Historia del nacionalismo vasco

A lo largo del siglo XVIII fueron en aumento las tensiones entre la Monarquía de los Borbones y las denominadas provincias exentas (las provincias de Álava y de Guipúzcoa, el Señorío de Vizcaya y el Reino de Navarra, que fueron los únicos territorios de España que, a diferencia de los de la Corona de Aragón que perdieron sus leyes e instituciones, los mantuvieron al no haberse rebelado contra Felipe V durante la guerra de sucesión española)^[1][2] porque sus privilegios chocaban con el modelo de Estado centralizado y absolutista que estaba construyendo la nueva dinastía tras los Decretos de Nueva Planta (1707-1716).

En la defensa de la foralidad destacó el jesuita guipuzcoano Manuel Larramendi que habló de la existencia de la «nación vascongada» como la «primitiva pobladora de España» y llegó a imaginar la posibilidad de crear un Estado vasco, que incluiría también a las provincias francesas y que por esta razón llevaría por nombre Provincias Unidas del Pirineo, «al modo holandés»,^[3] por lo que el nacionalismo vasco lo considerará más de un siglo después como un precursor ideológico de Sabino Arana.^[4]

En 1780 el alavés Landázuri habla de «país bascongado» (entendiendo "país" como "región") y en 1801, el investigador alemán Humboldt recorre la región y la reconoce expresamente como «nación vasca»:

Oculto entre montañas habita las dos laderas de los Pirineos occidentales un pueblo, que ha conservado por una serie de largos siglos su primitiva lengua y, en gran parte también, su antiguo régimen y costumbres...Aún en tiempos más modernos, desgarrado en dos pedazos muy desiguales y subordinado a naciones muy poderosas no han renunciado los vascos, empero, de ningún modo a su manera de ser. Los vascos han conservado siempre la peculiaridad de su carácter nacional, y ante todo el antiguo espíritu de libertad e independencia, que ya ensalzaban los escritores griegos y romanos.

Durante la guerra de la Independencia española (1808-1814), el senador vascofrancés Dominique Joseph Garat le planteó a Napoleón la constitución de un Estado vasco satélite del Imperio francés que estaría integrado por las provincias vascas españolas y francesas y que llevaría por nombre Nueva Fenicia (al creer Garat que la lengua y la cultura vascas derivaban de los fenicios). Napoleón no le hizo ningún caso aunque sustrajo a Vizcaya (que englobaba también a Álava y Guipúzcoa) y a Navarra del gobierno de su hermano José I Bonaparte.^[5] En la propuesta de Garat los territorios de ambos lados de los Pirineos se agruparían en dos departamentos, Nueva Tiro y Nueva Sidón, y la bandera y escudo del Estado vasco serían los del reino de Navarra, que Garat consideraba que eran los de las naves de Tiro.^[6]

Sin embargo, los vascos y navarros en masa le declararon la guerra a los franceses, como reconocerían en el siglo siglo XX autores nacionalistas como Arturo Campión o Bernardo Estornés Lasa, si bien este último trató de presentar la guerra como un conflicto a tres bandas en el que los vascos simplemente se habrían aliado a los españoles por interés mutuo, lo cual para Jesús Laínz Fernández constituye una falsificación de la historia.^[7]

De hecho, en agosto de 1808, en medio de una crisis sin precedentes de la monarquía española, cuando los mecanismos del Estado habían dejado de funcionar, en lugar de aprovechar la coyuntura para declarar su independencia,^[8] la Junta de Gobierno de Vizcaya manifestó su patriotismo español y dirigió una proclama «a los demás españoles» en la que afirmaba:

Españoles: somos hermanos, un mismo espíritu nos anima a todos, arden nuestros corazones como los vuestros en deseo de venganza, y con dificultad contienen nuestra prudencia y patriotismo hasta mejor ocasión nuestros indómitos brazos [...] Aragoneses, Valencianos, Andaluces, Gallegos, Leoneses, Castellanos [...] todos nombres preciosos y de dulce recuerdo para España, olvidad por un momento estos mismos nombres de eterna memoria, y no os llaméis sino Españoles.^[9]

Según el clérigo liberal Francisco Martínez Marina, la Constitución de 1812 aprobada por las Cortes de Cádiz «se inspiraba en el espíritu de las antiguas leyes y fueros españoles»,^[10] pero no contemplaba privilegios especiales para las provincias vascongadas, por lo que se entendía que quedaban abolidos como las demás instituciones del Antiguo Régimen.^[11] Sin embargo, según el autor de la segunda mitad del siglo XIX José María Angulo y Hormaza, la Constitución fue bien acogida en las Provincias Vascongadas, creyéndola igual al espíritu del fuero, pero después perdió la simpatías de la mayoría, se acentuaron las reservas de las Juntas respecto a ella y comenzó a ser el símbolo del liberalismo español.^[12] De hecho, durante el Trienio^[13] hubo sectores sociales vascos y navarros que se negaron a jurarla y se sumaron a las filas realistas, aunque no esgrimieron la causa foral como argumento para sumarse a la «contrarrevolución». Lo mismo sucederá cuando, tras la muerte de Fernando VII en 1833, estalle la primera guerra carlista, durante la cual el País Vasco y Navarra constituirán su principal teatro de operaciones. Habrá una minoría de vascos y de navarros que luchen del lado liberal «isabelino», fundamentalmente los habitantes de las ciudades ―singularmente Bilbao y San Sebastián―, y una mayoría, los sectores rurales, del lado absolutista «carlista», sin que de nuevo la cuestión foral aparezca entre los motivos de su levantamiento.^[14][15]

Durante la primera guerra carlista (1833-1840) los partidarios de don Carlos en Vascongadas y Navarra no plantearon ninguna disputa regional con el resto de España. De hecho, al aparecer en el territorio el vascofrancés Augustin Chaho, «uno de los primeros que citaron al País Vasco como una nación oprimida por España y luchando por su independencia»,^[16] los carlistas ordenaron su expulsión a Francia mediante Real Orden del 8 de abril de 1835, tras haber sido instado cuatro días antes por otra Real Orden a que manifestase por escrito y en pliego cerrado sus circunstancias personales y el objeto de su venida.^[17] Según Martín Ugalde, los que rodeaban a don Carlos fueron quienes lo sacaron de Navarra, inquietos de sus ideas.^[18] De acuerdo con José Antonio Vaca de Osma, en cambio, fue el propio general Zumalacárregui quien expulsó a Chaho con cajas destempladas.^[19]

Fue en la última etapa de la guerra cuando los carlistas sumaron a su causa ―sintetizada en el lema «Dios, Patria, Rey»― la defensa de los fueros vascos y navarros sobre todo después de que el gobierno liberal progresista de Madrid, tras la aprobación de la Constitución española de 1837 (que como la de 1812 tampoco contemplaba los fueros), hubiera suprimido las Diputaciones forales por decreto de 19 de septiembre de 1837.^[20] Por su parte los liberales del Partido Moderado, opuesto al Partido Progresista, apoyaron la alternativa de «Paz y Fueros» de José Antonio Muñagorri que proponía quitarle a los carlistas la bandera de los fueros y poner fin así a la guerra.^[21][22]

La idea de «Paz y Fueros» estuvo detrás del llamado «abrazo de Vergara» que en agosto de 1839 se dieron el general Baldomero Espartero, jefe de las fuerzas «isabelinas», y el general carlista Rafael Maroto, y que puso fin a la guerra civil en el País Vasco y en Navarra.^[23] En el artículo 1.º del Convenio de Vergara acordado por los dos generales, se decía que «el Capitán general D. Baldomero Espartero, recomendará con interés al Gobierno el cumplimiento de su oferta, de comprometerse formalmente á proponer a las Cortes la concesión o modificación de los fueros» vascos y navarros.^[23] Dos años antes, en la «proclama de Hernani» de 19 de mayo de 1837, Espartero ya había garantizado a los vascos el disfrute de sus fueros: «Yo os aseguro que estos fueros que habéis temido perder, os serán conservados, y que jamás se ha pensado despojaros de ellos».^[24]

Dos meses después del «abrazo de Vergara» las Cortes aprobaban la llamada Ley de Confirmación de Fueros de 25 de octubre de 1839 que efectivamente reconocía los fueros vascos y navarros, pero añadiendo la acotación «sin perjuicio de la unidad jurisdiccional de la Monarquía», lo que dará lugar a una gran controversia. Como ha señalado Luis Castells la ley «se prestaba a equívocos» porque «admitía diversas lecturas». «Los partidarios del statu quo tanto en los medios vascos como gubernamentales pusieron el acento en la parte que hablaba de que se confirman los Fueros, mientras que sus oponentes replicaban que quedaba por desarrollar la parte del texto que hablaba de la modificación indispensable de los Fueros, conforme al principio de unidad constitucional».^[25]

En Navarra se llegó rápidamente a un acuerdo para la aplicación de la ley ―el llamado «arreglo foral»― entre la Diputación y el Gobierno central, que se convirtió en la ley de modificación de los Fueros de Navarra de 16 de agosto de 1841. «Esta mal llamada ley paccionada supuso la desaparición de casi todo su antiguo régimen foral y de las instituciones del Viejo Reino, convertido en provincia; pero, al mismo tiempo, permitió el surgimiento de una nueva foralidad, que se sustentaba en el reforzamiento de la Diputación provincial (luego rebautizada como foral) y el Convenio Económico con el Estado, muy beneficioso para Navarra. Dicha ley (vigente hasta la Ley de Amejoramiento del Fuero de 1982) le otorgó una gran estabilidad institucional, de modo que no cabe hablar de un problema navarro en el siglo XIX».^[26]

En cambio en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya no se llegó a alcanzar ningún acuerdo sobre el «arreglo foral»,^[27] por lo que su situación legal fue bastante peculiar: las Juntas y Diputaciones forales siguieron existiendo ―incrementando sus competencias sobre los municipios―, así como la exención de quintas y de impuestos (en estos dos aspectos «las provincias forales fueron más exentas que nunca», ha advertido José Luis de la Granja).^[26]

Un Real Decreto de 4 de julio de 1844 introdujo algunas modificaciones importantes (se puso fin a la justicia propia, las aduanas fueron trasladadas a la costa y a la frontera, se suprimió el «pase foral», etc.),^[26] pero, como ha indicado Luis Castells, «dejó subsistente una parte sustancial del entramado que venía caracterizando al régimen foral de las provincias vascas. Permanecieron sus instituciones propias (Juntas Generales, Diputaciones), con notables competencias, siguió sin contribuirse a la Hacienda Pública y sin enviar hombres al servicio de armas; es decir, el País Vasco mantuvo un alto grado de autonomía y un techo competencial muy elevado. [...] .^[28]

A los liberales moderados vascos partidarios de mantener la situación a medio camino entre el régimen foral y la Constitución se les llamó «fueristas» ―su divisa era precisamente «Fueros y Constitución»―. Ellos fueron los que llevaron a cabo la táctica dilatoria para impedir que se aprobara una ley similar a la de Navarra de 1841, postergando así indefinidamente el «arreglo foral» y «esgrimiendo el argumento carlista como chantaje (el peligro de una nueva guerra carlista)».^[29]

También fueron los fueristas los que acentuaron el particularismo vasco inventando la «tradición vasca», a la que dotaron de los símbolos y mitos que después pasarían al nacionalismo vasco, como el himno Gernikako Arbola, creado en 1853, o el mito de Aitor, patriarca del linaje vasco, una creación del vascofrancés Joseph Augustin Chaho (1843).^{[nota 1]} Al mismo tiempo se desarrolló un fuerismo literario con obras «que recreaban un pasado vasco mítico y heroico» ―y cuyo objetivo era, como se dijo entonces, «inflamar la imaginación de los pueblos»―, entre las que destacaron Tradiciones vasco-cántabras (1866) de Juan Venancio Araquistáin y Amaya o los vascos en el siglo VIII (1877; 1879) de Francisco Navarro Villoslada ―esta última, una «novela histórica que se ha de convertir en uno de los textos de mayor eficacia en la formación de la conciencia nacionalista»―.^[34]

Por otro lado, marcó un hito en la formación de una «conciencia prenacional» vasca que en un debate parlamentario en el Senado en 1864 el fuerista Pedro de Egaña utilizara el término «nacionalidad» para referirse a la «organización especial» de las Vascongadas, aunque sin poner en duda a la «nación española», «un claro ejemplo de la existencia de un doble patriotismo, a la vez vasco y español» entre los fueristas, ha apuntado José Luis de la Granja.^[35]

En 1864 la Diputación de Navarra invitó a las diputaciones de las tres Provincias Vascongadas a participar en un proyecto mancomunado al que denomina "Laurac bat" (cuatro provincias unidas en una sola), en recuerdo de la unidad de los cuatro territorios de la Vasconia peninsular.^{[cita requerida]}

Durante el Sexenio Democrático (1868-1874) surgió una corriente neocatólica del fuerismo, con el lema «Dios y fueros» (Jaungoikoa eta Foruac) por oposición al de «Fueros y Constitución» de los fueristas liberales.^[36] En 1869 el fuerista integrista Arístides de Artiñano hizo un llamamiento para que el «pueblo vascongado» se sublevara en favor del pretendiente Carlos VII, como la única forma de hacer frente a la «Revolución» que, según él, pretendía arrebatarle sus fueros y su religión, al introducir la libertad de cultos. «La religión se halla inoculada en el corazón de todo vascongado, está íntimamente ligada con sus tradiciones, con sus usos y costumbres, con su historia, ha sido, es y será la primera y más esencial de sus libertades, el símbolo de sus glorias, su esperanza y su consuelo en la otra vida», escribió en el opúsculo Jaungoicoa eta foruac ['Dios y fueros']: la causa vascongada ante la revolución española ^[37] Efectivamente, los fueristas neocatólicos se integraron en el carlismo, que en 1872 desencadenará la que será conocida como tercera guerra carlista (segunda en la región vasco-navarra).^[38] Sin embargo, según el autor del siglo XIX Angulo y Hormaza los fueros no fueron la causa de que en las Provincias Vascongadas y Navarra triunfase el alzamiento carlista por segunda vez en 1872, sino los «desórdenes» y el «anticlericalismo» del Sexenio Democrático. De acuerdo con Angulo y Hormaza, el deseo de conservar los fueros habría sido incluso un impedimento para ir a la guerra, hasta el punto que, al producirse el levantamiento, en una reunión de Zumárraga los representantes forales vascongados llegaron a exclamar: «¡Salvemos la Religión aunque perezcan los Fueros!».^[39]

Derrotados los carlistas y asegurado el trono de Alfonso XII, el presidente del gobierno y artífice de la Restauración borbónica Antonio Cánovas del Castillo se planteó resolver por fin el problema de la reintegración de las provincias vascas a la «legalidad común» de la monarquía constitucional, que estaba pendiente desde la Ley de Confirmación de Fueros de 1839.^{[25] [40][41]} Con ese fin Cánovas convocó en abril de 1876 a los comisionados de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya «para oírles sobre el inmediato cumplimiento del artículo 2 de la ley de 25 de octubre [de 1839]», pero no se llegó a ningún acuerdo,^[42][43] por lo que promovió la aprobación por las Cortes de la Ley de 21 de julio de 1876 (Gaceta de Madrid, 25 de julio de 1876) que las autoridades vascas llamaron ley «abolitoria» del régimen foral y que se resistieron a aplicar.^[40][44] La ley no suprimía el régimen foral —las Juntas y las Diputaciones se mantenían—, sino que «se limitaba a suprimir las dos exenciones de que habían gozado hasta entonces Álava, Guipúzcoa y Vizcaya por ser incompatibles con dicho principio [de unidad constitucional]», aunque «las Cortes concedían plenos poderes al Gobierno de Cánovas para la ejecución de dicha ley».^[45]

