Toma del Palacio de Justicia

Fin del cese al fuego y acontecimientos previos

El M-19 denunciaba que el Ejército Nacional hacía unos meses había quebrantado el alto el fuego después de que, según ellos, el gobierno de Belisario Betancur incumpliera los Acuerdos de Corinto, Hobo y Medellín firmados el 24 de agosto de 1984.^[19] El presidente Betancur se había comprometido a lograr la paz con los grupos alzados en armas. En noviembre de 1983 se reunió en Madrid (España) con los comandantes del M-19, Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad, la primera vez que un presidente colombiano en ejercicio se reunía con insurgentes guerrilleros.^[20][21] El comandante del Ejército Nacional, general Miguel Vega Uribe y el ministro de Defensa, general Fernando Landazábal (destituido en enero de 1984),^[22] mostraron sus desacuerdos. El presidente de la comisión de diálogo, Otto Morales Benítez, habló de “enemigos agazapados de la paz”.^[23]

Entre diciembre de 1984 y enero de 1985 se presentó la batalla de Yarumales en el marco de la Operación Garfio del Ejército Nacional, la más prolongada que ha ocurrido en territorio colombiano (la batalla de Palonegro en la guerra de los Mil Días, entre liberales y conservadores, duró dos semanas), donde el M-19 resistió el ataque al Campamento de la Libertad, logró defender y mantener su posición en Corinto (Cauca), bajo la dirección de Carlos Pizarro.^[24][25][26]

En 1985 se presentó la Campaña de Pie Colombia por el M-19 ante el rompimiento de los acuerdos de Corinto. La campaña comprendió acciones urbanas y políticas en las principales ciudades. El 15 de marzo de 1985 se realizó la marcha de "Desagravio por la paz y la democracia" convocada por el M-19 en Bogotá;^[27] en abril se militarizan las ciudades con motivo del aniversario del M-19, en mayo se realiza un atentado contra Antonio Navarro, en junio se produce la toma guerrillera de Génova (Quindío),^[28] en agosto la muerte de Iván Marino Ospina en Cali,^[29] la masacre del Suroriente de Bogotá (por la cual en 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó el asesinato extrajudicial de 11 personas, 10 militantes del M-19 y 1 civil)^[30] por la Fuerza Pública el 30 de septiembre de 1985 tras el robo de un camión de leche,^[31][32] en octubre de 1985 se presentó el atentado al general Rafael Samudio Molina,^[33] el asalto al Batallón Cisneros en Armenia^[34][35] y se registran enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el M-19 en Bogotá, Quindío, Valle del Cauca y Cauca.^[36]

Esquema de seguridad del Palacio de Justicia

El 20 de septiembre de 1985 se realizó una reunión entre funcionarios del gobierno y algunos magistrados de la Corte, entre los que asistió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, con el fin de analizar las medidas de seguridad que se iban a tomar para resguardar a los cuatro magistrados de la sala constitucional de la Corte, Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero, Ricardo Medina Moyano y Alfonso Patiño Roselli. Los cuatro magistrados tenían a su cargo el tratado de extradición de colombianos por narcotráfico hacia Estados Unidos, y habían recibido amenazas de muerte por parte de miembros del cartel de Medellín y su cabecilla Pablo Escobar.

En este encuentro se determinó que la Policía Nacional hiciera un estudio de seguridad del Palacio, el cual se llevó a cabo entre el 28 de septiembre y el 15 de octubre de este año. Los resultados del mismo se presentaron en un consejo de gobierno el 17 de octubre. Dos días antes del asalto, la Policía Nacional retiró la vigilancia asignada al edificio, dejándola en manos de una empresa privada, aunque advirtió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado acerca de los planes del M-19. Un mensaje anónimo había anunciado la toma para el 17 de octubre de 1985, tal como quedará registrado en un documento^[37] del comando de las Fuerzas Militares, por lo que se tomaron medidas especiales de seguridad, retiradas el 1 de noviembre por presunta petición de Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema.^[38] Por su parte, el coronel Pedro Herrera Miranda de la Policía dijo que había ordenado recortar la vigilancia del Palacio por orden del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, declaración que genera muchas dudas, primero porque el magistrado era de los más amenazados, y segundo porque no era función suya solicitar el retiro de la vigilancia del Palacio, pues los presidentes de las cortes son solo voceros, y para sugerir el retiro de la Fuerza Pública tenía que haberse reunido con su homólogo del Consejo de Estado. Sin embargo, según investigaciones judiciales posteriores, desde agosto de 1985 los organismos de inteligencia colombianos tenían conocimiento del plan del M-19 de atacar el Palacio de Justicia, el Palacio de Nariño (la residencia presidencial) o el Capitolio Nacional (sede del Congreso).^[39]

Según la revista Semana, el M-19 había decidido realizar el ataque al Palacio de Justicia durante la visita del presidente francés François Mitterrand en el 17 de octubre de 1985 para granjearse notoriedad internacional.^[40] Dicho 17 de octubre fueron arrestados dos hombres en las inmediaciones del Palacio de Justicia haciendo planos del edificio. El Palacio de Justicia fue puesto bajo vigilancia militar hasta los primeros días de noviembre, cuando la vigilancia fue retirada y sustituida por vigilantes de una empresa privada de seguridad. Días antes de la toma, se almacenaron en la cafetería del Palacio Justicia unos 1500 pollos, hecho que después levantaría sospechas.^[41]

Conocimiento del Estado

En la investigación adelantada por el Tribunal Especial de Instrucción creado por el decreto 3300 de 1985,^[42] se evidenció que los organismos de seguridad del Estado y medios de comunicación tenían conocimiento previo de las acciones que el grupo guerrillero M-19 planeaba contra las instalaciones donde funcionaban la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.^[43] Se descubrió que días antes de la toma del Palacio de Justicia, el organismo de seguridad del Estado realizó la captura de algunos integrantes del movimiento subversivo que poseían documentos relacionados con los planes de la toma. Adicionalmente, se recibieron anónimos y advertencias sobre el peligro que estaba corriendo el poder judicial debido a la coyuntura política que vivía el país en 1985. Incluso, algunos medios de comunicación publicaron esta información antes que se produjera el ataque. Finalmente, se contaba con un sinnúmero de antecedentes de amenazas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, especialmente contra los miembros de la Sala de Casación Penal y de la Sala Constitucional.^[44]

