caros que si los hubiera extraídos la petrolera estatal. Por ello, en su campaña electoral Illia se comprometió a anular los contratos, cosa que hizo –por decreto– apenas un mes después de asumir la presidencia. Esta medida perjudicó la imagen del gobierno en el exterior y lo alejó de todo posible acuerdo con los sectores liberales.^[53]

En junio de 1964 sancionó la Ley de Salario Mínimo, Vital y Móvil.^[54] Poco después constituyó el Consejo del Salario, un ámbito de negociación entre representantes del gobierno, los empresarios y los sindicatos.^[55] Durante el primer año de su mandato, el salario real aumentó un 9,6%, mientras la desocupación bajaba del 8,8% en 1963 a 5,2% en 1966.^[56] Se promovió una Ley de Abastecimiento, destinada a controlar los precios de la canasta familiar y la fijación de montos mínimos de jubilaciones y pensiones.^[57]

No obstante, los conflictos políticos llevaron a un aumento de la conflictividad sindical, con miles de huelgas y ocupaciones de fábricas. La CGT, que había sido normalizada el año anterior y vuelto a ser conducida por el peronismo, había aprobado un plan de lucha que tenía como objetivo la realización de elecciones libres y sin proscripciones -Illia en complicidad con la dictadura brasileña impidió que Perón volviera al país-, un cambio de fondo de las reglas políticas y económicas detallado en el Programa de Huerta Grande y el documento El cambio total de las estructuras económicas, así como el esclarecimiento de la desaparición del militante sindical Felipe Vallese -secuestrado por la policía- que Illia había rechazado.^[58]

Por iniciativa del ministro de Salud, Arturo Oñativia, en julio de 1964 fue sancionada una ley que establecía una política de precios y de control de los medicamentos, congelando los precios, fijando límites para los gastos en publicidad e imponiendo límites a los pagos de regalías al exterior. Esta ley sería la causa principal de las objeciones que puso Suiza durante las negociaciones de la deuda externa ante el Club de París al año siguiente.^[59]

Aumentó significativamente la participación de la educación en el Presupuesto Nacional, duplicándola entre el primer y último año de su gobierno.^[60] Puso en marcha un Plan Nacional de Alfabetización, que alcanzó a 350 000 adultos.^[61] Entre 1963 y 1966 se graduaron de la Universidad de Buenos Aires 40 000 alumnos, la cifra más alta en toda la historia de la casa de estudios.^[56]

Sostuvo una política de ordenamiento del gasto público, disminuyó el endeudamiento y creó la Sindicatura de Empresas del Estado, para un control más eficaz de las empresas públicas.^[62] La deuda externa disminuyó de 3400 millones a 2600 millones de dólares.^[63]

Tras el estancamiento de los años 1962 y 1963, el trienio de Illia presenció un fuerte crecimiento del PBI: aumentó un 10,3% en el año 1964 y un 9,1% en 1965. El motor de ese crecimiento fue la industria manufacturera: el Producto Bruto Industrial aumentó un 18,9% en el año 1964 y un 13,8% en 1965.^[64]

Al frente del ministerio de Relaciones Exteriores Illia designó a Miguel Ángel Zavala Ortiz, uno de los líderes del grupo cívico-militar que bombardeó la Plaza de Mayo en 1955 asesinando a cientos de civiles, huyendo luego en uno de los aviones hacia Uruguay, y uno de los miembros de la Junta Consultiva Nacional de la dictadura de Aramburu.

Su política exterior se guio por la intención de sostener relaciones pacíficas con todo el mundo, y participar en todos los procesos de paz en curso.^[65] Intentó mantener una posición independiente frente a las presiones de los Estados Unidos, que pretendían someter a todos los países latinoamericanos a una política exterior destinada principalmente a evitar la expansión del comunismo,^[66] pero en lugar de ello, las relaciones con ese país estuvieron centradas en el conflicto por la anulación de los contratos petroleros.^[53] La participación argentina en la ocupación estadounidense de la República Dominicana permitió que la situación no llegara a un conflicto abierto.^[67]

Sostuvo relaciones comerciales y diplomáticas con la Unión Soviética^[68] y con la República Popular China,^[69] que le valieron cuestionamientos por parte de los jefes militares. Su principal gestión en cuanto a su relación con organismos internacionales fue con el FMI, logrando mejoras y postergaciones en los pagos de la deuda externa tras laboriosas negociaciones; en algunos casos, fue necesario mostrar especial dureza frente a un organismo acostumbrado a imponerse a los gobiernos deudores.^[70]

Se iniciaron negociaciones para la futura construcción de centrales hidroeléctricas sobre los ríos compartidos con los países vecinos, en especial con el Uruguay (Salto Grande)^[71] y el Paraguay (Yacyretá-Apipé).^[72]

Por primera vez en muchos años, se reiniciaron conversaciones con Gran Bretaña respecto a la cuestión de las islas Malvinas; simultáneamente, se consiguió que la ONU incluyera ese territorio entre los territorios no autónomos^[73] sometidos a supervisión del Comité de Descolonización.^[74]

Illia y su partido se identificaban plenamente con el antiperonismo,^[75] pero el presidente aspiraba a eliminar al peronismo sin prohibirlo. Entre sus primeros actos de gobierno, eliminó algunas de las restricciones que pesaban sobre el peronismo, manteniendo la proscripción y el exilio forzoso de Perón, así como la prohibición de los partidos que reconocieran su liderazgo. Como contrapartida fueron autorizadas las manifestaciones públicas y las actividades de los partidos neoperonistas (peronismo sin Perón). También se levantó la prohibición que pesaba sobre el Partido Comunista.^[76]

En las elecciones de 1963 habían sido elegidos gobiernos neoperonistas en tres de las veintidós provincias existentes en ese momento: Neuquén, Chaco y Salta; Illia no tuvo problemas para convivir con ellos.^[77] En cambio sí hubo conflictos internos en varias provincias gobernadas por radicales, y los gobernadores del Chubut^[78] y Santa Cruz fueron depuestos por sus propios partidarios.^[79]

Los peronistas –que cuestionaban activamente la legitimidad de un gobierno electo con los principales candidatos opositores proscriptos con el apoyo de solo un 24% del electorado– aspiraban a lograr elecciones democráticas, libres y sin proscripciones.^[80]

Otro importante campo de conflicto fue la relación con el movimiento sindical, en el que el peronismo había reconquistado una amplia mayoría pese a las persecuciones políticas. El radicalismo buscaba reducir la presencia peronista en el sindicalismo y la clase obrera, promoviendo un modelo sindical "pluralista" en el que hubiera múltiples sindicatos paralelos desconcentrados al nivel de empresa, que se oponía al modelo sindical "unitario" por rama de industria nacional, que había predominado en el movimiento obrero argentino desde la década de 1930.^[81]

Diez meses antes de que Illia asumiera la Presidencia, en enero de 1963, el gobierno había autorizado la normalización de la Confederación General del Trabajo (CGT), luego de siete años de intervención. En esa ocasión la CGT aprobó un programa general titulado "El cambio total de las estructuras económicas", que incluía un programa mínimo de once puntos y un "plan de lucha" en tres etapas.^[82]

Una semana después de la asunción de Illia la CGT fue recibida por el ministro de Trabajo, quien no aceptó ninguno de los reclamos del programa mínimo sindical ni propuso un acuerdo alternativo. El gobierno recomendó en cambio enviar las propuestas sindicales al Congreso Nacional, donde el peronismo carecía de representación, debido a las mismas leyes represivas que los sindicatos solicitaban derogar y que eran la razón por la cual la CGT cuestionaba la legitimidad del gobierno y del Congreso.^[82]

Ante la negativa del gobierno a llegar a un acuerdo con los sindicatos, la CGT dispuso continuar la primera etapa del plan de lucha, convocando a una movilización ante el Congreso Nacional el 6 de diciembre, apoyada por una huelga de seis horas.^[82]

La tensión continuó en 1964 y ante la falta de respuestas la CGT se reunió con varios partidos opositores y anuncia que pasaba a la segunda etapa del plan de lucha, que consistía en una serie progresiva de tomas de fábricas entre el 18 de mayo y el 18 de junio.^[82] A lo largo de ese mes fueron tomados 11.000 establecimientos, con 3,9 millones de trabajadores.^[82]

Illia respondió denunciando penalmente a sus organizadores, pero se negó a ordenar la recuperación de los establecimientos ocupados por la fuerza,^[83] La CGT continuó su plan de lucha pasando a una tercera etapa de "cabildos abiertos" en todo el país, incluyendo a partidos políticos opositores, organizaciones estudiantiles, cooperativas y barriales. En esta etapa el gobierno ordenó reprimir a los sindicatos y las manifestaciones,^[84] con numerosos heridos y detenidos.^[84] Ese mismo año suspendió la personería gremial de los sindicatos del Calzado, la Construcción, Sanidad y del Caucho.^[84] En 1966, sin consulta previa con las organizaciones sindicales, como lo sugería la recomendación n.º 113 de 1960 de la Organización Internacional del Trabajo, Illia estableció mediante el Decreto 969/1963, una reglamentación sindical prohibiendo las actividades políticas de los sindicatos, la ley establecía además que los presupuestos de los sindicatos debían ser aprobados desde el Poder Ejecutivo, alterando la independencia sindical y visto como herramienta para dificultar el accionar de los sindicatos opositores.^[85]

El punto máximo de tensión se alcanzó cuando la policía asesinó a tres militantes sindicales, José Gabriel Mussy, Néstor Méndez y Ángel Retamar, durante un acto convocado por la CGT el 21 de octubre de 1965.^{[86][87][88][89]}

La CGT era controlada por el líder de las 62 Organizaciones, Augusto Timoteo Vandor, que aspiraba a lograr un "peronismo sin Perón"; Illia prefirió apoyar por un tiempo a este, a fin de mantener dividido al peronismo.^[90]

En diciembre de 1964, Perón dejó España para regresar a la Argentina y ponerse al frente de su movimiento. Pero el llamado Operativo retorno fue impedido por el gobierno de Illia, que pidió a la dictadura brasileña que obligara al avión en que viajaba Perón a regresar a Europa.^[91] Desde entonces, Vandor tomó mayor importancia entre los dirigentes peronistas, con lo cual se ganó dos enemigos clave: José Alonso, secretario general de la CGT, que creó sus propias "62 Organizaciones de Pie", y el presidente Illia, que ahora prefería debilitar a Vandor.^[92]

En las elecciones legislativas de 1965, los diversos partidos neoperonistas derrotaron al radicalismo, logrando 3 278 434 votos contra 2 734 970 de la UCRP.^[93] Temiendo el poder de Vandor, Illia autorizó al Partido Justicialista, plenamente identificado con Perón, a participar en las elecciones del año siguiente en la provincia de Mendoza, e incluso permitió a María Estela Martínez –esposa de Perón– trasladarse a la Argentina para apoyar al candidato del exiliado general, Ernesto Corvalán Nanclares; este derrotó con comodidad al candidato de Vandor. Illia parecía haber logrado su objetivo: el neoperonismo de Vandor seguía dividiendo al peronismo.^[94]

Pero esa victoria del peronismo terminó de desnudar la debilidad de Illia, incapaz de imponer sus condiciones e iniciativas políticas, y que solo aspiraba a que sus adversarios se anularan entre ellos. La idea de un golpe de Estado ya estaba madura.^[95]

El gobierno de Illia se ufanaba de su moderación y de su honestidad personal, como médico de pueblo, que contrastaba con el estereotipo del político de primer nivel. La honestidad personal de Illia ha quedado como un caso ejemplar en la historia argentina,^[96][97] pero era insuficiente para resolver las tensiones y el problema institucional que habían causado la prohibición del peronismo y el exilio de Perón, en un momento en que la dinámica de la Guerra Fría y la doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos, escalaban el nivel de violencia, la lucha armada guerrillera y los golpes de Estado cívico-militares.^[98] Sometido a limitaciones de todo tipo y sin legitimidad de origen, el propio presidente fue repetidamente calificado por la prensa como ineficiente y lento, y caricaturizado como una tortuga.^[99]

Mientras los sindicatos, el movimiento estudiantil y sectores de izquierda –una parte del peronismo entre ellos– reclamaban medidas nacionalistas, de beneficio popular o directamente socialistas, enmarcadas en el objetivo de la "liberación nacional", los sectores de militares y de derecha exigían que pusiera coto a los sindicatos y al peronismo.^[100] Estos últimos además criticaban duramente algunas de las medidas políticas que Illia había logrado, como el salario mínimo, la Ley de Medicamentos, la anulación de los contratos petroleros o cierta independencia frente a la posición de los Estados Unidos en política internacional.^[83]

Las Fuerzas Armadas, alarmadas –y hasta obsesionadas– con el peligro comunista habían adoptado como propia a la doctrina de la seguridad nacional difundida por Estados Unidos a todo el hemisferio desde la Escuela de las Américas a partir de 1963, según la cual su misión consistía en garantizar el orden interno y defender la «civilización occidental y cristiana» de «ideologías foráneas»; esto es, el enemigo de la Nación no era externo, sino interno: los propios ciudadanos argentinos que cuestionaran los parámetros culturales y políticos establecidos.^[101] En el marco de la Guerra Fría, Estados Unidos comenzó a promover en América Latina la instalación de dictaduras militares permanentes –definidas por Guillermo O'Donnell como «estados burocráticos autoritarios»– como la dictadura militar en Brasil de 1964, de modo de garantizar su alineamiento automático y evitar cualquier postura independiente o nacionalista.^[102]

El desarrollismo controlaba el diario Clarín, principal periódico de Argentina, y los peronistas e izquierdistas tenían en sus manos algunos pequeños pero influyentes medios de prensa;^[103] Illia no tenía nada parecido: si bien era apoyado por el Canal 7 (estatal) y el Canal 9 (privado), la prensa escrita estaba enteramente en su contra: los diarios y revistas le criticaban su pretendida inacción y su debilidad, al mismo tiempo que anunciaban abiertamente el golpe de Estado que se estaba preparando.^[104] Illia se apoyó en los generales «colorados» (acérrimamente antiperonistas) para limitar el poder del comandante en jefe del Ejército, Juan Carlos Onganía, un cursillista del bando «azul» formado en la Escuela de las Américas, pero los cuadros inferiores fueron ocupados por jefes "azules". Cuando, en 1965, Onganía pasó a retiro por su propia decisión, todos los jefes militares le respondían personalmente,^[105] mientras la prensa lo mostraba como jefe del inminente golpe de Estado.^[106]

El 28 de junio de 1966 varios jefes militares ocuparon la Casa Rosada y le comunicaron a Illia que había sido depuesto, quien luego de manifestar su repudio al acto sedicioso, fue sacado por la fuerza.^[107]

Con excepción de un pequeño grupo que se reunió para acompañarlo en su salida del gobierno, Illia no encontró apoyo para impedir su derrocamiento ni en el peronismo, ni en el frondizismo, que afectados por las proscripciones veían en el golpe la posibilidad de que se llamara a elecciones libres.^[108] En el sindicalismo no hubo ningún sector dispuesto a defender a un gobierno que pretendía fragmentar a los sindicatos; solo la corriente sindical comunista (MUCS) condenó la asonada militar.^[109] El movimiento estudiantil tampoco defendió a Illia, luego de haber llevado adelante ese mismo año una de las huelgas estudiantiles más extensas de la historia argentina en demanda de mayor presupuesto.^[109]

Todos estos sectores y varios grupos internos de las fuerzas armadas, se arrepentirían de no haber rechazado el golpe, cuando se hizo evidente que pretendía instalar un régimen militar permanente, con apoyo orgánico de Estados Unidos, los grandes grupos económicos y la Sociedad Rural Argentina, equivalente a una "ocupación extranjera",^[110] similar al que se había instaurado en Brasil en 1964 y al que instauraría Pinochet en Chile en 1973.

El 28 de junio de 1966 tomó el poder una dictadura que adoptó el nombre de "Revolución Argentina" y se extendió casi siete años hasta el 25 de mayo de 1973, fecha en la que asumió el gobierno constitucional encabezado por el peronista Héctor J. Cámpora. Durante el período gobernaron tres dictadores: Juan Carlos Onganía, Marcelo Levingston y Alejandro Agustín Lanusse.

En el mismo comunicado en que informaban a la población de la deposición del presidente Illia, los comandantes de las tres Fuerzas Armadas anunciaron el nombramiento del teniente general Juan Carlos Onganía como presidente de la Nación.^[111] Por primera vez en la historia de los golpes de Estado en Argentina, no se anunciaba como un presidente provisional, sino que su gobierno tenía carácter permanente:^[112] se sancionó un Estatuto de la Revolución Argentina, colocado por encima de la Constitución Nacional; todos los poderes Ejecutivo y Legislativo, nacionales y provinciales, recaían en el presidente, que no solamente firmaría decretos, sino también leyes, que continuaron la numeración de las leyes sancionadas por el Congreso nacional, que también fue clausurado; el presidente nombraba a los gobernadores provinciales, que no se llamaban "comisionados", "interventores" o provisionales, y que también estaban habilitados a sancionar leyes provinciales; la Corte Suprema fue completamente reemplazada por ministros adictos, que juraron respetar primero el Estatuto y solo después la Constitución Nacional.^[111]

La frase que condensaba las aspiraciones del gobierno era "la Revolución Argentina tiene objetivos, no plazos".^[113] Sus objetivos serían alcanzados en tres etapas o "tiempos": primero, un "tiempo económico", durante el cual se buscaría acelerar el desarrollo industrial y la modernización de la estructura productiva; luego un "tiempo social", durante el cual se buscaría mejorar la distribución de la riqueza con el objetivo de alcanzar la paz social, para eliminar el "caldo de cultivo" de las ideas de izquierda; y por último, y subordinado a los anteriores, un "tiempo político", en el cual se abriría una nueva etapa democrática^[114] con características que nunca llegarían a ser explicitadas, pero que debían ser distintas a las vigentes hasta ese momento.^[115]

Ideológicamente, el nuevo régimen se mostró antiliberal en lo político, pero liberal en lo económico.^[112] En vista de que el "tiempo político" quedaba relegado a un futuro indeterminado, se prohibieron los partidos políticos, así como todo tipo de participación política por parte de la ciudadanía; rigió en forma casi permanente el estado de sitio y se vieron coartados derechos civiles, sociales y políticos.^[116][117]

Onganía implementó un régimen de gobierno autoritario de tipo corporativo, con "participación" de los sectores y asociaciones civiles del país en su gobierno mediante la formación de comités o instancias consultivas en áreas específicas de la política agraria, industrial, económica y laboral.^[118][119] Este modelo recibió fuertes críticas del sector liberal del Ejército y no contó tampoco con un apoyo entusiasta de sus supuestos beneficiarios, los empresarios,^[120] pero logró dividir el movimiento obrero, tanto peronista como antiperonista, provocando el surgimiento de grupos partidarios de "participar" de las instancias consultivas del gobierno militar y limitar la acción sindical a las cuestiones estrictamente gremiales, apartándola de toda actividad política (principalmente la Nueva Corriente de Opinión o "participacionista" liderada por Rogelio Coria).^[121]