Como ha señalado Luis Castells, «la conmoción fue terrible en el País Vasco, donde se extendió la opinión de que con esa ley quedaba suprimido el régimen foral», aunque en la misma no se eliminaban ni las Juntas Generales ni las Diputaciones forales. De hecho fueron estas instituciones las que encabezaron el movimiento de resistencia a la aplicación de la ley «supresora de los fueros, buenos usos y costumbres del País Vascongado», como declararon conjuntamente las tres diputaciones. Por su parte las Juntas Generales respectivas también consideraron que la ley era «derogatoria de sus Fueros, instituciones y libertades».^[47] En realidad, según Castells, «la voluntad de Cánovas no era suprimir el régimen foral en su totalidad; quería, sí, aplicar la unidad constitucional en el sentido ya comentado (fiscalidad, servicio de armas), reforzar la unidad política, pero dejando subsistente el régimen administrativo. Como manifestó en diversas ocasiones, su idea era implantar en las provincias vascas el modelo navarro que surgió en 1841, suprimiendo lo que entendía que eran privilegios desfasados...».^[48] De hecho Cánovas había elogiado los fueros vascos años antes en el prólogo que escribió para el libro Los vascongados de Miguel Rodríguez Ferrer.^[49]

El gobierno exigió el cumplimiento de la ley, es decir, que se empezara a contribuir con dinero y con hombres, pero las instituciones forales manifestaron públicamente que no iban a «cooperar directa ni indirectamente a la ejecución de dicha ley» porque suponía «la pérdida de nuestras libertades sin las que no es posible concebir la existencia del País».^[50] Se inició entonces un constante forcejeo entre el gobierno y las autoridades forales que duraría dos años y durante ese tiempo las posturas transigentes de los vascos dispuestos a negociar con el gobierno, para encontrar el «el modo de conciliar los derechos de la provincia con los intereses generales de la nación», fueron ganando peso en Guipúzcoa y en Álava, mientras que en Vizcaya, con su Diputado General Fidel Sagarmínaga al frente, continuaban predominando los intransigentes opuestos a cualquier «arreglo foral». La respuesta del gobierno fue sustituir en mayo de 1877 la Diputación foral de Vizcaya por una Diputación provincial como las existentes en el resto de España. Por su parte las Diputaciones de Guipúzcoa y Álava se mostraron dispuestas a negociar, pero como continuaron insistiendo en no reconocer la ley de 1876 el gobierno también las disolvió seis meses después, sustituyéndolas asimismo por diputaciones provinciales ordinarias.^[51] «Ahora sí que podía hablarse de la abolición foral, aunque su legado continuará presente en el País Vasco», ha comentado Luis Castells.^[52]

Cánovas negoció entonces con los representantes de las tres diputaciones provinciales, dominadas ahora por los transigentes,^[49] llegando a un acuerdo que quedó plasmado en el real decreto de 28 de febrero de 1878 que estableció la entrada de las tres provincias vascongadas en el «concierto económico de la nación». Según el decreto las diputaciones recaudarían los impuestos y entregarían una parte de ellos ―el «cupo»― al Estado ―esta misma solución se había aplicado en Navarra un año antes, mediante un procedimiento diferente―.^{[40][53][54][49]} Según Luis Castells, el «concierto económico» implicó «que persistiera la especificidad administrativa de las provincias vascas, si bien asentada sobre otra base». «Fue casi unánime el criterio de los beneficios que generó al País Vasco, empezando porque ya desde este primer momento "están aquellas provincias muchísimo menos recargadas de impuestos que las demás", tal como reconocía el propio Cánovas», añade Castells.^[55] De hecho en las elecciones generales de España de 1879 vencieron los transigentes y «desde entonces las provincias vascas se integraron en la Monarquía de la Restauración, ya sin los Fueros pero con los Conciertos, que suponían una importante autonomía económica y administrativa, pero no una autonomía política».^[49]

El acuerdo alcanzado con los «transigentes» fue rechazado por los fueristas «intransigentes» que no se conformaron con los conciertos económicos. Así surgieron la Asociación Euskara de Navarra, fundada en Pamplona en 1877 y cuya figura más destacada era Arturo Campión, de la que también formó parte Serafín Olave,^{[nota 2]} y la Sociedad Euskalerria de Bilbao, fundada en 1880 con Fidel Sagarmínaga como presidente. Los euskaros navarros propugnaron la formación de un bloque fuerista vasco-navarro por encima de la división entre carlistas y liberales, y adoptaron como lema Dios y Fueros, el mismo que el de los euskalerriacos bilbaínos, que como los euskaros también defendían la unión vasco-navarra.^[56]

En este contexto Pedro de Soraluce-Zubizarreta diseñó en 1881 una bandera de Euskal-Erria (sic), roja por Navarra y blanca por las tres Provincias Bascongadas que desfila en París en ese año en un homenaje a Víctor Hugo. La enseña venía acompañada de una estrella dorada en cada ángulo, un escudo con los de las cuatro provincias coronado por la corona real, en cada cuartel una cabeza de rey moro para recordar el lauburu y la divisa Laurac-bat sobre una cinta con los colores de España, en recuerdo de la hermandad vasco-navarra.^[57][58]

Sabino Arana Goiri, junto a su hermano Luis Arana, es considerado el padre del nacionalismo vasco. Procede de una acaudalada familia profundamente católica y de orientación carlista, lo que le obliga a exiliarse de su ciudad durante la contienda carlista junto con su familia, al ser Bilbao un bastión liberal. A los 17 años, su hermano Luis lo convenció de "convertirse" del carlismo al nacionalismo bizkaitarra —un hecho ocurrido el Domingo de Resurrección, que desde 1932 el PNV lo conmemora como el Aberri Eguna o Día de la Patria Vasca.^{[59][nota 3]}

En 1892 Sabino Arana publicó el libro Bizkaya por su independencia, que hoy día se considera el acta de nacimiento del nacionalismo vasco. Su doctrina política se concretó en junio del año siguiente en el discurso de Larrazábal, en el que explicó que el objetivo político de su libro era despertar la conciencia nacional de los vizcaínos, pues consideraba que España no era su patria, sino Vizcaya, y adoptó el lema Jaun-Goikua eta Lagi-Zarra (JEL, 'Dios y Ley Vieja'), síntesis de su programa nacionalista. Ese mismo año de 1893 comenzó a publicar el periódico Bizkaitarra en el que se declaró «antiliberal» y «antiespañol» —por esto último, sobre lo que sustentaba ideas muy radicales, pasó medio año en la cárcel y el periódico fue suspendido—.^{[59][nota 4]}

La propuesta nacionalista vasca de Sabino Arana se basaba en las siguientes ideas:^[60]

• Una concepción «orgánico-historicista» (o «esencialista») de la nación vasca —las naciones existen desde siempre con independencia de la voluntad de sus habitantes— cuyo «ser» propio son la religión católica y la raza vasca —identificada por los apellidos y no por el lugar de nacimiento, de ahí que exigiese tener los cuatro primeros apellidos vascos para ser miembro del primer batzoki, aunque el PNV más adelante los redujo a uno— y no el euskera —en lo que se diferenciaba notablemente del nacionalismo catalán, cuyo rasgo identitario más importante era la lengua—. «Si nos dieran a elegir entre una Bizcaya poblada de maketos que sólo hablasen el euskera y una Bizcaya poblada de bizcaínos que sólo hablasen el castellano, escogeríamos sin dubitar esta segunda porque es preferible la sustancia bizcaína con accidentes exóticos que pueden eliminarse y sustituirse por los naturales, a una sustancia exótica con propiedades bizcaínas que nunca podrían cambiarla», escribió Sabina Arana en su opúsculo de 1894 Errores Catalanistas.

• El integrismo católico y el providencialismo que le llevaron a rechazar el liberalismo, pues este «nos aparta de nuestro último fin, que es Dios», y en consecuencia a reclamar la independencia de la España liberal, y alcanzar así la salvación religiosa del pueblo vasco. «Bizkaya, dependiente de España, no puede dirigirse a Dios, no puede ser católica en la práctica», afirmó, y por eso proclamó que su grito de independencia «SÓLO POR DIOS HA RESONADO».^{[nota 5]}

• La nación vasca entendida como antagónica de la nación española —son «razas» distintas— pues según Arana habrían sido enemigas desde la antigüedad. Vizcaya, como Guipúzcoa, Álava y Navarra, habrían luchado siempre por su independencia frente a España, cosa que consiguieron cuando los reyes «españoles» no tuvieron más remedio que concederles sus fueros. Desde entonces, según Arana, los cuatro territorios fueron independientes de España y entre sí, hasta que en 1839 los fueros fueron subordinados a la Constitución española, pues según Arana, a diferencia de los fueristas, fueros vascos y Constitución española eran incompatibles. «El año 39 cayó Bizcaya definitivamente bajo el poder de España. Nuestra patria Bizkaya, de nación independiente que era, con poder y derecho propios, pasó a ser en esa fecha una provincia española, una parte de la nación más degradada y abyecta de Europa», escribió Arana en 1894.

• El pueblo vasco —definido racialmente, no lingüística ni culturalmente— habría ido «degenerando» en un dilatado proceso que culminaba en el siglo XIX con la desaparición de los Fueros. En ese proceso los inmigrantes españoles que habían llegado —«invadido», según Arana— al País Vasco a trabajar en sus minas y en sus fábricas —los maquetos— eran los culpables de todos los males: de la desaparición de la sociedad tradicional —con la industrialización, de ahí el anticapitalismo inicial de Arana y su idealización del mundo rural: «Fuese pobre Bizcaya y no tuviera más que campos y ganados, y seríamos entonces patriotas y felices»— y de su cultura basada en la religión católica —con la llegada de ideas modernas antirreligiosas, como «la impiedad, todo género de inmoralidad, la blasfemia, el crimen, el libre pensamiento, la incredulidad, el socialismo, el anarquismo...»— y del retroceso de la lengua vasca.^[64]
• La única forma de acabar con la «degeneración» de la raza vasca era que «recuperase» su independencia de España, volviendo a la situación anterior a 1839. Lo fundamental, según Arana, era reclamar la derogación de la ley de 1839, no la de 1876. Una vez conseguida la independencia se constituiría una Confederación de Estados vascos con los antiguos territorios forales de ambas vertientes de los Pirineos —Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y Navarra, de la parte sur; Benabarra, Lapurdi y Zuberoa, de la parte norte—. Esta Confederación, que denominó Euskadi, se basaría en la «unidad de raza, en lo posible» y en la «unidad católica», por lo que en ella sólo tendrían cabida los vascos de raza y los católicos confesionales, quedando excluidos no sólo los inmigrantes maquetos sino también los vascos de ideología liberal, republicana o socialista.^{[nota 6]}

En 1894, Sabino Arana fundó el Euskeldun Batzokija, el primer batzoki, un centro nacionalista y católico integrista muy cerrado, pues sólo contó con un centenar de socios por las rígidas condiciones de ingreso, y que fue clausurado por el gobierno. Este fue el embrión del Partido Nacionalista Vasco (Eusko Alderdi JELtzalea, EAJ-PNV), fundado en la clandestinidad el 31 de julio de 1895 —festividad de san Ignacio de Loyola, a quien admiraba Arana. Se eligió a Sabino Arana como presidente; cargo que ostentó hasta su dimisión por motivos de salud en 1903. Dos años después Arana adoptaba el neologismo Euskadi —país de los euzkos o vascos de raza—, pues no le gustaba el nombre tradicional de Euskalerria —pueblo que habla euskera—.^{[59][nota 7]}

En 1898 el EAJ-PNV era todavía un grupo político que apenas tenía afiliados y cuya implantación se reducía a Bilbao, y ni siquiera tenía un periódico propio tras la desaparición en 1897 de Baserritarra por problemas económicos. Además su capacidad de influencia se veía limitada por la ola de la exaltación nacionalista española provocada por la guerra hispano-estadounidense —durante una manifestación la casa de Arana en Bilbao fue apedreada; el PNV junto con el PSOE habían sido los dos únicos partidos vascos que se habían opuesto a la guerra—. Pero tras el «Desastre del 98» su situación cambió completamente al ingresar en él un grupo de los euskalerriacos que le proporcionaron «cuadros políticos, el semanario Euskalduna y recursos económicos, pues estos fueristas eran burgueses vinculados a la industria y al comercio, en especial su dirigente Ramón de la Sota», y que, frente al independentismo de Arana, defendían la autonomía para el País Vasco, acercándose así a los planteamientos del nacionalismo catalán, que también estaba dando sus primeros pasos.^{[nota 8]} De hecho, el apoyo de los euskalerriacos fue decisivo para que Arana fuera elegido en septiembre de 1898 diputado provincial de Vizcaya por Bilbao. A partir de esa fecha Arana moderó sus planteamientos más radicales, anticapitalistas y antiespañoles, e incluso en el último año de su vida renunció a la independencia de Euskadi y propugnó «una autonomía lo más radical posible dentro de la unidad del estado español», una evolución españolista muy discutida por sus correligionarios después de su muerte —el día 25 de noviembre de 1903— con tan solo 38 años de edad.^{[69][nota 9]}

En 1918 el nacionalismo vasco vivió el momento de mayor apogeo de la Restauración. Había triunfado en las elecciones generales de ese año que le proporcionaron la hegemonía política en Vizcaya, el feudo fundamental del PNV que desde 1916 había pasado a llamarse Comunión Nacionalista Vasca, sustituyendo a los partidos monárquicos del turno que la habían ostentada hasta entonces. Una de las razones fundamentales de este éxito fue la «vía autonomista» emprendida, y su alianza con la Lliga Regionalista de Francesc Cambó, que les llevó a apoyar la campaña autonomista catalana de 1918-1919 y a reclamar también la «autonomía integral» para el País Vasco. Así, las tres diputaciones vascongadas, por iniciativa de la de Vizcaya, demandaron la «reintegración foral», o en su defecto, una amplia autonomía basada en los antiguos fueros, propuesta que fue presentada en las Cortes el 8 de noviembre por los diputados nacionalistas vascos, pero que fue rechazada.^[71][72]

Por otro lado, ese mismo año los siete diputados nacionalistas vascos enviaron un saludo al presidente norteamericano Woodrow Wilson —que defendía la aplicación del principio de las nacionalidades en la reordenación del mapa europeo tras el fin de la Gran Guerra— «al cumplirse el 79 aniversario de la anulación por el gobierno español de la independencia del pueblo vasco» (en referencia a la Ley de Confirmación de Fueros de 1839).^[73] El 15 de diciembre de 1918 se reunió en el Ayuntamiento de Bilbao la Asamblea de los Ayuntamientos de Vizcaya pero ésta acabó en un grave altercado entre dinásticos y socialistas por un lado y nacionalistas vascos por otro. Una manifestación nacionalista vasca recorrió después las calles de Bilbao, siendo asaltado el diario maurista El Pueblo Vasco. La respuesta del gobierno del conde de Romanones fue destituir al alcalde nacionalista de Bilbao Mario Arana.^[72]

A partir de 1920 se produjo el retroceso electoral de la Comunión Nacionalista Vasca, debido sobre todo a que los partidos monárquicos del turno, liberales y conservadores, se coaligaron en un frente antinacionalista llamado Liga de Acción Monárquica, fundada en enero de 1919,^[72] que ganó las elecciones de 1920 y 1923, reduciendo la representación parlamentaria de la Comunión Nacionalista a un único diputado por Pamplona —y eso gracias a su alianza con las carlistas—. Además, los nacionalistas vascos perdieron la mayoría en la Diputación de Vizcaya en 1919 y la alcaldía de Bilbao en 1920. Este fracaso provocó la salida de la Comunión en 1921 de un grupo importante de militantes encabezados por Eli Gallastegui (Gudari) y que tenía en la revista Aberri su órgano de expresión. Los aberrianos eran contrarios a la «vía autonomista» y defendían la independencia y la vuelta a la pureza doctrinal aranista. Para ello fundaron un nuevo PNV.^[74] En agosto de 1923 formarían junto con Acción Catalana, un partido nacionalista catalán escindido de la Lliga Regionalista, y con grupos nacionalistas gallegos la alianza denominada Galeusca, defensora de un nacionalismo radical.^[75]