Amenazas de Los Extraditables

Los miembros del Cartel de Medellín al mando de Pablo Escobar y otros narcotraficantes se asociaron para evitar la aprobación del tratado de extradición a Estados Unidos, la cual estaba siendo evaluada por la Corte Suprema de Justicia. El grupo de narcotraficantes se hizo llamar «Los Extraditables».^[45]

Las amenazas se produjeron entre principios y mediados de septiembre de 1985 para coaccionar o intimidar a los magistrados y sus familiares, entre los que estaba Patiño, para tratar de cambiar sus tesis y sus votos. Además de Patiño, los magistrados Ricardo Medina Moyano y Manuel Gaona Cruz informaron a las autoridades de las amenazas el 30 de octubre de 1985. Patiño alcanzó a recibir por correo tres cartas y dos cintas de audio. Parte de su declaración detallaba:^[45]

«...Efectivamente, en los últimos meses a partir de los primeros (sic) de septiembre me han llegado escritos que según los mismos provienen de Los Extraditables, en los cuales se me plantea la alternativa de apoyar las demandas (tres) que cursan en la Corte Suprema contra la Ley 27 de 1980, por medio de la cual se aprueba el Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, suscrito el 14 de septiembre de 1979 o ser asesinado (o secuestrado, según ellos)».

Uno de los mensajes que recibió leía:^[45]

«Nuestra causa. Por eso no aceptamos renuncia, no aceptamos licencias, no aceptamos enfermedades ficticias, no aceptamos vacaciones sospechosas y apresuradas. Cualquier posición asumida en contra nuestra, la tomaremos como un reto y como una aceptación a nuestra declaración de guerra... desde la cárcel ordenaremos tu ejecución y fumigaremos con sangre y con plomo tus más preciados miembros de familia... si el Tratado de Extradición no cae derrumbaremos la estructura jurídica de la nación... no estamos jugando, atacamos de sorpresa».^[46]

Los Extraditables.

Según versión entregada a la Comisión de la Verdad por Jhon Jairo Velásquez alias "Popeye", sicario del Cartel del Medellín y de Carlos Castaño,^[47] supuestamente Pablo Escobar había financiado la toma con 2 millones de dólares.^[48] Debido a que previamente se hicieron presuntos acuerdos de paz entre Iván Marino Ospina (Comandante del M-19, abatido en Cali antes de la toma del Palacio) y Pablo Escobar, debido a la guerra entre ambos grupos iniciada por el secuestro de Marta Nieves Ochoa (hermana del clan narcotraficante Ochoa) y el surgimiento del grupo Muerte a Secuestradores (MAS) en 1981.^[49][50] Sin embargo, antiguos miembros de la guerrilla niegan cualquier participación por parte de los narcos.^[51][52] En 2020, exmilitantes del M-19 como Otty Patiño y Vera Grabe reconocieron ante la Comisión de la Verdad que la toma fue una decisión errada, pero que de ninguna manera fue financiada por Escobar, ya que se trató de un operativo con objetivos políticos, de acuerdo con el contexto político y militar (la Campaña de pie Colombia del M-19), la situación financiera del grupo, la falta de armamento pesado en la toma, y a la guerra contra Muerte a Secuestradores (MAS) y el Cartel de Medellín.^[53][54] La existencia de copias de las solicitudes de extradición en la cancillería y la embajada estadounidense, y de copias de procesos en otros despachos judiciales, desvirtúa que la quema de expedientes fuera la razón de la operación guerrillera.^[55][56] Además, los magistrados también llevaban procesos judiciales y condenas contra miembros de las Fuerzas Militares. Cerca de 6000 expedientes se quemaron en la toma.^[57][58] El M-19 no tenía armas antitanque y no llegaron los explosivos, según versión de Jaime Castro, entonces ministro de Gobierno.^[59] Carlos Lehder, miembro del Cartel de Medellín en el momento de los hechos, negó en 2024 la financiación y participación del Cartel de Medellín en el asalto.^[60]

Planeación del ataque

La toma al Palacio de Justicia fue ideada, planeada y ejecutada por unidades del M-19. La idea se atribuye al guerrillero y abogado constitucionalista Alfonso Jacquin; la planeación y el diseño de la operación militar al guerrillero Luis Otero Cifuentes, y el comandante en jefe del M-19, Álvaro Fayad, fue el encargado de aprobar el plan. Otero ya había planeado otras operaciones militares del M-19, como el robo de la espada de Bolívar, el asalto al Cantón Norte y la toma de la embajada de la República Dominicana, hechos por los cuales fue enjuiciado en un Consejo Verbal de Guerra, pero tras una amnistía salió de la cárcel.^[61] Si bien la operación tuvo que ser abortada debido a la alerta de las autoridades sobre el plan, rompiendo una norma del grupo de jamás seguir adelante con un plan descubierto, se decidió ejecutar la operación ya que el plan del grupo rebelde era obligar al presidente Betancur a presentarse a un juicio aprovechando la ventaja del edificio, similar a una fortaleza, además de su valor simbólico como sede la justicia colombiana, e igualmente aprovechando la relación de algunos de los cuadros negociadores del M-19 con los magistrados que, tiempo atrás, habían sido sus docentes de Derecho.^[40][62]

• Escuadra número 3: Al mando de Pacho, Bernardo. Su misión es garantizar el asalto de la escalera interior a la Biblioteca y copar el flanco Norte del primer piso. Estará conformada por: Pacho], Bernardo, Ismael, Esteban. Medios: 1 Carabina Uzi, 2 Fusiles, 1 M3. 2 Granadas.
• Escuadra número 4, (de apoyo): Aldo, Leonor, Roque, Natalia, Marina, Pilar. Medios: cortos, 3 granadas. Asalto al 3.º y 4.º pisos. El 2.º pelotón estará al mando de Jaime y compuesto por unidades.
• Escuadra número 1: Lucho, Adán, Iris (Eduardo), Iris (Antonio), Fabio Camacho Patricia, Michel, Paula, Betty.
• Escuadra número 2: Andrés, César, N.N. Esteban, Orlando, Juan, Jorge, Claudia, Profe, Mono. Medios: 14 Fusiles, 1 Matzen, 1 Carabina Uzi, 10 Granadas.

