Aborto en Navarra

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El aborto en la Comunidad Foral de Navarra, también conocido como Interrupción voluntaria del embarazo (IVE),[1][2] es legal. La legislación sobre el aborto se elabora a nivel nacional en España, y el aborto fue despenalizado en 1985,[3][4] con importantes reformas en 2010.[5] Cada región está a cargo de crear su propio sistema para la implementación de la ley en la sanidad pública, existiendo diferencias de una región a otra.[6]

Después de que el aborto se legalizara en 1985, en Navarra los procedimientos de IVE se realizaban en un hospital público, pero los activistas antiaborto efectivamente impidieron que los servicios de sanidad públicos y privados realizaran abortos entre 1990 y 2010.[7][8][9][10] Un cambio en la ley nacional en 2010 dio como resultado que la sanidad pública apoyara los procedimientos de IVE a partir de ese año proporcionando derivaciones y financiamiento a clínicas en otras regiones, y proporcionando viáticos y gastos de viaje a las mujeres derivadas a través de la salud pública para obtener un procedimiento de IVE.[10] Un hospital público finalmente comenzó a brindar servicios para abortar a partir de 2012.[8] La falta de acceso significaba que las mujeres viajaban a menudo a otras regiones para abortar, como el País Vasco, Aragón o Madrid.[11][12]

Durante la mayor parte de la historia de la región, el aborto ha sido ilegal. Este se remonta a la época visigoda,[13][14][15] y continuó durante la dictadura de Franco, cuando tanto el aborto como el control de la natalidad se volvieron ilegales.[16][17] Durante el franquismo hubo procesamientos esporádicos en Navarra de mujeres por abortar.[18][19] Los activistas contra los derechos del aborto fueron muy influyentes en relación con la política del aborto a finales de los años 1980 y 1990.[8][9][20] A veces fueron respondidos por feministas que apoyaban el derecho al aborto.[9][21] Durante el periodo de José María Aznar, hubo sentencias judiciales regionales, leyes regionales y convenios colectivos regionales que hacían referencia al aborto.[22][23][24] Las reformas de José Luis Rodríguez Zapatero a la ley en 2010 supusieron cambios importantes en la forma en que se prestaban los servicios para abortar en Navarra.[25][10][26]

Historia nacional

Históricamente, el acceso al aborto en España ha dependido del dominio masculino sobre las mujeres y sus actividades reproductivas.[27] El aborto se ha utilizado como un medio para afirmar el control no sólo sobre los cuerpos y la sexualidad de las mujeres, sino también para hacer cumplir las normas culturales de género y los ideales patriarcales en la sociedad en general.[28][27][29] Si bien el aborto se utilizó como forma de control de la natalidad en España en el pasado, demógrafos y sociólogos españoles han dicho que no se utiliza de esa manera en la España contemporánea.[30]

El aborto legal es importante porque reduce las muertes entre mujeres por complicaciones del embarazo y reduce la mortalidad infantil.[31] En España, a mediados de la década de 1970, los abortos ilegales eran una causa importante de muerte entre mujeres de entre quince y cuarenta y nueve años.[32] El control de la natalidad tiene una tasa de mortalidad femenina mucho más baja que los abortos, y es mucho más baja que la mortalidad femenina en España por abortos ilegales.[32]

El Liber Iudiciorum fue una recopilación de leyes visigodas del rey Recesvinto que se promulgó en el año 654. Mencionaba el aborto, el infanticidio y el homicidio en el Libro VI. La pena para quienes provocaban abortos era la muerte. En aquella época, los visigodos controlaban casi toda la actual España, Portugal y Ceuta.[33][34][35]

La ley en España fue modificada el 24 de enero de 1941 para caracterizar el aborto como un crimen contra el Estado. Esta ley lee en parte: “La política demográfica es una de las preocupaciones fundamentales de nuestro Estado. No se concibe una política demográfica eficaz sin abordar el problema de los miles y miles de vidas que se frustran antes de nacer, por maniobras criminales. Así lo dice la experiencia y el asesoramiento de los técnicos a través de Entidades científicas competentes. El estrago harto acusado en tiempos anteriores como consecuencia de un sentido materialista de la vida, adquirieron caracteres de escándalo durante el régimen republicano, agudizándose aún más escandalosamente en aquellas zonas sometidas a la dominación del Frente Popular. El Gobierno, consciente de su responsabilidad, decide combatir el crimen social que el aborto provocado representa y que impide que nazcan muchos miles de españoles anualmente.”[36][37]

El control de la natalidad fue ilegal en toda España durante el período franquista.[38] En 1975 en España, la tasa de mortalidad femenina durante el embarazo era de 23 por 100.000 mujeres, una tasa similar a la de otros países occidentales industrializados donde el aborto era ilegal.[39]El aborto fue despenalizado en el Código Penal por primera vez en todo el territorio español en 1985 en tres supuestos: por motivos terapéuticos, por motivos eugenésicos y en caso de violación previa denuncia policial. El aborto sólo era legal en estos casos antes de la semana 22, semana 22 y semana 12 respectivamente.[40][41][42] La ley de 1985 exigía que cada vez que un centro de salud realizara un aborto, debía informarse al Ministerio de Sanidad. Los datos que se debían reportar incluían la provincia donde se realizó el aborto y la provincia donde residía la mujer que abortó.[43] Si bien el aborto fue despenalizado en 1985, no se convirtió en un servicio ofrecido por la sanidad pública hasta un cambio en la ley en 2010. Como resultado, durante este período entre 1985 y 2010, casi todos los abortos se realizaron en clínicas privadas y el precio por una interrupción voluntaria del embarazo rondaba las 30.000 pesetas.[44]

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue reformada en mayo de 2022 de diferentes maneras. Se abordó específicamente la falta de centros, especialmente públicos, que prestaran servicios para la interrupción voluntaria del embarazo, en provincias que no tenían ninguna y exigían que las mujeres de esas provincias viajaran a otras provincias u otras regiones para poder acceder ese servicio.[45][46][47] También se quiso proteger a las mujeres que acudían a centros de salud para someterse a procedimientos de IVE del acoso de activistas antiaborto.[48]

En febrero de 2023, el Tribunal Constitucional confirmó la ley de 2010 que permitía a las mujeres abortar mediante petición gratuita durante las primeras catorce semanas de su embarazo. El caso fue llevado originalmente a los tribunales por el Partido Popular en 2010, después de que el PSOE aclarara y liberalizara las leyes sobre el aborto.[49][50][51]

Situación jurídica

La legislación sobre el aborto se modificó en 2010 para permitir a las mujeres abortar libremente hasta la decimocuarta semana de embarazo sin justificación.[5] Desde la semana catorce a la veintiuna, sólo se podrá practicar un aborto si existe una razón médica para ello, como por ejemplo que la madre esté en riesgo. A partir de la semana veintidós, sólo se podrán realizar abortos si se detectan anomalías fetales que sean incompatibles con la vida fuera del útero.[5] Así lo confirmó el Tribunal Constitucional en febrero de 2023.[49][50][51]

En España se apoya que los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública sean gratuitos. Esto incluye los servicios prestados en clínicas privadas tras derivaciones de médicos de la sanidad pública. Esto se debe a que estos costes los cubre la sanidad pública autonómica bajo la dirección del Sistema Nacional de Salud de España.[5] Sin embargo, la implementación de las leyes sobre el aborto se deja en gran medida en manos de las regiones y sus organismos de salud.[52][53]

Centros públicos y privados

Evolución en Navarra

Referencias

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