La Dictadura de Primo de Rivera adoptó con el nacionalismo vasco la misma política represiva que aplicó al nacionalismo catalán, especialmente al sector más radical aberriano que había recuperado la denominación Partido Nacionalista Vasco (PNV). Solo una semana después de su formación el Directorio militar cerró Aberri, el diario oficioso del PNV, y ordenó a la guardia civil que clausurara los batzokis y demás centros y sociedades del partido, que quedó ilegalizado de facto. En cambio la Comunión Nacionalista Vasca (CNV) fue relativamente tolerada. En 1924 su organización de Guipúzcoa rechazó el «separatismo» y suspendió voluntariamente su actividad política, mientras que «el sindicato SOV aceptó participar en los Comités Paritarios de la Dictadura, y se alió con otros sindicatos para derrotar a la UGT».^[76] Tanto el PNV como la CNV se centraron a partir de entonces en el fomento de las actividades religiosas (romerías), de tiempo libre (excursionismo), culturales (danza, teatro, música, fomento del euskera) o deportivas (fútbol y ciclismo).^[77]

Sin embargo, el sector aberriano no descartó, al igual que Estat Català de Francesc Macià, la vía insurreccional. En noviembre de 1924 doce miembros de esta tendencia se reunieron en Ordizia con el activista irlandés Ambrosse Martin, pero todos fueron detenidos, lo mismo que le sucedió al líder de los aberrianos Elías Gallastegui cuando el 3 de mayo de 1925 encabezó un acto de afirmación nacionalista, aunque finalmente consiguió huir al País Vasco francés, donde a finales de año fundó un Comité Pro-Independencia Vasca, que publicó el periódico Lenago Il ('Primero morir'), autotitulado Órgano oficial del Ejército de Voluntarios Vascos. Al igual que los nacionalistas catalanes de Estat Català los aberrianos también presentaron el «caso vasco» ante los organismos internacionales y participaron en el Pacto de la Libre Alianza promovido por Macià. Se llegó a planificar una operación que consistía en el desembarco en Bilbao de 300 combatientes armados (gudaris) que llevarían a cabo un levantamiento como el de Dublín de 1916. No obstante, los gudaris no participaron en el complot de Prats de Molló. Gallastegui, como Macià, realizó un viaje por América Latina y Estados Unidos recorriendo los centros vascos. En México fundó la revista Patria Vasca, en Argentina lanzó el periódico Nación Vasca y en Nueva York volvió a editar Aberri.^[78]

En noviembre de 1930, en plena Dictablanda del general Berenguer que había sucedido a la Dictadura de Primo de Rivera, se produjo la reunificación de las dos tendencias en que se había escindido a partir de 1920 el nacionalismo vasco. Comunitaristas y aberrianos se integraron en el Partido Nacionalista Vasco y desapareció la antigua denominación de la Comunión Nacionalista Vasca. El reencuentro fue posible porque en la Asamblea de Vergara los dos sectores ratificaron la doctrina inicial de Sabino Arana, ignorando su evolución españolista. Sin embargo, el sector reformista de la Comunión, que propugnaba la renovación ideológica y política del nacionalismo vasco, decidió fundar su propio partido con el nombre de Acción Nacionalista Vasca (ANV), cuyo ideario hizo público en el «Manifiesto de San Andrés». A partir de ese momento el nacionalismo vasco contó con dos organizaciones: una mayoritaria, conservadora, confesional y de derechas, el PNV; y otra minoritaria, liberal, aconfesional y de izquierdas, ANV. Como ha señalado José Luis de la Granja, «ANV representó una novedad en el campo del nacionalismo vasco por no ser aranista, ni confesional y por su concepción unitaria de Euzkadi, su apertura a los inmigrantes y su alianza con las izquierdas en 1931 y 1936».^[79]

Al contrario de ANV el PNV no se unió al bloque republicano-socialista surgido del «Pacto de San Sebastián» y concurrió con sus propias listas en las elecciones municipales de España de 1931, cuyo resultado adverso para las candidaturas monárquicas en las principales ciudades provocó la salida de España del rey Alfonso XIII y la proclamación de la República. En las elecciones a Cortes Constituyentes el PNV se presentó dentro de la Coalición católico-fuerista, junto con los carlistas de la Comunión Tradicionalista (aunque en Álava no llegaron a un acuerdo y se presentaron por separado) y otras fuerzas católicas. Consiguió seis diputados que se integraron en el grupo parlamentario de la Minoría Vasco-Navarra. Por su parte ANV no obtuvo ningún diputado y pasó a ser un partido extraparlamentario, aunque disponía de concejales y de diputados provinciales en Vizcaya y en Guipúzcoa.^[80]

Días antes de que se celebraran las elecciones a Cortes Constituyentes se inició el proceso para conseguir un Estatuto de Autonomía para el País Vasco y Navarra, casi al mismo tiempo que lo hacía Cataluña. Ya a principios de mayo los alcaldes del Partido Nacionalista Vasco habían encargado a la Sociedad de Estudios Vascos (SEV) la redacción de un anteproyecto de Estatuto General del Estado Vasco (o Euskadi), que incluiría Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra, pero el resultado, que fue un intento de síntesis entre el foralismo tradicional y la estructura de los modernos estados federales, no contentó a nadie. Mes y medio después, una asamblea de los ayuntamientos vasconavarros reunidos en Estella el 14 de junio aprobaron un Estatuto más conservador y nacionalista que el de la SEV y que se basaba en el restablecimiento de los fueros vascos abolidos, según ellos, por la ley de 1839, junto con la Ley Paccionada de 1841.^[81]

El llamado Estatuto de Estella fue presentado el 22 de septiembre de 1931 a las Cortes Constituyentes por una delegación de alcaldes pero no fue tomado en consideración porque el proyecto se situaba claramente al margen de la Constitución que se estaba debatiendo, entre otras cosas, por su concepción federalista y por la declaración de confesionalidad del «Estado vasco», que se reservaba la competencias sobre materias religiosas y que podría negociar por ello un Concordato particular con la Santa Sede, para evitar la aplicación en Euskadi (el País Vasco más Navarra) de la legislación laica de la República, convirtiendo así al País Vasco en «un Gibraltar del Vaticano», en expresión del socialista vasco Indalecio Prieto, además de que no reconocía derechos políticos plenos a los inmigrantes españoles con menos de diez años de residencia en Euskadi.^[82][83]

Tras el rechazo del Estatuto de Estella, las Cortes Constituyentes encargaron en diciembre de 1931 a las Comisiones Gestoras de las Diputaciones —que habían sido designadas por los gobernadores civiles respectivos para sustituir a los equipos monárquicos, y donde los republicanos y socialistas tenían mayoría— para que elaboraran un nuevo proyecto de Estatuto, que al final fue consensuado con el PNV, que se había distanciado de la carlista Comunión Tradicionalista. Una Asamblea de Ayuntamientos celebrada en Pamplona en junio de 1932 aprobó el proyecto, pero los carlistas lo rechazaron, por lo que al tener la mayoría en Navarra, dejaron fuera del ámbito de la futura «región autónoma» a este territorio.^[84][85]

La exclusión de Navarra obligó a una nueva redacción del proyecto y a un nuevo retraso, que también fue debido a que el gobierno republicano-socialista de Manuel Azaña no situó al Estatuto vasco entre sus prioridades ya que los republicanos de izquierda y los socialistas se oponían al nacionalismo vasco, como lo demostraron los enfrentamientos callejeros entre jóvenes nacionalistas y socialistas. El proyecto del que sería conocido como Estatuto de las Gestoras fue refrendado por los delegados de los ayuntamientos vascos reunidos en Vitoria el 6 de agosto de 1933, siendo sometido a referéndum el 5 de noviembre.^[85] Pero el resultado del referéndum, celebrado en plena campaña de las elecciones a Cortes, supuso un nuevo obstáculo para la consecución de la autonomía porque en Álava, a diferencia de Vizcaya y de Guipúzcoa, el proyecto de Estatuto no logró la aprobación de la mayoría del censo, debido a la fuerte implantación que tenía allí el carlismo, que hizo campaña en contra. A pesar de todo el Estatuto de las Gestoras fue presentado a las nuevas Cortes de mayoría de centro-derecha en diciembre de 1933.^[84]

El nuevo presidente del gobierno salido de las elecciones de noviembre, el republicano radical Alejandro Lerroux, ofreció el apoyo al Estatuto a cambio de la colaboración de los diputados del PNV, pero la CEDA, el aliado principal de Lerroux, se opuso a esta iniciativa y el proceso quedó bloqueado,^[86] utilizando como argumento no haber alcanzado la mayoría absoluta en Álava.^[85] Solo con la victoria del Frente Popular en febrero de 1936 las Cortes comenzaron a discutir el proyecto.^[87]

En efecto, en las elecciones de febrero de 1936, el PNV se había negado a presentarse en coalición con la CEDA y el resto de las derechas —la «unión de los católicos» propuesta por la jerarquía eclesiástica—, debido a la oposición de estas a la autonomía vasca y a la de cualquier «región española». El rechazo había provocado duros ataques contra el PNV por parte de la prensa conservadora y tradicionalista, que llegó a poner en cuestión su catolicismo; los partidos del bloque contrarrevolucionario lo incluyeron entre «los enemigos de la Cruz y de la Patria». Tampoco aceptó formar parte del Frente Nacional Vasco por la independencia, propuesto por el semanario Jagi-Jagi al PNV y a Acción Nacionalista Vasca (ANV); este último partido se incorporó a la candidatura del Frente Popular, cuyo lema en el País Vasco fue: «Amnistía, Estatuto, ni un desahucio más». Así, el PNV se presentó en solitario con el eslogan: «¡Por la civilización cristiana, por la libertad de la patria [vasca] y por la justicia social!».^[88]

A diferencia de la polarización que se produjo en el resto de España, el centro político representado por el PNV no se hundió en las elecciones, sino que mantuvo los buenos resultados de las de 1933. De este modo, siguió siendo la fuerza mayoritaria en el País Vasco con nueve diputados, frente a los siete del Frente Popular y uno, por Álava, del bloque de derechas encabezado por la carlista Comunión Tradicionalista, que, en cambio, copó los siete escaños que correspondían a Navarra. Así pues, de las elecciones de febrero de 1936 surgió un «triángulo político» formado por el PNV de José Antonio Aguirre, mayoritario en la provincia de Vizcaya y en Guipúzcoa; el Frente Popular, encabezado por el socialista Indalecio Prieto, mayoritario en Bilbao; y la Comunión Tradicionalista, encabezada por José Luis Oriol, mayoritaria en Álava, y que había anunciado que organizaría un levantamiento armado si perdía las elecciones.^[89]

Tras la formación del Gobierno de Manuel Azaña, respaldado por el Frente Popular, Prieto y Aguirre acordaron reanudar el debate parlamentario del proyecto de estatuto, que había quedado paralizado durante el «Bienio Conservador», y resolver al mismo tiempo la cuestión de Álava, que había sido utilizada por las derechas para obstaculizar su tramitación en las Cortes. La Comisión de Estatutos, presidida por Prieto, propuso un proyecto con pocos artículos, que el PNV aceptó.^[90] En julio de 1936 estaba previsto que pasara al pleno de la Cámara, pero el día 18 se produjo la sublevación militar que daría inicio a la guerra civil.^[87]

El PNV no se sumó al golpe de Estado de julio de 1936 y se mantuvo fiel a la República, a pesar de no formar parte del Frente Popular y de ser un partido confesional católico. Esto se lo recordaron los obispos de Vitoria y de Pamplona, que, en una pastoral del 6 de agosto, declararon ilícita (Non licet) la unión de los nacionalistas vascos con los republicanos y los socialistas.^[91] Aunque figuras influyentes como Luis Arana habían defendido declararse neutrales en una «guerra entre españoles», el comité ejecutivo del PNV (Bizkai Buru Batzar) se había alineado con las fuerzas republicanas publicando en el diario afín Euskadi el 19 de julio, al día siguiente de la sublevación militar, un comunicado que decía lo siguiente:^[92]

Ante los acontecimientos que se desarrollan en el Estado Español, y que tan directa y dolorosa repercusión pudiera alcanzar sobre Euskadi y sus destinos, el Partido Nacionalista declara -salvando todo aquello a que le obliga su ideología que hoy ratifica solemnemente- que planteada la lucha entre la ciudadanía y el fascismo, entre la República y la Monarquía, sus principios le llevan indeclinablemente a caer del bando de la ciudadanía y la República, en consonancia con el régimen que fue privativo con nuestro pueblo en sus siglos de libertad.

Tras la entrada de las tropas sublevadas en San Sebastián el 13 de septiembre —el golpe había triunfado tanto en Álava como en Navarra el 19 de julio—,^{[nota 10]} el PNV entró a formar parte del Gobierno del Frente Popular, a cambio de la inmediata promulgación del Estatuto. Así, el peneuvista Manuel de Irujo fue nombrado ministro sin cartera del Gobierno del socialista Francisco Largo Caballero, y las Cortes aprobaron el proyecto el 1 de octubre.^[91]

El Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1936 tomó como referencia el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932 y delimitó las competencias de la «región autónoma», formada por las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya —aunque, de hecho, solo estuvo vigente en Vizcaya y en la mitad occidental de Guipúzcoa; pues, en octubre de 1936, el resto del territorio vasco formaba parte de la zona sublevada—, y las que correspondían al Estado, respetándose el régimen de concierto económico para la Hacienda autónoma. La «región autónoma» contaría también con un Gobierno y un Parlamento propios.^[93] Respecto del «Estatuto de las Gestoras» plebiscitado en noviembre de 1933, era mucho más corto —constaba de catorce artículos— y presentaba dos omisiones importantes: ni se hacía referencia a la futura integración de Navarra ni a la reintegración foral.^[93]

Ante la imposibilidad de celebrar elecciones al Parlamento vasco, se estableció en una disposición transitoria del Estatuto que el primer presidente del Gobierno vasco sería nombrado por los concejales de los ayuntamientos no ocupados por los franquistas. Así fue como el 7 de octubre, en la Casa de Juntas de Guernica, resultó elegido lendakari por unanimidad José Antonio Aguirre, el líder del PNV. Aguirre formó inmediatamente un Gobierno en el que los nacionalistas vascos ocuparon las principales consejerías —cuatro para el PNV y una para ANV—. En realidad, fue un Gobierno presidencialista, ya que Aguirre concentró muchos poderes, al ser al mismo tiempo lehendakari y consejero de Defensa, en un momento en que la prioridad era la guerra.^{[94][nota 11]}

La moderación del Gobierno vasco quedó patente en el programa político que hizo público y que reflejaba la hegemonía nacionalista vasca. Se hacía hincapié en el respeto a la libertad religiosa y en la garantía de la seguridad del clero, lo que no estaba sucediendo en absoluto en el resto de la zona republicana. Para el mantenimiento del orden público, se creaba la policía foral (Ertzaña), los presos quedaban sometidos a la jurisdicción ordinaria y se protegía la pequeña y mediana propiedad. Además, se establecía la cooficialidad del euskera y el fomento de las «características nacionales del pueblo vasco». Por otro lado, se creó el Euzko Gudarostea (Ejército vasco), bajo el control directo de Aguirre y del PNV, que no se unificó con el resto de milicias de partidos y de sindicatos. En consecuencia, la situación política y social del País Vasco republicano fue completamente diferente a la del resto de la zona republicana, ya que allí se respetó a la Iglesia católica; no hubo revolución social, ni «checas» ni tribunales actuando al margen de la ley; y existió, además, un pluralismo político mucho mayor. Por eso se habló del «oasis vasco».^[95]

En el momento en que Aguirre fue nombrado lehendakari, el frente se había estabilizado y así permaneció hasta marzo de 1937, cuando las tropas franquistas reanudaron su ofensiva.^{[nota 12]}. En esos seis meses, el Gobierno de Aguirre construyó una administración propia que absorbió casi todas las competencias del Estado —y también de las diputaciones forales y de los municipios—, gracias al aislamiento del País Vasco de la zona principal que había permanecido fiel a la República, pero también debido al deseo del PNV de crear un Estado vasco. Así, como ha destacado el historiador José Luis de la Granja, «de octubre de 1936 a junio de 1937, el Gobierno de Aguirre transformó lo que era un Estatuto de mínimos en una autonomía de máximos y convirtió a Euskadi, que nació entonces por primera vez en la historia como entidad jurídico-política, en un pequeño Estado semi-independiente con todos sus atributos».^{[96][nota 13]}