CORTOS

La escuadra número 1 entrará por la escalera principal del flanco sur y la escuadra número 2 por la escalera principal del flanco norte. La primera al cuarto piso y la segunda al tercer piso. Cada una dejará un hombre en el 2.º piso.

Nota

1. . LA VANGUARDIA: Chucho y tres más. Dos (Nohora y Pedro) que tendrán vehículo
   de retaguardia donde va, además, Rafael.
2. . EL GRUESO: En el camión, los medios ingenieros. explosivos, intendencia y
   la escuadra número 1 del pelotón 2 (Mando: Lucho).
3. . RETAGUARDIA: Pacho más 3. Más Nohora, Pedro Rafael y la escuadra número 2
   del pelotón (Mando: de César).

1.ª LÍNEA DE DEFENSA

• Sótano: Chucho, Andrés, William, Marcela, Pedro.
• Flanco Norte: Pacho, Roque, Bernardo, Estéban, Mono.
• Flanco Oriental: Lázaro, Fabio, Natalia, Diana, Juan.

Apartes de documentos del plan de asalto al Palacio de Justicia encontrados durante un allanamiento a miembros del M-19.^[63]

Momentos previos

Un presunto testigo llamado Ricardo Gámez, exagente de inteligencia, declaró que días antes de la toma del Palacio de Justicia, todo el personal de Inteligencia fue acuartelado bajo la advertencia de que algo iba a ocurrir y ya se había montado un comando operativo en la Casa del Florero. A las 5:30 AM (UTC-5) horas antes de la toma, él y varios agentes de inteligencia fueron ubicados en la carrera séptima cerca del parque Santander, a la espera de lo que podría pasar. Dijo además que la operación estaba siendo coordinada desde la Casa del Florero, a pocos metros del Palacio de Justicia.^[64]

Las unidades del Ejército Nacional que intervendrían en las horas siguientes estaban conformadas por la XIII Brigada, comandada por el general Jesús Armando Arias Cabrales. Entre sus subordinados estaba el Jefe del Estado Mayor de la Brigada XIII (B-5), coronel Luis Carlos Sadovnik. En orden descendente seguían las unidades B-1, B-2, B-3 y B-4. El coronel Edilberto Sánchez estaba al mando de la B-2.^[1][65]

A las 11:00 AM (UTC-5), siete guerrilleros del M-19 ingresaron armados y vestidos de civil al Palacio de Justicia, aprovechando la poca vigilancia. El grupo era liderado por Alfonso Jacquin y en él se encontraba también la guerrillera Irma Franco. Una vez dentro, asumieron posiciones en el edificio; dos en la secretaría del Consejo de Estado, dos en la secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dos en la cafetería y una mujer en el tercer piso.^[1]

Jacquin hizo una llamada telefónica desde el tercer piso a Luis Otero, que se encontraba en una casa del barrio Calvo Sur de Bogotá, en la dirección calle 6a Sur # 8-42, avisándole que ya estaba dentro y podía proceder. Desde la casa, Otero y otros 27 guerrilleros más se desplazaron en tres vehículos hacia el Palacio de Justicia.^[1]

A las 11:30 de la mañana, la Sala Constitucional estaba en sesión, el magistrado Manuel Gaona Cruz leía su ponencia sobre una de las demandas contra el tratado de extradición con los Estados Unidos.^[66] En la sala también se encontraban los magistrados Alfonso Patiño Roselli, presidente de la Sala, Carlos Medellín Forero y Ricardo Medina Moyano, además del secretario Ricardo Correal Murillo. En los despachos estaban los magistrados Fabio Calderón Botero, Alfonso Reyes Echandía, Pedro Elías Serrano Abadía y Darío Velásquez Gaviria. En la Sala Laboral se encontraban los magistrados Fanny González Franco, José Eduardo Gnecco Correa y Nemesio Camacho Rodríguez.^[66] En otro sector de la Sala Penal estaban los magistrados auxiliares Emiro Sandoval Huertas y Julio César Andrade, y siete auxiliares judiciales: María Janeth Rozo, Isabel Méndez de Herrera, María T. Muñoz de Jiménez, María Cristina Herrera Obando, Beatriz Moscoso de Cediel, Libia Rincón Mora y Nury Gutiérrez de Piñeres de Soto. De los despachos de los magistrados de la Sala Constitucional estaban las secretarias Lyda Mondol de Palacios, Ruth Zuluaga de Correa y Rosalía Romero de Díaz. De la Sala Laboral se encontraban en ese piso el magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverri Correa y los secretarios de los despacho Hermógenes Cortés Nomelín, Cecilia Concha Arboleda y Ana Lucía Bermúdez de Sánchez.^[66]

En el primer piso estaban la mayoría de empleados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia. Se encontraban el administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez Vera, la cajera Cristina del Pilar Guarín, los meseros Héctor Jaime Beltrán y Bernardo Beltrán, la empleada Gloria Estela Lizarazo, el chef David Suspes y la empleada Luz Mary Portela. También se encontraban de visita la contratista de la cafetería Norma Constanza Esguerra y Gloria Anzola de Lanao. Lucy Amparo Oviedo esperaba entrevistarse con el magistrado Alfonso Reyes Echandía.^[1]

Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre

Los guerrilleros del M-19 denominaron la toma como la «Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre». La toma comenzó a las 11:15 a. m. (UTC-5) del 6 de noviembre de 1985, cuando 28 unidades del «Comando Iván Marino Ospina» al mando de Alfonso Jacquin y, posteriormente, Luis Otero y Andrés Almarales, ingresaron al edificio fuertemente armados y vestidos de civil. Pocos minutos después empezaron a gritar consignas y a hacer disparos. Un camión reventó el separador metálico de la portería del estacionamiento que da frente a la carrera octava, seguido por dos vehículos que conducían personas vestidas con camuflados de las Fuerzas Militares colombianas y armadas con rifles. Ingresaron por la puerta del sótano del costado occidental (entrada al estacionamiento del Palacio de Justicia), mientras que un grupo de guerrilleros se atrincheró en el primer piso y la puerta principal.^[19] Los primeros en morir fueron Eulogio Blanco y Gerardo Díaz Arbeláez, vigilantes de la firma Cobasec Ltda., contratista para labores de vigilancia del Palacio de Justicia. Blanco y Arbeláez fueron acribillados por los guerrilleros antes de poder defenderse con sus armas.^[67]

Durante el ingreso de los guerrilleros, un agente de policía resultó herido. En cerca de media hora los guerrilleros tomaron el control total del edificio, mientras en las afueras se destacaron unidades de la Policía Nacional y el Ejército Nacional,^[19] las cuales fueron ubicadas en las terrazas de algunos edificios vecinos como la Catedral Primada, el Palacio Liévano y la Casa del Florero, con la intención de recuperar el Palacio.

«No negociar» o «vacío de poder»

El M-19 hizo exigencias como la publicación de las actas de la Comisión de Verificación, de los documentos del Fondo Monetario Internacional (FMI), espacios en la radio y la televisión en horario preferencial para dirigirse al país, y que el presidente Betancur se presentara personalmente en el Palacio de Justicia para hacerle un juicio público presidido por la Corte Suprema de Justicia, teniendo como fiscal al pueblo colombiano, en el cual formularía sus denuncias a través de la radio, exigencia que resultó descabellada para el gobierno.^[68]

El gobierno de Belisario Betancur decidió no negociar debido a que las circunstancias políticas no eran adecuadas para una negociación. Betancur era señalado por algunos sectores de la opinión pública de haberle entregado el país a la guerrilla, el M-19 había roto la tregua y culpaban al gobierno, además de haber realizado un atentado contra el Comandante del Ejército Nacional. Según la revista Semana, «el país estaba sumido en un ambiente de desestabilización institucional con una percepción de un vacío de autoridad».^[68] Varios analistas consideraban que si Betancur accedía a las peticiones de los guerrilleros, el gobierno quedaría mal ante la opinión pública nacional e internacional.^[69]

La ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, ordenó interrumpir la transmisión en directo de los acontecimientos por televisión, y seguir con la programación establecida, para proyectar una imagen de normalidad a la opinión pública. En consecuencia, se detuvo la transmisión por televisión de la toma y en su lugar se pasó el partido de fútbol entre Millonarios y Unión Magdalena, el cual estaba programado previamente. Las emisoras de radio y algunos noticieros continuaron transmitiendo la información en directo, sin embargo, la ministra dio la orden de que no se siguiera transmitiendo lo que estaba sucediendo.^[70][71][72]

Recuperación: «Plan Tricolor 83»

Momentos después de la toma, las Fuerzas Militares de Colombia iniciaron el operativo de recuperación del Palacio y rescate de los rehenes. El jefe del Estado Mayor de la XIII Brigada, coronel Luis Carlos Sadovnik, activó el Plan de Defensa Nacional «Tricolor 83» y el Centro de Operaciones de la Brigada (COB). Los primeros en llegar a las inmediaciones del Palacio de Justicia fueron algunos miembros del Batallón Guardia Presidencial que prestaban servicio al presidente en la cercana Casa de Nariño.^[1]

Después del mediodía, llegaron los primeros vehículos blindados EE-09 Cascavel y Urutú, que fueron ubicados alrededor del Palacio, sobre la plaza de Bolívar y las carreras Séptima y Octava. El presidente Belisario Betancur fue informado del hecho.

A la 13:00 (UTC-5), los guerrilleros le dijeron al magistrado Alfonso Reyes Echandía, mantenido como rehén, que nada le iba a suceder y que lo requerían para negociar. Los guerrilleros del M-19 se refugiaron en el cuarto piso junto a algunos rehenes, realizaron llamadas telefónicas al Palacio de Nariño y a varios medios de comunicación para hacer conocer sus exigencias. El M-19 exigía la publicación en los diarios y la difusión en las cadenas radiales de una proclama; pidieron la creación, en una cadena radial, de un espacio diario para la expresión de la oposición y la presencia del Presidente de la República o su apoderado ante la Corte Suprema de Justicia, para efectos de adelantarle un juicio político.

Minutos más tarde, un grupo de soldados del Batallón Guardia Presidencial entró al Palacio para sacar los cadáveres de dos vigilantes, mientras un oficial y un suboficial recuperaban la ametralladora del vehículo blindado Urutú. A las 13:30 (UTC-5), los primeros vehículos blindados ingresaron por el sótano. A las 13:40, el comandante guerrillero del M-19 Luis Otero se comunicó con algunos medios de comunicación para confirmar la autoría y el nombre del operativo.

A las 13:55 (UTC-5), un vehículo blindado EE-09 Cascavel derribó la puerta principal del Palacio. A las 14:00, dos helicópteros dejaron en la azotea del edificio a un grupo de policías del Comando de Operaciones Especiales de la Policía, que también ingresó al Palacio. Otro de los vehículos blindados Urutú trató de irrumpir por una de las puertas del recinto para rescatar el cadáver del subteniente de la Policía José Fonseca Villada, asesinado por los guerrilleros al comienzo de la toma, pero debido a la estrechez de la puerta, perdió la metralleta y, a causa del tiroteo con los guerrilleros del M-19, debió ser retirado. Dos vehículos blindados ingresaron por la puerta principal y obligaron a los guerrilleros y rehenes a subir a los pisos superiores, mientras que en la parte posterior del Palacio de Justicia se inició un incendio. Los combates se intensificaron en el sótano, mientras los subversivos se desplazaban a los pisos superiores.