El segundo ministro de economía de la dictadura, Adalbert Krieger Vasena,^{[n. 4]} aplicó medidas ortodoxas: devaluó la moneda en un 40%, congeló precios y salarios, revocó las medidas de nacionalización y control de capitales del gobierno de Illia, y restauró los contratos petroleros que este había anulado. Para equilibrar las cuentas, aumentó algunos impuestos, en particular las retenciones a la exportación.^[122]

El resultado fue exitoso en el control de la inflación –bajó del 31,9% al 7,6% anual entre 1966 y 1969– y un aumento del PBI que alcanzó el 6,8% en 1969. Las exportaciones continuaron en alza,^[123] pero las medidas perjudicaron al sector agropecuario.^[124] Las empresas de capital nacional se descapitalizaron rápidamente, siendo reemplazadas por las de capital extranjero, con numerosos cierres de fábricas –la emblemática Siam Di Tella estuvo a punto de quebrar– y ventas de empresas a capitales extranjeros.^[123] La intención era atraer inversiones extranjeras, pero gran parte de los capitales que se radicaron en el país lo fueron no en forma de inversión neta, sino de compra de bienes de capital nacional;^[125] entre muchos ejemplos, la automotriz IKA fue vendida a la francesa Renault.^[126]

En el movimiento obrero y el peronismo, luego de años de persecuciones, Onganía despertó inicialmente expectativas. Los dos principales dirigentes sindicales, Augusto Vandor y Alonso, líderes respectivamente de las 62 Organizaciones Leales a Perón (vandoristas, peronismo sin Perón) y las 62 Organizaciones De Pie Junto a Perón (partidarias del liderazgo incondicional de Perón), asistieron a la jura como "presidente" del general Onganía.^[127] Hasta los sindicatos independientes, de extracción radical y socialista, apoyaron el golpe.^[109] Con posterioridad el sindicalismo se dividiría gravemente en combativos, duros, negociadores y participacionistas -esta última una corriente de apoyo expreso a la dictadura promovida por el gobierno militar-, de acuerdo a la menor o mayor disposición a mantener relaciones con las autoridades.^[128]

Uno de los sectores más duramente castigados fue la industria azucarera: tras varios meses de dudas, el gobierno decidió intervenir y cerrar diez ingenios, con lo que una gran cantidad de trabajadores quedó en la calle y los pequeños productores quedaron a merced de los ingenios que quedaban, que se cartelizaron para bajar de común acuerdo el precio pagado por la caña.^[129]

Los trabajadores se vieron fuertemente perjudicados, ya que su participación en la renta nacional bajó abruptamente, de un 43% al 39% en el mismo período.^[123] Una ley de "conciliación obligatoria" limitó fuertemente las huelgas en defensa del salario,^[130] de modo que cualquier huelga era declarada inmediatamente ilegal, favoreciendo siempre a los sectores patronales.^[131]

No obstante, el gobierno inició una gran cantidad de obras públicas, que mantuvieron el ritmo de la actividad industrial.^[132] Entre ellas se pueden mencionar las centrales hidroeléctricas El Chocón, Cerros Colorados, Cabra Corral y Ullum; los puentes Zárate-Brazo Largo, Corrientes-Barranqueras y Fray Bentos-Puerto Unzué; y la Central nuclear Atucha.^[133]

En abril de 1969, se sancionó la Ley 18.188, que cambiaba la moneda circulante a partir del 1 de enero de 1970; se creaba el Peso Ley 18.188, que equivalía al valor de 100 Pesos Moneda Nacional; fue el primer cambio de denominación en la historia de la moneda argentina.^[134]

Las universidades públicas argentinas estaban entonces organizadas de acuerdo a los principios de la Reforma Universitaria, que establecían la autonomía universitaria del poder político y el cogobierno tripartito de estudiantes, docentes y graduados.^[135] Los militares y sus apoyos de derecha consideraban a las universidades cunas de la subversión y el comunismo.^[48] de modo que la dictadura decidió imponer allí la disciplina y sus ideas sociales:^[135] una "ley" que anulaba por completo la autonomía universitaria, que fue resistida por estudiantes y autoridades de la mayor parte de las universidades nacionales –aunque no de todas.^[136]

El 29 de julio de 1966, la policía irrumpió en una manifestación de estudiantes y docentes de la Universidad de Buenos Aires, en la llamada "Noche de los bastones largos", arrestando y castigando físicamente a los manifestantes. Más de 400 arrestados, centenares de profesores separados de sus cátedras y la destrucción de laboratorios y bibliotecas fue el saldo a corto plazo de los hechos;^[137] a largo plazo, se inició una "fuga de cerebros" masiva, durante la cual miles de destacados profesores e investigadores abandonaron el país.^[138]

El gobierno decidió reformar las costumbres y controlar las expresiones artísticas: la censura alcanzó a programas de televisión, espectáculos de teatro –entre ellas la ópera Bomarzo de Alberto Ginastera y Manuel Mujica Lainez–^[139] y de cine, además de diarios, libros y revistas. Los hippies eran arrestados y sus pelos cortados; la policía hacía redadas en los hoteles alojamiento y obligaba a los maridos a ir a buscar a la comisaría a las esposas infieles. Incluso besarse en público era castigado con arresto.^[46]

Onganía quiso imponer el predominio de la Iglesia Católica,^{[n. 5]} sostenido por varios grupos de orientación católica conservadora, en especial del Opus Dei. Asistía frecuentemente a actos públicos religiosos y consagró el país a la Virgen.^[140]

El modelo de represión instaurado por Onganía fue exitoso en sus objetivos inmediatos: desarticuló la capacidad de movilización de los sindicatos –se intervino la CGT– y casi no hubo grandes huelgas, la actividad política se redujo a su mínima expresión debida a la disolución de los partidos políticos y la censura hizo que las discusiones políticas en la prensa fueran marginales.^[141]

Pero la anulación de los canales institucionales de discusión política y resolución de conflictos llevó al surgimiento de otros, mucho menos orgánicos y, por ello mismo, totalmente incontrolables. El recrudecimiento y radicalización de la Resistencia peronista y del sindicalismo combativo que tomó forma en la CGT de los Argentinos, la formación de gran cantidad de grupos católicos de solidaridad social bajo la orientación del Concilio Vaticano II y la incipiente teología de la liberación, la aparición de movimientos de izquierda juveniles –la Nueva Izquierda, así llamada para diferenciarlas del viejo Partido Socialista y del Partido Comunista– y de organizaciones guerrilleras dispuestas a dirimir diferencias por medio de la violencia fueron las más notables.^[47]

Onganía había clausurado toda acción política y, con ayuda de Vandor, había limitado también las acciones sindicales. Pero la dirigencia sindical vandorista no anulaba el descontento de los trabajadores y en 1968 varios sindicatos se separaron para formar la CGT de los Argentinos, bajo el liderazgo de Raimundo Ongaro de la Federación Gráfica Bonaerense.

Simultáneamente el ejemplo de los sucesos del Mayo francés, las protestas contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos, la Masacre de Tlatelolco en México, el asesinato del Che Guevara en Bolivia y el auge de la canción de protesta, mostraron alternativas de acción directa, especialmente a la juventud militante, tanto sindical, como estudiantil y católica.

Al comenzar 1969 el gobierno de Onganía se había fortalecido debido a los buenos resultados macroeconómicos.^[142] El régimen consideró entonces que era momento de profundizar el proceso. El 28 de marzo Onganía dio un discurso para anunciar que la Revolución Argentina entraba en la etapa "del tiempo social" y la estructuración de un Nuevo Estado basado en los principios del "participacionismo" y del "comunitarismo".^[143]

Pese a ello, desde comienzos de 1969, la población comenzó a participar en la disputa política por medio de las llamadas "puebladas": movilizaciones masivas y violentas en lugares puntuales.^[144] Entre 1969 y 1972 sucederían unas veinte grandes puebladas insurreccionales.^{[n. 6][145]}

1969 fue el año del estallido insurreccional en Argentina. Siete grandes puebladas se produjeron en todo el país, con activa participación del movimiento estudiantil y del sindicalismo: el «Ocampazo» (enero-abril), el «Correntinazo» (mayo), el primer Rosariazo (mayo), el Salteñazo (mayo), el primer Cordobazo (mayo), el primer Tucumanazo (mayo) y el segundo Rosariazo (septiembre). Ese mismo año comienzan a actuar las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), incendiando el 26 de junio trece supermercados de la cadena Minimax de la familia Rockefeller, como protesta contra la visita de Nelson Rockefeller.^[146] Cuatro días después, fue asesinado por el Ejército Nacional Revolucionario, el máximo dirigente sindical argentino de ese momento, Augusto Timoteo Vandor, acusado de negociar con la dictadura militar y de traidor por impulsar un «peronismo sin Perón»; los miembros del ENR se integrarían más adelante a Montoneros.^{[n. 7][147][148]} Ese año también comienza a actuar el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), comandado por Mario Santucho, aunque sus acciones recién se incrementaron al año siguiente.

El 14 de mayo de 1969, obreros de las fábricas de automotores de la ciudad de Córdoba protagonizaron una violenta manifestación contra recortes salariales. Sin relación con estos hechos, al día siguiente los estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste organizaron una ruidosa protesta en el centro de la ciudad de Corrientes, causada por una cuestión relativamente menor,^{[n. 8]} pero la misma terminó con la muerte del estudiante Juan José Cabral a manos de la policía provincial. En respuesta, los estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario realizaron una manifestación mucho más grande, conocida como el "Rosariazo", en el transcurso de la cual fue asesinado otro estudiante. Los disturbios en Rosario continuaron varios días más, durante los cuales la policía mató a otro estudiante.^[149]

Cuando los estudiantes de la ciudad de Córdoba decidieron movilizarse a su vez por estos hechos, coincidieron con un notable aumento de los choques entre trabajadores del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), que –ignorando las negociaciones de los dirigentes del sindicato con el gobierno y las empresas– protagonizaban huelgas parciales y choques violentos con la policía. La muerte de un estudiante al mediodía del 29 de mayo generó la confluencia de ambos movimientos, cuyos participantes se solidarizaron. Durante los hechos, conocidos como el "Cordobazo", los manifestantes recibieron la protección y ayuda de los vecinos. Los manifestantes ocuparon la totalidad del centro de la ciudad y la zona de La Cañada, armando barricadas e incendiando automóviles y oficinas. Al día siguiente, el Ejército ocupó sangrientamente el centro de la ciudad, dejando un tendal de heridos, entre catorce y treinta muertos,^[150] y centenares de presos, entre ellos Agustín Tosco –de SMATA Córdoba– y Raimundo Ongaro, líderes de la revuelta, condenados a varios años de prisión.^[151]

La dictadura lanzó entonces una violenta ofensiva contra los sindicatos, que fueron intervenidos, y decretó una baja generalizada de sueldos en la mayoría de los empleados públicos, entre ellos los ferroviarios; la huelga ferroviaria de septiembre de 1969^[152] y un segundo y más violento "Rosariazo", del 16 de septiembre,^[153] debilitaron simultáneamente a los sindicatos organizados^[154] y al gobierno de Onganía, que ya no lograba contener la agitación social.^[155] Este echó la culpa de los desbordes a las bajas de salarios ordenadas por Krieger Vasena y al ministro del Interior, Guillermo Borda, a quienes separó de sus cargos en el mes de junio,^[156] anunciando el inicio del "tiempo social". La mayor parte del gabinete y gran parte de los gobernadores fueron reemplazados y anunció una suba general de salarios del 20%. Los empresarios y sindicalistas dejaron de apoyar a Onganía, y los trabajadores continuaron con sus acciones de protesta.^[157]

Tres corrientes confluyeron en el fenómeno que algunos académicos denominan como el surgimiento de una nueva izquierda en Argentina, ligada a la noción de "liberación nacional", uno de ellos fue un sector proveniente del catolicismo que, influenciado por los cambios introducidos por el Concilio Vaticano II, adoptó como principio teológico y pastoral central la "opción por los pobres", dando origen a expresiones como la Teología del pueblo -variante argentina de la Teología de la liberación, el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y el movimiento de curas villeros, la revista Cristianismo y Revolución y la Federación Latinoamericana de Sacerdotes Casados (FLSC) fundada por el exobispo argentino Jerónimo Podestá y su esposa Clelia Luro.^[158]

Otro sector, proveniente de la izquierda tradicional –el Partido Socialista Argentino y el Partido Comunista– que inició una intensa revisión y rediscusión de sus conceptos y prácticas políticas, sobre todo a la luz de la Revolución cubana y las ideas del Che Guevara,^[47] y por último, un sector integrado por grupos que actuaban en la Resistencia peronista que desarrollaron una visión combativa y revolucionaria del peronismo, ligándolo a los movimientos de liberación nacional que por entonces actuaban en el Tercer Mundo.^[144]

En términos generales, estos grupos mostraban una abierta simpatía por el peronismo –que se reforzaba por los discursos de tono fuertemente combativos del propio Perón– y no pocos formaron parte de la Juventud Peronista, fundada oficialmente en 1957, pero que experimentó un explosivo crecimiento a partir de 1972.^[47] Hasta su fallecimiento en 1968, su inspirador fue John William Cooke, exdiputado peronista y representante personal de Perón, que había completado su "giro a la izquierda" tras su visita a la Cuba de Fidel Castro en 1960.^[159]

En sentido estricto, las organizaciones armadas habían iniciado las acciones guerrilleras a fines de 1959, durante el gobierno de Frondizi, cuando el grupo peronista Uturuncos tomó la Jefatura de Policía en la ciudad de Frías, Santiago del Estero.^[160] A poco de iniciada la dictadura de Onganía, un grupo de estudiantes lanzaron el Operativo Cóndor, por el cual obligaron a un avión a desviar su recorrido y aterrizar sin autorización británica en las islas Malvinas.^[161]

Pero es a partir de 1968, durante la dictadura de Onganía que había abolido los partidos políticos, cuando aparecen las organizaciones armadas que van a actuar en el futuro. Ese mismo año aparecen la Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), lideradas por Envar El Kadri, estableciendo un campamento guerrillero rural en las cercanías de Taco Ralo, provincia de Tucumán, que fue desbaratado por la Gendarmería. Al año siguiente moriría el primer guerrillero, el exsacerdote y sindicalista Gerardo Ferrari, miembro de las FAP, al resistirse a tiros a un arresto y ser muerto por la policía.^[162]

En 1969 aparecieron el FAL y las FAR. El 5 de abril realizó su primera acción el Frente Argentino de Liberación (FAL), aunque ya existían desde 1963, tomando el Regimiento n.º 1 de Campo de Mayo para robar armas.^[163] El 26 de junio las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) incendiaron trece supermercados Minimax en Buenos Aires, en repudio a la visita de Nelson Rockefeller. El 30 de junio, un grupo guerrillero independiente asesinó al poderoso dirigente sindical metalúrgico Augusto Timoteo Vandor, líder del sector que estaba en tratativas con la dictadura para impulsar un "peronismo sin Perón".^{[n. 9]}

En 1970 aparecen Montoneros y el ERP. Montoneros aparece con una acción que conmovió al país al secuestrar al exdictador Pedro Eugenio Aramburu –responsable de los fusilamientos de junio de 1956 y del secuestro del cadáver de Eva Perón– el 29 de mayo de 1970 y anunciar dos días después que había sido ejecutado.^[164] Una semana después se producía un golpe interno para desplazar a Onganía y abrir una salida electoral negociada con el peronismo.^[155] El 30 de julio de 1970 fue creado el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), por decisión del V Congreso del Partido Revolucionario de los Trabajadores (ERP), aunque Mario Roberto Santucho, su comandante, había dirigido el año anterior una acción militar con el fin de robar un banco de Escobar para recaudar fondos.

Tras diez días durante los cuales la dictadura recayó en una Junta Militar, el 18 de junio asumió como presidente de facto el general de Brigada Roberto Marcelo Levingston, un oficial casi desconocido que hasta entonces había sido agregado militar en la embajada argentina en los Estados Unidos. Levingston prometió consultar sus medidas importantes con los comandantes de las tres armas, pero solo lo hizo para nombrar a su primer gabinete de ministros.^[165]

Como una muestra de que no compartía la visión conservadora de la sociedad de su antecesor, Levingston nombró miembro de la Corte Suprema de Justicia a Margarita Argúas, primera mujer en ocupar semejante responsabilidad en toda América.^[166]

Con el objetivo de "profundizar la Revolución Argentina", se apoyó en técnicos desarrollistas –tales como Aldo Ferrer y Cáceres Monié– y nacionalistas tales como Luis María de Pablo Pardo y Amadeo Frúgoli. Desarrolló la política del "compre nacional", por la cual las empresas estatales estaban obligadas a comprar productos nacionales; también otorgó sucesivos aumentos salariales, con la idea de calmar la agitación social.^[165]

En 1971 los indicadores económicos se deterioraron, con una inflación que llegó al 35%, agravada por una fuga de inversiones extranjeras que venía de antes,^[165][167] con lo cual se ganó la enemistad de patrones, consumidores y obreros. La agitación social aumentó.^[168][169]

También aumentó la agitación política, incluyendo acciones de violencia: en julio de 1970, Montoneros ocupó la localidad cordobesa de La Calera, ocasión en que fueron detenidos prácticamente todos los participantes del hecho.^[170] En agosto, el sindicalista José Alonso fue asesinado por un grupo de guerrilleros, aparentemente el mismo que había asesinado a Vandor, y que posteriormente se integraría a Montoneros.^[171]

En noviembre de 1970 se inició el movimiento de las Ligas Agrarias, que organizaría en los años siguientes las luchas rurales en la región nordeste contra los latifundios y monopolios en la producción de algodón, yerba mate, tabaco y té. Ese mismo mes se producen otras dos puebladas insurreccionales en Tucumán (Segundo Tucumanazo) y Catamarca (Catamarqueñazo).