El 19 de junio de 1937, las tropas franquistas tomaban Bilbao. Cuatro días más tarde, el Generalísimo Franco derogaba los conciertos económicos de Vizcaya y de Guipúzcoa como castigo por no haberse sumado a la sublevación (serían declaradas «provincias traidoras»), mientras confirmaba el de Álava y el Convenio de Navarra. A finales de junio caían los últimos reductos vascos que todavía resistían el avance franquista, finalizando la guerra en suelo vasco el primer día de julio. Los batallones del PNV abandonaron la lucha y se rindieron en Santoña en agosto, mientras que los milicianos vascos socialistas y anarquistas continuaron combatiendo en Santander y en Asturias hasta su caída en octubre de 1937.^[97][98]

El lehendakari Aguirre cumplió la palabra dada al presidente de la República Manuel Azaña al aprobarse el Estatuto de que lucharía hasta el final y se trasladó a Cataluña, junto con otros dirigentes nacionalistas vascos. Otros se instalaron en Francia para ayudar a los miles de refugiados vascos que se encontraban allí, contando con la colaboración de la Liga Internacional de Amigos de los Vascos fundada por personalidades de la política y la cultura francesas. Cuando las tropas franquistas ocuparon Cataluña Aguirre pasó a Francia el 5 de febrero de 1939 en compañía del presidente de la Generalitat de Cataluña Lluís Companys. También cruzaron la frontera el presidente de la República Manuel Azaña y el presidente del Gobierno español Juan Negrín (aunque este último regresaría a la zona Centro que todavía permanecía bajo la autoridad de la República). Aguirre, junto con otros miles de vascos (nacionalistas y no nacionalistas), inició «un prolongado exilio, sin saber que nunca volvería a pisar su tierra», ha señalado José Luis de la Granja.^[99]

En Navarra y en Álava, donde el golpe triunfó sin apenas resistencia gracias sobre todo a que los militares sublevados pudieron contar con el apoyo de los requetés carlistas, cientos de republicanos, de socialistas, de anarquistas y de nacionalistas vascos fueron detenidos ―incluidos algunos sacerdotes simpatizantes del nacionalismo vasco; otros muchos fueron destituidos de sus parroquias por orden del obispo―, y los funcionarios municipales y los maestros de las mismas tendencias perdieron sus empleos.^[100] En Álava ciento setenta personas fueron ejecutadas, la mitad de ellas sin ser juzgadas por ningún tribunal.^[101][102] Una de las víctimas fue el presidente de la Diputación, el nacionalista vasco Teodoro Olarte Aizpuru, que fue asesinado tras ser torturado «salvajemente», según Julián Casanova, en el edificio del Gobierno Civil.^[103] En Navarra el número de víctimas fue muy superior: en toda la guerra fue de 3280, cerca del 90 % entre julio y diciembre de 1936.^{[104][105][nota 14]} Un ejemplo de la represión que ejercieron los sublevados sobre los nacionalistas vascos (y los argumentos que utilizaron para justificarla) fue el bando que promulgó en Estella el 25 de septiembre de 1936 (finalizada la campaña de Guipúzcoa) el comandante militar de la localidad Ricardo Sanz de Iturria:

Hago saber: salvo honrosísimas excepciones en que elementos nacionalistas se han alistado voluntariamente, en general el Partido Nacionalista ha observado con indiferencia ante los gravísimos momentos por los que atraviesa España; [...] Estella está minado por el separatismo, fomentado e importado por ciertos hijos de la misma que todos conocen, por lo que no hace falta mencionarlos. Por ellos se ha vertido en Guipúzcoa y en otras partes mucha sangre española, de la cual no poca sangre estellesa. Por lo que hago saber lo siguiente:
En el plazo de cuarenta y ocho horas, a partir de la publicación de este Bando, todos los elementos nacionalistas entregarán en la Comandancia Militar todos los objetos o prendas (incluso de vestir) de carácter separatista, los libros, los periódicos, mapas y retratos, de aquel que se llamó Sabino Arana, así como bustos o figuras de éste y otros cabecillas separatistas. Asimismo se entregarán por quien los posea los libros y objetos de toda índole de la finada escuela vasca; la documentación, objetos, insignias y fondos de las sociedades nacionalistas y, en una palabra, todo lo perteneciente a esas sociedades o con ellas relacionadas. En ciertas regiones de las provincias vascongadas y en nuestra querida Navarra se usan el chistu y los correspondientes instrumentos para sus bailes. En las Vascongadas muy bien que sigan con sus patriarcales costumbres; en Estella eso es planta exótica desconocida e importada por los que todos sabemos. Se acabó el "gora euzkadi", estamos en tiempos de VIVA ESPAÑA, por consiguiente, quien los posea entregará todos esos instrumentos en el mismo plazo. Asimismo, se prohíbe la palabra "Agur", importada por los separatistas en el lugar del "Adiós", genuinamente español. [...] ¡VIVA NAVARRA! ¡VIVA ESPAÑA!.

En Guipúzcoa, donde como en Vizcaya el golpe fracasó, el 23 de julio tropas carlistas navarras tomaron los pueblos de Cegama y Segura, al sur de la provincia, donde se dedicaron a saquear las sedes de los partidos republicanos y sobre todo los batzokis del PNV. A los nacionalistas vascos que encontraron los detuvieron y maltrataron y a muchos de ellos los asesinaron (o les impusieron multas arbitrarias). La represión se generalizó cuando en septiembre los sublevados se apoderaron de casi toda la provincia —el 3 de septiembre tomaban Irún, quedando aislada de Francia (y de la España republicana a través de ella) y diez días después San Sebastián—.^[106] Las detenciones empezaron inmediatamente y hubo «sacas» y «paseos» llevados a cabo por requetés y falangistas. Se estima que el número de víctimas mortales pudo acercarse a las mil personas, entre ellas trece curas nacionalistas vascos^[107] asesinados a instancias de los carlistas.^[108] El obispo de Vitoria Mateo Múgica protestó porque los ejecutados «no desplegaron actividades políticas partidistas y, desde luego, no combatieron en forma alguna al ejército blanco».^[109]

En enero de 1937 el gobernador militar de Guipúzcoa le escribió al vicario general de Vitoria exigiendo un «castigo ejemplar» a los curas nacionalistas vascos. En la carta añadió una lista de ciento ochenta y nueve curas a los que clasificaba entre «exaltados, nacionalistas y simpatizantes». Finalmente veinticuatro curas fueron expulsados de la provincia, treinta y uno exiliados de España, trece trasladados y cuarenta y cuatro encarcelados.^[110] Meses antes, cuando se difundió en Guipúzcoa la falsa noticia de que los sublevados habían tomado Madrid, muchas personas fueron detenidas ―entre ellas varios curas a los que humillaron quitándoles las sotanas― por no haber mostrado suficiente fervor patriótico.^[111]

La ofensiva sobre Vizcaya comenzó el 31 de marzo de 1937 y el 27 de abril tenía lugar el «horrendo crimen» ―en palabras del canónigo Alberto Onaindía― del Bombardeo de Guernica. Dos días antes la radio del bando sublevado había emitido la siguiente amenaza: «Franco se dispone a propinar un fuerte golpe contra el que es inútil cualquier resistencia. ¡Vascos! Rendíos ahora y se os perdonará la vida».^[112] El episodio fue de tal magnitud que el Cuartel General de Franco negó la autoría y atribuyó la destrucción de Guernica a los «rojos».^[113] El 19 de junio cayó Bilbao y unos días antes en Amorebieta, el superior del monasterio de los Carmelitas, el padre León Urtiaga, fue fusilado, acusándolo de nacionalista vasco, por haber intentado frenar la violencia contra los civiles ―aunque los sublevados dijeron que lo habían matado los «rojo-separatistas»―. En Bilbao y su área metropolitana hubo cientos de fusilamientos ―una investigación exhaustiva ha establecido que el número de víctimas de la represión franquista en Vizcaya fue de 1788 personas―^[114][115] y fueron miles los encarcelados acusados de ser nacionalistas vascos, muchos de los cuales fueron enviados a batallones de trabajos forzados.^[116] La represión también se dirigió contra la lengua vasca y se prohibió su uso público incluidas las misas, los actos religiosos o la enseñanza del catecismo ―los curas fueron amenazados con fuertes multas―.^[117] El nuevo alcalde de Bilbao, el falangista José María de Areilza, que participó activamente en la represión, declaró el 8 de julio:^[118][119]

Ha caído vencida, aniquilada para siempre esa horrible pesadilla siniestra y atroz, que se llamaba Euskadi… Para siempre has caído tú [ Aguirre ], rastacueros del nacionalismo vasco, mezquino, rencoroso, torcido y ruin que jugaste a personaje durante los once meses de crimen y robo en que te encaramaste al poder, mientras los pobres gudaris cazados a lazo como cuadrúpedos en las aldeas se dejaban la piel en las montañas de Vizcaya.[…]
Vizcaya es otra vez un trozo de España por pura y simple conquista militar. Nos habéis salvado vosotros, Ejército de España. Nos habéis salvado por conquista, por la fuerza, a tiros y a cañonazos.

Ante la inminente caída de Bilbao más de 200 000 personas huyeron hacia el oeste por tierra y por mar en dirección a Santander, siendo ametralladas y bombardeadas por los aviones de la Legión Cóndor. El 26 de agosto las tropas sublevadas, apoyadas por la Legión Cóndor y el Corpo Truppe Volontarie (CTV), tomaron la ciudad, atestada de refugiados procedentes de Vizcaya.^[120] Ese mismo día los oficiales al mando del Euzko Gudarostea alcanzaban un pacto, el pacto de Santoña, con los mandos italianos del CTV según el cual las tropas vascas serían evacuadas por mar a Francia. Pero el Generalísimo Franco no aceptó el acuerdo y ordenó que los oficiales y dirigentes vascos fueran desembarcados de los dos buques ingleses que los habían recogido. Después de varios días resistiéndose, los italianos los entregaron el 4 de septiembre. Inmediatamente se pusieron en marcha los consejos de guerra sumarísimos que dictaron centenares de sentencias de muerte. Toda la cúpula militar del ejército vasco fue ejecutada (los coroneles Gurmersindo Azcárate Gómez y Daniel Irézabal Goti; el comandante Ernesto de la Fuente Torres y el capitán Antonio Bolaños Rodríguez; y el médico José Luis Arenillas, director general de Sanidad de Euzkadi).^[121]

Entre los apresados se encontraban los ochentaiún capellanes del ejército vasco. Tres de ellos fueron condenados a muerte, pero sus penas fueron conmutadas. Los demás fueron sentenciados a penas de entre seis y treinta años de prisión. Algunos, como el padre pasionista Victoriano Gondra Muruaga (aita Patxi), fueron encarcelados en el campo de concentración de San Pedro de Cardeña.^[122] El 15 de octubre se producía un «acto de venganza y escarmiento», según Javier Rodrigo, sobre los «enemigos de España». Fueron sacados de la cárcel y fusilados dos dirigentes del PNV, dos miembros del ejército de gudaris, dos comunistas, dos socialistas, dos sindicalistas nacionalistas, dos anarquistas y dos republicanos.^[123] A principios de noviembre de los 22 000 prisioneros vascos la mitad habían sido puestos en libertad, pero aún quedaban 5600 en las cárceles y 5400 habían sido obligados a integrarse en batallones de trabajadores.^[120] El político Juan de Ajuriaguerra, principal artífice del Pacto de Santoña, fue condenado a muerte aunque finalmente la pena capital fue conmutada por la de treinta años de prisión.^[107]

El nacionalismo español, esencialista y excluyente, fue un elemento central del régimen franquista. Como han señalado José Luis de la Granja, Justo Beramendi y Pere Anguera, «la unicidad nacional de España se afirma con tal rotundidad en el conjunto de "leyes fundamentales" de la Dictadura que ni siquiera se alude por implicación negativa a la existencia de otras fidelidades nacionales u otras etnicidades dentro del país».^[124] Durante la guerra civil española el Generalísimo Franco ya dejó claro cuál era su propósito. En declaraciones al Jornal do Brasil, en enero de 1938, dijo:^[125]

España se organiza en un amplio concepto totalitario, por medio de instituciones nacionales que aseguran su totalidad, su unidad y continuidad. El carácter de cada región será respetado, pero sin perjuicio de la unidad nacional, que la queremos absoluta, con una sola lengua, el castellano, y una sola personalidad, la española.

En consecuencia, «los nacionalismos alternativos sufrieron el mismo trato que las organizaciones democráticas o las obreras. Puesto que pretendían romper la unidad de la nación española formaban parte de la "anti-España" y, por tanto, eran prohibidos y perseguidos, al igual que aquellas manifestaciones lingüísticas y culturales que les pudieran servir de caldo de cultivo», han señalado De la Granja, Beramendi y Anguera.^[126] En la Ley de Prensa de 1938, vigente hasta 1966, que instauró la censura previa, se sancionó todo escrito que «...directa o indirectamente tienda a mermar el prestigio de la Nación o del Régimen, entorpezca la labor de Gobierno en el Nuevo Estado o siembre ideas perniciosas entre los intelectualmente débiles».

Sin embargo, a pesar de la dura persecución que sufrieron, los «nacionalismos alternativos» no desaparecieron y consiguieron sobrevivir aunque muy disminuidos, especialmente el catalán y el vasco, y en menor medida el gallego y el valenciano. «Y no sólo eso, sino que la ofensiva españolista del franquismo tuvo, a medio y largo plazo, el doble efecto general de radicalizar ideológicamente los nacionalismos subestatales y de propiciar su desarrollo donde antes no había habido o habían sido sólo incipientes», han señalado De la Granja, Beramendi y Anguera.^[127]

La invasión alemana de Francia en mayo de 1940 obligó al lehendakari José Antonio Aguirre a esconderse durante más de un año en Bélgica y después en Berlín, hasta que consiguió un pasaporte que le permitió abandonar Alemania y embarcar para América a donde arribó en el verano de 1941 —de esta forma evitó correr la mima suerte que el president de la Generalitat de Cataluña Lluís Companys, detenido por la Gestapo y entregado a las autoridades franquistas; tras ser sometido a un consejo de guerra sumarísimo fue fusilado el 15 de octubre de 1940—. Mientras tanto Manuel de Irujo, refugiado en Londres, fue quien asumió el liderazgo del nacionalismo vasco, y el 11 de julio de 1940 creó el Consejo Nacional de Euzkadi (CNE), que adoptó un programa claramente independentista, rechazando el Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1936 aprobado por las Cortes republicanas y desarrollando una política al margen de la legalidad republicana —una actuación muy similar a la del Consell Nacional de Catalunya, refundado en Londres por Carles Pi i Sunyer—. Irujo buscó el apoyo del general de Gaulle, exiliado en la capital británica como él, a la República Vasca que proyectaba y que se instauraría cuando acabara al guerra con la victoria de los aliados. Así el 17 de mayo de 1941 el CNE y el Consejo de la Francia Libre firmaron un acuerdo por el que una unidad de soldados y oficiales vascos se incorporaría a las Fuerzas de la Francia Libre, aunque finalmente las presiones británicas obligaron a De Gaulle a disolverla en mayo de 1942.^[128][129]

El gobierno británico no sólo no apoyó el proyecto de República Vasca de Irujo, porque ponía en riesgo su política de «apaciguamiento» respecto a Franco, sino que puso en marcha una campaña de difamación contra él insinuando que su proyecto independentista contaba con el respaldo de Hitler y filtrando a la prensa el borrador de constitución de la futura república vasca (que llevaba por título Anteproyecto para una Constitución de la República vasca) que levantó una gran indignación entre el exilio republicano e incluso entre algunos nacionalistas y consejeros vascos. En cuanto José Antonio Aguirre reapareció —consiguió llegar a Argentina a finales de 1941— retomó la dirección del nacionalismo vasco y desautorizó el proyecto de República vasca de Irujo, aunque mantuvo como condición para la participación del PNV en cualquier organismo de la oposición antifranquista el reconocimiento del derecho de autodeterminación para Euskadi.^[130][131] Así cuando el 20 de noviembre de 1943 se fundó en México la Junta Española de Liberación (JEL) el PNV no participó porque no se reconoció ese derecho. Tampoco la Acción Nacionalista Vasca.^[132]

