Aborto en Aragón

From Wikipedia, the free encyclopedia

El aborto en Aragón, también conocido como Interrupción voluntaria del embarazo (IVE),[1][2] es legal desde 1985,[3][4]con importantes reformas realizadas en 2010 y 2022.[5][6][7] Cada región está a cargo de crear su propio sistema para la implementación de la ley en la sanidad pública, existiendo diferencias de una región a otra.[8]

Tras la despenalización y legalización del aborto, Aragón se convirtió en una de las regiones de España con mayor porcentaje de embarazos acabados en aborto.[9] Esta situación comenzó a cambiar a mediados de la década de 2000, cuando el número de centros de salud públicos que realizaban IVE se redujo a uno, un solo hospital en Zaragoza, y aumentó el número de médicos que se declararon objetores de conciencia. Estas objeciones podían llegar a prolongar hasta diez días el proceso para las mujeres que intentaban abortar.[10]En 2014, ningún centro de salud público realizó ninguna interrupción voluntaria del embarazo en Aragón.[11]El acceso al aborto siguió estando complicado durante la era de Pedro Sánchez en la región, ya que en 2021 Huesca y Teruel no tenían ningún centro de salud público autorizado para realizar abortos, y el único centro autorizado era una clínica privada en la provincia de Zaragoza.[12] La situación cambió en 2022, con dos centros de salud públicos y dos centros de salud privados autorizados para realizar interrupciones voluntarias del embarazo.[13]

Historia nacional

Históricamente, el acceso al aborto en España ha dependido del dominio masculino sobre las mujeres y sus actividades reproductivas.[14] Se ha utilizado el aborto como un medio para afirmar el control no sólo sobre los cuerpos y la sexualidad de las mujeres, sino también para hacer cumplir las normas culturales de género y los ideales patriarcales en la sociedad en general.[15][14][16] Si bien el aborto se utilizó como forma de control de la natalidad en España en el pasado, demógrafos y sociólogos españoles han dicho que no se utiliza de esa manera en la España contemporánea.[17]

El aborto legal es importante porque reduce las muertes entre mujeres por complicaciones del embarazo y reduce la mortalidad infantil.[18] En España, a mediados de la década de 1970, los abortos ilegales eran una causa importante de muerte entre mujeres de entre quince y cuarenta y nueve años.[19] El control de la natalidad tiene una tasa de mortalidad femenina mucho más baja que los abortos, y es mucho más baja que la mortalidad femenina en España por abortos ilegales.[19]

El Liber Iudiciorum fue una recopilación de leyes visigodas del rey Recesvinto que se promulgó en el año 654. Mencionaba el aborto, el infanticidio y el homicidio en el Libro VI. La pena para quienes provocaban abortos era la muerte. En aquella época, los visigodos controlaban casi toda la actual España, Portugal y Ceuta.[20][21][22]

La ley en España fue modificada el 24 de enero de 1941 para caracterizar el aborto como un crimen contra el Estado. Esta ley lee en parte: "La política demográfica es una de las preocupaciones fundamentales de nuestro Estado. No se concibe una política demográfica eficaz sin abordar el problema de los miles y miles de vidas que se frustran antes de nacer, por maniobras criminales. Así lo dice la experiencia y el asesoramiento de los técnicos a través de Entidades científicas competentes. El estrago harto acusado en tiempos anteriores como consecuencia de un sentido materialista de la vida, adquirieron caracteres de escándalo durante el régimen republicano, agudizándose aún más escandalosamente en aquellas zonas sometidas a la dominación del Frente Popular. El Gobierno, consciente de su responsabilidad, decide combatir el crimen social que el aborto provocado representa y que impide que nazcan muchos miles de españoles anualmente."[23][24] El control de la natalidad también fue ilegal en toda España durante la dictadura de Franco.[25] En 1975, la tasa de mortalidad femenina durante el embarazo era de 23 por 100.000 mujeres, una tasa similar a la de otros países occidentales industrializados donde el aborto era ilegal.[19]

El aborto fue despenalizado en el Código Penal por primera vez en todo el territorio español en 1985 en tres supuestos: por motivos terapéuticos, por motivos eugenésicos y en caso de violación previa denuncia policial. El aborto sólo era legal en estos casos antes de la semana 22, semana 22 y semana 12 respectivamente.[26][27][28] La ley de 1985 exigía que cada vez que un centro de salud realizara un aborto, debía informarse al Ministerio de Sanidad. Los datos que se debían reportar incluían la provincia donde se realizó el aborto y la provincia donde residía la mujer que abortó.[29] Si bien el aborto fue despenalizado en 1985, no se convirtió en un servicio ofrecido por la sanidad pública hasta un cambio en la ley en 2010. Como resultado, durante este período entre 1985 y 2010, casi todos los abortos se realizaron en clínicas privadas y el precio por una interrupción voluntaria del embarazo rondaba las 30.000 pesetas.[30]

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue reformada en mayo de 2022 de diferentes maneras. Se abordó específicamente la falta de centros, especialmente públicos, que prestaran servicios para la interrupción voluntaria del embarazo, en provincias que no tenían ninguna y exigían que las mujeres de esas provincias viajaran a otras provincias u otras regiones para poder acceder ese servicio.[31][32][33] Otra reforma fue proteger a las mujeres que acudían a centros de salud para someterse a procedimientos de IVE del acoso de activistas antiaborto.[34][35][36]