Levingston trató de comprometer a los dirigentes políticos en la continuidad de la dictadura, y para ello quiso reorganizar los partidos dejando afuera a sus líderes: a Perón y al radical Ricardo Balbín. En respuesta, el radicalismo, el peronismo, el Partido Socialista Argentino, el Conservador Popular y el Bloquista firmaron un documento titulado "La Hora del Pueblo", que inició una ronda de negociaciones entre esos partidos para exigir una salida electoral.^[172]

Tras el asesinato de Alonso, Perón logró que la CGT designara al metalúrgico José Ignacio Rucci como secretario general.^[173] Rucci era uno de los pocos sindicalistas de primera línea que consideraba que la vuelta de Perón era un objetivo estratégico prioritario para el movimiento obrero, mientras que la mayoría de sus colegas adherían al postulado vandorista que partía de la suposición de que Perón no volvería al país.^[173] Rucci impulsó una serie de paros generales que afectaron a la industria, el transporte y los servicios.^[168][169]

El 15 de marzo de 1971 estalló una nueva "pueblada" en Córdoba, conocida como el Viborazo, con dos muertos y trescientos detenidos, que nuevamente sacudió al país y marcó los días finales del gobierno de Levinsgton.^[174][175]

Para evitar su caída Levingston dispuso el retiro del comandante del Ejército, teniente general Alejandro Agustín Lanusse, pero este rechazó la decisión de Levingston, reunió a los jefes de la Armada y la Fuerza Aérea y les impuso el desplazamiento del presidente, que fue obligado a renunciar el 23 de marzo.^[175]

Lanusse confirmó en el cargo de ministro de Economía a Ferrer y nombró ministro del Interior al radical Arturo Mor Roig. El objetivo de su gobierno era acelerar la salida electoral, controlando en alguna medida la economía y la violencia política, y evitando a toda costa el retorno del peronismo al poder.^[176] Para ello intentó crear un sistema de partidos ideológicamente identificables: un partido de derecha vinculado al gobierno, uno de izquierda y uno de centro, que debía ser el radicalismo; por ello pretendió –una vez más– un peronismo sin Perón, que ocuparía el lugar del partido de izquierda, y dejar una única UCR: la UCRP pasaría a ser el único partido llamado "radical", mientras la UCRI de Oscar Alende se refundaba como Partido Intransigente, y la de Frondizi como Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).^[177] Propuso a los partidos la formación de un Gran Acuerdo Nacional (GAN), buscando comprometer a todos los partidos en una salida negociada para la dictadura, finalmente bajo la presidencia del propio Lanusse.^[176]

La apertura política y la incertidumbre sobre el papel que Perón podría jugar en la misma, puso en un dilema a los neoperonistas –con excepción del Movimiento Popular Neuquino que había sido mantenido por la dictadura en el gobierno– sobre la mayor o menor cercanía que debían establecer con Perón.^[177]

Perón inicialmente nombró a Jorge Daniel Paladino como su delegado personal, quien emprendió un proceso de negociación con Lanusse, dentro de las expectativas de este. Pero en septiembre de 1971 Perón desplaza a Paladino, y designa a Héctor J. Cámpora como su nuevo delegado personal y a Rodolfo Galimberti, cercano a Montoneros, como representante de la Juventud Peronista en el Comando Superior Peronista. Simultáneamente Perón completó el triángulo en que se apoyaría en adelante, dándole todo su apoyo a José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT, enfrentado con la mayoría del sindicalismo peronista, más proclive a negociar con Lanusse. Su objetivo era desbaratar el plan de Lanusse, mediante un amplio acuerdo civil con los partidos políticos -especialmente los que habían sido antiperonistas en 1955, priorizando la relación con Balbín-, la CGT y los empresarios nacionales, para realizar elecciones libres sin condicionamientos militares.^[178]

En octubre de 1971 se produjo un levantamiento militar en Azul y Olavarría liderado por el teniente coronel Florentino Díaz Loza, de ideología nacionalista, con el objetivo de desplazar a la corriente liberal vinculada a Estados Unidos, liderada por Lanusse.^[179]

Perón buscó abiertamente el apoyo de las agrupaciones juveniles, con un discurso político izquierdista y nacionalista, y apoyando el recurso a la violencia contra la dictadura; las organizaciones armadas, con la única excepción del ERP, se declararon abiertamente peronistas.^[176]

En esas condiciones, el GAN era inaceptable para el peronismo, que lo rechazó de plano, cosa que también hicieron varios otros partidos; cuando quedó claro que la aspiración de Lanusse era ser candidato presidencial, también fue rechazado por el radicalismo.^[177]

La vuelta de Perón al país y su eventual candidatura presidencial era una brasa caliente en las negociaciones por la "salida electoral". Lanusse devolvió a Perón su rango de general y los sueldos adeudados, cerró las causas judiciales en su contra y le entregó el cadáver de Evita, ocultado en Italia desde 1956. A cambio esperaba que Perón se autoproscribiera en las próximas elecciones.

Perón se negó a quedar fuera del proceso electoral, con el argumento de que un eventual presidente peronista que no fuera él, crearía una situación de doble comando de alta inestabilidad institucional:

Si en las próximas elecciones no se llama a elecciones generales, ofreciendo todas las garantías constitucionales, será difícil evitar la guerra civil... Yo les contesté (a los enviados de Lanusse) que no había trato y que sólo debían llamar a elecciones. Y si quiere Lanusse, que se presente nomás a las elecciones presidenciales, por mi yo tengo más posibilidades de salir primer ministro o rey de Inglaterra que Lanusse presidente de los argentinos. Yo seré presidente, no puedo negarme a pesar de mis 76 años.

Juan D. Perón, Declaraciones al diario El ExpresO, julio de 1972^[180]

Presionado por los sectores antiperonistas más recalcitrantes, el 27 de julio Lanusse anunció por televisión que no podrían ser candidatos quienes no estuvieran en el país desde el 25 de agosto de 1972, con lo que virtualmente impedía que Perón pudiera presentarse. Lanusse llegó a acusar a Perón de cobarde en su mensaje diciendo que no volvía a la Argentina "porque no le da el cuero".^[181][182]

El 22 de agosto la Marina produjo la Masacre de Trelew, buscando boicotear la salida electoral que estaba llevando adelante Lanusse. Dos días después la dictadura reformó la Constitución, estableciendo entre otras cosas un sistema electoral de doble vuelta, con el fin de limitar las posibilidades de triunfo del peronismo, potenciando un eventual voto antiperonista.

Perón dejó pasar el ultimátum y las restricciones, y el 7 de noviembre publicó una solicitada anunciando que, teniendo en cuenta que la dictadura había reconocido públicamente que no había causas contra él, había decidido volver a la Argentina. Nombró a Juan Manuel Abal Medina como secretario general del Movimiento Peronista con la tarea de organizar su regreso al país el 17 de noviembre de 1972. La Juventud Peronista lanzó entonces la consigna "Luche y vuelve" que le permitió alcanzar una gran popularidad y fortalecer su posición en el seno del peronismo.

Perón estuvo menos de un mes en Argentina, pero en su regreso cerró un amplio acuerdo civil, con todos los partidos políticos, pero especialmente con la UCR: el abrazo con Ricardo Balbín, luego de décadas de enfrentamientos, ha quedado en la historia argentina como símbolo de tolerancia democrática. El acuerdo político fue complementado con un acuerdo social, con los empresarios nacionales congregados en la CGE y los sindicatos federados en la CGT. El GAN había sido derrotado.

El Partido Justicialista formó el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) con fuerzas que anteriormente habían sido opositoras al peronismo, como el frondizismo, el Partido Conservador Popular, y el Partido Popular Cristiano, desprendido del Partido Demócrata Cristiano. Perón impuso una fórmula presidencial conformada por Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima y regresó a España, donde había vivido doce años. La fórmula fue rechazada inicialmente por la mayoría del sindicalismo peronista y aceptada luego a regañadientes, absteniéndose de participar activamente en la campaña electoral.^[183] La campaña se hizo con el eslogan "Cámpora al gobierno, Perón al poder."^[176]

El peronismo en ese momento estaba conducido por cuatro ramas (política, sindical, femenina y juvenil) y la regla indicativa era que los cargos debían repartirse igualitariamente entre los cuatro sectores. El papel jugado por las organizaciones armadas y los sectores juveniles de la Tendencia Revolucionaria, les permitió lograr que una considerable cantidad de miembros de la Juventud Peronista fueran como candidatos a legisladores nacionales y provinciales. Además de Cámpora, ligado a la Tendencia, varios de los candidatos a gobernador o vicegobernador también estaban ligados a la juventud o la izquierda peronista. La rama sindical se sintió relegada en la elaboración de las listas, aunque la mayoría de los vicegobernadores fueron sindicalistas.^[177]

Los demás partidos no lograron articular un discurso coherente frente a la candidatura de Perón, que parecía el único que podía garantizar la estabilidad y el control de las organizaciones armadas. El radicalismo llevó una vez más a Balbín como candidato;^[184] una coalición de centroderecha llevó al exmilitar Francisco Manrique; el radical intransigente Oscar Alende encabezó una alianza de izquierda apoyada del Partido Comunista, UDELPA que había sido fundada por Aramburu y de un sector de la democracia cristiana; participaron también otras dos listas derechistas y el Partido Socialista Democrático, esencialmente antiperonistas.^[176]

El 11 de marzo de 1973, el candidato del Frejuli obtuvo el 49,56 % de los votos válidos. Ante el estrecho margen faltante para alcanzar la mayoría absoluta y la amplia diferencia sobre el segundo, Balbín –que obtuvo poco más del 21 %- anunció que renunciaba a la segunda vuelta.^[185]

Los candidatos del Frejuli también obtuvieron veinte de las veintidós gobernaciones provinciales en primera o segunda vuelta, el 63 % de los senadores y el 59 % de los diputados. Cámpora fue proclamado presidente.^[186]

Las organizaciones armadas tuvieron un explosivo aumento de la simpatía popular, incorporando ya en democracia en 1973 y 1974, a miles de jóvenes a las organizaciones estudiantiles, barriales y sindicales del peronismo revolucionario y en menor medida al Partido Revolucionario de los Trabajadores y la Juventud Guevarista. También crecieron explosivamente las organizaciones juveniles de la izquierda de la Unión Cívica Radical, encuadradas en el Movimiento de Renovación y Cambio, así como la Federación Juvenil Comunista y el Movimiento de Orientación Reformista (MOR), su brazo universitario, el movimiento estudiantil socialista popular organizado en el Movimiento Nacional Reformista, el FAUDI del Partido Comunista Revolucionario, el Frente de Izquierda Popular y el Partido Socialista de los Trabajadores. Las FAP se integraron casi completamente a Montoneros, cosa que ya había ocurrido con el FAL.^[177] Hasta la fecha de las elecciones, los "operativos" de Montoneros se vieron parcialmente frenados, en parte debido a la expectativa causada por las inminentes elecciones, ya que parte de su justificación de la violencia estaba ligada a que actuaban contra un gobierno dictatorial en ejercicio del derecho de resistencia a la opresión, que ahora estaba próximo a terminar. En cambio, el ERP realizó varios atentados, como el que terminó con la vida del vicealmirante Berisso en 1972 y el copamiento de un cuartel en Córdoba, de donde se extrajeron dos toneladas de armamento.^[187]

Por su parte, las fuerzas de represión, educadas en la guerra contrarrevolucionaria por el ejército estadounidense en la Escuela de las Américas –donde enseñaba a los oficiales latinoamericanos a reprimir a la guerrilla y el terrorismo– respondieron a la amenaza "subversiva" con creciente crueldad, apelando repetidamente a la tortura y la ejecución de prisioneros, llegando a recurrir al terrorismo de Estado,^[177] como en el caso de la masacre de Trelew. La masacre se produjo luego de que un grupo de guerrilleros de ERP, Montoneros y FAR escaparan violentamente de la cárcel de Rawson (asesinando a un guardiacárcel), y llegaran al aeropuerto, logrando seis de ellos escapar en avión hacia Chile. Otros 19 fueron recapturados y llevados a la Base Aeronaval Almirante Zar, donde dieciséis de ellos serían asesinados una semana más tarde.^[188]

Un año antes de las elecciones, el ERP secuestró a varios empresarios con el fin de pedir rescates; uno de ellos el director de la Fiat en la Argentina, Oberdan Sallustro, fue asesinado por un guerrillero en abril de 1972, cuando la policía descubrió el lugar en que había sido recluido. Un año después, en represalia por la Masacre de Trelew, también asesinaron a dos altos oficiales de la Armada y un coronel de Ejército.^[189] Luego de las elecciones y antes de la asunción del gobierno democrático, en su última actuación pública, las FAP asesinaron al sindicalista Dirck Kloosterman, de SMATA, a quien acusaban de colaborar con la CIA.^[187]

El peronismo regresaba al gobierno en la forma de una alianza entre sectores de casi todo el espectro político: desde grupos conservadores que lo consideraban el único capaz de garantizar la paz social,^[190] hasta la izquierda que planteaba llegar al socialismo a través del peronismo por medio de la acción revolucionaria;^[191] pasando por su base electoral más importante, los trabajadores manuales e industriales, que esperaban recuperar a través de él el protagonismo político y aumentar su participación en la distribución de la renta nacional.^[192] Los dirigentes sindicales esperaban ver confirmada su autoridad interna,^[193] los dirigentes políticos buscaban llegar al gobierno nacional, provincial o local; y también eran numerosos los arribistas, que esperaban obtener poder político y ventajas económicas de la cercanía con Perón. Durante su largo exilio, Perón había sostenido simultáneamente a todos estos grupos, que se unificaban solamente en torno a él, y que no chocaban entre sí porque debían enfrentar a un enemigo común, en forma del oficialismo. Llegado el peronismo al poder, el choque de intereses era inevitable.^[194]

El 11 de marzo de 1973 se realizaron las elecciones generales con un triunfo inesperado del Frejuli en primera vuelta, que se completaría con la obtención de veinte de las veintidós gobernaciones provinciales. El amplísimo triunfo peronista, luego de dieciocho años en los que los grupos más duros buscaron de la "desperonización" de la población, produjo una conmoción en las Fuerzas Armadas y los sectores conservadores, que estuvieron a punto de dar un nuevo golpe de Estado. Pero el general Lanusse logró garantizar que los militares respetaran la legitimidad democrática y el 25 de mayo asumió el nuevo gobierno constitucional.

Por entonces, América Latina vivía un momento de autonomía relativa frente a Estados Unidos, que pretendía alinear a todo el continente en la "lucha contra el comunismo", que llevaba adelante en la Guerra Fría, instalando dictadura militares permanentes que siguieran los lineamientos de la Doctrina de la Seguridad Nacional. A la Revolución cubana de 1958/1959, le habían seguido la Revolución peruana de 1968 liderada por el general Juan Velasco Alvarado, la Revolución panameña liderada por el general Omar Torrijos y la victoria electoral de la Unidad Popular en Chile, con la presidencia del socialista Salvador Allende. El 25 de mayo de 1973 Cámpora y Solano Lima firmaron el acta de traspaso del poder en la Casa Rosada, una de cuyas paredes laterales amaneció con la inscripción "Casa Montonera". En la Plaza de Mayo, en ese momento, se concentraron militantes de las distintas ramas del peronismo. Hubo peleas y varios heridos. Desde allí los manifestantes se trasladaron al Penal de Villa Devoto donde cumplían condena distintos militantes de Montoneros y otros considerados "presos políticos". Paralelamente, Cámpora enviaba al Congreso su proyecto de Ley de Amnistía que beneficiaba a 370 presos. La ley se aprobó al día siguiente, pero ya durante el debate, los manifestantes abrieron las puertas con sopletes y permitieron el egreso, no sólo de los presos considerados políticos, sino también de peligrosos delincuentes comunes como un narcotraficante conocido mundialmente, y los asesinos de la estudiante marplatense Silvia Filler.^[195]

Cámpora alcanzó a gobernar sólo 49 días. En ese período, su gobierno se orientó sobre la base de tres políticas fundamentales: una política económica (ministro José Ber Gelbard) industrialista, de fortalecimiento del mercado interno y ampliación diversificada de los mercados internacionales, apoyada en el Pacto Social con la CGT y la CGE; una política internacional (ministro Juan Carlos Puig) tercermundista y de integración latinoamericana autónoma de Estados Unidos, buscando ingresar al Pacto Andino; y una política educativa (ministro Jorge Taiana) pluralista que abrió las universidades, promovió el movimiento estudiantil y priorizó la alfabetización de los adultos. En el terreno económico se volvió a privilegiar el intervencionismo estatal, a tal punto de que en un solo día, y por decreto, se expropiaron el Banco Argentino de Comercio(Chase Manhattan y Dredsner de Alemania), Banco Popular Argentino (Banco Central de España), Banco Francés del Río de la Plata (Banca Morgan), Banco Argentino del Atlántico (Citibank New York), Banco de Bahía Blanca (Citibank) Banco Mercantil de Rosario (Banco de Santander, España), y Banco Comercial e Industrial de Córdoba (Santander).^[196]

Con respecto a las Fuerzas Armadas, Cámpora apoyó al sector "profesionalista integrado", que sostenía que los militares debían subordinarse al poder político democrático. Impulsó además un acercamiento entre las guerrillas peronistas —que habían suspendido la lucha armada— y las Fuerzas Armadas, que permitiera ir institucionalizando progresivamente un poder militar democrático, que abandonara la Doctrina de la Seguridad Nacional estadounidense. La guerrilla no peronista, el ERP, adoptó una postura más distante de la institucionalidad democrática, pero reconoció explícitamente la legitimidad del gobierno de Cámpora y se abstuvo de hecho de realizar operaciones durante su gobierno.

El 20 de junio de 1973 Perón regresó para radicarse definitivamente en la Argentina, poniendo fin a dieciocho años de exilio. Una enorme multitud estimada por algunos observadores hasta en dos millones de personas, se congregó en Ezeiza, cerca del aeropuerto internacional de Buenos Aires para recibir al fundador del peronismo. En esas circunstancias, las facciones enfrentadas dentro del peronismo, en su intento por apropiarse del acto, terminaron enfrentándose en un tiroteo al que se conoció como la Masacre de Ezeiza, en la que fueron asesinadas trece personas y quedaron heridas más de cien. La Juventud Peronista y la organización Montoneros (que formaban el ala izquierda del peronismo) se sintieron alentados por la elección, pues para impresionar a Perón querían mostrarle el poderío de las masas a través de una gran movilización. Por su parte, los sindicalistas agrupados en la CGT, también se propusieron llenar el acto con sus partidarios. Cinco personas asumieron la responsabilidad de organizar la movilización: José Ignacio Rucci, Lorenzo Miguel, Juan Manuel Abal Medina (padre), Norma Kennedy y Jorge Manuel Osinde.^[197]

El 19 de junio, unos 2000 integrantes de la agrupación peronista Comando de Organización, al mando de Alberto Brito Lima, ocuparon el Hogar Escuela Santa Teresa, a unos 500 metros del puente El Trébol. El Hogar Escuela forma un triángulo agudo con el puente El Trébol y el Hospital de Ezeiza, en el centro del barrio Esteban Echeverría, lo que la convertía en una posición estratégica para controlar la zona.^[198] Hombres armados del sector sindical ocuparon el palco y sus inmediaciones, en tanto los movimientos se coordinaban a través de la red de comunicaciones del Automóvil Club Argentino y sus radios móviles montadas en los vehículos de auxilio mecánico coordinados por el general Miguel Ángel Iñíguez. El propósito del despliegue era evitar que las agrupaciones de izquierda cumplieran su propósito de ubicarse en posiciones cercanas al palco desde el que hablaría Perón. La primera investigación en libro, publicada en 1985, fue la de Horacio Verbitsky, fuente de los que revisitaron el hecho, como el historiador y periodista Marcelo Larraquy. Así se sabe que en la mañana del 20 de junio varias ambulancias salieron del Ministerio de Bienestar Social, cargadas con armas. El Centro de Operaciones tomó el control de las rutas de acceso, la Juventud Sindical de la UOM y la UOCRA ocupó instalaciones vecinas al aeropuerto, los francotiradores prepararon su sitio entre las ramas de los árboles y los hombres de Osinde y la CNU ocuparon el palco y escondieron sus fusiles en los estuches de los instrumentos de los músicos de la banda sinfónica.^[199]

En la biografía de Perón escrita por el historiador americano Joseph Page recogió dos versiones de los hechos: "Los peronistas ortodoxos cuentan la siguiente historia -escribió-: el ERP, las FAR y los Montoneros planeaban el asesinato de Perón y habían ubicado francotiradores con armas de alto poder en los árboles ubicados a la derecha del escenario. (...) "Asimismo, como parte de una acción coordinada, una enorme columna de militantes provenientes de La Plata se había aproximado al puente por un camino lateral. Su intención, aparentemente, era rodear la plataforma y ocupar el área frente al escenario. "Llevaron consigo todo un cargamento de armas en un ómnibus que había sido preparado pintándosele los vidrios de las ventanillas y perforando agujeros a los lados del chasis. Los defensores de la plataforma abrieron fuego sobre la columna y sobre los francotiradores, preventivamente, antes de que tuvieran la oportunidad de actuar. Los portavoces de la izquierda, por el contrario, niegan que hubiera existido una conspiración para asesinar a Perón y aseguran que la derecha lanzó un ataque deliberado".^[200]

Lo cierto es que cuando las columnas de la Juventud Peronista, FAR y Montoneros trataron de aproximarse, fueron atacadas con armas de fuego desde el palco por los sectores a cargo de la organización que contaba con un arsenal de ametralladoras y fusiles.^[199] La Columna Sur de la Juventud Peronista quedó encerrada entre los tiros que partían del palco y los que provenían del Hogar Escuela "Santa Teresa", donde también se habían ubicado sectores de la derecha peronista. Este fue el inicio de la masacre, que se extendió por varias horas, abarcando también las zonas arboladas vecinas, hacia las que habían ido a refugiarse los militantes atacados. Una estimación conservadora de algunos medios de prensa fija el saldo de la jornada en 13 muertos y 365 heridos. Sin embargo las cifras nunca pudieron cotejarse por la ausencia de una investigación oficial. El avión, finalmente, evitó la zona y descendió en la Base Aérea de Morón.