Sin embargo, tras volver a desempeñar sus funciones de presidente del Gobierno vasco, cuya sede se ubicó en Nueva York hasta 1945, Aguirre no se apartó completamente del proyecto independentista de Irujo al también considerar superados la Constitución española de 1931 y el Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1936 y defender la formación de una Confederación de Repúblicas Ibéricas cuando acabara la guerra mundial y fuera derribada la dictadura franquista, para lo que impulsó la alianza con los nacionalistas catalanes y gallegos en una nueva versión de la Galeuzca. También buscó el apoyo del gobierno de Estados Unidos al que ofreció la colaboración de los Servicios vascos de información y espionaje en Europa y América —sus agentes trabajaron para el FBI y para la Office of Strategic Services, antecedente de la CIA, incluso después de finalizada la guerra mundial, como en el caso de Jesús Galíndez asesinado por el dictador dominicano Trujillo— y organizó el batallón Gernika que combatió junto a las tropas aliadas en Burdeos en abril de 1945. Pero Aguirre no consiguió que los republicanos y socialistas vascos se desvincularan de sus respectivos partidos «españoles» para incorporarse al Bloque Nacional Vasco —en lo que se encontró con la oposición frontal del socialista Indalecio Prieto—.^[133]

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial Aguirre cambió de estrategia y pasó a defender la República y el Estatuto vasco de 1936, por lo que un miembro del PNV, concretamente Manuel de Irujo, participó como ministro en el gobierno republicano en el exilio constituido en México en agosto de 1945 bajo la presidencia de José Giral. Poco después Aguirre recompuso el Gobierno de Euskadi, con las mismas fuerzas políticas de diez años antes, del que dependía un Consejo delegado en el interior encargado de organizar la resistencia vasca a la dictadura franquista. Uno de sus mayores logros fue la convocatoria de una huelga general para el 1 de mayo de 1947, que tuvo un amplio seguimiento, especialmente entre los obreros de las fábricas de la ría de Bilbao, y provocó una fuerte represión con numerosos despidos y detenciones. Según José Luis de la Granja, «se trató de la mayor movilización social antifranquista en España desde el final de la Guerra Civil».^[134]

La estrategia de Aguirre y del conjunto de las fuerzas antifranquistas fracasó desde el momento en que Estados Unidos y Gran Bretaña decidieron no intervenir en España y la dictadura franquista sobrevivió. En los años siguientes las dos únicas actuaciones importantes del Gobierno vasco, del que tras estallar la «Guerra Fría» se había expulsado al consejero comunista, fueron la convocatoria de una nueva huelga general en abril de 1951 —«canto de cisne de la oposición procedente de la Guerra Civil en Euskadi», según José Luis de la Granja— y la celebración en 1956 en París del Congreso Mundial Vasco. En el mismo, como ha señalado De la Granja, «Aguirre rindió cuentas de sus veinte años de gestión gubernamental, y se analizó la situación política, socioeconómica y cultural de Euskadi y de los miles de vascos desterrados», que en su mayoría vivían en Francia, México, Argentina y Venezuela, donde habían fundado varias cabeceras de prensa. También se habló de la labor de Radio Euskadi, la voz de la resistencia, que emitía desde el País Vasco francés y más tarde desde Venezuela. Cuatro años después, en marzo de 1960, moría en París el lehendakari Aguirre, siendo sustituido por Jesús María Leizaola, quien «mantuvo el Gobierno de coalición en París con los mismos partidos (PNV, PSOE, Izquierda Republicana y ANV), pero su labor política decayó hasta reducirse a un papel testimonial y simbólico, durante los años sesenta y setenta, cuando el principal protagonismo de la resistencia vasca fue asumido por nuevas organizaciones nacidas en el interior de Euskadi», ha señalado De la Granja.^[134]

En la década de 1960 se produjo el renacimiento del nacionalismo vasco gracias, como en el caso del nacionalismo catalán, a la actividad de las nuevas generaciones surgidas después de la guerra civil. Fundamentalmente se trataba de jóvenes universitarios, que rechazaban el supuesto conformismo y la pasividad de sus mayores —concretamente del PNV y del Gobierno Vasco en el exilio—. Así, en competencia con el PNV, apareció un nuevo partido nacionalista llamado Euskadi Ta Askatasuna (ETA, 'Patria Vasca y Libertad'), fundado en julio de 1959. Su origen se sitúa en 1952 cuando varios estudiantes crearon en Bilbao el grupo Ekin ('Hacer') que cuatro años después se integraron en EGI, la organización juvenil del PNV, pero que desilusionados acabaron fundando su propia organización, ETA, que inicialmente asumió los principios sabinianos, excepto el integrismo religioso y la idea de la «raza vasca», sustituida por la de etnia, pero enlazando con el sector más radical e independentista que habían representado antes de la guerra los aberrianos y su sucesor el grupo Jagi-Jagi, ambos liderados por Eli Gallastegui.^[135]

En su primera asamblea celebrada en 1962 en el País Vasco francés ETA se definió como «Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional» y en la quinta, celebrada en 1967, como «Movimiento Socialista Vasco de Liberación Nacional». En esta evolución fue clave la obra del lingüista Federico Krutwig Vasconia. Estudio dialéctico de una nacionalidad, publicada en 1963, en la que, bajo el influjo de los movimientos que estaban surgiendo en Asia y en África para lograr la independencia de sus pueblos de la dominación colonial (y de las guerrillas latinoamericanas en su lucha contra el «imperialismo norteamericano«), concibió a Euskadi, cuya identidad nacional la basaba en la lengua propia y no en la «raza» como había defendido Sabino Arana,^{[nota 15]} como una «colonia» de España y propuso la estrategia de la «guerra revolucionaria», siguiendo los ejemplos de Argelia, Cuba y Vietnam, tesis que fueron adoptadas por ETA en su III Asamblea (1964). Fue así como ETA acabó optando por la «lucha armada» para poner fin a la «opresión del pueblo vasco» por parte de España por medio de la dictadura franquista (lo que explica que no desapareciese cuando cayó esta).^[135]

Sigue siendo objeto de discusión si la primera víctima mortal de ETA fue una niña de veintidós meses que murió en junio de 1960 como consecuencia del estallido de una bomba colocada en la estación de ferrocarril de Amara en San Sebastián (atentado que unas fuentes atribuyen a ETA y otras al DRIL, que fue la organización que lo reivindicó).^{[nota 16]} En lo que sí coinciden es en que al año siguiente ETA intentó sin éxito hacer descarrilar un tren en el que viajaban excombatientes franquistas de la guerra civil y que en 1965 perpetró el primer atraco para proveerse de fondos. Tres años después, el 7 de junio de 1968, cometía su primer asesinato, el del guardia civil José Pardines, cuando en un control de tráfico rutinario cerca de Villabona (Guipúzcoa) detuvo un coche en el que viajaban dos miembros de ETA, Iñaki Sarasketa y Txabi Etxebarrieta, y estos le dispararon para escapar. Fueron perseguidos y Etxebarrieta cayó abatido por agentes de la Guardia Civil cerca de Tolosa, convirtiéndose así en el protomártir de ETA, mientras que Sarasketa fue detenido, sometido a un consejo de guerra y condenado a muerte, aunque la pena capital fue conmutada por cadena perpetua.^[145][146] El 2 de agosto de 1968, ETA cometía en Irún el primer asesinato premeditado, como «represalia» por la muerte de Etxebarrieta, en la persona del comisario de la Brigada Político-Social de Guipúzcoa, acusado de torturador, Melitón Manzanas. A partir de entonces, las «acciones armadas», como las calificaba ETA —otro muerto en 1968, uno en 1969, un secuestrado en 1970— se convertirían en un grave problema político y de orden público para el franquismo, que respondería al desafío con una represión general e indiscriminada en el País Vasco de enorme dureza.^[147][146] A lo largo de 1969 fueron detenidas 1953 personas, de las cuales 890 denunciaron haber sido maltratadas, 510 torturadas, 93 juzgadas por el Tribunal de Orden Público y 53 en consejos de guerra.^[148][149] A finales de año estaban en prisión unas dos mil personas, entre ellas algunos sacerdotes, acusadas de mantener alguna relación con ETA.^[150][146]

El 18 de septiembre de 1970 el nacionalista vasco Joseba Elósegui se prendió fuego cuando el general Franco estaba presidiendo el campeonato mundial de pelota en un frontón de San Sebastían y saltó desde las gradas gritando Gora Euskadi askatuta ('Viva Euskadi libre'). Se lo llevaron con graves quemaduras mientras Franco continuó viendo el partido. Pero Elósegui consiguió su objetivo pues el hecho tuvo repercusión a nivel internacional. En su diario había escrito tres semanas antes: «No pretendo eliminar a Franco. Sólo quiero que sienta a poder ser en su propia carne aquel fuego que destruyó Guernika» (Elósegui había estado al mando de una unidad militar que se encontraba allí cuando se produjo el bombardeo de Guernica en abril de 1937).^[151]

Dos meses y medio después comenzaba el que sería conocido como el «juicio de Burgos». Ante el recrudecimiento de la conflictividad social y política, especialmente en el País Vasco y Navarra, el gobierno franquista, encabezado por su vicepresidente el almirante Carrero Blanco (el Generalísimo Franco aunaba la Jefatura del Estado con la Presidencia del Gobierno), había decidido que un tribunal militar juzgara conjuntamente a dieciséis personas acusadas de militar en ETA (entre ellas dos sacerdotes) como medida ejemplarizante y como «un escarmiento a ETA por el atentando contra Manzanas», según José Luis de la Granja.^[146][148] «Paradójicamente, en 1970 ETA atravesaba por un momento crítico y había sufrido la escisión de ETA VI Asamblea, que se declaró marxista-leninista y se fusionaría después con la Liga Comunista Revolucionaria», añade De la Granja.^[152]

Sin embargo, el efecto que se logró fue exactamente el contrario del que pretendía el régimen franquista, ya que el anuncio del juicio sumarísimo que finalmente se celebraría en diciembre en Burgos levantó una ola de solidaridad en el País Vasco y en Navarra que fue un revulsivo clave para que el nacionalismo vasco recuperara su implantación social y también para ETA al que «el franquismo le proporcionó un balón de oxígeno y contribuyó a su crecimiento», afirma De la Granja. Como respuesta el gobierno decretó el estado de excepción por seis meses y organizó una gran concentración en la plaza de Oriente de Madrid en apoyo del general Franco.^[153] Por su parte ETA secuestró al cónsul alemán en San Sebastián, Eugen Beihl, dejándolo en libertad el 25 de diciembre. Al día siguiente el tribunal dictó la sentencia, condenando a nueve de los acusados a la pena de muerte y al resto a larguísimas penas de prisión.^[154] Los acusados al terminar sus declaraciones habían cantando el himno al soldado vasco (Eusko Gudariak) y enfrentado al tribunal.^[146]

El «juicio de Burgos» suscitó también una campaña internacional de solidaridad con el pueblo vasco y a favor del restablecimiento de las libertades democráticas en España. Los obispos de San Sebastián y de Bilbao publicaron una pastoral conjunta criticando la pena de muerte y que se juzgara a los acusados por la jurisdicción militar, a la que se sumó un pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Española a favor de la clemencia y las garantías procesales. Al final, en vista del eco despertado y de las numerosas peticiones de clemencia llegadas de todas partes, incluido el Vaticano, el general Franco conmutó el 30 de diciembre las nueve penas de muerte que había dictado el tribunal militar.^{[155][156][157]}

Tres años después, en la mañana del 20 de diciembre de 1973, ETA detonó una bomba colocada bajó el asfalto en una céntrica calle de Madrid cuando pasaba el coche oficial del almirante Carrero Blanco causándole la muerte. Se abrió así la crisis política más grave de todo el franquismo ya que había sido asesinada la persona que había designado Franco para asegurar la supervivencia de su régimen después de su muerte.^[158][159] En febrero de 1974 el nuevo gobierno presidido por Carlos Arias Navarro pretendió expulsar de España al obispo de Bilbao Antonio Añoveros Ataún por haber pedido en un homilía leída en todas las parroquias de la diócesis que se reconociera «la singularidad del pueblo vasco dentro de todos los pueblos del Estado español».^[152] Seis meses después, el 13 de septiembre, un brutal atentado de ETA causaba la muerte a 12 personas —y hería a más de 80— en virtud de una bomba colocada en la cafetería Rolando de la calle del Correo de Madrid, al lado de la Puerta del Sol, y que solían frecuentar policías de la cercana Dirección General de Seguridad.^[160] Fue el primer atentado de ETA contra la población civil y el detonante de la principal escisión de ETA entre ETA militar y ETA político-militar, partidaria esta última de compaginar la «lucha armada» con la «acción de masas», posición contraria a la defendida por los milis.^[152]

Al año siguiente ETA siguió con los atentados terroristas, causando 14 víctimas mortales, que se sumaban a los tres atentados con resultado de muerte del FRAP, lo que a su vez recrudeció la represión, llegándose a aprobar en agosto de 1975 un decreto-ley «de prevención y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y subversión contra la paz social y la seguridad personal» que revalidaba la jurisdicción militar como en el primer franquismo. Esta espiral represiva se cebó especialmente en el País Vasco y Navarra.^[161]

En aplicación del decreto antiterrorista, entre el 29 de agosto y el 17 de septiembre de 1975 fueron sometidos a distintos consejos de guerra y sentenciados a muerte tres militantes de ETA y ocho del FRAP, lo que provocó una importante respuesta popular y de rechazo en el exterior, así como peticiones de clemencia por parte de los principales dirigentes políticos europeos —incluido el Papa Pablo VI—. A pesar de ello, Franco no conmutó las penas de muerte a dos de los tres militantes de ETA (Ángel Otaegui y Juan Paredes Manot) y a tres de los ocho del FRAP (José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Humberto Baena), y los cinco fueron fusilados el 27 de septiembre de 1975.

Las ejecuciones, calificadas como un hecho «brutal» por la mayor parte de la prensa europea, no hizo sino acentuar el rechazo internacional al franquismo y dio lugar a que se produjeran numerosas manifestaciones antifranquistas en las principales ciudades europeas. Asimismo, los embajadores de los principales países europeos abandonaron Madrid, con lo que el régimen franquista volvía a experimentar un aislamiento y reprobación muy similares a los que había sufrido en la inmediata posguerra mundial.^[162] El papa Pablo VI manifestó «su vibrante condena de una represión tan dura que ha ignorado los llamamientos que de todas partes se han elevado contra aquellas ejecuciones».^[163] Como respuesta, el 1 de octubre de 1975 el partido único de la Dictadura, el Movimiento Nacional, organizó una concentración de apoyo a Franco en la plaza de Oriente de Madrid. Doce días después el general Franco caía enfermo y moría en la madrugada del 20 de noviembre de 1975.^[164] En aquel momento había más de quinientos presos de ETA en las cárceles.^[152]

Como ha señalado José Luis de la Granja, «a diferencia de la II República, cuando el problema más grave [planteado por los nacionalismos periféricos] fue el catalán, en la Transición se trataba del vasco, sobre todo por el terrorismo de ETA».^{[nota 17]} Este mismo historiador ha destacado que el PNV en esta ocasión sí se sumó a las organismos de la oposición antifranquista y en junio de 1975 se integró en la Plataforma de Convergencia Democrática, liderada por el PSOE, que pocos meses después de la muerte del dictador se fusionó con la Junta Democrática, liderada por el PCE, para formar Coordinación Democrática. De hecho el peneuvista Julio Jáuregui formará parte de la Comisión de los Nueve que entablará conversaciones con el presidente del gobierno Adolfo Suárez sobre su proyecto de reforma política que daría paso al restablecimiento de la democracia. Y como ya había sucedido en 1931 a partir de entonces «el PNV resurgió como partido-comunidad con gran fuerza en Euskadi».^[165]

En la Asamblea Nacional celebrada en Pamplona a finales de marzo de 1977, poco después de su legalización, el PNV reafirmó su evolución política e ideológica iniciada en la Segunda República y que en el exilio le llevó a integrarse en la democracia cristiana europea, siendo uno de los fundadores de la Unión Europea de los Demócrata Cristianos (1965), y a asumir el europeísmo e impulsar el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (1949). En la declaración de principios aprobada en la Asamblea de Pamplona se mantuvo el lema aranista Jaungoikoa eta lege zaharra (JEL, 'Dios y Ley Vieja') y la aspiración a la reintegración foral, pero se fijó como objetivo político la consecución de «un Estado vasco autonómico» y solidario «con la libertad y los derechos de los demás pueblos del Estado», colaborando en la construcción de una Europa federal de «pueblos libres». En la declaración el PNV se definió como un «partido vasco, democrático, popular, de masas, aconfesional y abierto a todos los vascos». En esa Asamblea también se eligió una nueva dirección encabezada por el navarro Carlos Garaikoetxea.^[166]

En mayo tuvieron lugar en Bayona las conversaciones de Chiberta entre el PNV y ETA y los grupos políticos de su entorno (la izquierda abertzale). Allí el PNV rechazó la propuesta de ETA de formar un Frente Nacional Vasco que tuviera como objetivo la independencia de Euskadi y que no participaría en las elecciones democráticas convocadas para el 15 de junio, una opción defendida por Telesforo Monzón, quien consideraba a los miembros de ETA «hijos del JEL» alejados de la «casa del padre» (en referencia Sabino Arana) y que acabaría abandonando el partido para integrarse en la izquierda abertzale, y que fue rechazada por el sector encabezado por Manuel de Irujo y por otros dirigentes históricos como Juan Ajuriaguerra, Julio Jáuregui o el lehendakari en el exilio Jesús María Leizaola. Irujo ya en 1962 había afirmado que «ETA es un cáncer que, si no lo extirpamos, alcanzará nuestro cuerpo político». Por el contrario el PNV retomó su alianza histórica con el PSOE y formó con este partido una candidatura conjunta para el Senado denominada Frente Autonómico, de la que también formó parte Euskal Sozialistak Elkartzeko Indarra (ESEI). Por otro lado, hubo un sector de la izquierda abertzale, próximo a ETA político-militar, que sí se presentó a las elecciones formando la coalición Euskadiko Ezkerra.^[167] En Navarra el PNV se presentó dentro de la coalición Unión Autonomista Navarra junto con Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV) y Partido Socialista Vasco (ESB-PSV). Su punto programático principal era la incorporación de Navarra a la futura autonomía vasca.