Quince minutos después fueron liberados algunos rehenes y trasladados a la Casa del Florero para su identificación, a excepción de los heridos que fueron llevados a clínicas y hospitales. A las 14:25, un tercer vehículo blindado ingresa a la edificación con soldados del Batallón Guardia Presidencial y de la Escuela de Artillería, mientras hombres del Grupo Operativo Antiextorsión y Secuestro (GOAS) de la Policía Nacional llegaban por la azotea.

A las 15:00 el presidente Betancur pidió consejo a algunos expresidentes, candidatos a la Presidencia y congresistas, quienes concordaban en que era mejor negociar en lugar de recuperar el Palacio. Cinco minutos después, Álvaro Villegas Moreno, presidente del Congreso, hablaba por teléfono con el presidente Reyes Echandía y el magistrado Pedro Elías Serrano, quienes le solicitaron que el presidente Betancur ordenara el alto el fuego. En una segunda conversación, el presidente Reyes Echandía le informó que se encontraba en el cuarto piso con los guerrilleros, dato confirmado por uno de los subversivos que le arrebató el teléfono y quien comunicó que, de no llegarse a un cese al fuego, nadie iba a salir vivo. A las 15:15 Villegas le llevó el mensaje a Betancur, quien respondió que no iba a negociar y que no había logrado comunicarse con Reyes.

A las 16:10, les ordenaron a los soldados que ingresaron por la puerta que ayudaran a salir a los rehenes. Varios estruendos se escucharon desde el sótano y los primeros pisos, lo que llenó de humo el edificio. El presidente Reyes Echandía seguía pidiendo el alto el fuego, secundado por otros magistrados a través de la radio. A las 16:50, la Cámara de Representantes repudiaba la toma y se declaraba en sesión permanente.

A las 17:10, el presidente Reyes Echandía logró comunicarse con el general Víctor Delgado Mallarino, director general de la Policía Nacional y amigo suyo. Reyes le pidió que cesaran el fuego porque de no hacerlo todos iban a morir, a lo que Delgado respondió que estaba haciendo lo posible por rescatarlos y que necesitaba comunicarles a los efectivos del M-19 que el gobierno no iba a negociar. Otero y Delgado conversaron. A las 17:30, el general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante del Ejército Nacional, asume el mando de la operación de rescate.

«Por favor, que cese el fuego inmediatamente... es de vida o muerte».

Voz telefónica de Alfonso Reyes Echandía, estando como rehén.

Alfonso Jacquin: «Evelio, ven. Oiga, es increíble. Habla Alfonso Jacquin, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado al teléfono al presidente de la Corte y se va a morir, porque el presidente de la República, ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble que el M-19 no es el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó [sic] los tanques del Ejército... [disparos, explosiones, gritos]...es lo increíble, el Ejército entró con sus tanques y están sonando los tiros; cuando entren en este piso nos morimos todos, sépalo».^[74]

Paladín 6: «R. Entiendo que no han llegado los de la Cruz Roja. Por consiguiente estamos con toda la libertad de acción y jugando contra el tiempo. Por favor apurar, apurar a consolidar, y acabar con todo...»^[75]

Un incendio, cuyo origen no se ha esclarecido, comenzó a las 17:45 en el cuarto piso, donde se encontraban guerrilleros, magistrados y civiles que debieron bajar al tercero. Media hora más tarde, un helicóptero logró evacuar a algunos policías heridos del Copes y el GOAS. Reyes Echandía se comunicó de nuevo con Villegas a las 19:15 y le reiteró que los iban a matar si no terminaban el tiroteo. Con el paso de las horas, el incendio tomaba fuerza mientras los subversivos retenían a algunos rehenes que trataban de escapar del fuego y los llevaban a los baños del segundo piso y, luego, del tercero. Sesenta personas permanecieron desde la noche del 6 de noviembre hasta el final de la toma en dichos baños.

En una grabación de aproximadamente la misma hora, los comandantes del Ejército Nacional comentaban:^[75]

• Arcano 6: «...de todas maneras aquí vamos a intentar controlar este sector que nos ha dado molida en el 4.º piso. Ya inclusive disparamos un ambrus (posible cohete o mortero), desafortunadamente parece que no operó, pero seguimos acá».
• Paladín 6: «Dígame cómo sigue la situación».
• Arcano 6: «En atención a la situación de incendio de proporciones mayúsculas, entonces fue necesario evacuar, se mantiene un dispositivo en la parte externa...».
• Paladín 6: «La situación aquí se enfrió. Que haya acción, que haya ruido. Que si necesita más munición le coloca toda la que necesite...».
• Coraje 6: «¿Cómo me decía Paladín que algunos magistrados informan que mataron a Reyes Echandía? ¿Cómo sería la muerte de él?».
• Arcano 6: «R. De los que evacuamos, que presumíamos se trataba de personal magistrados por la vestimenta, se verificó había cinco magistrados y de ellos informaron al comandante de DEBOG (Policía de Bogotá), le informaron que desafortunadamente los bandidos lo habían asesinado, pero no hemos encontrado su cadáver. Cambio».
• "Coraje 6: «Y el asesinato, ¿cuándo fue? Cambio».
• "Arcano 6:«R. No tuve la información porque los evacuaron inmediatamente para darles servicio médico en el Hospital Militar. Cambio».

Una nueva explosión se oyó en el cuarto piso a las 21:30. Las personas que se hallaban allí gritaron pidiendo el alto al fuego y la presencia de la Cruz Roja. Quince minutos más tarde, los bomberos llegaban para tratar de sofocar las llamas, pero sus esfuerzos resultaron inútiles mientras el Palacio era consumido. Dentro, efectivos del Ejército intentaban apagar el incendio con mangueras de emergencia. Cerca de las 22:00 los bomberos conseguían rescatar a algunas personas que se hallaban en la azotea, mientras los combates dentro del edificio se hacían más fuertes. Media hora después, algunos rehenes escondidos en las oficinas eran rescatados por el Ejército. Ellos y dos empleadas del aseo, rescatadas de la azotea por los bomberos, fueron llevados a la Casa del Florero.