A partir de ese momento, Perón modificó sustancialmente su relación con las corrientes de izquierda de su propio partido, prefirió aliarse con el ala histórica más conservadora del amplio espectro de sus colaboradores, y poco a poco fue restando espacio político al fuerte sector juvenil de su movimiento, que respondía a Montoneros, quitándole gradualmente protagonismo dentro del movimiento que indiscutiblemente él lideraba. Los sucesos de Ezeiza podrían resumirse en una frase de su discurso en la noche del 21: "Somos lo que dicen las Veinte Verdades Justicialistas y nada más (...) "Nada de socialismo. Nosotros somos lo mismo que éramos hace veinticinco años. Hay que dejarse de agitar consignas, acatar la autoridad y que el gobierno gobierne.".

Pocos días después, el 26 de junio, Perón sufrió un preinfarto. El presidente, junto a su gabinete completo, se hicieron presentes en su casa en Gaspar Campos. Según relató el ministro de Defensa Ángel Robledo, en esa reunión Isabel interrogó a Cámpora si el rol de Perón iba a ser "meramente protocolar" advirtiéndole que,de ser así "me lo llevo de regreso a Puerta de Hierro". En ese momento, Cámpora puso a disposición su renuncia.^[195] El 13 de julio, esta decisión se hizo pública, explicándose que era para permitir nuevas elecciones sin la proscripción de ningún candidato. En el ínterin, se forzó la línea de sucesión presidencial para que la Presidencia recayera en Raúl Lastiri, yerno del ministro José López Rega y como él miembro de la logia anticomunista de extrema derecha Propaganda Due, vinculada a la Santa Sede y la CIA. Lastiri ratificó a todo el gabinete con excepción de Righi en Interior y Puig en la Cancillería, quienes se suponían cercanos a la Tendencia Revolucionaria. La logia Propaganda Due apoyó y financió la creación de un grupo armado para acabar con la infiltración izquierdista en el peronismo, dando origen a la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A).^{[201][202][203]} Ésta operó durante las presidencias de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, entre 1973 y 1976.^{[204][205][206][207]} Fue responsable de la desaparición y muerte de entre 700 y 1.100 personas, así como del exilio forzado de gran cantidad de artistas e intelectuales.^{[208][209][210]} Aunque en ese momento su liderazgo fue negado, se sabe que José López Rega (secretario personal y ministro de los presidentes Héctor J. Cámpora, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón) creó y coordinó las AAA (bajo orden de los tres presidentes mencionados) para combatir a los sectores de izquierda del movimiento peronista.

López Rega y el comisario general jefe de la Policía Federal Argentina, Alberto Villar, organizaron la Triple A durante el gobierno interino de Raúl Lastiri, en 1973. El 1 de octubre, en una reunión convocada por el presidente provisional del Consejo Superior Peronista, Raúl Lastiri, y el ministro del Interior, Benito Llambí, y en presencia de Juan Domingo Perón, que asistió en calidad de presidente electo, el consejo se declaró en «estado de guerra» contra los «infiltrados marxistas del Movimiento». El Consejo redactó un «documento reservado»^[211] que fue leído por el senador José Humberto Martiarena y distribuido entre los gobernadores presentes. A través del documento, el Movimiento Nacional Justicialista llamó a «asumir la propia defensa y atacar al enemigo en todos los frentes y con la mayor decisión», adujo que en ello iba la vida del Movimiento y de sus dirigentes. A efectos de esa defensa, impartió una serie de directivas, declarando el estado de movilización de los elementos materiales y humanos para afrontar esa guerra, llamando a una campaña de reafirmación de los principios doctrinarios justicialistas que debía esclarecer las diferencias con el marxismo. El ítem 6, «Inteligencia», advertía que «en todos los distritos se organizará un sistema de inteligencia al servicio de esta lucha, el que estará vinculado con el organismo central que se creará». El ítem 9, «Medios de lucha», se precisó: «Se utilizarán todos los que se consideren eficientes, en cada lugar y oportunidad. La necesidad de los medios que se propongan será apreciada por los dirigentes de cada distrito». Luego de este documento se iniciaron la «caza de brujas» y la represión ilegal contra la izquierda por parte de agentes del Estado. A partir de ese momento, López Rega desvió fondos del Ministerio de Bienestar Social para financiar la organización y el armamento parapolicial. A fines de 1973, la Triple A difundió una «lista negra» de personalidades que «serán inmediatamente ejecutadas donde se las encuentre»: militantes de izquierda; Homero Cristali, alias J. Posadas; Hugo Bressano, alias Nahuel Moreno, dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores; los abogados Silvio Frondizi (hermano del expresidente Arturo), Mario Hernández y Gustavo Roca. También incluía a los dirigentes Mario Roberto Santucho, dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores; los sindicalistas Armando Jaime, Raimundo Ongaro, René Salamanca y Agustín Tosco; el profesor Rodolfo Puiggrós (exrector interventor de la Universidad de Buenos Aires), el abogado Manuel Gaggero (director interino del diario El Mundo); Ernesto Giudice, miembro renunciante del Partido Comunista; el abogado Roberto Quieto, dirigente de Montoneros y Julio Troxler, ex-subjefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires, cercano al Peronismo de Base. La nómina se completó con los coroneles Luis César Perlinger y Juan Jaime Cesio, el obispo de La Rioja, monseñor Enrique Angelelli y el senador nacional Luis Carnevale. López Rega mantuvo su cargo durante todo el gobierno de Perón y, a su muerte (1 de julio de 1974), en el de su mujer, Isabel Martínez, sobre la cual ejercía una extraordinaria influencia basada en una compartida devoción espiritista.

Las oficinas de la revista peronista El Caudillo, dirigida por Felipe Romeo y financiada por López Rega, fueron utilizadas como cuartel general por Almirón y Morales hasta que fueron descubiertas accidentalmente por un teniente del ejército y debieron se evacuadas ante el comienzo de una investigación judicial. Se mudaron a la calle Lavalle, muy cerca de Callao y a metros de una comisaría, ubicada entre las calles Ayacucho y Riobamba.

En los últimos años se ha iniciado un debate acerca de la responsabilidad del entonces presidente Juan Perón por la constitución de la Triple A. A la teoría que Perón estuvo involucrado en la creación de la Triple A suscriben los periodistas Juan Bautista Yofre,^[212] Hugo Gambini,^[213] Pacho O'Donnell,^[214] Joaquín Morales Solá,^[215] Sergio Bufano,^[216] Marina Franco^[217] y Marcelo Larraquy, entre otros.

Algunos autores no involucran a Perón en la actuación de la Triple A, otros sostienen que él conocía su existencia, en tanto que otros opinan que el asesinato de José Ignacio Rucci en 1973, a quien Perón consideraba como un hijo, habría motivado al presidente a crear una organización parapolicial para combatir a la izquierda de su movimiento. Algunos autores e historiadores sostienen que, poco después del asesinato de Rucci, Perón mencionó al gobernador Oscar Bidegain la necesidad de crear una organización parapolicial al estilo del somatén catalán del primer tercio del siglo XX: «Lo que hace falta en la Argentina es un somatén».^[218][219] Por otro lado, el exministro Antonio Cafiero dice que Perón sabía que una organización estaba matando guerrilleros pero que él no la ordenaba, ni controlaba ni conducía.^[220][221]

Según Eduardo Gurucharri (biógrafo del mayor Bernardo Alberte), el exministro -de Cámpora, Perón e Isabel- Antonio J. Benítez habría presenciado una reunión presidida por Perón antes de asumir la presidencia que la describe de la siguiente manera:^[222]

Benítez refiere que López Rega y el comisario Villar exhibieron fotografías y nombraron personalidades políticas que deben ser depuradas de la infiltración marxista. Entre los nombrados están el propio Eduardo Luis Duhalde, el abogado Mario Hernández y Alberte. Benítez dijo que Perón se limitó a escuchar, sin aprobar ni desaprobar a quienes aludieron a la necesidad de operar por izquierda.

El periodista Ignacio González Janzen afirma que las órdenes de las Fuerzas Armadas a finales de 1973, eran «no tomar prisioneros».^[223]

Según una versión, el diputado Carlos Kunkel renunció a su banca después de que Perón lo amenazara a él y al grupo de la Juventud Peronista con la siguiente expresión: «En una semana se termina todo esto, porque formo una fuerza suficiente, lo voy a buscar a usted y lo mato».^[224] Kunkel, que en 1973 militaba en Montoneros declaró en 2007 –cuando era diputado por el Frente para la Victoria- que en el período 1973-1976 hubo actos de terrorismo en los cuales «se usaron elementos parapoliciales, paramilitares, con recursos del Estado, para acciones violentas» y opinó que «Perón ni remotamente tuvo que ver con la Triple A; Isabel, no creo«».^[225]

La renuncia de los diputados de la JP fue en desacuerdo con la ley para endurecer el código penal y seguir la estrategia de Perón de aislar al ERP.^[226]

Guido Lissandrello^[227] aportó como elemento de prueba los ascensos de Perón y de Lastiri a los miembros de la Triple A. En 1974 hizo ascender al ministro López Rega, que había sido cabo de la Policía Federal a comisario general por el decreto número 1350/74. A Villar lo ascendió a subjefe. Margaride fue designado superintendente. Rodolfo Almirón fue incorporado a la Policía Federal por decreto de Lastiri ( Decreto 1858) y nombrado inspector ( decreto 562) . Morales fue designado comisario inspector. Todos ellos eran jefes operativos de la Triple A.

Según el filósofo peronista José Pablo Feinmann en diciembre de 1973 Perón había dicho:

Muchas veces me han dicho que creemos un batallón de la muerte como el que tienen los brasileños, o que formemos una organización parapolicial para hacerle la guerrilla a la guerrilla. Pienso que eso no es posible ni conveniente. Hay una ley y una justicia y quien delinca se enfrentará a esa ley y a esa justicia por la vía natural que toda democracia asegura a la ciudadanía. Creer lo contrario sería asegurar la injusticia, y andaríamos matando gente en la calle que ni merece ni tiene porqué morir (...) Yo no he de entrar por el camino de la violencia, porque si a la violencia de esos elementos le agrego la violencia del Estado, no llegamos a ninguna solución.^[228]

El historiador peronista Felipe Pigna sostiene que la Triple A actuaba con el conocimiento y la anuencia de Perón:

… un todo poderoso José López Rega que también se frota las manos frente al accionar guerrillero y lanza la Triple A, esta organización paramilitar, paraestatal, financiada por el Estado sin ninguna duda, muy probablemente con el conocimiento de Perón, es muy difícil que Perón no conociera la existencia de semejante organización, me parece un poco infantil a esta altura del partido, creo que le hace un flaco favor a Perón incluso negar que semejante estadista y semejante político ignorara que a cincuenta metros de su despacho se está formando un grupo paramilitar de las características de la Triple A, me parece que ver esto como algo de lo que no hay que hablar es uno de los problemas que tenemos a la hora de leer la historia, creo que hay que decir todo lo que a uno le caiga simpático o lo que no le caiga simpático en torno a hablar de lo que tenemos que hablar que es el horror que comienza antes de la dictadura con esta práctica de la Triple A…^[229]

Perón era consciente, como todos los protagonistas de la época, de que su expectativa de vida no superaba el año. Por eso volvió a insistir en una fórmula conjunta con Balbín, que diera estabilidad política al gobierno, cuando muriera. Pero la oposición interna en ambos partidos, volvió a bloquear esa opción y la fórmula final del Frejuli fue completamente peronista, recayendo —aún contra su voluntad— la candidatura vicepresidencial en su esposa, María Estela Martínez de Perón.

El 23 de septiembre de 1973 se realizaron las elecciones y la fórmula Perón-Perón logró el apoyo popular más alto de la historia electoral argentina con un 61,85% de los votos y casi cuarenta puntos de ventaja sobre el radicalismo. Las condiciones políticas habían cambiado completamente desde la asunción de Cámpora. El 27 de junio se había producido un golpe de Estado en Uruguay, en agosto se inició la Crisis del petróleo que puso fin a la llamada Era de Oro del capitalismo y el 11 de septiembre se había producido otro en Chile, instalando en el poder a Pinochet. Argentina había quedado rodeada de dictaduras, apoyadas por Estados Unidos y alienadas en la Guerra Fría tras la Doctrina de la Seguridad Nacional. Por la misma época la embajada estadounidense en Argentina, incrementó los contactos con los grupos militares golpistas, ante la cierta eventualidad de la muerte de Perón, en cuyo caso recomendaba apoyar el golpe de Estado.^[230]

Finalmente, antes de iniciar su mandato se produjo otro hecho de violencia, que influyó también decisivamente en el rumbo político: el asesinato de José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT. Escribió Oscar Anzorena:

“Este hecho establece un lugar de no retorno en las relaciones de Perón con los Montoneros. Esta metodología de apretar a Perón no sólo genera el efecto político contrario al esperado sino que franquea una frontera ética sustentada hasta ese momento por las organizaciones revolucionarias, ya que esta muerte al no ser asumida políticamente adquiere más características de asesinato mafioso que de ajusticiamiento revolucionario”.^[231]

Según el escritor Juan Gelman, que pertenecía a la organización Montoneros, no se pensó en la clase obrera sino en presionar a Perón:

“Lo de Rucci no se hizo para despertar la conciencia obrera: se hizo en la concepción de tirarle un cadáver a Perón sobre la mesa, para que equilibrase su juego político entre la derecha y la izquierda. Atención a esto. Lo que quiero decir es que eso no formó parte de una concepción política con relación a las masas, sino de una estrategia cupular: hay concepciones políticas con relación a la masa que, por cierto, conducen al acto equivocado. Pero no es el caso de la muerte de Rucci, que no partió de ninguna concepción política de trabajo con la masa y, en verdad, sólo fue una jugada que nada tuvo que ver con la forma acertada de plantear la lucha. (...) El asunto era trabajar estrechamente con las masas ya que de ellas dependía el cambio de política y de programas”.

En testimonio de Miguel Bonasso, en su libro "El presidente que no fue" (Ed. Planeta, Buenos Aires, 1997, pág. 594): "Aunque la operación no fue firmada, la autoría montonera del atentado (...) nos fue confirmada, en una reunión del equipo que preparaba el matutino Noticias, por el propio Firmenich.".

El ex montonero Héctor Ricardo Leis afirma: "Cuando vino la conducción regional a la conducción de columna nos dijo: “Fuimos nosotros” (...) Dejá que te cuento la operación... o sea los fierros siempre vinieron primero". Después del relato de la acción, agrega que hubo una aceptación tácita de todos los presentes ("Menos uno").^[232]

Según Pablo Giussani el asesinato de Rucci fue utilizado por los Montoneros para resolver problemas internos: ""Era algo que necesitábamos", me dijo algún tiempo después un montonero. "Nuestra gente se estaba aburguesando en las oficinas. De tanto en tanto había que salvarla de ese peligro con un retorno a la acción militar."".^[233]

Claudia Rucci, hija del dirigente asesinado, afirma que los Montoneros no aceptaban que Perón tuviera un proyecto propio, distinto al de ellos, y que el móvil del asesinato fue —según cita de un exguerrillero— forzar ante el pueblo nuestras diferencias con Perón.^[234]

Su hermano Aníbal Rucci, dirigente político, refiere que su padre tenía una amistad personal con Perón, además de un rol importante en sus proyectos políticos. Afirma que la convivencia de Rucci con el ala izquierda del peronismo "no era mala", por lo que acusa del crimen a grupos sumamente radicalizados que "no estaban en el proyecto de Perón", e hicieron el trabajo sucio para el golpe de Estado.^[235]

El asesinato se produce en momentos en que "Firmenich aducía que Perón los ofrecía como “prenda de negociación” en su afán de lograr la unidad nacional y de acordar con el imperialismo para permanecer en el gobierno", según el análisis de Javier Salcedo^[236]

El Padre Carlos Mugica consideró que "la ejecución de Rucci fue un gravísimo error de la nueva burocracia montonera".^[237]

Graciela Fernández Meijide, quien fuera integrante de la Conadep, sostuvo:

"Desgraciadamente, terminamos (en 1973) con un Gobierno que fue elegido por un porcentaje de votos enorme, que buscaba parar el caos y la violencia, y a los dos o tres días de ser elegido Perón, lo matan a (José Ignacio) Rucci. Después Montoneros podrá discutir si la conducción había dado esa orden (de matar a Rucci), o si fue el 'grupo Sabino', pero eso ocurrió. Se buscó el voto de la gente y cuando la gente votó, no se respetó su voto. Se lo desconsideraba".^[238]

En su libro: "Militancia sin tiempo. Mi vida en el peronismo" (Buenos Aires, Planeta, 2011, pág. 289), Antonio Cafiero escribe: "Perón sufrió un fuerte impacto por la muerte de Rucci. Algunos afirmamos que aquel hecho sangriento aceleró el proceso de su enfermedad y muerte".

El asesinato de Rucci fue visto como un hecho positivo por parte de muchos sectores de la izquierda, y parecía abrirse para los Montoneros la posibilidad de acrecentar su poder, nucleando a los sectores sindicales más clasistas. Esto marcaba una fuerte orientación de la organización hacia posturas marxistas, en consonancia con su fusión con las FAR.