En las elecciones del 15 de junio en el País Vasco se produjo un empate entre el PNV y el PSE-PSOE, con ocho diputados cada uno, quedando el partido gubernamental Unión de Centro Democrático (UCD) con cuatro diputados. Euskadiko Ezkerra obtuvo un diputado por Guipúzcoa y la neofranquista Alianza Popular uno por Vizcaya. En Navarra la Unión Autonomista encabezada por el PNV no consiguió ningún diputado y los cinco escaños de la circunscripción se los repartieron UCD (tres) y el PSE-PSOE (dos). En cuanto al Senado el Frente Autonómico obtuvo los nueve escaños a los que podía optar y Euskadiko Ezkerra consiguió uno (UCD los dos restantes). En Navarra, por el contrario, UCD consiguió tres senadores y el cuarto fue para el histórico peneuvista navarro Manuel de Irujo, dentro de la candidatura del Frente Autonómico.^[168]

El presidente del Gobierno y líder de UCD Adolfo Suárez intentó llegar al mismo acuerdo que había alcanzado con Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat de Cataluña en el exilio (por el cual Tarradellas pudo regresar a Barcelona el domingo 23 de octubre de 1977 después de que el gobierno aprobara un decreto-ley de 29 de septiembre que restableció «provisionalmente» la Generalitat, aunque sin hacer referencia al Estatuto de 1932 y sin competencias específicas que fueran más allá de las propias de las diputaciones provinciales) con el lehendakari del Gobierno Vasco en el exilio Jesús María Leizaola, pero este no aceptó, por lo que Suárez tuvo que negociar con la Asamblea de Parlamentarios Vascos. Un primer obstáculo surgió cuando los electos de UCD por Navarra, que ostentaban la mayoría en ese territorio (tres diputados y tres senadores), se negaron a integrarse en la Asamblea de Parlamentarios Vascos, al contrario de lo que hicieron los dos diputados por Navarra del PSE-PSOE y el senador del PNV. Finalmente, en diciembre de 1977 se constituyó el Consejo General Vasco, excluida Navarra, bajo la presidencia del socialista Ramón Rubial, aunque como en el caso de Cataluña tampoco fue restablecido el Estatuto de Autonomía aprobado por la República.^[169][170]

Todo ello en un contexto en el que los atentados terroristas de ETA no solo no habían desaparecido, como se esperaba tras aprobarse el 15 de octubre de 1977 la Ley de Amnistía por la que no quedó ningún «preso vasco» en las cárceles, sino que se habían incrementado —de hecho ese mismo día 15 de octubre ETA asesinaba a tres personas—.^[170] «Pronto volvieron a llenarse las cárceles con cientos de detenidos debido a la mayor escalada violenta de ETA, acaecida en el trienio 1978-1980, cuando asesinó a 239 personas (en su mayoría, policías, militares y políticos), casi seis veces más que sus 43 asesinatos cometidos durante el franquismo. Quedaba así patente que ETA había nacido no sólo contra la Dictadura, sino sobre todo contra España», ha señalado el historiador José Luis de la Granja.^[171] Otros historiadores, como Santos Juliá, han señalado que las «acciones armadas» de ETA encontraron cierta comprensión en el PNV y entre sectores de la Iglesia vasca que acogió «como héroes y mártires de una causa sagrada a los militantes de ETA muertos en enfrentamientos con la policía o de resultas de la explosión de sus propios artefactos». Además, según Juliá, «la acción represiva de las fuerzas de policía y guardia civil contribuyó a crear en torno a ETA un amplio apoyo social entre la población joven».^[172] Así, según Javier Tusell, buena parte de la sociedad vasca consideraba a los militantes de ETA «como heroicos luchadores antifranquistas». Según una encuesta realizada a finales de los setenta, entre un 13 % y un 16 % de los vascos consideraba a los miembros de ETA como patriotas y entre un 29 % y un 35 % como idealistas.^[173]

El PNV no participó en la ponencia que redactó el anteproyecto de Constitución^[174] y cuando el 31 de octubre de 1978 se votó en el pleno el proyecto acabado sus ocho diputados se abstuvieron, con su portavoz Xabier Arzalluz al frente (y en contra de la opinión favorable de Irujo y de Leizaola), porque no consideraron suficientes como reconocimiento de los «derechos del pueblo vasco» la introducción del término «nacionalidades», diferenciándolas de las «regiones», y tampoco lo que decía la disposición adicional primera que por primera vez en la historia del constitucionalismo español amparaba «los derechos históricos de los territorios forales» («La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía», decía la disposición). El rechazo del diputado de Euskadiko Ezkerra Francisco Letamendia fue aún más radical y votó en contra.^[175][171] Tampoco sirvió para que dieran su apoyo a la Constitución lo que decía la Disposición transitoria cuarta que abría la posibilidad a la incorporación de Navarra al Consejo Genral Vasco o al «régimen autonómico vasco que le sustituya» si así lo decidía su «Órgano Foral competente» «por mayoría de los miembros que lo componen» y lo ratificaban los navarros «por referéndum expresamente convocado al efecto».

Cuando el 6 de diciembre de 1978 la Constitución fue sometida a referéndum, siendo aprobada por el 88 % de los votantes, con una participación del 67,11 % del censo, la campaña abstencionista promovida por el PNV tuvo éxito ya que en el País Vasco la Constitución fue aprobada solo por el 43,6 % del censo electoral.^[176] También fue en el País Vasco donde se registró un mayor porcentaje de votos negativos (el 23,5 %). Una situación diferente a la de Cataluña, donde el nivel de participación fue similar al del resto de España, y los votos afirmativos superaron el 90 %.^[177]

En las elecciones generales de marzo de 1979 el nacionalismo vasco experimentó un notable crecimiento gracias a la irrupción de Herri Batasuna (HB), coalición independentista fundada el año anterior que reunía a los grupos políticos de la izquierda abertzale cercanos a ETA-Militar y que defendían la Alternativa de la Koordinadora Abertzale Sozialista, KAS, (LAIA y HASI, además de un grupo de independientes entre los que se encontraba Telesforo Monzón), a los que se habían unido Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Partido Socialista Vasco (ESB-PSV).^{[nota 18]} HB consiguió tres diputados y un senador (que no ocuparían sus escaños en las Cortes Generales), que se sumaban a los siete diputados y los nueve senadores del PNV y al diputado de Euskadiko Ezkerra (Juan María Bandrés). El auge nacionalista vasco se confirmó en las elecciones locales celebradas en el mes siguiente y el PNV logró las alcaldías de las tres capitales vascas y la presidencia de las tres diputaciones forales. Como consecuencia de estos resultados la presidencia del preautonómico Consejo General Vasco pasó a ostentarla el líder del PNV Carlos Garaikoetxea.^[179]

En cuanto se reunieron las nuevas Cortes comenzaron a debatir el proyecto de Estatuto de Autonomía que había sido redactado por consenso y ratificado en Guernika el año anterior, pero el acuerdo definitivo fue el resultado de la negociación directa entre el presidente del Gobierno y líder de UCD Adolfo Suárez y Carlos Garaikoetxea. El que sería conocido como Estatuto de Guernika constituyó un enorme éxito, ya que se entendió que era la vía por la que el PNV se incorporaba a la Constitución. En el texto final se reconoció un amplio nivel de autogobierno, mayor que el del Estatuto de Cataluña,^[179] con la creación de una policía propia incluida, y se restablecieron los conciertos económicos. ^[180][181] Según José Luis de la Granja, «el Estatuto de Gernika no fue una carta otorgada sino el fruto de un doble pacto político: de Euskadi con el Estado español y entre los propios vascos. No en vano ha sido un lugar de encuentro entre sectores nacionalistas y no nacionalistas, así como expresión del pluralismo vasco... Basta cotejar los Estatutos de 1936 y 1979 para percatarse del salto cualitativo dado por este último respecto a su antecesor: el País Vasco ha pasado de ser una región autónoma a ser una nacionalidad denominada Euskadi, término ausente del texto de 1936».^[182]

El 25 de octubre de 1979 el Estatuto de Guernika fue sometido a referéndum en el que participó el 59,7 % del censo, resultando aprobado por una amplísima mayoría. Herri Batasuna pidió la abstención, que fue del 40,3 %, y la neofranquista Alianza Popular el voto negativo que solo alcanzó el 5 % de los votos emitidos. El Estatuto entró en vigor en diciembre y en ese momento el lehendakari Jesús María Leizaola puso fin a su Gobierno Vasco en el exilio y regresó definitivamente al País Vasco.^[183]

En marzo de 1980 se celebraron las primeras elecciones al Parlamento Vasco que dieron el triunfo al PNV con 25 escaños. Aunque no alcanzó la mayoría absoluta, situada en 31 escaños, pudo gobernar sin necesidad de pactos porque Herri Batasuna, segunda fuerza política más votada con 11 diputados, decidió no ocupar sus escaños (y la mayoría absoluta se redujo de facto a los 25 escaños). Carlos Garaikoetxea fue investido el primer lehendakari tras el restablecimiento de la democracia.^[184]

El 4 de febrero de 1981 se produjo la primera visita de los reyes de España al País Vasco invitados por el lehendakari Garaikoetxea y durante la misma Herri Batasuna protagonizó los Incidentes de la Casa de Juntas de Guernica (sus diputados, que esta vez sí acudieron a la sesión del Parlamento vasco convocada en la Casa de Juntas de Guernica, interrumpieron el discurso del rey Juan Carlos I cantando con el puño en alto el himno Eusko Gudariak).^[185] Dos días después, el 6 de febrero, aparecía asesinado el ingeniero de la central nuclear de Lemóniz, José María Ryan, que había sido secuestrado el 29 de enero por ETA militar, lo que causó una honda conmoción en el País Vasco y en toda España. Herri Batasuna no condenó el asesinato.^[186] El 13 de febrero moría en el hospital penitenciario de Carabanchel el miembro de ETA Joseba Arregui, a causa de las torturas a las que había sido sometido.^[187]

Diez días después de la muerte de Arregui tenía lugar el fracasado golpe de Estado del «23-F». Una de sus consecuencias fue la intensificación del debate interno que estaba teniendo lugar en el seno de ETA político-militar sobre la continuidad de la «lucha armada», propiciado por Euskadiko Ezkerra (EE), y que condujo a su disolución tras alcanzar un acuerdo en las negociaciones que mantuvieron el ministro de la Gobernación Juan José Rosón y Mario Onaindia, contando con los buenos oficios del diputado de EE Juan María Bandrés. Sin embargo, ETA militar continuó su actividad terrorista con un promedio anual en la década de los ochenta de 30 a 40 asesinatos. «Se negaba a reconocer tanto la democracia española como la autonomía vasca, y su estrategia violenta buscaba conseguir la negociación política con el Estado español sobre la base de la Alternativa KAS de 1976», ha señalado José Luis de la Granja.^{[188][nota 19]}

La Alternativa KAS, cuyo objetivo último era «la constitución de una Euskadi independiente, socialista, reunificada y euskaldun», incluía también a Navarra (y al País Vasco francés). Por su parte el Estatuto de Guernica preveía la incorporación de Navarra a la comunidad autónoma del País Vasco, en aplicación de la disposición transitoria cuarta de la Constitución, si lo aprobaba su Parlamento, pero las elecciones celebradas el 3 de abril de 1979 habían arrojado una mayoría contraria en el Parlamento Foral ya que la agrupación navarra del PSE-PSOE, segunda fuerza política con 15 escaños, se unió finalmente a la posición navarrista («un regionalismo navarro y español, enemigo del nacionalismo vasco», según De la Granja) defendida por UCD, partido más votado con 20 escaños, y por Unión del Pueblo Navarro, tercera fuerza con 13 escaños (entre las tres sumaban 48 escaños, 13 por encima de la mayoría absoluta de una cámara compuesta por 70 diputados). Este Parlamento Foral es el que negoció con el gobierno español de UCD presidido por Leopoldo Calvo Sotelo la Ley de Amejoramiento de Fuero aprobada por las Cortes Generales en julio de 1982 y que entró en vigor el 16 de agosto, sustituyendo a la ley paccionada de 1841. Por esta razón, como ha señalado De la Granja, «la Comunidad Foral de Navarra constituye un caso excepcional pues es la única de las 17 Comunidades Autónomas de España que no tiene Estatuto».^{[183][nota 20]}

Entre 1984 y 1986 el PNV sufrió la (probablemente) mayor crisis de su historia motivada por el enfrentamiento entre el sector encabezado por el presidente del PNV Xabier Arzallus, hegemónico en Vizcaya, y el encabezado por el lehendakari Carlos Garaikoetxea, mayoritario en Guipúzcoa y Navarra, y que llevó al abandono del partido de este último sector para fundar uno nuevo, Eusko Alkartasuna (EA). El motivo inicial del enfrentamiento fue la diferente concepción de cada sector sobre la institucionalización del País Vasco (el reparto de poder entre las instituciones autonómicas, Gobierno y Parlamento, y las forales, Juntas Genrales y Diputaciones), que quedó patente en la elaboración de la Ley de Territorios históricos (LTH), una especie de Constitución interna, aunque finalmente se llegó a una solución de compromiso (frente a la posición de Garaikoetxea que defendía la preeminencia del Gobierno Vasco sobre las tres Diputaciones Forales se acordó que estas, que eran las que recaudaban los impuestos en virtud del concierto económico, negociarían su aportación a los presupuestos generales de la comunidad autónoma del País Vasco), pero su aplicación sería el detonante de la ruptura a finales de 1984.^{[190][nota 21]}

Al enfrentamiento por la LTH se añadió la negativa de los tres diputados del PNV en el Parlamento de Navarra a acatar el pacto alcanzado entre la dirección del partido presidida por Arzallus con Alianza Popular y Unión del Pueblo Navarro. Los tres parlamentarios fueron expulsados junto con la ejecutiva del PNV en Navarra, también contraria al pacto, y finalmente el Euzkadi Buru Batzar, máximo órgano de dirección del PNV, decretó en mayo de 1984 la disolución de toda la organización del territorio (lo que suponía un duro golpe para el navarro Carlos Garaikoetxea, enfrentado personalmente a Arzallus desde los tiempos de la Transición). Finalmente en diciembre de 1984 la Asamblea Nacional del PNV le retiró su confianza a Garaikoetxea, obligándole a dimitir, siendo sustituido en enero del año siguiente por José Antonio Ardanza, quien para sustentar su gobierno, debido a la división de los parlamentarios del PNV, selló un pacto de legislatura con el PSE-PSOE (en las elecciones al Parlamento Vasco de 1984 el PNV había obtenido 32 diputados, a cinco de la mayoría absoluta, pero de nuevo al estar ausentes los 11 diputados de Herri Batasuna tenía mayoría absoluta en la práctica).^{[191][nota 22]}

