Ley General de Educación Superior (México)
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México| Ley General de Educación Superior (México) | ||
|---|---|---|
| Extensión territorial |
México | |
| Legislado por | Congreso de la Unión | |
| Referencia del diario oficial | DOF:20/04/2021 {{{refD}}} | |
| Historia | ||
| Aprobación | 19 de abril de 2021 | |
| Publicación | 20 de abril de 2021 | |
| Entrada en vigor | 21 de abril de 2021 | |
| Legislación relacionada | ||
| Reemplaza | Ley para la Coordinación de la Educación Superior (México) | |
| Legislación vigente | ||
La Ley General de Educación Superior, reglamentaria del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación superior, regula la educación superior en México desde el 21 de abril de 2021.[1]
Durante el siglo XIX el gobierno central no logró regular la educación superior en México. En 1830 Lucas Alamán propuso lineamientos y cambios a las universidades que por entonces dependían de los gobiernos locales. En 1833, durante la gestión presidencial de Valentín Gómez Farías, José María Luis Mora encabezó una reforma educativa y creó la Dirección General de Instrucción Púbica para el Distrito y Territorios de la Federación para intentar coordinar todos los centros educativos. La misma reforma creó instituciones de educación superior dependientes del gobierno federal; iniciativa que fue cancelada en 1844 por Antonio López de Santa Anna. [2]
En 1861, en la república liberal encabezada por Benito Juárez, el ministro de Justicia e Instrucción Pública, Ignacio Ramírez inició la reorganización general de la educación. Restaurada la república tras la intervención francesa, se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública del Distrito Federal en 1867, pero las instituciones existentes de educación superior siguieron bajo la tutela de los gobiernos locales, el clero y los gremios. Tal situación continuó durante los gobiernos de Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz.[2]
En la primera mitad del siglo XX, los gobiernos federales emanados de la Revolución Mexicana se abocaron a impulsar la educación primaria y secundaria. También hubo intentos para introducir el proyecto educativo revolucionario en la educación superior, donde el sector privado buscaba participación, y los movimientos autonomistas de las universidades estatales se resistían al cambio.[2]
Hasta 1950, la educación superior tuvo alcances muy limitados: atendía solo a 32 498 estudiantes, 1.5% de los jóvenes en edad universitaria, en 39 instituciones de educación superior (IES) de las cuales 26 eran públicas. Pero en las décadas de 1950 y 1960 el ritmo de crecimiento llegó a 9.7% anual, el número de universidades públicas casi se triplicó, y se crearon al menos 15 universidades privadas, que constituyeron un incipiente sistema de educación superior en crecimiento.[3][4] [5] En 1960 la matrícula fue de 76 mil estudiantes; diez años después, 218 mil y para el ciclo escolar 1980-1981 fue de 849 mil. [6]
Este crecimiento estuvo acompañado por normatividad federal. En 1970, siendo presidente de la República, Luis Echeverría y Víctor Bravo Ahuja secretario de Educación Pública, se creó la Dirección General de Educación Superior (DGES). Esta dependencia no buscó acelerar o regular el universo de la educación superlor, sino guiar e impulsar los institutos tecnológicos regionales.[7] En 1978, el entonces presidente José López Portillo, con Fernando Solana Morales como secretario de educación, expidió la Ley para la Coordinación de la Educación Superior,[8] que estuvo vigente hasta 2021. Esta ley contenía 27 artículos y dos transitorios, y solo delimitaba la participación de la Federación en la educación superior, el reconocimiento de validez oficial de estudios de las instituciones particulares y el financiamiento de las instituciones públicas.[2]
Mientras tanto, la educación superior estuvo coordinada y regulada de facto por el conjunto de las principales universidades e instituciones públicas y privadas de educación superior en México[9] que conformaron, desde 1950, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES. Esta asociación, desde sus inicios, se propuso planear el desarrollo de la educación superior con los principios de cooperación y supremo interés nacional. Para ello revisaron tanto la eficiencia y pertinencia de las carreras ofrecidas, como las relaciones entre las IES y las posibilidades de homologar sus sistemas académicos y administrativos.[3]
Entre 1970 y 1974 las IES afiliadas a ANUIES concertaron medidas comunes para guiar las transformaciones de cada institución. En las declaraciones y acuerdos de las Asambleas de Villahermosa (1971), Toluca (1971) y Tepic (1972) establecieron, entre otros, un sistema de créditos comunes para favorecer la movilidad de estudiantes y académicos; un sistema nacional de exámenes; un manual de indicadores para evaluar interinstitucionalmente a las IES; y guías para elaborar y evaluar proyectos académicos. Asimismo crearon y adoptaron un sistema de cursos semestrales, salidas laterales en las carreras, y diversos procedimientos para la titulación. También acordaron el número de créditos para cada ciclo y grado universitario, lineamientos para el servicio social y la posibilidad y regulación de créditos por actividades no escolarizadas.[4]
ANUIES también fue corresponsable de la creación del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (1994).
Al iniciar la década de 1990, la cobertura de la educación superior en México representaba el 13.5% lo que significaba una matrícula universitaria de 1 245 532.[10] Pese a ello, el gobierno federal no tenía un papel relevante en la dirección estratégica del sector. De acuerdo a Rollin Kent:
el gobierno carecía de los medios y de la experiencia para liderar el proceso de definición de la agenda y el diseño de las políticas públicas para el sector, una situación que era resultado del histórico retraimiento del gobierno y del interés de las universidades que preferían un gobierno alejado de los asuntos académicos.[11]
A partir de 1990, el gobierno federal expidió e instrumento varias regulaciones e iniciativas encaminados a reformar la educación superior, pero no generó ninguna ley de alcances generales. Entre estas iniciativas están el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (1984), los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, CIEES (1992) iniciativa de la ANUIES y la SEP; el Programa de Mejoramiento del Profesorado (1996); el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (2001);[11] y lineamientos como el Acuerdo 286 (2000 y 2017) que indica cómo acreditar niveles educativos, incluidos licenciatura y posgrado, con experiencia laboral o aprendizaje autodidacta.[12]