Dentro del peronismo se produjo un fuerte rechazo, y Montoneros comenzó a perder apoyos y fomentar enemistades. Antiguos miembros del peronismo revolucionario se distanciaron de la conducción montonera y surgió la JP Lealtad, también impulsada por el Padre Mugica.^[239]

En perspectiva histórica, el asesinato de Rucci parece marcar un cierre de la etapa de mayor crecimiento de Montoneros. Según el exdiputado nacional Julio Bárbaro: "Los Montoneros eligieron un símbolo de la lealtad a Perón y lo mataron para demostrar poder."^[240] Y concluye: "Los «montos» entran al peronismo matando a Aramburu y se van del peronismo asesinando a Rucci." Bárbaro afirma haber conocido personalmente a tres de los autores del asesinato.^[241]

En 2013, en su libro "Montoneros. El peronismo combatiente en primera persona" (Editorial Planeta, Buenos Aires), Roberto Perdía afirma: "Desde todos los puntos de vista la muerte de Rucci favoreció el avance de las políticas opuestas a nosotros" (pág. 318). El asesinato de Rucci desencadenó a su vez la aprobación por el Consejo Superior Peronista, presidido por Perón mismo, de la Orden Reservada del 1 de octubre de 1973, declarando la "guerra" contra el "marxismo", tanto dentro como fuera del peronismo, por "todos los medios que se consideren necesarios", a criterio de los dirigentes de cada distrito.^[242]

Perón mantuvo en líneas generales las tres políticas principales establecidas por Cámpora: la política económica industrialista de Gelbard apoyada en el Pacto Social, la política educativa del ministro Taiana (que también era su médico personal) y la política internacional tercermundista y de integración latinoamericana autónoma, a pesar de la oposición del nuevo ministro Vignes, del grupo lopezregista y miembro de Propaganda Due. Entre las principales acciones se destacan el aumento del 500 % de las exportaciones a los países socialistas, la sanción de la ley universitaria conocida como Ley Taiana, la campaña de alfabetización Crear, el inicio de las gestiones para integrar el Pacto Andino y el tratado definitivo de límites con Uruguay. Durante su gobierno el desempleo bajó a su piso histórico del 2,5 %, la inflación se redujo notablemente, la balanza comercial alcanzó un superávit histórico que duplicó el récord anterior y el peso argentino se revalorizó un 25 %.

El aumento de la violencia política, desató un conflicto entre Perón y la Tendencia Revolucionaria, con motivo de la reforma del Código Penal que agravaba las penas contra actos terroristas y ampliaba la figura penal de la asociación ilícita. El conflicto causó la renuncia y posterior expulsión del Movimiento Peronista de ocho diputados nacionales de la Tendencia. En enero de 1974, a raíz del ataque del ERP al regimiento de tanques de Azul, Perón radicalizó su discurso. Dio un mensaje televisado en el que, por primera vez en décadas, volvía a vestir su uniforme de general, y directamente acusó al gobierno peronista de la Provincia de Buenos Aires de "tolerar la subversión". Esto ocasionó la renuncia del gobernador Oscar Bidegain, cercano a la Tendencia, quien fue reemplazado por el sindicalista metalúrgico Victorio Calabró, del sector de ultraderecha, quien se manifestó dispuesto a "limpiar" a la JP de la administración bonaerense.^[195] Un mes más tarde Perón convalidó un golpe de Estado policial que depuso al gobernador Ricardo Obregón Cano, también cercano al peronismo revolucionario, y terminó interviniendo la provincia el 2 de marzo. El vicegobernador Atilio López estaba considerado uno de los artífices del Cordobazo y, pocos meses después de su deposición, fue secuestrado y asesinado por la Triple A. Otras dos provincias gobernadas por gobernadores cercanos a la Tendencia, Formosa y Mendoza, también fueron intervenidas. En esa etapa, en el mes de febrero, Perón dirigió un discurso a los líderes de las agrupaciones juveniles en el que fustigó sin medias tintas a los "infiltrados marxistas" . Los llamó "idiotas útiles" y "estafadores". "¿Qué hacen en el justicialismo?", les preguntó. "Si yo fuera comunista, me voy al Partido Comunista."^[195]

El 1 de mayo de 1974 la confrontación entre Perón y la Juventud Peronista alcanzará un punto de alta intensidad durante el acto convocado en la Plaza de Mayo, cuando los partidarios de la Tendencia comenzaron a cuestionar la presencia de "gorilas" (antiperonistas) en el gobierno y el líder del peronismo les respondió tratándolos de "imberbes" y "estúpidos", causando el retiro masivo de las columnas juveniles.

Dos meses después, el 1 de julio, Perón moría debido al agravamiento de su enfermedad cardíaca. En su funeral, el líder opositor Ricardo Balbín, realizó otro extraordinario gesto histórico tendiente a estabilizar las instituciones, comparando a Perón con Yrigoyen, definiendo a ambos como "grandes presidentes" y finalizando su discurso de "reconciliación nacional" con la siguiente frase:

Este viejo adversario despide a un amigo.

Ricardo Balbín^[243]

Al asumir la Presidencia en su condición de vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón se convirtió en la primera mujer americana en ser Jefa de Estado. El gobierno de Isabel Perón, como era cariñosamente conocida, cambió 180 grados el rumbo hacia el que habían dirigido el país, los expresidentes Cámpora y Perón. El ministro Gelbard fue despedido, dando por finalizado el Pacto Social y la política industrialista, para establecer una política económica ortodoxa, que redujo los salarios reales. El ministro Taiana también fue despedido y reemplazado por Oscar Ivanissevich, con la misión de "limpiar la universidad" de izquierdistas. Esta "depuración ideológica" de las universidades incluyó la cesantía de cerca de la mitad de los profesores universitarios, gran cantidad de no docentes, cierre de universidades, represión y prohibición de los centros de estudiantes y sindicatos docentes y no docentes, bibliografías expurgadas, listas negras de estudiosos no citables, cancelación de cátedras libres, censura de los contenidos de las materias, separación de las carreras de Psicología (cerrada durante un año), Sociología y Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras (con el fin de aislar a los estudiantes de las mismas), exigencia a los estudiantes de certificados policiales de buena conducta, etc.^[244]

Los nuevos rectores interventores expresaron por sí mismos el cambio completo de orientación en la política educativa y universitaria en particular. En la Universidad de Buenos Aires fue nombrado Alberto Ottalagano, quien se jactaba de ser "fascista".^[245] Durante su gestión en la UBA, bajo el amparo de la flamante Ley Universitaria, se restablecieron el ingreso restrictivo y los cupos, para regular el número de estudiantes y que sólo pudieran acceder los más capacitados para cursar una carrera universitaria. Designó como asesor al antropólogo argentino-francés de ideología nacionalsocialista Jacques de Mahieu,^[246] quien había sido colaborador del régimen de Vichy durante la Segunda Guerra Mundial y, ya refugiado en Argentina, se había convertido en mentor del Movimiento Nacionalista Tacuara, un grupo juvenil nacionalista católico en la década de 1960, y más tarde en la vida, jefe del capítulo argentino del grupo neonazi español CEDADE. Se expulsó de los cargos jerárquicos a todos los que provenían de la gestión anterior, y nombró a nuevas figuras, procedentes del nacionalismo católico, para que administraran a las diversas facultades. Así, entre otros cambios, Raúl Sánchez Abelenda quedó al frente de Filosofía y Letras, Francisco Miguel Bosch fue puesto a cargo de Derecho y Ciencias Sociales, y Raúl Zardini asumió como máxima autoridad de Ciencias Exactas y Naturales. El historiador Vicente D. Sierra fue nombrado director de la prestigiosa Editorial de la Universidad de Buenos Aires. A Zardini y a Sánchez Abelenda le asignó la tarea de elaborar el programa para las materias Idioma Nacional, Geografía Argentina e Historia Argentina, las cuales se dispuso que fuesen obligatorias para todo alumno ingresante del año 1975. Se intervino en las carreras de Pedagogía, Sociología y Psicología, y creó el Centro de Estudios Filosóficos Santo Tomás de Aquino, el Centro de Estudios Ético-Sociales y Políticos Francisco de Vitoria y el Instituto de la Patria Grande y la Tercera Posición, organismos destinados a promover una matriz intelectual católica, hispanista y nacionalista. También se agudizó la vigilancia y la persecución con gendarmes, policías y celadores en los claustros. Al final de sus cien días de gestión, once estudiantes resultaron muertos durante sus medidas de represión y cuatro fueron desaparecidos.^[247]El mismo Ottalagano fue víctima de un intento de homicidio, a sólo una semana de asumir como rector, mientras se hospedaba en el Hotel Lasort de la localidad de Villaguay. Ottalagano salió ileso pero, en la balacera generada, murió el dueño del hotel, Ramón Carulla y resultaron heridos tres de los policías asignados a la custodia del entonces rector. El autor del atentado, un oficial retirado de la Policía Federal llamado Héctor Adolfo Echeverría, también fue abatido.^[248][249] Ottalagano afirmó que la UBA, antes de su gestión, era una suerte de campamento guerrillero, un campo de entrenamiento de subversivos y se ufanó de haber perseguido y expulsado a quienes sustentaran una ideología antinacional.

En las universidad del Comahue y del Sur fue nombrado interventor a propuesta de la Marina, Remus Dionisio Tetu, un fascista rumano que había integrado grupos de extrema derecha de su país durante la Segunda Guerra Mundial y que como rector nombró a miembros de la Triple A, como José Oscar Argibay y el agente de inteligencia nazi Raúl Guglielminetti (mayor Guastavino),^[250][251] para hacerse cargo de la seguridad universitaria.^[252] En la Universidad Nacional de La Plata fue nombrado Pedro Arrighi —luego ministro de Educación—, que mantenía estrechas relaciones con la CNU, organización parapolicial ligada a la Triple A que cometió decenas de asesinatos en las universidades de Mar del Plata y La Plata.^[253][254]

La política internacional tercermundista fue abandonada y los trámites para ingresar al Pacto Andino fueron interrumpidos. Durante su gobierno, fue sancionada también la Ley N.º 20.744 de Contrato de Trabajo, una de las leyes laborales más progresistas de la historia argentina, obra del abogado laboralista peronista Norberto Centeno; Centeno sería torturado y asesinado por la dictadura cívico-militar que derrocó Isabel Perón y la Ley de Contrato de Trabajo sería derogada en casi un tercio de sus artículos.

La presidenta Martínez de Perón se apoyó principalmente en López Rega, la Santa Sede a través del nuncio Pío Laghi y el jefe de la Armada almirante Emilio Massera, los tres de la logia anticomunista Propaganda Due. Secundariamente tenía una cuota considerable de poder la rama sindical liderada por Lorenzo Miguel, que asumiría un papel más protagónico luego de la caída de López Rega (julio de 1975), aunque ya para entonces el grupo militar liderado por el dúo Videla-Viola, había tomado una cuota considerable de importancia política que no dejaría de crecer hasta el golpe, principalmente por la mala estabilidad del gobierno de Isabelita y los asesinatos que ocurrían.

A partir de la presidencia de Isabel Perón, la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) se lanzó a una matanza generalizada, con participación militar y la tolerancia del grupo golpista. Antes de la muerte de Perón la Triple A había asesinado a 30 personas, desde la asunción de Isabel asesinó a un número que se estima entre una cantidad de 650 y 1500 personas, consideradas "zurdas". A ellas se sumaron cientos de personas que se exiliaron, muchas de ellas investigadoras universitarias que fueron recibidas por las universidades europeas, brasileñas, mexicanas y estadounidenses. Entre las masacres cometidas por la Triple A y los grupos vinculados, se encuentran la Operación Serpiente Roja del Paraná contra el sindicalismo metalúrgico de Villa Constitución, realizada a partir del 20 de marzo de 1975, la Masacre de Pasco, la Masacre de La Plata,^[255] y la Masacre de "Cinco por uno" en Mar del Plata.^[256]

Simultáneamente creció la actividad guerrillera. Montoneros (ya fusionados con las FAR) reinició la acción guerrillera y anunció su paso a la clandestinidad el 6 de septiembre de 1974, orientando sus ataques contra la policía (en el período murieron 75 policías) y la Marina. El ERP-PRT había aumentado el número de adherentes con la vigencia de la democracia y había instalado una base de guerrilla rural de unos 300 combatientes, en la provincia de Tucumán.

El 5 de febrero de 1975 la presidenta firmó el Decreto 261/75 ordenando "neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán". Se inició así el Operativo Independencia, que de hecho instaló un régimen de terrorismo de Estado bajo mando militar en esa provincia. Con apenas el 4 % de la población del país, Tucumán sufriría el 13 % de las víctimas mortales durante el gobierno de Isabel. En mayo, mientras el Ejército lograba capturar a miembros del ERP en la zona de operaciones, María Estela Martínez de Perón visitó Tucumán acompañada por el ministro José López Rega. La presidenta reemplazó como comandante general del Ejército al teniente general Leandro Enrique Anaya con el general de división Alberto Numa Laplane, ascendido a teniente general. En esa ocasión, la custodia de la Policía Federal fue reemplazada por la Gendarmería. Isabel Martínez de Perón visitó el puesto de comando y, delante del general Vilas y de sus oficiales, reiteró que el objetivo era aniquilar a la tropa guerrillera y que "todo el poder político estaba detrás de él para apoyarlo". "Matarlos y aniquilarlos a todos", afirmaron ella y López Rega.^[257] El 11 de ese mes, un subteniente murió durante una emboscada en un control en la Ruta 301.^[258]

En ese momento, la economía argentina también sufrió daños severos, con una inflación galopante, una paralización de las inversiones de capital, la suspensión de las exportaciones de carne a Europa y el inicio del crecimiento incontrolable de la deuda externa. La solución de corte monetarista intentada por el ministro Alfredo Gómez Morales, un histórico del peronismo, no tuvo éxito, y provocó una fuerte retracción de la liquidez, iniciando un complicado proceso de estanflación. La suspensión de las compras de carne argentina por el Mercado Común Europeo empeoró la situación.El 2 de junio de 1975 la presidenta nombró como ministro de Economía, por recomendación de López Rega, a Celestino Rodrigo quien lanzó un programa de shock elaborado por Ricardo Zinn, quien luego sería una de las figuras económicas principales del Proceso de Reorganización Nacional. El plan, que fue denominado Rodrigazo, consistió principalmente en una reacomodación de los precios principales de la economía, mediante una gran devaluación del peso y un aumento de las tarifas y el combustible de hasta un 180 %, mientras se estableció un tope para el aumento de salarios del 40 %. El Rodrigazo produjo una inmediata reacción del movimiento obrero. El 7 y 8 de julio de 1975, la CGT declaró la primera huelga general contra un gobierno peronista, con una adhesión masiva. El resultado fue la renuncia de López Rega y el acceso a los máximos círculos de poder del sindicalismo ortodoxo.. El 11 de julio fue elegido Presidente del Senado a Ítalo Luder, que de ese modo en primer lugar en la línea sucesoria presidencial, para el caso de renuncia o remoción de la Presidente. Ese mismo día se aprobó la Ley 20 972 de Acefalía, que constituyó una clara indicación de los planes que existían en el mundo político, orientados a promover el reemplazo de la presidenta Martínez de Perón por Luder. El 19 de julio de 1975, los granaderos descubrieron, al desmontar la sede del renunciante López Rega en el Ministerio, un arsenal de armas de guerra, incluyendo subfusiles, granadas y fusiles de francotirador. El escándalo consecuente lo implicó, así como a Isabel, en acusaciones de corrupción por malversar fondos del gobierno.^[259]

Según el periodista Hernán López Echagüe, a partir de ese momento, la actividad de la extrema derecha pasó a ser regenteada por el sindicalista Lorenzo Miguel.^[260] Ante la carencia del PJ de una estructura territorial estable o de una cantidad importante de dirigentes con bases de apoyo independientes, y liberados ya del peso de la autoridad de López Rega, los sindicatos estuvieron en una posición privilegiada para hacerse cargo de la conducción, lo que se evidenció con la virtual imposición de las 62 Organizaciones en las designaciones de Antonio Cafiero como ministro de Economía y de Carlos Ruckauf como ministro de Trabajo.^[261] Sobre fines de 1975, Miguel se enfrentó a su segundo en la UOM, Victorio Calabró, esta vez en el terreno de la política nacional, cuando este último, como gobernador de Buenos Aires, en complicidad con los militares, exigió la renuncia de la presidenta Martínez de Perón. Miguel expulsó por golpista a Calabró de la UOM e intervino las seccionales alineadas con él.. El putsch liderado por el entonces general Jorge Rafael Videla, desplazó al general Numa Laplane de la conducción de Ejército y puso fin al liderazgo en el arma de la corriente "profesionalista integrada", que sostenía que las Fuerzas Armadas debían subordinarse a las autoridades civiles constitucionales. A partir de ese momento, el grupo golpista no dejaría de avanzar y desgastar al gobierno. Si bien la sublevación no tuvo éxito en derrocar a Martínez de Perón el grupo golpista logró emplearlo para deshacerse de Fautario, el último oficial leal al gobierno constitucional y único obstáculo entre el sector favorable a Videla en el camino hacia un golpe de Estado exitoso y una toma de poder.^[262][263] Días después del intento de derrocamiento, el 23 de diciembre, tuvo lugar un asalto fallido a un batallón en la localidad de Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires, por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo, que resultó en numerosas bajas para la organización guerrillera, con varios prisioneros ejecutados clandestinamente luego de rendirse.^[264][265] Videla pasó entonces la Nochebuena en Tucumán, donde aún tenía lugar el Operativo Independencia, y empleó su tiempo allí para arengar a las fuerzas armadas desplegadas en el lugar. Videla impuso entonces un ultimátum de noventa días (hasta el 24 de marzo) al gobierno de Martínez de Perón para que «ordenara el país».^[264] Una negociación el 29 de diciembre, entre Martínez de Perón y el vicario castrense Adolfo Tortolo durante la cual este último intentó convencerla de abandonar el poder, fracasó luego de que la presidenta se negara de nuevo a renunciar, a lo que las cúpulas militares respondieron que su salida de la presidencia sería «el único punto no negociable».^[266] Martínez de Perón se reunió entonces personalmente con los tres comandantes el 5 de enero de 1976, volviendo a rechazar sus pedidos de renuncia. Nuevas presiones para forzar su dimisión, también fallidas, se dieron el 17 de febrero del mismo año. Martínez de Perón le aclararía en privado a su ministro de Defensa, José Deheza, que consideraba que renunciar implicaría «convalidar lo que va a venir después».^[267] El golpe de Estado había sido planeado desde octubre de 1975 y el Departamento de Estado de los Estados Unidos sabía de los preparativos dos meses antes de que ocurriera.^{[268][269][270]}

El 14 de agosto de 1975, un mes después de la renuncia de López Rega, estalló un escándalo cuando surgieron acusaciones de que Martínez de Perón habría malversado grandes sumas de dinero de la «Cruzada de la Solidaridad», una organización benéfica creada y dirigida desde su gobierno, a sus cuentas personales en España, acusación publicada en el diario opositor La Prensa.^[271] Las acusaciones motivaron una investigación por parte del Congreso a partir de noviembre.^[271] Después de la intentona golpista de diciembre, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), segundo partido más grande del oficialista Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) encabezado por el expresidente Arturo Frondizi, anunció su salida de la coalición oficialista de la que había formado parte por tres años.^[266] Al mismo tiempo, los bloques justicialistas en ambas cámaras del Congreso enfrentaron una fuerte división entre un sector «verticalista», favorable al gobierno, y un sector «rebelde». La división dejó al oficialismo sin mayoría propia en la Cámara de Diputados, pasando de tener 142 diputados a tener 102 contra 129 que sumaban la oposición (la UCR, la FUFEPO, la APR y algunos partidos provinciales) sumando a los sectores antiverticalistas, quedando otros 12 diputados en posiciones independientes.^[272][273] Ese mismo mes el gobierno sufrió una fuerte ruptura con el gobernador de Buenos Aires, Victorio Calabró, que afirmó que, con la continuidad de Martínez de Perón en el poder, sería imposible que el gobierno constitucional llegase con éxito a las elecciones presidenciales, provocando un fallido intento de intervención federal.^[273] El ministro de Economía, Antonio Cafiero, fue reemplazado por Emilio Mondelli, que anunció su «Plan de Emergencia Económica» que incluyó nuevos precios tope para el pan, fideos, quesos, manteca, leche en polvo y aceite. La medida rigió hasta el comienzo del gobierno militar.^[274]