En febrero de 2023, el Tribunal Constitucional confirmó la ley de 2010 que permitía a las mujeres abortar mediante petición gratuita durante las primeras catorce semanas de su embarazo. El caso fue llevado originalmente a los tribunales por el Partido Popular en 2010, después de que el PSOE aclarara y liberalizara la legislación sobre el aborto.[34][35][36]

Centros de salud públicos y privados

En 1994 se abrieron por primera vez clínicas privadas para abortar en Aragón, por lo que la mayoría de las mujeres residentes pudieron comenzar a realizarse procesos de IVE en la región.[37] En 2007 sólo etres sitios informaron que había realizado abortos: el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, público, y dos clínicas privadas, la Clínica Almozara y la Clínica Actur, ambas en Zaragoza.[38] La Clínica Almozara realiza abortos considerados de alto riesgo durante las primeras doce semanas de embarazo de la mujer. La Clínica Actur realiza procedimientos de IVE a partir de la semana doce para embarazos de alto riesgo.[39]A principios de la década de 2020, el gobierno regional contrató a estas dos clínicas privadas para practicar abortos derivados desde la sanidad pública, con un contrato aque scendía a unos 770.000 euros al año. En 2022, la Diputación General de Aragón pagó 768.551 €, de los cuales unos 60.000 € fueron por gastos relacionados con las pacientes de Zaragoza derivadas a estas clínicas, unos 8.000 € por parte de Teruel y 117.630 € por parte de Huesca.[40]

En 2021 se realizaron más interrupciones voluntarias de embarazos en clínicas privadas de la región que en públicas. Esto reflejó tendencias nacionales más amplias.[12] En 2021, en Aragón casi no se realizaron procedimientos de IVE en centros públicos hospitalarios.[12] En las dos clínicas privadas de Zaragoza con derivación de la sanidad pública se realizaron alrededor de 1.600 abortos en 2021.[40] Huesca y Teruel no tenían ningún centro de salud público autorizado que realizara abortos en 2021. Las mujeres que necesitaban dicho procedimiento tuvieron que viajar a otra parte de España para conseguirlo.[12] La situación cambió en 2022. Ese año, había 2 centros de salud públicos y 2 centros de salud privados que realizaban interrupciones voluntarias del embarazo.[13]

En 2023, el Gobierno de Aragón firmó un convenio con la Conselleria de Sanidad valenciana para facilitar todo tipo de procedimientos de IVE a mujeres turolenses, concretamente de Cantavieja, Mosqueruela, Mora de Rubielos y Sarrión, debido a la proximidad geográfica de la provincia a la Comunidad Valenciana. Las mujeres de otros puntos de la provincia siguieron viajando a Zaragoza por estar más cerca.[41]

Hospitales públicos

En 2007, el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa fue el único hospital de Aragón acreditado para realizar abortos en la sanidad pública.[39] Ese mismo año, los hospitales comarcales de Barbastro, Jaca, Alcañiz y Calatayud, el Hospital Universitario Miguel Serve en Zaragoza, el Hospital San Jorge en Huesca y el Hospital Obispo Polanco en Teruel no practicaron abortos porque todos los médicos eran objetores de conciencia. En cambio, las pacientes fueron derivadas a una clínica privada en Zaragoza.[39] En 2022, los hospitales de la región solo realizaron abortos en cuando la vida de la madre estaba en peligro.[42] En 2022, hubo dos hospitales públicos que realizaron interrupciones voluntarias de embarazos tras la presión para proporcionarlas tras un cambio en la ley nacional de España a principios de año.[13]

En 2005, el 0,8% de los abortos de la región se realizaron en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, el único hospital de Aragón que realiza procedimientos de IVE.[10]Durante 2014 no se realizaron abortos en ningún hospital público u otro tipo de centro sanitario público en Aragón, y ninguno estaba autorizado para realizarlos en ningún caso.[11]En 2019, los datos oficiales de Aragón decían que los abortos solo se habían realizado en centros sanitarios privados.[43] A pesar de que los datos públicos dicen lo contrario, algunos hospitales públicos de la región realizaron abortos terapéuticos por razones médicas hasta la semana veintiuna en el período comprendido entre 2014 y 2021.[44] Aragón no registró ni un solo aborto realizado en un centro de salud público u hospital público de la región en 2021.[45] A principios de la década de 2020, entre el 0,3 y el 0,5% de los abortos se realizaron en hospitales públicos, y la mayoría de ellos se realizaron por motivos relacionados con la salud de la madre durante el primer trimestre.[40] En 2021 casi no se realizaron procedimientos de IVE en centros públicos aragoneses, y solo cinco abortos del total de 1.917 se realizaron en hospitales públicos. Dos fueron por anomalías fetales graves y tres por anomalías fetales incompatibles con la vida.[40] [12]

En 2023, el gobierno de Aragón atribuyó la falta de capacidad para realizar abortos de los centros de salud públicos a los objetores de conciencia.[40] El Colegio de Médicos de Zaragoza dijo que la razón por la que no se realizan procedimientos de IVE en la salud pública es la falta de capacitación de los ginecólogos para realizarlos. La subcontratación del servicio aumentó este problema, ya que resultó en menos experiencia práctica y operativa en la realización de procedimientos de IVE en hospitales públicos.[40]

Provincias de Aragón

Evolución en Aragón

Referencias

Related Articles

Wikiwand AI