En septiembre de 1986 Carlos Garaikoetxea y sus partidarios fundaban Eusko Alkartasuna (EA) en el que se integraron los expulsados navarros, la mayor parte de los afiliados del PNV de Guipúzcoa y la Junta Municipal de Vitoria. A diferencia de la división del nacionalismo vasco entre los aberrinos y comunitaristas de los años 1920, no existían grandes diferencias ideológicas entre EA y el PNV, aunque el primero se definía como democratacristiano y el segundo como socialdemócrata. Sin embargo, EA se mostró desde el principio partidario de la independencia de Euskadi, pero rechazando los medios violentos para conseguirla, lo que lo distanciaba de ETA y de la mayoría de la izquierda abertzale.^{[193][nota 23]}

Inmediatamente el lehendakari Ardanza convocó nuevas elecciones al Parlamento Vasco que se celebraron en noviembre en las cuales el PNV perdió 15 escaños (pasando de 32 a 17) que casi en su totalidad pasaron a EA (que consiguió 13, siendo la fuerza política más votada en Guipúzcoa con 6 diputados frente a los 4 del PNV). Ante este resultado el PNV se vio obligado a formar un gobierno de coalición con el PSE-PSOE en el que este, tras arduas negociaciones, aceptó que la presidencia la siguiera ostentando Ardanza a pesar de tener dos diputados más que el PNV (19 frente a 17), conformándose con la vicepresidencia que ocupó Ramón Jáuregui (de nuevo la ausencia de los diputados de Herri Batasuna, 13 en esta ocasión, les permitió a socialistas y peneuvistas superar la mayoría absoluta en la práctica). El acuerdo se extendió a las Diputaciones forales y a los ayuntamientos. Como ha señalado José Luis de la Granja, «el año 1986 marca un punto de inflexión al acabar la hegemonía del PNV desde 1980 y comenzar una nueva etapa, caracterizada por una mayor fragmentación política y por los Gobiernos de coalición, encabezados siempre por el PNV».^{[196][nota 24]}

Los gobiernos socialistas de Felipe González, apoyados en dos mayorías absolutas consecutivas obtenidas en las elecciones generales de 1982 y de 1986, mantuvieron la política de reinserción de etarras encarcelados que condenaran la violencia y se desvincularan de la organización, e incluso intentaron una negociación directa con la dirección de ETA para iniciar un proceso parecido al que llevó a la autodisolución de ETA político-militar en 1981 en las denominadas conversaciones de Argel pero que no dieron ningún resultado porque ETA puso como condición la aceptación de la Alternativa KAS. Y al mismo tiempo bajo su mandato se incrementó la guerra sucia contra ETA protagonizada por el GAL, un autodenominado Grupo Antiterrorista de Liberación nacido en 1981 durante el último gobierno de UCD y que siguió «enquistado» en «la estructura de la seguridad del Estado» después de que los socialistas llegaran al poder en 1982, según el historiador David Ruiz. La primera acción de los GAL había sido el secuestro de dos ciudadanos franceses en Hendaya en 1981, al que siguió el secuestro en 1983 de Segundo Marey, un ciudadano español residente también en Hendaya que fue confundido con un colaborador de ETA y al que soltaron nueve días después. Hasta 1987 los atentados de los GAL causaron 28 víctimas mortales, 23 de ellas en el «santuario francés». Una de sus víctimas fue el dirigente de HB Santiago Brouard asesinado en Bilbao.^[198][188] Según el historiador José Luis de la Granja, «los GAL no sólo no terminaron con ETA en Francia sino que fueron contraproducentes, pues contribuyeron a darle nuevos apoyos entre los jóvenes radicales vascos para continuar con la violencia y a desacreditar al Estado español, uno de los objetivos de ETA».^{[199][nota 25]}

El fracaso de las conversaciones de Argel y el incremento de los atentados terroristas indiscriminados de ETA contra la población civil, el más sangriento de los cuales (y el más sangriento de su historia) fue el Atentado de Hipercor de Barcelona que el 11 de junio de 1987 causó 21 muertos, llevó al Gobierno de Felipe González a buscar alcanzar un gran pacto antiterrorista que incluyera también al nacionalismo vasco democrático. El resultado fue el Acuerdo de Madrid sobre Terrorismo firmado en el Congreso de los Diputados el 5 de noviembre de 1987 por todos los grupos parlamentarios, incluidos el PNV y Euskadiko Ezkerra.^{[nota 26]} La respuesta de ETA no tardó mucho: el 11 de diciembre se producía el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza que causó once muertos, entre ellos cinco niñas, y más de ochenta heridos —en total ETA asesinó en 1987 a 52 personas—. Entonces fue el lehendakari Ardanza quien tomó la iniciativa y el 12 de enero de 1988 los líderes de las fuerzas políticas vascas, menos Herri Batasuna que siguió justificando la «lucha armada», firmaron en la sede del Gobierno Vasco en Vitoria el Acuerdo para la normalización y pacificación de Euskadi, más conocido como el Pacto de Ajuria Enea.^{[201][202][203]}

El Acuerdo negaba toda legitimidad a la violencia y destacaba la validez del Estatuto de Guernica como «un logro histórico sin precedentes en la historia contemporánea del pueblo vasco» y «expresión de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos del País Vasco».^{[nota 27]} En uno de sus párrafos se decía lo siguiente:^[204]

El conflicto que está en la base de la violencia no consiste en un contencioso no resuelto entre el Pueblo vasco y el Estado español, sino en que una minoría de vascos se niega a aceptar la voluntad de la mayoría y emplea para imponer la suya el instrumento de la "lucha armada". El conflicto es, por tanto, un conflicto entre vascos.

Según De la Granja, «este acuerdo político de los partidos democráticos vascos representó un avance importante en la lucha contra ETA, pero en los diez años de vigencia del Pacto de Ajuria Enea, con los sucesivos gobiernos de coalición presididos por Ardanza, no logró su objetivo de pacificar Euskadi y erradicar el terrorismo».^[204]

El 7 de octubre de 1988 se propuso un nuevo documento conocido como «Pacto de Navarra» que no consiguió el consenso de todas las fuerzas democráticas ya que no fue firmado ni por el PNV ni por EA.

Tras trece años de gobiernos socialistas, el Partido Popular accedió al gobierno de España en 1996 al ser el partido más votado en las elecciones generales de marzo de ese año, aunque tuvo que pactar con los nacionalistas catalanes de CiU, con Coalición Canaria y con el PNV^{[nota 28]} para que su líder José María Aznar fuera investido como presidente del Gobierno ya que el PP se había quedado a 20 escaños de la mayoría absoluta. Una de las prioridades del nuevo Gobierno fue la política antiterrorista unida a una reafirmación del nacionalismo español, ya que el PP ni consideraba a España como «una nación de naciones», como habían sostenido algunos sectores socialistas, ni mucho menos como un «Estado plurinacional», como sostenían los nacionalismos subestatales, sino una «nación única», aunque «diversa culturalmente». Por eso, el gobierno empezó a desarrollar una política de uniformización del «Estado de las Autonomías».^[207]

En la política antiterrorista el Gobierno de Aznar cosechó un resonante primer éxito al conseguir liberar a principios de julio de 1997 a José Ortega Lara, un funcionario de prisiones militante del PP que llevaba secuestrado por ETA 532 días (el secuestro más largo de la historia de la democracia). Pocos días después, el 11 de julio, se producía un hecho que abriría una nueva etapa en la historia del «conflicto vasco». Ese día ETA secuestraba a Miguel Ángel Blanco, un joven concejal del PP de la localidad vizcaína de Ermua, y amenazaba con «ejecutarlo» si antes de 48 horas el gobierno no accedía a trasladar a los presos de ETA a cárceles del País Vasco. Al conocerse la noticia se produjo la mayor movilización social que se recordaba en contra del terrorismo, especialmente en el País Vasco y Navarra, lo que era aún más significativo, pera transcurrido el plazo ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco. Esto no hizo sino acrecentar aún más el rechazo a ETA, que se extendió también a su «brazo político», Herri Batasuna, que no condenó el asesinato —y en mayo de 1998 el juez Baltasar Garzón ordenaba el cierre del diario abertzale Egin por su presunta vinculación con ETA—. La prensa comenzó a utilizar el término «espíritu de Ermua» para explicar aquella extraordinaria movilización social.^[208][209]

El «espíritu de Ermua» fue interpretado por el PNV, y por otras fuerzas políticas vascas, como una ofensiva «españolista» que pretendía acabar con la hegemonía que había ostentado el nacionalismo vasco desde la recuperación de la democracia. Así, en marzo de 1998 el lehendakari José Antonio Ardanza daba a conocer un «Plan de Pacificación» en el que, partiendo del Pacto de Ajuria Enea de 1988, defendía la necesidad de dar respuesta a la «disidencia cívico-política de una notable porción de la sociedad que, girando en torno al "terrorismo" [entre comillas en el original], no está dispuesta a aceptar el statu quo». Para ello proponía que tras conseguir el cese de la violencia de ETA se abriera un diálogo de todas las fuerzas políticas vascas cuyo resultado debería ser aceptado por el gobierno central y el resto de las instituciones del Estado. Tanto el PP como el PSOE se negaron a participar en el diálogo propuesto en esas condiciones, lo que supuso «la defunción de la Mesa de Ajuria Enea, que nunca volvería a reunirse», como ha señalado Charles Powell.^{[210][nota 29]} El PNV también buscó el apoyo de los partidos nacionalistas «subestatales» de Cataluña (CiU) y de Galicia (BNG) y en julio de 1998 se hacía pública la Declaración de Barcelona en la que los tres partidos firmantes manifestaban su propósito de llevar adelante una política conjunta para el reconocimiento de sus respectivas «realidades nacionales».^[211]

El fracaso del «Plan Ardanza» llevó a la dirección del PNV —y de Eusko Alkartasuna (EA)— a ponerse en contacto con la dirección de ETA para que declarara una tregua indefinida y, a cambio, pactaría con Herri Batasuna una alternativa que «superara» el marco del Estatuto de Autonomía de 1979. El 12 de septiembre de 1998 PNV, EA y HB —y también Ezker Batua-Berdeak (Izquierda Unida del País Vasco)— firmaban el «Pacto de Estella» (Lizarrako Akordioa)^{[nota 30]} y cuatro días después ETA anunciaba el cese indefinido de la violencia. Así, 1999 fue el primer año desde 1971 en que no hubo muertos a causa de los atentados terroristas de ETA, aunque la violencia callejera de la kale borroka protagonizada por las organizaciones juveniles de la izquierda abertzale no desapareció.^[212][213]

Durante la tregua, el gobierno del PP llegó a entablar contactos con la cúpula de ETA pero sin hacer concesiones «políticas» —aunque más de un centenar de presos de ETA fueron trasladados a prisiones del País Vasco— y manteniendo la idea expresada por el ministro del Interior Jaime Mayor Oreja de que se trataba de una «tregua trampa», es decir, de que ETA había proclamado el cese de la violencia sólo para reorganizarse después de los duros golpes policiales que había recibido.^[214][215]

Sin embargo, en noviembre de 1999 ETA anunciaba la ruptura de la tregua al no haberse avanzado en el «proceso de construcción nacional» vasco —ni PNV ni EA habían aceptado su propuesta de constituir un «Parlamento constitucional soberano» elegido al margen del Estatuto— y en enero de 2000 perpetraba un nuevo atentado, el asesinato en Madrid del teniente coronel Antonio Gracia Blanco. Otra de las «razones» para poner fin a la tregua había sido que las elecciones al Parlamento Vasco de 1998 no habían supuesto un triunfo arrollador de los partidos que apoyaban el «Pacto de Estella» frente a los partidos «constitucionalistas» —el PP y el PSOE, defensores de la validez del Estatuto de 1982— y tampoco las elecciones forales y municipales de junio de 1999, en las que además los «constitucionalistas» lograron la mayoría en la diputación foral de Álava y en el ayuntamiento de Vitoria, gobernados ambos a partir de entonces por el Partido Popular y Unidad Alavesa.^[216] En las elecciones de 1998^{[nota 31]} el candidato a lehendakari del PNV ya no fue Ardanza sino Juan José Ibarretxe.^{[nota 32]}

A lo largo del año 2000 ETA perpetró varios atentados contra dirigentes y cargos electos de los partidos «constitucionalistas» que se habían opuesto al «Pacto de Estella» y el PP y el PSOE decidieron firmar un Pacto Antiterrorista, al que no se sumaron ni el PNV ni EA. Este pacto, junto con el cerco legal a Herri Batasuna (y a su sucesora Batasuna, fundada en junio de 2001) y, sobre todo, la creciente efectividad policial debilitaron hasta tal punto a ETA que el número de atentados se redujo y en 2003 sólo hubo tres con víctimas mortales y en 2004 ninguna. Sin embargo, el enfrentamiento entre «nacionalistas» y «constitucionalistas» no se redujo ya que los primeros siguieron manteniendo la validez del «giro soberanista» que habían dado con la firma del «Pacto de Estella», aunque el pacto quedó en suspenso en febrero de 2000 al negarse Herri Batasuna a condenar el asesinato del dirigente socialista Fernando Buesa. El momento de máxima tensión se alcanzó en las elecciones vascas de mayo de 2001 en las que triunfó el «frente nacionalista», aunque por estrecho margen, lo que aseguró la continuidad del gobierno vasco del peneuvista Juan José Ibarretxe gracias al apoyo que recibió de Izquierda Unida, liderada en el País Vasco por Javier Madrazo.^[217]

A raíz del relativo fracaso del «frente constitucionalista» en las elecciones vascas de mayo de 2001, el gobierno del PP planteó la ilegalización de Herri Batasuna —entonces integrada en la coalición Euskal Herritarrok, de la que nació en junio de 2001 Batasuna—, para lo que pactó con el PSOE y CiU una nueva Ley de Partidos Políticos. Así, después del atentado que perpetró ETA en Santa Pola en agosto de 2002 —que causó la muerte a dos personas y que Batasuna no condenó—, se inició el proceso de ilegalización que fue acompañado por la «suspensión» de las actividades de Batasuna por orden del juez Baltasar Garzón al haber hallado pruebas de su conexión con ETA.^{[218][nota 33]}

A principios de 2003 el Tribunal Supremo declaró ilegal a Batasuna al considerarla el «brazo político» de ETA, por lo que ya no pudo presentar candidaturas ni las elecciones municipales y forales de mayo de 2003, ni en las elecciones generales del año siguiente.^{[nota 34]} Tanto la nueva Ley de Partidos como el proceso de ilegalización de Batasuna fueron muy contestados por los partidos nacionalistas vascos y, como alternativa, el lehendakari Juan José Ibarretxe propuso un «plan de pacificación» basado en la celebración de un referéndum que regulara «la libre asociación de Euskadi al Estado plurinacional Español». La propuesta, conocida como Plan Ibarretxe acentuó aún más el enfrentamiento entre «nacionalistas» y «constitucionalistas» y entre los gobiernos de Madrid y de Vitoria.^{[219][nota 35]}

La Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi fue debatida por el Congreso de los Diputados el 1 de febrero de 2005. La presentación y defensa de la misma la hizo el propio lehendakari Juan José Ibarretxe desplazado a Madrid para la ocasión, invitado por el nuevo Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero surgido de las elecciones generales del 14 de marzo de 2004. La admisión a trámite del «Plan Ibarretxe» fue finalmente rechazada con los votos del PSOE y del PP. Como muestra de buena voluntad las Cortes, a propuesta del Gobierno, habían despenalizado la convocatoria de referéndums sin el permiso de las Cortes Generales, un cambio del Código Penal introducido por el PP cuando tenía mayoría absoluta. para impedir que Ibarretxe pudiera convocar uno en el País Vasco para obtener el respaldo de la ciudadanía vasca a su propuesta.^{[220][nota 36]}