Un sector de la oposición encabezado por el senador radical porteño Fernando de la Rúa, promovió un proceso de juicio político contra Martínez de Perón. Existieron dos intentos de destituir a la presidenta por la vía institucional, uno presentado por el diputado bloquista sanjuanino Héctor R. Valenzuela y otro por el demócrata mendocino Francisco Moyano;^[275] si bien ninguno de los dos obtuvo los votos suficientes para prosperar, el último motivó un intenso debate en la Cámara de Diputados el 25 de febrero de 1976, un mes antes del golpe.^[275] Después del intento, Lorenzo Miguel anunció que las 62 Organizaciones volverían a respaldar al gobierno, después de un período de marcada postura crítica.^[276]

Durante los últimos meses antes del golpe de Estado numerosos medios de comunicación opositores jugaron un papel muy importante en debilitar al gobierno constitucional e infundir en la población de la idea de que un golpe de Estado era una conclusión inevitable, e incluso preferible.^[277] A lo largo del año 1975 varios periódicos destacaron la incapacidad de la presidenta para gobernar, así como buscaron desacreditar cualquier propuesta de buscar una vía legal para salir de la crisis política, intentando profundizar el estado de inestabilidad del país.^[277] Los titulares contra el gobierno de Martínez de Perón fueron casi diarios hasta el día del golpe, y durante las últimas semanas periódicos como el diario Clarín o La Nación incitaban a las Fuerzas Armadas de manera abierta a intervenir para poner fin al régimen constitucional.^[277] Algunos dirigentes políticos emitieron declaraciones sobre su opinión con respecto a un posible golpe de Estado en los días previos a la sublevación militar. El líder conservador liberal, Álvaro Alsogaray, se manifestó escéptico ante la idea de derrocar a Martínez de Perón durante una entrevista el 21 de marzo, alegando que sería cuestionable hacerlo en una ocasión en la que la oposición tenía posibilidades nunca antes vistas de derrotar al peronismo por medios electorales, y declarando: «¿Por qué transformarlos en mártires incomprendidos de la democracia, precisamente en el momento en que se verán obligados a declarar su gran fracaso?».^[266] El 16 de marzo, Balbín había dado un discurso por cadena nacional de radio y televisión en donde afirmó que el aislamiento del gobierno había provocado que el Estado dejara de funcionar tras la muerte de Perón, y culminó con la frase: «Todos los incurables que tienen cura cinco minutos antes de la muerte. Desearía que los argentinos, hoy, no empezáramos a hacer la cuenta de los últimos cinco minutos».^[278]

El 23 de marzo de 1976, último día bajo el gobierno de Martínez de Perón el diario La Razón tituló: «Todo está dicho, el inminente fin»:^[277] mientras que la primera plana de Clarín establecía «Inminencia de cambios en el país».^[279][280] Ese mismo día, se produjeron numerosos hechos que parecían anunciar el golpe: mientras que los militares comenzaban a desplegar sus fuerzas en las principales ciudades del interior, varios diputados comenzaron a retirar sus pertenencias del Palacio del Congreso y a solicitar un adelanto de sus dietas.^[279][280]

Poco después de la medianoche del 24 de marzo de 1976, Martínez de Perón se subió al helicóptero presidencial junto a su secretario privado Julio Carlos González; el jefe de su custodia personal, Rafael Luisi; un joven oficial del Regimiento de Infantería 1 Patricios; el teniente de fragata Antonio Diamante y dos pilotos de la Fuerza Aérea, con dirección a la residencia presidencial de Olivos.^[266] Durante el vuelo, el piloto anunció que el vehículo tenía un desperfecto y que debían realizar un aterrizaje no programado en Aeroparque, ingresando la delegación a las oficinas del jefe de la Base.^[266] Aproximadamente a las 3:10 de la madrugada, el general José Rogelio Villarreal le anunció a Martínez de Perón: «Señora, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada», dando comienzo formal al golpe de Estado. Martínez de Perón preguntó si sería fusilada, a lo que Villarreal respondió que los militares garantizarían su integridad física. La presidenta denunció la traición de las Fuerzas Armadas a su gobierno y buscó negociar con los golpistas el cierre del Congreso y el nombramiento de cuatro militares para su gabinete, amenazando con huelgas y manifestaciones masivas de los sindicatos si consumaban su derrocamiento. Villarreal le respondió que «le han dibujado un país ideal, un país que no existe».^[266] Martínez de Perón fue trasladada entonces a la provincia del Neuquén en calidad de detenida, y por la mañana una Junta Militar asumió el gobierno del país, instaurando la dictadura autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional».

Ya detenida, fue trasladada a Neuquén para ser recluida en la Residencia El Messidor, residencia oficial del gobernador en Villa La Angostura. Pocos meses después fue trasladada al Arsenal Naval de Azul, en la provincia de Buenos Aires.^[281] Recién sería liberada cinco años después

A las 03:10 fueron ocupadas todas las estaciones de televisión y radio. Se cortó la programación regular y se emitió el primer comunicado a través del locutor Juan Vicente Mentesana:

Comunicado número uno de la Junta de Comandantes Generales: Se comunica a la población que a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado: Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General de Ejército; Emilio Eduardo Massera, Almirante, Comandante General de la Armada; Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea.

En previsión de una eventual resistencia por parte de partidarios del Gobierno, las Fuerzas Armadas habían diseñado la llamada "Operación Bolsa", que en el año 2012, Videla exuso al periodista Ceferino Reato: "consistía en una lista con el detalle de domicilios y demás datos de una equis cantidad de personajes que tenían un cierto prestigio, una cierta ascendencia, como para generar reacciones contra nosotros. Al final, no pasó nada. Eran unas cuatrocientas personas que fueron enviadas al barco 33 Orientales hasta junio, cuando se depuró la lista y se puso en libertad a la mayoría; quedaron treinta personas a las que se responsabilizó del desastre que había provocado el golpe del 24 de marzo, y fueron enviadas a la prisión de Magdalena, entre ellos [el ex gobernador de La Rioja, Carlos Saúl] Menem. El resto fue liberado; no había méritos para mantenerlos detenidos. Fue un golpe incruento, no se disparó un tiro".^[282] Como lo explica el autor del libro: "Nadie salió a defender a Isabelita. El peronismo estaba desmovilizado, muy aturdido y debilitado por la muerte de Juan Perón, el 1° de julio de 1974; la lucha sangrienta entre sus alas derecha e izquierda, y la ineficacia general del gobierno. En el sindicalismo, Lorenzo Miguel, el secretario general de los metalúrgicos y de las 62 Organizaciones Peronistas, el brazo político de los gremios, fue detenido en el marco de la “Operación Bolsa”; el otro hombre fuerte del sector, el textil Casildo Herreras, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), viajó a Uruguay el día anterior al golpe en un catamarán y desde allí pronunció una frase que le reservó un cierto lugar en la historia: “Yo me borré”".^[282]

Según Videla, "Lorenzo Miguel se llevaba muy bien con Massera, como era público, y nosotros, el Ejército, nos llevábamos muy bien con Casildo Herreras, desde el momento en que él me había respaldado durante la crisis en la que prácticamente el Ejército le impuso a Isabel mi designación como comandante en jefe, el 28 de agosto de 1975. En las negociaciones previas, Casildo Herreras prometió que la CGT no se movilizaría en apoyo al gobierno para enfrentarse con nosotros, pero también nos pidió que no tomáramos ninguna medida, ni siquiera preventiva, contra el sector obrero. Luego, él “se borró” antes del 24 de marzo de 1976. Nosotros no le pusimos la goma en la mano; la llevaba en el bolsillo y la usó a tiempo"".^[283] Como excepción entre los sindicalistas, fueron asesinados ese día René Salamanca y el docente Isauro Arancibia, quien defendió con las armas, junto a su hermano, la toma del sindicato por una militares.^[284]

El mismo día del golpe se disolvió el Congreso, se reemplazó a todos los miembros de la Corte Suprema y se intervino todas las provincias.^[285] Todas las autoridades constitucionales fueron reemplazadas por una Junta Militar de Gobierno formada por Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Eduardo Massera (Marina) y Orlando Ramón Agosti (Fuerza Aérea). Los cargos en el gabinete, las gobernaciones de provincia y prácticamente cada nivel de administración fueron repartidos en partes iguales entre las tres armas y los grupos civiles que formaron parte de la conspiración golpista. También, el mismo día fueron asesinadas decenas de personas, entre ellas el militar peronista Bernardo Alberte,^[286] y el líder de la Logia Anael, el juez Julio César Urien (padre).^[287]

Tras cinco días durante los cuales la Junta ejerció el gobierno, Videla fue nombrado "presidente de la Nación", con la suma de las facultades ejecutivas y legislativas, incluyendo el poder de aniquilar a los opositores.^[288] Como ya había sucedido en 1966, el nuevo gobierno no se consideró provisional, anunció que tenía objetivos y no plazos, y se dispuso a modificar por completo la política, la sociedad y la economía nacionales.^[288]

La expresidenta María Estela Martínez de Perón estuvo detenida durante más de cinco años, y fue enjuiciada por malversación de fondos públicos.

Las principales asociaciones empresarias como la Sociedad Rural Argentina y la Asociación de Bancos (Adeba), así como algunas grandes empresas como Ford, Mercedes Benz, el diario Clarín, el diario La Nación, el diario La Nueva Provincia, la editorial Atlántida, el Ingenio Ledesma, Techint, Bunge y Born, Acindar, la minera El Aguilar, apoyaron activamente el golpe de Estado y en algunos casos formaron parte del gobierno y de la represión.^[289] Lo mismo hicieron varios periodistas y comunicadores de primer nivel como Mirtha Legrand, Mariano Grondona, Bernardo Neustadt, José Claudio Escribano, Chiche Gelblung, José María Muñoz y Joaquín Morales Solá.^[290] Dirigentes de algunos partidos políticos también fueron funcionarios de la dictadura, como el líder socialista Américo Ghioldi y el líder demócrata progresista Rafael Martínez Raymonda.

Los principales medios de comunicación apoyaron activamente el golpe, mientras otros consideraron prudente no incomodar a la dictadura.^[291]

Historiadores como María Sáenz Quesada han sostenido que mientras miles de políticos, intelectuales y artistas huyeron del país, la mayoría de la población que se quedó aceptó "mansamente" la dictadura, "como precio por la recién ganada tranquilidad".^[292] Por su parte, el historiador Luis Alberto Romero dice que solo al final del Proceso, la mayoría de la población se vería obligada a reconocer que haber cedido a la dictadura la iniciativa de tomar todas las decisiones políticas había desembocado en un desastre económico, humano, social y moral mucho mayor que el que el golpe de Estado se había propuesto eliminar.^[293]

Discrepando con los anteriores, otros analistas han destacado que por primera vez, ninguno de los principales partidos políticos apoyó explícitamente el golpe. Mariana Caviglia señala que la dictadura sometió a la población a un régimen de terror sistemático, de alcance continental, que produjo la paralización y la incapacidad de hablar y recordar de amplios sectores, especialmente en la clase media,^[294] agravado por el hecho de estar amparada activamente por Estados Unidos, la indiferencia de Europa y la complicidad de los medios.

Por otra parte, Argentina registra desde el primer momento un nivel de resistencia muy superior, comparativamente, al que se registró en los países vecinos,^[295] por medio de las organizaciones sindicales,^[296] guerrilleras,^[297] de derechos humanos,^[298] y el peronismo y otros agrupamientos políticos, como el Movimiento de Renovación y Cambio de la UCR, el Partido Intransigente, el Partido Socialista Popular, el Partido Comunista Revolucionario y Partido Socialista de los Trabajadores.^[299]

La dictadura estableció una estructura clandestina para la represión de los opositores y "aniquilación de subversivos", que incluía "grupos de tareas", secuestros y desapariciones forzadas, centros de detención y tortura clandestinos, mecanismos ilegales para asesinar personas y disponer de sus cadáveres, instalaciones médicas secretas para atender partos de detenidas-desaparecidas y suprimir las identidades de los niños nacidos en cautiverio, desinformación a través de los medios de comunicación, coordinación con las gerencias de recursos humanos de las grandes empresas para la delación de opositores y sindicalistas, etc.

Decenas de miles de personas fueron detenidas, torturadas, sexualmente abusadas y asesinadas. Durante un tiempo, el gobierno informaba a la población que se habían producido "bajas" causadas "al enemigo", presentándolas siempre como caídos en "enfrentamientos", aun cuando en su enorme mayoría se trataba de asesinatos de personas desarmadas o de prisioneros.^[300] Posteriormente, las Fuerzas Armadas encontraron más conveniente afirmar que la guerra había terminado, por lo cual dejaron de informar de las muertes, y procedieron a la eliminación de los cadáveres, enterrándolos en fosas comunes o arrojándolos al mar desde aviones militares. Pasaron a ser "desaparecidos".^[301] Entre los principales centros clandestinos de detención se pueden mencionar la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el Garage Olimpo en la ciudad de Buenos Aires; El Campito, El Vesubio, el Pozo de Banfield en la provincia de Buenos Aires; y La Perla en la provincia de Córdoba.^[302]

La aplicación sistemática de métodos criminales ha sido considerada como un caso de terrorismo de Estado, también conocido como «guerra sucia». Organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, fallos judiciales y especialistas han considerado que los asesinatos masivos constituyeron un genocidio.^[303]

El número exacto de desaparecidos no ha sido establecido: El primer listado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos era de 5566 casos,^[304] que coincidía aproximadamente con las 5580 denuncias que se realizaron en 1979 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la actualidad sostiene que la cifra de 30.000 no es arbitraria y surge de múltiples variables como número de centros clandestinos, habeas corpus, estructura represiva, etc.^[305] La CoNaDep sostuvo originalmente un número de 7380 desaparecidos. Una vez presentado su informe (el libro Nunca más), la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación continuó recibiendo denuncias que elevaron la cifra. Según explicó Graciela Fernández Meijide, que fue secretaria de la Conadep, a los 7.380 casos originales se sumaron denuncias formalizadas ante otros organismos nacionales y extranjeros y organizaciones no gubernamentales, con lo cual la cifra final resultó de 8.960 desaparecidos.^{[306][307][282]} Entre estos se cuentan, además de los detenidos desaparecidos con muerte no comprobada del proceso cívico-militar (1976/83), los muertos identificados en el mismo período y los de los gobiernos constitucionales (1973/76). Poco después de abandonar la presidencia, en 1990, Raúl Alfonsín en una entrevista con la periodista española Mercedes Milá, estimó el número de desaparecidos en 10 000.^[308] Organismos internacionales y equipos forenses especializados suelen ubicar la cantidad de víctimas entre 15.000 y 30.000 personas, señalando que la cifra exacta es imposible de determinar debido al carácter sistemático de las desapariciones.^[309]

Hasta 2003, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina tenía registradas las denuncias correspondientes a 13 000 casos aproximadamente, contando las radicadas entre el 12 de octubre de 1973 y el 9 de diciembre de 1983. Esta cifra incluía a los muertos identificados y a quienes fueron ilegalmente detenidos y luego liberados. En enero de 2009 ese mismo organismo publicó en su página web un listado de 7954 víctimas. En el mismo año se inauguró el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, ubicado en la Costanera porteña. En sus muros figuran escritos los nombres de 8.875 personas, pero abarca el período de entre 1969 y 1983, es decir desde siete años antes del golpe.^[282]

En 2016 la misma Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina, ante un pedido de la ONG Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, creó el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado considerando probados 8.571 víctimas en todo ese período. Entre ellas, "7010 se consideran víctimas de desaparición forzada y 1561 se consideran víctimas de asesinato".^[310] El número final superaba en un centenar a los publicados en 2009 por el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), que ascendían a 7140 víctimas de desaparición forzada y 1336 víctimas asesinadas. De acuerdo a lo expresado por el ANM en aquel momento, los registros originales de CONADEP contenían 544 individuos que eran registrados como desaparecidos pero no lo estaban, y otros 1009 casos debieron eliminarse porque o estaban duplicados o unificados con otros registros.^[195] Un informe de la inteligencia chilena estimaba el número de desaparecidos en 22 000 personas en 1978, pero este dato no está basado en fuentes del gobierno argentino sino que se trataba de una estimación enviada a la inteligencia chilena por un agente llamado Enrique Arancibia Clavel,^[311]que realizaba tareas de espionaje en la Argentina en el contexto del conflicto limítrofe por el Canal de Beagle. Poco después de presentar ese informe, y en el mes previo al inicio de movimientos militares, Arancibia Clavel fue detenido por la SIDE y permaneció preso hasta el año 1981 por espionaje.^[312] Por el contrario, lo que suele usarse de fundamento para la afirmación de que se habría exagerado el número por los exiliados, son las declaraciones del ex montonero Luis Labraña, quien dijo haber "inventado" el número de los 30.000 para lograr que la represión de la dictadura fuera reconocida como genocidio por los organismos internacionales.^[313] En cualquier caso, el número de sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, detenidos y arrestados sin juicio, fue muy superior, ya que una parte de ellos retornó a la vida pública después de un tiempo de privación de la libertad; hubo algunos detenidos que llegaron a estar siete años presos.^[314]

El informe Nunca Más contiene una descripción de los desaparecidos por su grupo de referencia; más de la mitad eran trabajadores; en especial fueron asesinados los sindicalistas pertenecientes a comisiones internas de fábricas, como en los casos emblemáticos de Ford^[315] y Mercedes Benz.^[316] Entre los desaparecidos y asesinados existe una importante cantidad de adolescentes; en este caso es emblemático el secuestro y desaparición del grupo de adolescentes conocido como la Noche de los Lápices, así como los alumnos desaparecidos en la Escuela Carlos Pellegrini que documenta el film Flores de septiembre o la del militante comunista Floreal Edgardo Avellaneda. También fueron detenidos-desaparecidos y asesinados personas discapacitadas, ancianas, homosexuales y transexuales, sacerdotes y monjas (como la Masacre de San Patricio de los padres palotinos,^[317] o de las Monjas Francesas Léonie Duquet y Alice Domon^[318]), sindicalistas (como Oscar Smith o Jorge Di Pascuale), periodistas (como Julián Delgado o Rafael Perrotta), artistas (como Héctor Oesterheld o Haroldo Conti), deportistas (como la jugadora de hockey Adriana Acosta), abogados (como el laboralista Norberto Centeno^[319] o de derechos humanos, como Sergio Karakachoff^[320]), etc. En algunos casos se trataban de familiares o simplemente personas nombradas por otros detenidos sometidos a tortura; en algunos casos se trató de funcionarios que simpatizaban con el régimen militar como Elena Holmberg^[321] o Héctor Hidalgo Solá;^[322] en otros casos se trató de simples casos de robo y extorsión como con el empresario Fernando Branca,^[323] o de intentos de ocultar errores como en el caso de la adolescente sueca Dagmar Hagelin y del pianista brasileño Tenório Júnior (1940‑1976).^[324] Entre las víctimas notables también se encuentran las madres fundadoras de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y María Ponce.