En otra grabación, el general Vega Uribe discute con el general Samudio sobre el destino del comandante guerrillero Andrés Almarales:

• Coraje 6 : «Sí, a ver que dentro de los que salen retenidos, no se nos vayan a mezclar. Cambio».
• "Paladín 6 : «R. Sí, porque inclusive tenemos información de que Otero se nos salió con la cédula de muerto, pero, pero, pero bueno... y Almarales está vivo y que lo llevaron a una unidad de P.M....».

El coronel Plazas Vega tuvo una corta entrevista la noche del 6 de noviembre:

• Coronel Plazas Vega: «...Hemos tenido algunas bajas, pero la gran mayoría de las bajas son de ellos, y sobre todo hemos rescatado la casi totalidad, yo creo que la totalidad de los rehenes que se encontraban vivos».
• Periodista: «¿Coronel, cuál es la instrucción que tiene en estos momentos? [Coronel Plazas Vega: «¿Cuál es la qué, me dice?»] ...la instrucción o la decisión, es decir, la decisión que hay en este momento de parte de las fuerzas regulares, ¿cuál es?»
• Coronel Plazas Vega: «Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes del... ni contra ninguna de las ramas del poder público. Esto es un atentado contra la rama jurisdiccional y eso hay que dejarlo muy claro, que el Ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando porque esto es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar».
• Periodista: «El Presidente de la Corte Suprema de Justicia ha pedido el cese al fuego...»
• Coronel Plazas Vega: «Si a mí me disparan yo contesto el fuego. Yo entré con mis carros, me recibieron a fuego, disparé, no sé qué haría usted.»
• Periodista 2: «Pero el Presidente de la Corte Suprema, el doctor Echandía pide...»
• Plazas: «No sé, yo no sé quién esté ahí, yo no sé quién esté adentro, o quién esté afuera, yo sé que salieron varios magistrados, no sé si tal vez esté entre ellos.»^[76]

Magistrados

De acuerdo con una versión del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Aníbal Gómez, integrante de la Comisión de la Verdad, los magistrados muertos fueron:^[82]

1. Alfonso Patiño Roselli. Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de la que era su presidente.
2. Alfonso Reyes Echandía. Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Magistrado de la Sala Penal. Las autoridades le encontraron en el tórax una bala proveniente del Ejército Nacional.^[82][83]
3. Carlos Medellín Forero. Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
4. Darío Velásquez Gaviria. Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
5. Fabio Calderón Botero. Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
6. Fanny González Franco. Magistrada de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Fue la primera magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
7. Horacio Montoya Gil. Magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Murió por la explosión de una granada de fragmentación mientras ayudaba al magistrado Humberto Murcia Ballén.
8. José Eduardo Gnecco Correa. Magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
9. Manuel Gaona Cruz. Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
10. Pedro Elías Serrano Abadía. Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
11. Ricardo Medina Moyano. Magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Servidores públicos muertos

1. Ana Beatriz Moscoso de Cediel. Auxiliar de magistrado de la Corte.
2. Aura María Nieto de Navarrete. Auxiliar Consejo de Estado.
3. Blanca Inés Ramírez de Angulo. Auxiliar Consejo de Estado.
4. Carlos Horacio Urán Rojas. Magistrado Auxiliar del Consejo de Estado. Su cadáver fue hallado en la morgue de Bogotá junto a los cuerpos de otras personas que murieron durante la recuperación. En el informe de la Comisión de la Verdad está consignado que Urán murió de un tiro de gracia de un arma calibre 9 mm y el cadáver fue lavado antes de ser hallado en la morgue de Medicina Legal. En 2007 se reveló un vídeo en el que se muestra a Urán saliendo vivo del palacio, además la billetera y otros efectos personales de Urán aparecieron en una bóveda secreta del Cantón Norte del Ejército, en Bogotá. La billetera estaba perforada por un disparo y, según la versión que en ese momento le dieron a la Fiscalía familiares, el magistrado auxiliar solía llevarla en su saco, por lo que familiares presumen una ejecución.^[84] En 2023, se realizó una demanda en Estados Unidos por su caso.^[85] Su hija, Helena Urán Bidegain, continúa con la búsqueda de la verdad de los hechos de la muerte de su padre.
5. Cecilia Concha Arboleda. Auxiliar de magistrado de la Corte.
6. Emiro Sandoval Huertas. Magistrado auxiliar del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Alfonso Reyes Echandía.
7. Hermógenes Cortés Nomelín. Auxiliar de magistrado de la Corte.
8. Isabel Méndez de Herrera. Auxiliar de magistrado de la Corte.
9. Jaime Alberto Córdoba Ávila. Auxiliar Consejo de Estado.
10. Lizandro Juan Romero Barrios. Magistrado auxiliar del Consejo de Estado.
11. Luz Estella Bernal Marín. Abogada asistente del Consejo de Estado
12. María Cristina Herrera Obando. Auxiliar de magistrado de la Corte.
13. María Janeth Rozo. Auxiliar del Presidente de la Corte.
14. María Lida Mondol de Palacios. Auxiliar de magistrado de la Corte.
15. María Teresa Barrios Rodríguez. Auxiliar Consejo de Estado.
16. María Teresa Muñoz de Jiménez. Auxiliar de magistrado de la Corte.
17. Nury Gutiérrez de Piñeres. Barranquillera, auxiliar del magistrado Dante Fiorillo.
18. Rosalba Romero de Díaz. Auxiliar de magistrado de la Corte.
19. Ruth Mariela Zuluaga de Correa. Auxiliar de magistrado de la Corte.