Tras haber rechazado el Congreso de los Diputados la admisión a trámite del «Plan Ibarretxe» el 1 de febrero de 2005, el presidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero anunció, sin consultarlo previamente con el líder del PP Mariano Rajoy (que había sucedido a José María Aznar al frente del partido), que estaba dispuesto a «dialogar» con ETA para poner fin al terrorismo si mostraba una clara disposición a abandonar la violencia. Un año después, el 22 de marzo de 2006, ETA anunciaba un «alto el fuego permanente» y que hablaría con el gobierno sobre el «fin de la violencia» si paralelamente se formaba una «mesa de partidos» que incluiría a la ilegalizada Batasuna y en la que se discutirían los temas «políticos» del «conflicto».^{[nota 37]} La respuesta del PP ante estos hechos fue acusar al gobierno de haber roto unilateralmente el Pacto Antiterrorista de 2000 y a continuación lo sometió a un intenso acoso tanto en las Cortes —donde Mariano Rajoy llegó a acusar a Zapatero de «haber traicionado a los muertos»— como en la calle, apoyando la larga serie de manifestaciones contra la «rendición» ante ETA que convocó la Asociación de Víctimas del Terrorismo y que congregaron en Madrid a cientos de miles de personas.^[224]

Sin embargo, la movilización contra el «proceso de paz», como lo llamó el Gobierno y los sectores políticos y sociales que lo apoyaban, no impidió que se iniciaran los contactos de los enviados del gobierno con la dirección de ETA, aunque pronto se comprobó que la banda terrorista no estaba dispuesta a abandonar las armas si no conseguía sus objetivos «políticos» —el reconocimiento del «derecho de autodeterminación» de Euskal Herria, que incluía también a Navarra—. Así, para presionar al gobierno ETA intensificó la lucha callejera (kale borroka) y finalmente el 30 de diciembre de 2006 puso una bomba de gran potencia en la terminal T-4 del aeropuerto de Barajas que causó la muerte de dos personas y enormes daños materiales. Un día antes del atentado el presidente Rodríguez Zapatero había manifestado públicamente su confianza en el éxito del «proceso de paz».^[225]

El gobierno dio por «suspendido» el «proceso de paz», aunque aún mantuvo unos últimos contactos en los meses siguientes con la cúpula de ETA y de Batasuna, hasta que ETA anunció el 4 de junio de 2007 el fin de la tregua —las primeras víctimas mortales de la nueva oleada terrorista de ETA fueron dos guardias civiles asesinados en Capbreton, un pueblo del País Vasco francés, el 1 de diciembre de 2007—. La respuesta del gobierno fue volver a la presión policial y judicial contra ETA y Batasuna: la cúpula de Batasuna fue detenida y encarcelada, incluido su principal dirigente Arnaldo Otegi; el etarra José Ignacio de Juana Chaos perdió su prisión atenuada y volvió a la cárcel; se inició el proceso de ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas —que en las elecciones autonómicas vascas de abril de 2005 había podido presentarse recogiendo el voto de Batasuna— y de Acción Nacionalista Vasca —que en las elecciones municipales y forales de mayo de 2007 había podido presentar candidaturas en la mitad de los municipios vascos y navarros, a pesar de que se sospechaba de que detrás se encontraba Batasuna—. Como respuesta ETA asesinó a sangre fría a un exconcejal socialista de la localidad guipuzcoana de Mondragón la víspera de las elecciones generales de marzo de 2008.^{[226] [nota 38]}

Tras la celebración de las elecciones generales de marzo de 2008 que dieron de nuevo la victoria al PSOE por lo que Rodríguez Zapatero revalidó su Gobierno, el Parlamento Vasco aprobó por estrecho margen el proyecto del lehendakari Juan José Ibarretxe de convocar una consulta sobre el «derecho a decidir» del «pueblo vasco» pero fue anulada por el Tribunal Constitucional. Como respuesta el gobierno vasco convocó una manifestación en Bilbao para el mismo día en que estaba previsto realizar la consulta, el 25 de octubre de 2008, bajo el lema «Sí a Eukalherria. Sí a la paz. Sí a decidir». Al año siguiente se celebraron las elecciones al parlamento vasco en las que no se pudo presentar ningún grupo de la izquierda abertzale y en las que el Partido Socialista de Euskadi-PSOE formó gobierno gracias al apoyo de los diputados del Partido Popular. Así por primera vez desde la recuperación de la democracia, el PNV fue desalojado del poder y un político no nacionalista vasco, el socialista Patxi López, ocupó la presidencia del gobierno vasco.^[227]

El cambio de gobierno en Euskadi, la salida de las instituciones de los grupos herederos de Batasuna y la eficaz lucha de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado contra ETA —en menos de dos años fueron detenidos todos los miembros de la dirección que había impuesto en 2007 la ruptura de la tregua—, entre otras razones, obligaron a la izquierda abertzale a replantearse su estrategia política. Así en febrero de 2010, Batasuna presentó un primer documento en el que apostaba por un «proceso democrático en ausencia de violencia», que fue seguido de la llamada «Declaración de Bruselas» en la que un grupo de intermediación internacional encabezado por el abogado sudafricano Brian Currin hizo un llamamiento a ETA para que declarara un alto el fuego permanente.^[228]

Tras el primer intento fallido con Sortu (aunque más tarde la ilegalización dictada por el Tribunal Supremo sería revocada por el Tribunal Constitucional), la izquierda abertzale consiguió el aval del Tribunal Constitucional para la coalición Bildu que había formado con otras fuerzas, por lo que pudo presentarse a las elecciones municipales y forales de mayo de 2011 y en las que consiguió muy buenos resultados —la alcaldía de San Sebastián y la Diputación Foral de Guipúzcoa, pasaron a estar presididas por un miembro de Bildu—.^[229]

El 20 de octubre, a un mes de las elecciones generales españolas en las que la izquierda abertzale se presentaba dentro de la coalición Amaiur, ETA anunciaba el abandono definitivo de la «actividad armada» lo que abrió un nuevo escenario político en el País Vasco.^[231] Según Ignacio Sánchez-Cuenca, el fin del terrorismo constituyó «uno de los mayores logros de Zapatero» conseguido gracias al «proceso de paz» iniciado en la legislatura anterior que, a pesar de que ETA rompió la tregua, puso las condiciones para que la izquierda abertzale apostara por las vías pacíficas y para que ETA quedara aislada, lo que finalmente le condujo al cese definitivo de la violencia. En este sentido, Sánchez Cuenca afirma que «el Gobierno acabó con el terrorismo de ETA».^[232]

El 3 de mayo de 2018, seis años y medio después de haber cesado su «actividad armada», ETA anunciaba su disolución. A las 14:15 de ese día los diarios Gara y Berria emitieron un video en el que se oía a los etarras históricos Josu Ternera, entonces en paradero desconocido, y Anboto, encarcelada en Francia, leer el último comunicado de la organización en el que se decía: «ETA ha desmantelado totalmente sus estructuras» y «da por concluida su actividad política. No será más un agente que manifieste posiciones políticas, promuevan iniciativas o interpele a otros actores». Sin embargo, a continuación justificaba su actividad terrorista: «ETA nació cuando Euskal Herria agonizaba» y «hoy es un pueblo vivo que quiere ser dueño de su futuro gracias al trabajo realizado en distintos ámbitos y la lucha de diversas generaciones». El comunicado terminaba haciendo un llamamiento a los militantes y a los jóvenes para «materializar el derecho a la autodeterminación». El analista Luis R. Azpeolea comenta: «Lejos de algún atisbo de autocrítica por su actividad terrorista, la justificaba».^[233]

Al día siguiente, mientras que por la mañana la izquierda abertzale celebraba un acto en Cambo-les-Bains, en el País Vasco francés, al que asistieron algunas de las personalidades que participaron en la Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián que precedió al anuncio del cese de la «actividad armada» de octubre de 2011 (también conocida como «Conferencia de Ayete»), y en el que un joven leyó un comunicado similar al de ETA del día anterior, por la tarde el lehendakari Iñigo Urkullu (que ostentaba el cargo desde diciembre de 2012 y que desde noviembre de 2016 estaba al frente de un gobierno de coalición entre su partido, el PNV, y el PSE-EE) y la presidenta del Gobierno de Navarra Uxue Barkos (que ostentaba el cargo desde 2015 al frente de una coalición integrada por su formación Geroa Bai, EH-Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra) se reunieron en el Señorío de Bertiz donde leyeron un comunicado conjunto en el que respondieron al de ETA señalando que «llega muy tarde» y que «el final de ETA no puede suponer pasar página sin una valoración crítica».^[234]

En la misma línea del comunicado de ETA, Sortu (el principal partido de la coalición de la izquierda abertzale EH-Bildu, sucesora de Bildu, y de la que también formaban parte Eusko Alkartasuna, Alternatiba y Aralar, que, a diferencia de Sortu, siempre se habían opuesto a la violencia de ETA), no hizo autocrítica «por su complicidad política con el daño injusto de la organización terrorista, que le pidió el arco parlamentario de Euskadi», ha señalado Luis R. Aizpeolea.^[235] Inmediatamente después de disolverse ETA, Arkaitz Rodríguez (el secretario general de Sortu que había sucedido a Arnaldo Otegi tras ser nombrado este en junio de 2017 coordinador general de EH-Bildu y que como Otegui estuvo encarcelado seis años por el caso Bateragune; Rodríguez salió de la cárcel en noviembre de 2015; Otegui en marzo de 2016) declaró en nombre de su partido (posición que se mantendría en los tres años siguientes):^[235]

Es falso que los militantes de ETA sean meros terroristas. Quieren hacernos creer que ETA ha sido un accidente meteorológico. Quieren un relato único de la sociedad que niegue el conflicto. Es inaceptable que afirmen el discurso de buenos y malos, justos e injustos, vencedores y vencidos. Sobre esta base no habrá una paz justa, estable y duradera.

La primera autocrítica se produjo tres años después. La formuló Arnaldo Otegi, acompañado de Arkaitz Rodríguez, el 18 de octubre de 2021 con motivo del décimo aniversario de la «Conferencia de Ayete», que precedió al anuncio del fin del terrorismo de ETA, cuando leyó una declaración «solemne» de EH-Bildu en la que expresaba su «pesar y dolor por el sufrimiento padecido» por las víctimas de ETA, que «nunca debió haberse producido» y que se proponía «tratar de mitigarlo en la medida de lo posible». «Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido, a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. Debíamos haber logrado llegar antes a Aiete», se decía en la declaración. A continuación se afirmaba que «desgraciadamente, el pasado no tiene remedio», por lo que nada de lo que digan «puede deshacer el daño causado», «pero estamos convencidos de que es posible al menos aliviarlo desde el respeto, la consideración y la memoria. Queremos decirles de corazón que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades. Siempre nos encontrarán dispuestos a ello». En la declaración también se mencionaba a los 187 presos de ETA para los que se reclamaba el final de la «política penitenciaria de excepción» y se reivindicaba «el papel activo y decisivo del colectivo de presos y presas en la superación de la estrategia armada», recordando que fueron los reclusos quienes impulsaron la decisión del abandono de las armas.^[236][237]

Desde diversos sectores se consideró el paso dado por EH-Bildu como positivo pero insuficiente porque seguía sin condenar los atentados de ETA y sin cuestionar su propia existencia en una democracia.^[237] El antiguo lehendakari Patxi López en nombre del PSOE valoró la declaración como un «avance» que sabía que era costoso para la izquierda abertzale, y que quizá preludiara otros más. Por su parte el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) reconoció como «un salto apreciable» la declaración, pues la izquierda abertzale «nunca había pedido perdón a las víctimas en los términos en que lo ha hecho». Pero la entidad también valoró que «no se puede reconocer el sufrimiento causado sin reconocer y condenar las razones y aquello que lo ha provocado. Otegi y los suyos siguen sin rechazar la identidad nacionalista excluyente por la que ETA y sus cómplices políticos y sociales persiguieron, hirieron y mataron. Las declaraciones de Otegi no reparan el fondo de la cuestión».^[236]

La autocrítica de EH-Bildu se enmarcaba en el proceso de «normalización democrática» (como lo ha llamado Luis R. Aizpeolea) de la coalición, y sobre todo de Sortu, que le había llevado a obtener unos buenos resultados en las elecciones al Parlamento Vasco de 2020 (21 escaños) recuperando los tres diputados que había perdido en las elecciones anteriores de 2016 a causa de la irrupción en el Parlamento Vasco de Elkarrekin Podemos con 11 escaños. Según Luis R. Aizpeolea, el avance de EH-Bildu en las elecciones de 2020 (celebradas en plena pandemia de COVID-19 en España) se debió a que presentó «nuevas caras» (Maddalen Iriarte fue su candidata a lehendakari), a que en la campaña electoral «primó el discurso social sobre el identitario nacionalista, pese a su intento en la legislatura de emular al soberanismo catalán, y concentró todo el voto nacionalista que no era del PNV», y ,sobre todo, a que borró «cualquier vestigio del pasado; se presentó ajeno a ETA». También contribuyó a su éxito electoral otro elemento clave en su «normalización democrática»: la participación activa en la política española, una novedad en la historia de la izquierda abertzale. Los dos diputados de EH-Bildu (como los cinco del PNV) apoyaron la moción de censura del socialista Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy del 31 de mayo de 2018 (pocas semanas después de que ETA anunciara su disolución) y tras la celebración de las elecciones generales de noviembre de 2019 los cinco que consiguió en esta ocasión facilitaron la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno absteniéndose (mientras que los seis del PNV la apoyaron). Y durante la XIV legislatura de España que se inició entonces formaron parte (como el PNV) de la mayoría parlamentaria que sostuvo al Gobierno de coalición PSOE-Podemos que encabezó Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, líder de Podemos, como vicepresidente segundo.^[238]

En las elecciones al Parlamento Vasco de 2020 tampoco el PNV (que fue el partido más votado, obteniendo 31 escaños por lo que Urkullu pudo volver a formar un gobierno de coalición con el PSE-EE) priorizó las cuestiones identitarias.^[239] Continuó con la línea moderada que había iniciado tras el fracaso del «Plan Ibarretxe» y el abandono de la política de su promotor en 2009 y que encabezaban Urkullu y Andoni Ortuzar, presidente del PNV.^[240] Así, «nunca los partidos nacionalistas habían subordinado tanto las cuestiones identitarias a las preocupaciones por la salud [en plena pandemia], el paro, la desigualdad de las mujeres o los problemas medioambientales. La preocupación prioritaria de los problemas cotidianos sobre los identitarios, una de las aportaciones clave del Gobierno de Patxi López a Euskadi, había cuajado hasta en las formaciones nacionalistas tras el cese del terrorismo. Quedaba muy atrás aquella etapa en que terrorismo y soberanismo caminaron juntos», ha destacado también Aizpeolea.^[241]

En las elecciones generales de España de 2023 EH-Bildu superó al PNV en votos y en escaños, si se incluye también a Navarra. Obtuvo 333 362 votos, lo que se tradujo en seis diputados (uno más que en noviembre de 2019), mientras que el PNV consiguió 275 782 votos y perdió un diputado respecto a noviembre de 2019 (se quedó en cinco). Al año siguiente se celebraron las elecciones al Parlamento Vasco en las que PNV y EH-Bildu (que de nuevo no priorizó las cuestiones identitarias)^[242] obtuvieron el mismo número de diputados, 27, aunque el PNV consiguió cerca de 30 000 votos más (372  456 frente a 343 609). El PSE-EE (PSOE), el tercer partido más votado que obtuvo 12 escaños, mantuvo su alianza con el PNV y se renovó el gobierno de coalición esta vez encabezado por Imanol Pradales, al haber renunciado Urkullu a presentarse después de doce años seguidos como lehendakari. En marzo de 2025 era Ortuzar el que renunciaba a la presidencia del PNV, también después de doce años en el cargo, siendo sustituido por Aitor Esteban, durante muchos años portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados.^[243] En su primer discurso como nuevo presidente del PNV Esteban dijo: «Para el PNV, lo primero siempre serán la democracia y los derechos humanos, incluso por encima de nuestro ideal nacionalista».^[244][245]

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