Cuando en los domicilios de los "objetivos" de los grupos de tareas había niños, estos eran también sustraídos, sus identidades suprimidas y habitualmente dados en adopción a familias de militares, o de civiles relacionados con las Fuerzas Armadas.^[325] En el caso de las mujeres embarazadas, la mujer no recibía prácticamente ninguna atención médica y daban a luz en soledad; en los centros de detención más grande había obstetras que se ocupaban del recién nacido al ser separado de la madre, pero nunca de esta.^[326] Entre los desaparecidos se encuentra un número de niños –que se estiman entre 250 y 500– adoptados ilegalmente luego de que nacieran en los centros clandestinos de detención.^[325][327]

La Junta Militar llevó a cabo su acción represiva coordinada con Estados Unidos y otras dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional.^[328]

Tanto frente a los guerrilleros del frente tucumano como frente a la guerrilla urbana en las grandes ciudades, la estrategia de las Fuerzas Armadas se basó en la eliminación física de sus enemigos: guerrilleros, "subversivos", "terroristas" y "extremistas", extendiendo estas denominaciones a cualquier persona opositora al régimen, incluso simples activistas sociales sin relación con las organizaciones armadas.^[329] Las operaciones de secuestro de personas estaban a cargo de grupos de tareas (GT), dependientes de fuerzas militares;^[330] para facilitar las operaciones, antes de las mismas ordenaban a la policía alejarse de la zona en que iban a actuar.^[331]

Las organizaciones guerrilleras continuaron la actividad que habían iniciado antes del golpe de Estado, combatiendo militarmente a la dictadura.

Montoneros concentró sus operaciones principalmente en el ataque de objetivos policiales –en pocos meses causaron la muerte de más de 70 agentes y oficiales–^[332] y militares del Ejército; entre estos últimos se contó el general Omar Actis.^[333] También realizaron atentados contra ejecutivos de empresas nacionales y extranjeras, y funcionarios civiles de la dictadura; a comienzos del año 1979, sin embargo, la organización ya estaba muy disminuida, tanto por las bajas como por la huida al exterior de varios de sus jefes.^[334] En 1976 muere en un combate el jefe montonero Carlos Caride y luego es detenida una de las fundadoras de la organización Norma Arrostito que mientras la dictadura anunció su muerte en combate fue mantenida con vida durante dos años más hasta ser asesinada. En 1977 muere acribillado José Pablo Ventura, otros de los jefes de la organización. En 1978 fue secuestrado en Brasil y asesinado clandestinamente el secretario de organización de la rama política Norberto Habegger. En algún momento durante la dictadura fue asesinado el comandante Roberto Quieto, detenido en diciembre de 1975 y mantenido desaparecido en el Campito. En 1982 fue detenido-desaparecido en Brasil el jefe de inteligencia Ricardo René Haidar. En 1978 fracasó un atentado contra el vicealmirante Armando Lambruschini, en el que murieron su hija, un custodio y dos vecinos.^[335]

En 1979 y 1980 Montoneros dispuso el regreso de un centena de combatientes para intentar una contraofensiva que ayudara a consolidar el crecimiento de la resistencia sindical en Argentina y la militancia de derechos humanos, en un contexto de debilitamiento internacional de las dictaduras latinoamericanas. Tras lograr la muerte de un empresario y fracasar con dos altos funcionarios del área económica, fue completamente desbaratada. Los combatientes que no pudieron huir fueron "aniquilados", en un número superior a cien militantes.^[336] En la "megacausa Contraofensiva", por los crímenes de lesa humanidad cometidos en ese entorno, se produjeron gran cantidad de testimonios y pruebas documentales dando cuenta del resultado positivo de la contraofensiva para impulsar el movimiento de resistencia civil, a costa de la vida de gran parte de los miembros que quedaban de la organización. La huelga general de 1979, la visita ese mismo año de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la reorganización de las Juventudes Políticas en 1980, el Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel también en 1980 y la creación de la Multipartidaria al año siguiente, encerraron a la dictadura y la llevaron a buscar salidas extremas, como la Guerra de Malvinas, que terminaron causando el derrumbe del régimen, antes que el resto de las dictaduras latinoamericanas de aquel entonces.

El ERP ya estaba muy disminuido al iniciarse la dictadura, y sus intentos de continuar la lucha en Tucumán terminaron en un desastre.^[337] Mario Roberto Santucho y Benito Urteaga fueron muertos por el Ejército,^[338] seguidos por gran cantidad de otros combatientes; su último atentado de importancia fue un fallido intento de asesinar a Videla.^[339] Antes de disolverse totalmente a fines de 1977, el ERP alcanzó a matar a 77 policías, solo en Buenos Aires; centenares de combatientes que no huyeron al exterior –algunos jefes y no jefes lo hicieron– fueron capturados y ejecutados.^[340]

El argumento de los militares era que perseguían el propósito de terminar con el "desgobierno", la "corrupción" y el "flagelo subversivo".^[341] Sin embargo, otros analistas afirman que dicha justificación encubría la voluntad de imponer en el país un régimen económico neoliberal,^[342] a tono con los requerimientos y exigencias que planteaban en esos momentos el Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos a los países latinoamericanos.^[343]

El plan económico fue delineado por las Fuerzas Armadas y tuvieron en cuenta a distintos economistas en quienes se confiaba en que podían llegar a desarrollarlo, entre ellos Álvaro Alsogaray, Roberto Alemann, Lorenzo Sigaut, José María Dagnino Pastore, Bernardo Grinspun, Félix de Elizalde, Horacio García Belsunce y Rogelio Frigerio. A todos ellos se les impuso una condición: las respuestas tenían que ser “pragmáticas, gradualistas”. Álvaro Alsogaray fue descartado cuando, pocos días antes del golpe, hizo declaraciones públicas criticando duramente cualquier plan “gradualista”. El economista era partidario de la teoría de “tocar fondo” o del “fruto maduro”, que marca que el estado intervenga sólo tras la descomposición absoluta.^[344] Esto hizo que terminaran inclinándose por José Alfredo Martínez de Hoz, quien sería finalmente elegido por decisión del Ejército. Según lo explicó Videla:

Ya teníamos diseñada la política económica antes del golpe y se lo invitó al doctor Martínez de Hoz. Yo lo conocía porque el general [Alcides] López Aufranc, que fue comandante del Tercer Cuerpo cuando yo era Jefe de Operaciones allí, en Córdoba, me lo había presentado. No era amigo de Martínez de Hoz, pero lo conocía y fue un nombre que siempre tuve en mente para el Ministerio de Economía. Una semana antes de la que terminó siendo la fecha del golpe, tratamos de ubicarlo y estaba en un safari en África. Le pedimos que adelantara el regreso y nos reunimos con él. Le dijimos: “Esto se está precipitando, la cosa se nos viene encima. Tenemos este trabajo teórico y nos gustaría que viera si se puede aplicar a la Argentina real. Pero no tiene mucho tiempo para darnos su opinión; debería ser este fin de semana”. Le explicamos la necesidad de tener en cuenta que el plan económico tendría como telón de fondo a la guerra contra la subversión, donde era clave ganarse el respaldo de la gente y no perderlo; por eso las medidas de ajuste no deberían ser tan duras como para alejarnos de la gente. Nos contestó que sí, y los tres comandantes terminamos eligiendo, por consenso, a Martínez de Hoz. Todos estuvieron de acuerdo; luego, con el tiempo, Massera lo criticó duramente con un poco de, podríamos decir, deslealtad, porque había estado de acuerdo en su designación.^[282]

Martínez de Hoz adhería, en ese momento, a los nuevos lineamientos económicos de la Escuela de Chicago (neoliberalismo), que habían sido implementados por primera vez por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, instalada en 1973. Para esta tendencia eran fundamentales las ideas de Milton Friedman, máximo exponente del monetarismo. Friedrich Hayek previamente declararía al diario chileno El Mercurio del 12 de abril de 1981, en apoyo el régimen de Pinochet, que también seguiría sus directrices económicas: «Mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un gobierno democrático donde todo liberalismo esté ausente». En esta entrevista, Hayek se definió como enemigo del estado de bienestar y la justicia social. En 1977 visitó Argentina y Chile, donde se reuniría con Jorge Rafael Videla y con el integrante de la Junta Militar de Gobierno, y con el futuro dictador Leopoldo F. Galtieri.^[345] Las medidas tomadas por Martínez de Hoz, basadas en el ideario liberal, y presentadas en el plan económico publicado el 2 de abril de 1976, incluyeron la apertura de los mercados, liberalización del tipo de cambio, apertura a las importaciones, baja de las retenciones agropecuarias, entre otras. Su objetivo explicitado era detener la inflación y estimular la inversión extranjera. No obstante ello, las derivas posteriores hicieron que existieran serias discrepancias sobre el eje ideológico de la política económica de la gestión económica de Martínez de Hoz. La misma fue calificada por algunos autores como de índole gradualista, desarrollista (incluso se estatizaron empresas como CIAE, el Grupo Greco, que incluía decenas de bodegas -como Giol-, fincas y empresas financieras en Mendoza y Austral Líneas Aéreas). o neoliberal no habiendo un consenso claro. Sin embargo, en el libro "Joe" de Martínez de Hoz, el mismo economista se declara gradualista por no poder haber aplicado políticas más liberales o de shock por la intensa guerrilla que se vivía y que ponía la paz social en peligro. Por otro lado, la consideración de una política más moderada y sin reformas profundas, coincide con Videla que también describió a la gestión económica como condicionada por la guerrilla.

En 1977 se promulgó la Ley 21 526 de Entidades Financieras que reformó el sistema financiero,^[346] obligando al Estado a dejar de financiarse con préstamos del Banco Central y comenzar a hacerlo con créditos internos y externos. La demanda estatal de crédito interno contribuyó a sostener elevada la tasa de interés, por encima de la internacional, lo cual estimuló el ingreso de capital especulativo.^[347]

Con el objetivo de controlar la inflación mantuvo una política de atraso cambiario, Martínez de Hoz implementó a fines de 1978 un sistema de devaluación programada, apodado «la tablita». Junto con la ley de entidades financieras antes mencionada, la tablita promovería la especulación financiera desmedida. La medida se tomó para intentar compensar las pérdidas ocasionadas a los ahorristas por la diferencia entre la tasa de interés pagada a los depósitos a plazo fijo y la inflación; para proteger a las entidades financieras, el Estado se hizo responsable del pago de los depósitos. El coste de estas medidas, que ocasionaron el cierre de más de veinticinco entidades crediticias, cuyos pasivos debió asumir el Estado, fue enorme; también lo fue para los consumidores, que debieron hacer frente a un mercado de crédito liberalizado, cuyas tasas aumentaron parejamente a las pagadas por los depósitos. Los créditos hipotecarios alcanzaron una tasa de interés del cien por ciento anual, que resultó impagables para numerosos deudores, y condujo a una gran parte de la población a perder la propiedad de sus viviendas. En 1978 la inflación anual llegó al 160 %, y el PBI descendió durante ese año cerca de un 3,2 %. En 1979 la tasa de inflación llegó a 139,7 %. Durante los cinco años del gobierno de Videla, la inflación se ubicó siempre por encima del 100%: 1976 (444%), 1977 (176%), 1978 (171,4%), 1979 (163%), 1980 (100,8%), un promedio del 211% anual, más alto que cualquier gobierno anterior y el más alto desde la independencia.^[348]

Entre 1980 y 1981, a estas condiciones se le sumó la crisis bancaria suscitada por la quiebra del Banco de Intercambio Regional (BIR) y la intervención de varias instituciones financieras, y por la famosa frase «El que apuesta al dólar pierde», dicha por el entonces ministro de Economía argentino, Lorenzo Sigaut (quien reemplazó a Martínez de Hoz) poco antes de una gran devaluación.^[349][350] la dictadura que condicionó fuertemente al gobierno radical que lo sucedió. Los descalabros económicos condujeron a una depresión que inició en 1986 y detonó con la grave crisis de 1989.

Jorge Videla contó en el libro “Joe” que el plan debió tener en cuenta, fuera de todo rigorismo ortodoxo, la guerra contra la subversión dicha cuestión dominaba todo el escenario nacional. Esto significó la imposibilidad de aplicar una política de shock. La misma era recomendada por diversos economistas como Horacio García Belsunce. Sin embargo, fue puesta en práctica una política de aplicación gradual que no ocasionara desajustes sociales. Esto se explica en que la guerra revolucionaria el objetivo prioritario es la conquista de la población y la aplicación de medidas más agresivas incrementarían el problema de la guerrilla. Años más tarde el propio exministro reconoció concordó con Videla y calificó a su gestión de gradualista; a pesar de simpatizar con ideas más liberales y de shock. El economista terminó reconociendo que su programa obedeció al «arte de lo posible», aunque no era lo «deseable».^[351] Esta búsqueda de homogeneidad de la sociedad dejaba de lado a las minorías tomando en cuenta, por ejemplo, sus raíces (judíos,^[352][353] descendientes de los pueblos originarios,^[354] etc.), su orientación sexual^[355][356] o sus creencias religiosas.^{[n. 10][357]}

La política cultural y educativa de la dictadura respondió a ese punto de vista: se implantó una rígida censura previa, que incluyó quemas de libros,^{[n. 11]} prohibiciones sobre películas y obras de teatro y musicales.^[358] Decenas de escritores, músicos y dramaturgos fueron prohibidos;^{[n. 12]} cualquier expresión artística que no compartiera el punto de vista del grupo gobernante era considerado potencialmente subversivo. Incluso se prohibió la reproducción de canciones de Carlos Gardel en que estuviera acompañado por guitarras, el libro El principito, de Antoine de Saint-Exupéry, o la Enciclopedia Salvat.^[359]

Además de la represión, el "peligro subversivo" fue combatido con campañas en que se pedía la colaboración de los padres en el control de los contenidos pedagógicos de la enseñanza:^[360] se advertía contra el uso de términos tales como burguesía, América Latina o capitalismo, la lectura de autores latinoamericanos en lugar de la literatura clásica, los trabajos grupales y la matemática moderna, por el uso de conjuntos.^[361]

Aunque hubo casos de curas y obispos que se enfrentaron a la dictadura,^{[n. 13]} la mayor parte de la jerarquía católica trabajó activamente en favor de los objetivos del gobierno. Los obispos de más jerarquía bendecían periódicamente actos públicos de los miembros de la dictadura, y se negaban a colaborar con quienes buscaban a sus parientes desaparecidos.^[362]

El gobierno obtuvo un gran triunfo cultural por medio de la organización de la Copa Mundial de Fútbol de 1978; el triunfo -sospechado-^[363][364] de la selección argentina permitió distraer a la población de los problemas económicos y políticos, y generó una ola de nacionalismo y euforia que fue aprovechado para mejorar la imagen de la dictadura ante la opinión pública.^[365]

En su búsqueda de homogeneidad cultural y estética, se decidió solucionar el problema de las villas miserias por medio de su erradicación; se llevaron adelante algunos planes de vivienda, pero en ningún caso estos estuvieron relacionados con la erradicación de las "villas". La intención de mejorar la imagen argentina en el exterior llevó a los gobiernos nacionales y provinciales a erradicar las villas ubicadas cerca de las vías de comunicación, lugares de alojamiento y estadios.^[366] El gobernador de Tucumán, general Domingo Bussi, se hizo especialmente conocido por expulsar de esa provincia a los habitantes de todas las villas miseria y a los mendigos.^[367]

La dictadura llevó adelante un compleja y contradictoria política de relaciones exteriores: por un lado proclamaba su pertenencia al bloque "occidental y cristiano" y tenía como objetivo central "impedir el triunfo de la subversión marxista", pero por otro lado las exportaciones agroganaderas de la que dependían las clases altas argentinas, tenían como cliente principal a la Unión Soviética, razón por la cual mantuvo buenas relaciones con la URSS y Cuba, que fueron sus principales aliados a la hora de bloquear los pedidos de sanciones a la Argentina por las violaciones masivas de derechas humanos en las Naciones Unidas y el Movimiento de Países No Alineados. El Partido Comunista argentino no fue prohibido y mantuvo relaciones fluidas con la dictadura durante las "presidencias" de Videla y Viola, considerados como militares "progresistas".^{[368][369][370]} Recién cuando Galtieri desplaza del poder a Viola, en diciembre de 1981, la dictadura se alineó completamente con el bloque occidental en la Guerra Fría, ya en tiempos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, lo que no impidió que pocos meses después Galtieri ordenara recuperar militarmente las Islas Malvinas desencadenando una guerra que enfrentó a la Argentina con el Reino Unido y el resto del bloque occidental, obligándolo a buscar apoyo en la URSS, Cuba y el Movimiento de Países No Alineados.