Empleados de las instalaciones

1. Carlota Sánchez de Monsalve. Ascensorista del Palacio de Justicia.
2. Eulogio Banco. Vigilante de Cobasec.
3. Gerardo Díaz Arbeláez. Vigilante de Cobasec.
4. Jorge Tadeo Mayo Castro. Administrador del Palacio de Justicia.
5. José Eduardo Medina Garavito. Conductor.
6. Luis Humberto García. Conductor.
7. Plácido Barrera Rincón. Conductor.

Miembros de la Fuerza Pública

1. Capitán Héctor Aníbal Talero Cruz.
2. Radio operador Ricardo S.Sotomayor.
3. Teniente Sergio A. Villamizar Q.
4. Subteniente José R. Fonseca Villada.
5. Sargento Primero Jaime Benítez P.
6. Agente Jaime A. Portilla Franco.
7. Agente Jaime Rodríguez Vivas.
8. Agente Alcibiades Baquero Turriago.
9. Agente del DAS José Gerardo Malaver.
10. Agente del DAS Everardo Bermúdez García.
11. Agente del F2 Ramón León Ariza.
12. Agente del F2 Saúl Chavarría Salamanca.
13. Agente del F2 Libardo Durán. Escolta personal del magistrado Alfonso Reyes Echandía. En 1985, sus familiares recibieron un cuerpo que supuestamente correspondía a Durán; sin embargo, en 2018 la Fiscalía estableció que los restos entregados eran de los guerrilleros Noralba García y Alfonso Jacquin. Posteriormente, los restos de Durán fueron ubicados entre los cuerpos que se exhumaron en 1998 en una fosa común del cementerio del Sur, en Bogotá.^[94][95]

Guerrilleros

Todos los guerrilleros que participaron en la toma murieron excepto Clara Elena Enciso ("Mona").^{[96][97][98][99]}

1. Luis Otero Cifuentes ("Lucho"). Antropólogo. Desaparecido.
2. Andrés Almarales Manga. ("Andrés"). Abogado.
3. Alfonso Jacquin Gutiérrez ("Aldo"). Abogado. Sus restos fueron identificados en 2018.^[94]
4. Guillermo Elvencio Ruiz ("Chucho"). Compañero sentimental de Clara Elena Enciso ("Mona"), única sobreviviente de los guerrilleros.
5. Ariel Sánchez Gómez ("Pacho"). Sus restos fueron identificados en 2005.^[100]
6. Noralba García Trujillo (“Betty”). Enfermera. Sus restos fueron identificados en 2018.^[94]
7. Diógenes Benavides Martinelli ("Esteban"). Guerrillero de nacionalidad panameña.^[101][102]
8. Mónica Molina Beltrán ("Marcela"). Sus restos fueron identificados junto a los de Carmen Garzón en 2014.^[103][104]
9. Carmen Cristina Garzón Reyes ("Violeta"). Armada con una ametralladora y abundantes explosivos, repelió el acceso de los militares al cuarto piso (donde se encontraban los rehenes) desde las escaleras que comunicaban los pisos tercero y cuarto. Fue abatida con un disparo de tanqueta Cascavel después de que su resistencia acabara con la vida de varios militares. Sus restos fueron identificados en 2014 junto a los de Mónica Beltrán.^[104]
10. Olga Gracia ("Patricia").
11. Josué Marín Peña ("Roque").
12. Fernando Rodríguez Sánchez (“Bernardo”).
13. Jesús Antonio Rueda Velasco ("Esteban").
14. Fabio Becerra Correa ("Mono" o "Carlos")
15. Humberto Lozada Valderrama (“Andrés”).
16. Jesús Antonio Carvajal Barrera (“Pedro”).
17. Ángela María Murillo (“Natalia”).
18. Constanza Molina ("Paula").
19. Nicolás Ortiz Foglia ("Adán").
20. Amalia Sosa Sierra (“Nohora”). Compañera sentimental de Orlando Chaparro Vélez.
21. Orlando Chaparro Vélez ("Fabio"). Compañero sentimental de Amalia Sosa Sierra.
22. Alberto Nicolás Erazo ("William"). Hermano de Fernando Erazo y padre de Carlos Erazo.
23. Fernando Erazo ("Salvador"). Hermano de Alberto Erazo.
24. Carlos Erazo ("Padre mío"). Hijo de Alberto Erazo.
25. Dora Jiménez.
26. Marcela Sosa.
27. Jimena Marcela Clavijo ("Pilar").
28. Libardo Parra.
29. Carlos Otero
30. William Almonacid Rodríguez ("Sebastián" u "Orlando"). Apareció muerto dentro del Palacio mismo dos días después. Sin embargo, en octubre de 2015, Noticias Caracol reveló un video en el que se aprecia a Almonacid saliendo con vida del Palacio de Justicia y escoltado hasta una camioneta por un soldado, lo que indica que aparte de Irma Franco y Clara Elena Enciso, otros combatientes del M-19 salieron con vida y habrían sido ejecutados extrajudicialmente.^[105][106]
31. Dora Torres Sanabria ("Natalia").
32. “Diana”.
33. Blanca Inés Chavarro Rosso.
34. “Juan”.
35. "Lázaro".
36. Ricardo Mora González.
37. Elkin de Jesús Quiceno Acevedo ("César").
38. Enrique Giraldo Pineda.
39. Javier Ulpiano Varela Polanía ("Míchel" o "Miguel").
40. Francisco Vargas Soto.
41. Edison Zapata Vázquez ("Jorge"). En 2020 fue identificado su cuerpo y pudo ser sepultado en Tuluá (Valle del Cauca) octubre de 2021.^[107]
42. Héctor Arturo Loza Riveros.
43. Irma Franco ("Mariana"). Abogada.
44. Efraín Meneses
45. Edgar Fayad
46. Carlos Monje ("El mono Juan")
47. Arturo Almonacid Rodríguez.

