Quo elongati

Tras el Capítulo general de la Orden, los ministros provinciales y el ministro general expusieron al papa la existencia de pasajes dudosos u oscuros en la Regla, así como la dificultad de observar ciertas disposiciones contenidas en el llamado Testamento de san Francisco. Según se indica en la bula, el propio Francisco había ordenado, poco antes de su muerte, que la Regla no fuera objeto de glosas ni interpretaciones, y había prohibido a los frailes solicitar aclaraciones a la Sede Apostólica sobre su contenido. Ante la incertidumbre de conciencia generada por estas prescripciones, los responsables de la Orden solicitaron al papa que determinara si el Testamento obligaba jurídicamente a los frailes y que aclarara diversos puntos relativos a la vida cotidiana, la disciplina y el gobierno de la Orden.^[1]

En primer lugar, Gregorio IX declara que los frailes no están obligados a la observancia del Testamento de san Francisco. Fundamenta esta decisión en dos razones: el Testamento no podía imponer una obligación sin el consentimiento de todos los frailes y de sus ministros, y tampoco podía obligar a los sucesores del fundador, dado que no existe superioridad jurídica entre quienes poseen la misma autoridad.^[1]

La bula aclara también que los frailes no están obligados, en virtud de la Regla, a todos los consejos evangélicos, sino únicamente a aquellos a los que se comprometieron explícitamente en ella. Los demás consejos obligan a los frailes del mismo modo que a los demás cristianos, aunque con mayor exigencia moral por su consagración voluntaria.^[1]

Un apartado importante se dedica a la cuestión del uso del dinero. Gregorio IX precisa que los frailes no pueden recibir ni poseer dinero, pero pueden recurrir a intermediarios fieles para satisfacer sus necesidades, siempre que el dinero no permanezca bajo su control ni sea considerado depósito propio.^[1]

En materia de pobreza, la bula afirma que la Orden no debe poseer bienes ni en común ni individualmente. Sin embargo, se permite el uso de libros, utensilios y otros bienes muebles necesarios, cuya propiedad permanece en manos de terceros. La administración de su uso corresponde al ministro general o a los ministros provinciales, con la supervisión del cardenal protector de la Orden.^[1]

El documento aborda además cuestiones disciplinarias, como la confesión de los pecados. Se establece que la obligación de recurrir a los ministros provinciales se aplica únicamente a los pecados públicos y manifiestos, mientras que para los pecados privados pueden designarse sacerdotes idóneos para oír confesiones.^[1]

En relación con la predicación, se reafirma que solo el ministro general puede examinar y autorizar a los frailes predicadores, sin delegar esta facultad a personas distantes. Asimismo, se aclaran las competencias de los vicarios de los ministros provinciales, quienes no pueden admitir ni expulsar frailes sin licencia especial.^[1]

Finalmente, la bula interpreta la prohibición de entrar en monasterios de monjas como aplicable a todos los conventos femeninos, entendiendo por monasterio el espacio claustral. Se exceptúan únicamente aquellos casos para los que exista licencia especial de la Sede Apostólica.^[1]