Pese a esas contradicciones la pretensión de la dictadura era jugar un papel importante en Sudamérica, como aliado preferencial de los Estados Unidos. Esto fue relativamente posible mientras duró el gobierno de Gerald Ford, pero la llegada de Jimmy Carter a la presidencia a principios de 1977 cambió las cosas: las quejas de los exiliados sobre la situación de los derechos humanos llevaron al gobierno estadounidense a presionar a la dictadura para terminar con las matanzas y secuestros.^[371] Varios países europeos, especialmente Francia y Suecia,^{[n. 14]} se sumaron a los reclamos y presiones.^[372] El gobierno estadounidense negó sistemáticamente ayuda militar a la dictadura y obstruyó créditos que la Argentina necesitaba para su plan de inversiones, tal como el que se había acordado con el Eximbank, para financiar las turbinas de la represa de Yacyretá.^[373]

El gobierno y la prensa difundían el eslogan "los argentinos somos derechos y humanos" en respuesta a una supuesta "campaña antiargentina", con fines propagandísticos para mantener a la población ignorante de los crímenes que se estaban cometiendo.^[374] El Mundial de fútbol también fue utilizado como un medio de propaganda a favor del gobierno.^[365]

Repetidas visitas de representantes de gobiernos extranjeros llevaron al gobierno a aceptar una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1979,^[375] que obligó al gobierno a poner en libertad a miles de detenidos antes de la realización de la misma. No obstante, la misión de la CIDH pudo reunir miles de reclamos sobre desaparecidos, de modo que la Junta Militar se apresuró por dar a conocer un nuevo régimen legal sobre los desaparecidos.^[376]

La dictadura coordinó la persecución a los «subversivos» con los gobiernos de los países limítrofes^[377] –todos ellos también eran dictaduras– y firmó acuerdos de cooperación comercial con varios países latinoamericanos.^[378]

Pero la relación con Chile estuvo afectada por la ambición de parte de los altos mandos –dirigidos por Massera– que creían necesaria una "buena guerra" para levantar la moral de la población.^[379] La oportunidad se la dio el laudo arbitral de 1977, que otorgó la soberanía de las islas orientales del canal de Beagle a Chile. Una escalada de amenazas y provocaciones llevó a ambos países a prepararse para una guerra inminente; las Fuerzas Armadas argentinas planificaron un ataque masivo sobre su vecino trasandino, que estaba programado para fines de 1978.^[380]

La opinión pública argentina reaccionó negativamente, y Videla se opuso al estallido de una guerra, pero temía ser desplazado por sus generales más belicistas. En cambio, aceptó de inmediato un ofrecimiento de mediación arbitral por parte del papa Juan Pablo II, sometiendo la cuestión a un nuevo arbitraje. La guerra se evitó, pero los grupos belicistas no quedaron conformes, lo que llevaría dos años más tarde a una guerra internacional.^[381]

En 1980, Adolfo Pérez Esquivel, dirigente de la organización Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) recibió el Premio Nobel de la Paz, con lo que las violaciones a los derechos humanos en la Argentina alcanzaron repercusión mundial.^[382]

La lucha de las organizaciones de derechos humanos continuó durante y después de las resoluciones de la CIDH y del conflicto del Beagle: las Madres de Plaza de Mayo reclamaron durante años por la aparición con vida de sus hijos desaparecidos,^[383] y –aunque su fundadora, Azucena Villaflor fue también asesinada junto con otras manifestantes–^[384] lograron finalmente dar a conocer a la población argentina la situación de miles de presos políticos, torturados y desaparecidos.^[383] Sectores de la población que justificaban los arrestos, secuestros y asesinatos con la frase "algo habrán hecho"^[385] pasaron entonces a solidarizarse e incluso unirse a los reclamos y manifestaciones de las Madres de Plaza de Mayo.^[386]

A mediados de 1977, Videla cedió la comandancia en jefe del Ejército a Roberto Eduardo Viola; tres años más tarde, la Junta de Comandantes –Viola, Graffigna y Lambruschini– nombraron presidente al teniente general Viola, poco antes de que este fuera a su vez reemplazado por Leopoldo Fortunato Galtieri como comandante del Ejército. Viola había hecho un recambio en las comandancias militares en dirección de una ideología más moderada, opuesta al liberalismo imperante y a la política de desaparición de personas; Galtieri no tardaría en revertir esa tendencia.^[387]

Viola asumió la presidencia el 19 de marzo de 1981 –se cumplían 5 años de la asunción de Videla– al frente de un gabinete de mayoría civil, de orientación desarrollista, en el que había algunos funcionarios con buenas relaciones con los sindicatos.^[388]

La CGT fue prohibida pero el movimiento obrero se reorganizó en dos grandes grupos: uno más combativo y otro más dialoguista. El grupo más combativo comenzó a organizarse en enero de 1977, adoptando sucesivamente diversos nombres: Grupo de los 7, Comisión de los 25 y CGT-Brasil en 1980. Fue liderado por Saúl Ubaldini, secretario adjunto del sindicato de cerveceros. Estuvo integrado entre otros por José Luis Castillo (conductores navales), Manuel Diz Rey (viajantes de comercio), Ramón Elorza (gastronómicos), Demetrio Lorenzo (alimentación), Juan Racchini (aguas gaseosas), Juan Serrano (neumáticos), Ricardo Pérez (camioneros), Ramón Baldassini (telepostales), Carlos Cabrera, (mineros), Fernando Donaires (papeleros), Roberto García (taxistas), Enrique Micó (vestido), Hugo Curto (metalúrgico) y José Ángel Pedraza (ferroviarios).^[389]

El grupo más dialoguista tomó sucesivamente los nombres de Comisión de Gestión y Trabajo, Comisión Nacional de Trabajo y CGT-Azopardo y tuvo una conducción colegiada en la que se destacaba Jorge Triaca (plásticos).^[390]

En septiembre de 1979 los dos sectores se unieron brevemente en la CUTA (Conducción Única de Trabajadores Argentinos), aunque un grupo de veinte sindicatos optaron por mantenerse al margen. La historiadora María Sáenz Quesada sostiene que para intentar contrarrestar a los nuevos líderes sindicales opositores, Videla había autorizado a la llamada CGT Azopardo a ocupar la sede histórica de la central sindical.^[391] Otras fuentes cuestionan la afirmación de Sáenz Quesada debido a que la CGT Azopardo se formó en 1982 y para esa fecha Videla hacía más de un año que había dejado el poder.^[390][389]

En abril de 1979 la Comisión de los 25 declaró el primer paro general contra la dictadura; este tuvo un acatamiento limitado en un contexto altamente represivo en el que la huelga se castigaba con una pena mínima de seis años. El grupo de Ubaldini exhibió su popularidad en julio de 1981, cuando logró mayor éxito en la huelga general, y en noviembre, al organizar una peregrinación a la Iglesia de San Cayetano, que se convirtió en una manifestación masiva.^[392]

En 1981 varios dirigentes políticos formaron la llamada "Multipartidaria", que comenzó a exigir un pronto llamado a elecciones. En septiembre, un duro documento de la Multipartidaria extendió sus pedidos a una reforma económica y un aumento general de salarios.^[393]

El avance de Galtieri en el Ejército le permitió gestar una suerte de golpe de Estado cuando Viola fue internado por un problema de salud menor; súbitamente se anunció que dejaba el poder. Tras un interinato de varios días de Carlos Alberto Lacoste,^{[n. 15]} Galtieri asumió la presidencia, sin dejar la comandancia del Ejército; lo acompañaban en la Junta el almirante Jorge Isaac Anaya y el brigadier Basilio Lami Dozo.^[394]

El nuevo dictador era un hombre especialmente simpático, abierto, ambicioso y poco preparado. Consideraba su deber recomponer la política de "mano dura" con los "extremistas" y los sindicatos, y el liberalismo más extremo. Abiertamente partidario de una alianza con los Estados Unidos, creyó que esta estaba garantizada por la ayuda militar que brindó a los "contras" en Nicaragua, que le había sido calurosamente agradecida por el nuevo presidente norteamericano, Ronald Reagan, un fanático anticomunista. La política económica del ministro Roberto Alemann fue de un estricto control de gastos, y rechazó airadamente cualquier intento de aumento de salarios.^[394]

En respuesta por las crecientes dificultades económicas, la CGT Brasil convocó a un paro general para el 30 de marzo de 1982, que tuvo un amplio acatamiento; durante las manifestaciones fueron arrestadas unas 3.000 personas, mientras que Benedicto Ortiz, secretario general del sindicato minero fue asesinado en Mendoza por los disparos de la policía contra la manifestación.^[395] El descrédito de la dictadura llegaba ya a su máximo, pero Galtieri ya tenía lista la decisión que –según creía– devolvería a la dictadura la popularidad perdida y le permitiría ocupar un lugar privilegiado en el "mundo occidental y cristiano."^[396]

El 2 de abril, tropas argentinas ocuparon las islas Malvinas, que venían siendo reclamadas por ese país desde su ocupación militar por Gran Bretaña en 1833 bajo un régimen colonial.^[397] También fueron ocupadas las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur.^[398]

El plan original, conocido secretamente como "Operación Toco y me voy”, consistía en el envío de un destacamento a Malvinas con la misión de desplazar a la guarnición inglesa, dejar una pequeña guarnición propia y retirarse de nuevo al continente, con la intención de obligar al Reino Unido a negociar.^[399]

Pero al anunciar públicamente la medida, la dictadura fue sobrepasada por una inmediata y enorme movilización patriótica de apoyo esa operación, aún cuestionando la dictadura. Personalidades de todas las tendencias políticas y sindicales apoyaron la recuperación de las islas, postergando la confrontación con el gobierno.^[400][399]

La respuesta popular desbordó a los jefes militares que venían siendo cada vez más acosados por los movimientos de resistencia. Decidieron entonces desviarse del plan original y permanecer en las Islas, pensando que podían aprovechar el sentimiento popular en favor del acto de recuperación de las Islas Malvinas.^[399]

Galtieri y su ministro de Relaciones Exteriores, Nicanor Costa Méndez, no creyeron que Gran Bretaña diera importancia al asunto; esperaban protestas y una larga negociación diplomática, pero ninguna reacción militar. Contaban con la simpatía del presidente Reagan y creían que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) obligaría a los Estados Unidos a tomar partido por la Argentina.

Pese a las sucesivas advertencias de parte de representantes estadounidenses,^[400] Galtieri y sus compañeros de la Junta se negaron a aceptar la exigencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas de evacuar las islas,^[401] y en un brusco cambio de política internacional, buscó apoyo en la Unión Soviética, Cuba, el Movimiento de Países No Alineados y el bloque latinoamericano, especialmente el Perú de Fernando Belaúnde Terry,^[402] contracara del Chile de Pinochet que estableció una alianza secreta con el Reino Unido y le prestó asistencia logística decisiva.^[403]

La dictadura atenuó la represión de las actividades de los partidos políticos y realizó un notable cambio en su política cultural, prohibiendo la transmisión de música "en inglés", para promover la difusión masiva del folklore, el rock nacional y la música latinoamericana, incluso de autores que habían estado censurados hasta pocos días antes.^[404][405]

El 2 de mayo la aviación británica comenzó el bombardeo de posiciones argentinas,^[406] y poco después un submarino nuclear británico hundió el Crucero General Belgrano, causando 323 bajas y haciendo irreversible la guerra.^[407] Pocos días más tarde se inició el ataque terrestre: los grupos de comandos establecidos en la isla, la Fuerza Aérea y la aviación naval, opusieron una dura resistencia y le causaron serias bajas a las fuerzas británicas, pero no pudieron evitar su avance y la reconquista de la capital de las islas, Puerto Argentino/Stanley. Estudios posteriores han establecido que sin la alianza británica con Pinochet y el apoyo logístico que prestaron Chile y Estados Unidos, el Reino Unido pudo haber perdido la guerra.^[408]

Las tropas argentinas, en general mal equipadas y pésimamente comandadas, fueron finalmente superadas y el 14 de junio debieron rendirse.^[409] Habían sufrido un total de 649 bajas.^[410]

Hasta el final de la guerra, los noticieros argentinos continuaban informando a la población que era su país el que estaba ganando;^[411] la noticia de la rendición tomó por sorpresa a la opinión pública –ya muy preocupada por las bajas, pero con las esperanzas aún vivas– y echó por tierra el prestigio de la dictadura.^[412]

Las manifestaciones contra el gobierno se multiplicaron. El 18 de junio, el nuevo comandante del Ejército, Cristino Nicolaides, depuso a Galtieri y a los jefes de la Armada y la Fuerza Aérea; pasó varios días discutiendo con sus compañeros de la nueva Junta de Comandantes, hasta que decidió, igual que Lanusse once años antes, nombrar "presidente" a un general de perfil bajo: Reynaldo Bignone; este asumió el mando el 1 de julio de 1982.^[413]

Bignone ordenó en secreto realizar un análisis de las responsabilidades políticas y estratégico militares en la guerra. La tarea recayó sobre una comisión de seis oficiales presidida por el teniente general Benjamín Rattenbach. Aunque hubo filtraciones a la prensa, el informe permaneció secreto hasta 2012. Las conclusiones del "Informe Rattenbach", son devastadoras para los mandos militares que condujeron la guerra. Recomendó penas graves para los responsables, incluyendo la pena de muerte para Galtieri, y calificó la decisión como una "aventura militar", pero su influencia sobre el juicio posterior fue casi nula. Desde el punto de vista político e histórico, el informe sepultó cualquier intento de los dirigentes militares por encubrir o relativizar sus responsabilidades.^[414]

Dos reformas económicas estructurales tuvieron lugar en 1980, último año de los cuatro años de gestión de Martínez de Hoz:

• en enero, el Banco Central emitió la Circular 1050, por el cual los créditos hipotecarios serían actualizados de acuerdo a las tasas de interés bancarias vigentes. La medida había sido tomada para proteger a los bancos y financieras, varios de los cuales habían quebrado por la imposibilidad de cobrar los préstamos otorgados; en muy poco tiempo, las tasas alcanzaron valores de más del 100% anual, que resultaron impagables para la enorme mayoría de los deudores, de modo que numerosas familias a perdieron la propiedad de sus viviendas.^[415]

• la segunda reforma ocurrió en octubre del mismo año, cuando se decidió eliminar los aportes que hacían los empleadores para la seguridad social; los ingresos necesarios serían cubiertos con una porción de los impuestos coparticipables, que les fueron restados a las provincias. La medida afectó enormemente las arcas provinciales, causó una baja en el monto que cobraban los jubilados y llevó a los trabajadores a aceptar la evasión fiscal, que a su vez perjudicó aún más a las provincias y los jubilados.^[416]

Cuando Viola llegó a la "presidencia" en marzo de 1981, su primera decisión fue reemplazar a Martínez de Hoz y designar en el Ministerio de Economía a Lorenzo Sigaut, quien dejó sin efecto la "tablita" de Martínez de Hoz y anunció que "el que apuesta al dólar pierde", en referencia a la práctica de comprar dólares para refugiarse de la inflación.

Sin embargo, pocos días más tarde, Sigaut debió devaluar drásticamente la moneda, presionado por los sectores agroexportadores del campo, que se quejaban de que la sobrevaluación del peso los perjudicaba.

La devaluación de Sigaut impulsó un nuevo aumento de la inflación que al finalizar el año 1981 había trepado al 131% interanual, contra 100% del año anterior.^[417]

Durante la gestión de Sigaut se instauró un seguro de cambio para beneficiar a las empresas privadas que se habían endeudado en dólares. La herramienta financiera permitió que los siguientes presidentes del Banco Central, Domingo Cavallo y Julio González del Solar, estatizaran la deuda en dólares de las grandes empresas, engrosando la deuda externa del Estado argentino, que al finalizar el "Proceso" crecería un 364 % respecta de la ue el país tenía en 1976: si al comenzar 1976 cada habitante debía 320 dólares, al finalizar 1983 debía 1500 dólares, cuatro veces y media más.

Junto a este proceso se dieron cientos de casos de transferencias ilegales en el mismo sentido. Los grupos privados más poderosos habían tomado cuantiosas deudas cuando había mucha liquidez a tasas del 6% y para 1982 estaban pagando tasas del 16%, casi tres veces mayores.^[418] Entre esas empresas estaban Celulosa Argentina (1500 millones), Cogasco (1350 millones), Autopistas Urbanas (950 millones), Pérez Companc (910 millones), Acindar (650 millones), Bridas (600 millones), Banco de Italia (550 millones), Alpargatas Argentina (470 millones) y Techint (350 millones).^[418] A fines de 1982, la deuda externa había ascendido a 28 626 millones de dólares, y a fines de 1983 superaba los 45 087 millones.^[419]

Tras la agresiva política de austeridad impuesta a comienzos de la dictadura de Galtieri, el resto de los ministros de Economía se limitaron a intentar frenar la inflación, con resultados desastrosos: superaría el 209% en 1982, y al año siguiente fue del 433,69%, la tasa de inflación más alta registrada en la Argentina hasta entonces.^[420] En junio de 1981, el peso ley 18.188 fue suplantado por el peso argentino, que equivalía a 10 000 pesos ley.^[421]

El PBI había decrecido un 6% en 1980 y un 5% en 1981, aumentando un 3% en 1983.^[422] La pobreza, que desde los años '40 se ubicaba debajo del 10%, y que era del 5,8% en 1974, subió al 12,8% en 1980 y al 37,4% en 1982.^[423] Incluso cayó el consumo de alimentos: entre 1975 y 1983, el consumo per capita de carne vacuna –considerada tradicionalmente la base de la alimentación argentina– cayó un 22,5%, el pan cayó un 5,3%, el azúcar un 20,7% y la yerba mate un 3,8%.^[424]

La economía de la dictadura dejaba una pesada herencia a la Argentina democrática: una deuda externa que ascendía a más de US$ 1500 por habitante, una inflación descontrolada, un PBI per capita un 12% menor al de 1975, una industria destruida^{[n. 16]} y extranjerizada y un nivel de pobreza que superaba la de 30 años atrás.^[420]

El gobierno de Bignone era, a todas luces, un gobierno de transición, en el que todos los ministros –menos uno– eran civiles, así como la mayoría de los "gobernadores" interventores de provincia.^[425] Las pocas voces que aún soñaban con mantener una dictadura indefinida fueron tapadas por los reclamos de la Multipartidaria.^[426]

La prensa decidió por sí misma saltearse la dura censura que se le había aplicado hasta entonces;^[427] las dos CGTs convocaron tres paros generales, que tuvieron un acatamiento masivo;^[428] los partidos políticos se lanzaron a la discusión de programas y candidaturas;^[429] y la rígida censura artística dio paso a un "destape", que se animó a publicar y discutir cuestiones políticas, morales, religiosas y sexuales.^[430]

En diciembre, la Junta ordenó al teniente general Benjamín Rattenbach investigar las responsabilidades de la guerra de las Malvinas; el resultado, conocido como el Informe Rattenbach, pedía penas muy graves para Galtieri y demás responsables de una "aventura militar".^[431]

La dictadura intentó mantener algún grado de dureza, y el 16 de diciembre un manifestante fue muerto durante la represión de una manifestación masiva. De todos modos, la decisión de llamar a elecciones ya estaba tomada, y estas fueron fijadas para el último domingo de octubre de 1983.^[432]

El 18 de abril de 1983, Bignone ordenó la destrucción de todos los archivos existentes sobre la detención, tortura y asesinato de los desaparecidos.^[433] En septiembre, el gobierno sancionó una "Ley de Pacificación Nacional", que en la práctica amnistiaba preventivamente a todos los militares por cualquier hecho ocurrido durante la "guerra sucia" y las sucesivas dictaduras.^[434] Pero la justicia ya había comenzado a enjuiciar a los hasta entonces intocables comandantes: en junio, el juez Oscar Salvi había ordenado la detención del almirante Massera, por el crimen contra el empresario Eduardo Branca.^[435]

Mientras la CGT se unificaba,^[428] los partidos políticos se prepararon para las elecciones; por razones históricas, los favoritos eran el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. El peronismo llevó adelante una compleja elección interna por medio de un Congreso Nacional, debido en buena medida a que en todas las elecciones anteriores la decisión de Perón había zanjado casi todas las discusiones sobre candidaturas; el candidato fue Ítalo Argentino Luder, que había ejercido como interino de Isabel Perón. Por su parte, el radicalismo fue a elecciones internas directas, en que una alianza del Movimiento de Renovación y Cambio y la "Línea Córdoba" triunfó sobre los partidarios del recientemente fallecido Ricardo Balbín y llevó como candidato presidencial a Raúl Alfonsín.^[436]

El 30 de octubre, Alfonsín triunfó con un 51,75% de los votos contra el 40,16% de Luder; ese día, el peronismo fue derrotado por primera vez en elecciones libres. Tras levantar el estado de sitio, Bignone entregó la presidencia a Alfonsín el 10 de diciembre de 1983.^[437]

El 10 de diciembre de 1983 llegó a su fin la dictadura cívico-militar luego de siete años de gobernar Argentina. El país se encontraba en un estado de crisis profunda, tras la debacle política y social derivada de la inflación, el endeudamiento externo y la crisis económica, la derrota de la guerra de las Malvinas, el desprestigio internacional derivado de las constantes violaciones de los derechos humanos y los múltiples casos de corrupción de jerarcas militares.

Por delante estaba el desafío de lograr consolidar una democracia que, desde su inicio a principios de siglo con la sanción de la Ley Sáenz Peña de 1912, había sido interrumpida mediante la reiteración de golpes de Estado instigados y dictaduras apoyadas por las grandes potencias occidentales.

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