Días después, el M-19 declaró que la operación había sido una masacre perpetrada por el gobierno, además de manifestar que el gobierno de Betancur no buscaba una solución al conflicto, solamente suprimir al movimiento guerrillero.^[108][109] Mediante un comunicado, el 20 de noviembre informaron que cesarían de manera temporal su actividad en zonas urbanas en solidaridad con las víctimas de la toma del Palacio y la erupción del volcán Nevado del Ruiz.^[110]

Otras víctimas

1. Gloria Anzola Mora de Lanao. Abogada, trabajaba a pocas cuadras del Palacio. Ingresó como visitante al parqueadero del Palacio de Justicia, pues su tía, Aydée Anzola, funcionaria del Consejo de Estado, le prestaba su parqueadero porque no tenía carro.^[6] El 17 de septiembre de 2019 fue anunciado que sus restos habían sido identificados por Medicina Legal después de casi 34 años de estar desaparecida.^[111]
2. Gustavo Ernesto Ramírez Riveros. Visitante del Palacio de Justicia.
3. Lucy Amparo Oviedo Bonilla de Arias. Oriunda del Tolima, llegó a la cafetería del Palacio de Justicia pues tenía una cita con el magistrado Alfonso Reyes Echandía para que le entregara una recomendación de trabajo. Sus restos fueron encontrados el 17 de octubre de 2015 en una fosa común luego de casi 30 años de considerarse desaparecida.^[91]
4. René Francisco Acuña Jiménez. Transeúnte, muere en la calle.

Sobrevivientes

Desaparecidos

Aún sigue siendo un misterio el paradero de cuatro empleados de la cafetería, la guerrillera Irma Franco y, desde 2017, los magistrados Julio César Andrade Andrade y Jorge Alberto Echeverry Correa. Varios críticos han dicho que, según algunas declaraciones de dos expolicías de la época, los empleados de la cafetería fueron llevados a la Casa del Florero (edificio histórico aledaño al Palacio de Justicia, que sirvió temporalmente como base militar) y más tarde trasladados al Cantón Norte (conjunto de edificios públicos militares ubicado al norte de Bogotá), para ser interrogados, torturados y asesinados. Posteriormente, según dichas declaraciones, fueron enterrados en fosas comunes ubicadas en el sur de Bogotá. El gobierno colombiano de entonces las rechazó, argumentando que los dos exoficiales de la policía tenían antecedentes penales.

El 14 de junio de 2007, Caracol Noticias difundió un video hallado durante un allanamiento a la casa del coronel Plazas Vega en el que aparentemente se observa cuando son evacuados con vida del Palacio de Justicia el administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, quien se encuentra desaparecido, y la cajera Cristina del Pilar Guarín Rodríguez, cuyos restos aparecieron en 2015. Plazas fue arrestado el 16 de julio de 2007, acusado del delito de desaparición forzada agravada.^{[125][126][127]}

Los militares condenados por las desapariciones han sido: Edilberto Sánchez Rubiano, Óscar William Vásquez Rodríguez, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Ulmardín Causayá Peña. Fueron sentenciados en 2021 a 40 años de cárcel por el Tribunal Superior de Bogotá al ser encontrados responsables de la desaparición de Irma Franco Pineda, Carlos Augusto Rodríguez Vera y Bernardo Beltrán Hernández.^[128]

1. Carlos Augusto Rodríguez Vera. Administrador de la cafetería.^[6][129]
2. David Suspes Celis. Chef de la cafetería.^[6]
3. Gloria Estela Lizarazo Figueroa. Encargada del autoservicio de la cafetería.^[6]
4. Irma Franco Pineda ("Mariana"). Guerrillera del M-19. Tras la recuperación del Palacio, Franco logró salir viva de la edificación junto a la también guerrillera Clara Elena Enciso ("Mona") camuflándose entre rehenes liberados. Fueron conducidas a la Casa del Florero, donde el Ejército identificaba rehenes y coordinaba operaciones de recuperación.^[130][131] Enciso se desmayó cuando un militar identificó a Franco y la llevó a la Casa del Florero. Enciso fue montada en una ambulancia y evacuada hacia el Hospital Militar, pero antes de llegar se despertó y logró convencer a los paramédicos de que la dejaran en su casa. Posteriormente logró huir a México.^[130] En la Casa del Florero, Franco fue llevada al segundo piso donde la retuvieron hasta las 8:30 p. m. (UTC-5). Después fue llevada a las instalaciones del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI), a cargo del coronel Iván Ramírez Quintero, en el barrio San Cristóbal. Franco fue torturada e interrogada dentro de una van de color café. Al final de la sesión se presume que la mataron o murió. El cuerpo de Franco fue enterrado en los polígonos del batallón Charry Solano.^[131] Según un testigo no identificado, los responsables de la muerte de Franco fueron un sargento de apellidos Garzón Garzón, el capitán Camilo Pulecio Tovar, el teniente Germán Medina Lobo y los sargentos Gustavo Serrato y Gustavo Arévalo, los cuales habrían sido condecorados por dichas acciones el 8 de noviembre de 1985.^[131][132]
5. Julio César Andrade Andrade Magistrado Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. En 2017, en el marco de actuaciones forenses realizadas en Barranquilla, se exhumó el cuerpo que había sido indebidamente asignado a su nombre, comprobándose mediante análisis científicos que dichos restos correspondían en realidad a Jaime Beltrán, trabajador de la cafetería del Palacio de Justicia y también víctima de los hechos.
6. Jorge Alberto Echeverri Correa. Magistrado auxiliar de la Sala Constitucional. Su supuesto cadáver había sido sepultado en Manizales. Una verificación de los restos en septiembre de 2017 reveló que correspondían a los del empleado de la cafetería Bernardo Beltrán.
7. Libia Rincón Mora. Auxiliar de magistrado de la Corte.^[133]
8. Luis Otero Cifuentes. Guerrillero, comandante de la toma.^[133]
9. Marina Isabel Ferrer. Visitante ocasional del Palacio de Justicia.^[133]
10. Norma Constanza Esguerra Forero. Contratista proveedora de servicios de la cafetería.^[6]