Aborto en Castilla y León

Históricamente, el acceso al aborto en España ha dependido del dominio masculino sobre las mujeres y sus actividades reproductivas.^[27] El aborto ha sido utilizado como un medio para afirmar el control no sólo sobre los cuerpos y la sexualidad de las mujeres, sino también para hacer cumplir las normas culturales de género y los ideales patriarcales en la sociedad en general.^[28][27][29] Si bien el aborto se utilizó como forma de control de la natalidad en España en el pasado, demógrafos y sociólogos españoles han dicho que no se utiliza de esa manera en la España contemporánea.^[30]

El aborto legal es importante porque reduce las muertes entre mujeres por complicaciones del embarazo y reduce la mortalidad infantil.^[31] En España, a mediados de la década de 1970, los abortos ilegales eran una causa importante de muerte entre mujeres de entre quince y cuarenta y nueve años.^[32] El control de la natalidad tiene una tasa de mortalidad femenina mucho más baja que los abortos, y mucho más baja que la mortalidad femenina en España por abortos ilegales.^[32]

El Liber Iudiciorum fue una recopilación de leyes visigodas del rey Recesvinto que se promulgó en el año 654. Mencionaba el aborto, el infanticidio y el homicidio en el Libro VI. La pena para quienes provocaban abortos era la muerte. En ese momento, los visigodos controlaban casi toda la actual España, Portugal y Ceuta.^[33][34][35]

La ley en España fue modificada el 24 de enero de 1941 para caracterizar el aborto como un crimen contra el Estado. Esta ley lee en parte: “La política demográfica es una de las preocupaciones fundamentales de nuestro Estado. No se concibe una política demográfica eficaz sin abordar el problema de los miles y miles de vidas que se frustran antes de nacer, por maniobras criminales. Así lo dice la experiencia y el asesoramiento de los técnicos a través de Entidades científicas competentes. El estrago harto acusado en tiempos anteriores como consecuencia de un sentido materialista de la vida, adquirieron caracteres de escándalo durante el régimen republicano, agudizándose aún más escandalosamente en aquellas zonas sometidas a la dominación del Frente Popular. El Gobierno, consciente de su responsabilidad, decide combatir el crimen social que el aborto provocado representa y que impide que nazcan muchos miles de españoles anualmente."^[36] El control de la natalidad fue ilegal en toda España durante el período franquista.^[37] En 1975 en España, la tasa de mortalidad femenina durante el embarazo era de 23 por 100.000 mujeres, una tasa similar a la de otros países occidentales industrializados donde el aborto era ilegal.^[38]

El aborto fue despenalizado en el Código Penal por primera vez en todo el territorio español en 1985 en tres supuestos: por motivos terapéuticos, por motivos eugenésicos y en caso de violación previa denuncia policial. El aborto sólo era legal en estos casos antes de la semana 22, semana 22 y semana 12 respectivamente.^[39][40][41] La ley exigía que cada vez que un centro de salud realizara un aborto, debía informarse al Ministerio de Sanidad. Los datos que se deben reportar incluían la provincia donde se realizó el aborto y la provincia donde residía la mujer que abortó.^[42] Si bien el aborto fue despenalizado en 1985, no se convirtió en un servicio ofrecido por la sanidad pública hasta un cambio en la ley en 2010. Como resultado, durante este período entre 1985 y 2010, casi todos los abortos se realizaron en clínicas privadas y el precio de una interrupción voluntaria del embarazo rondaba las 30.000 pesetas.^[43]

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue reformada en mayo de 2022 de diferentes maneras. Se abordó específicamente la falta de instalaciones, especialmente públicas, que prestaran servicios para la interrupción voluntaria del embarazo, en provincias que no tenían ninguna y exigían que las mujeres de esas provincias viajaran a otras provincias u otras regiones para poder acceder ese servicio.^[44][45][46] Otra fue proteger a las mujeres del acoso de activistas antiaborto en los centros de IVE.^[47]

En febrero de 2023, el Tribunal Constitucional confirmó la ley de 2010 que permitía a las mujeres abortar mediante petición gratuita durante las primeras catorce semanas de embarazo. El caso fue llevado originalmente a los tribunales por el Partido Popular en 2010, después de que el PSOE aclarara y liberalizara las leyes existentes sobre el aborto.^[48][49][50]

Las leyes nacionales sobre el aborto se modificaron en 2010 para permitir a las mujeres abortar libremente hasta la decimocuarta semana de embarazo sin justificación.^[51]Desde la semana catorce a la veintiuna, sólo se puede practicar un aborto si existe una razón médica para ello, como por ejemplo que la madre esté en riesgo. A partir de la semana veintidós, sólo se pueden realizar abortos si se detectan anomalías fetales que sean incompatibles con la vida fuera del útero.^[51] Así lo confirmó el Tribunal Constitucional en febrero de 2023.^[48][49][50]

En España se apoya que los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública sean gratuitos. Esto incluye los servicios de aborto prestados en clínicas privadas tras derivaciones de médicos de la sanidad pública. Estos costes los cubre la sanidad pública autonómica bajo la dirección del Sistema Nacional de Salud de España.^[51] Sin embargo, la aplicación de las leyes sobre el aborto se deja en gran medida en manos de las regiones y sus organismos de salud.^[52][53]

El Código Penal de 1870 trataba el aborto desde los artículos 425 al 428. El aborto en este caso no solo incluía a las mujeres que participaban en intervenciones voluntarias de su embarazo sino también en la violencia ejercida contra las mujeres donde la vida del feto terminaba contra la voluntad de la embarazada. Cuando los hombres violentos tenían la intención de matar al feto, el castigo era más severo que si la violencia contra la mujer tuviera como resultado la interrupción accidental de su embarazo. La ley también incluía castigos para los médicos que practicaban abortos y contra los farmacéuticos que proporcionaban medicamentos que sabían que darían lugar a la interrupción del embarazo.^{[13][14][54][55]}

En 1972 Valladolid fue la cuarta provincia con más diligencias previas iniciadas por el delito de aborto, con siete. La provincia de Madrid fue primera con dieciocho.^[15]

En 1973 León fue la tercera provincia con más diligencias previas iniciada por el delito de aborto con catorce años. Le siguieron Asturias, donde ese año se abrieron cincuenta y cuatro procedimientos.^[15] La provincia de León ocupó el cuarto lugar con más sumarios de urgencia, ordinarios y otros del Título IV de la Ley de Procedimiento Penal por el delito de aborto, con diez.^[16]

En 1974 Barcelona, Vizcaya y Salamanca empataron en el cuarto lugar como provincias con más diligencias previas iniciada por el delito de aborto en 1974. Tenían cuatro cada una.^[15]León y Valencia empataron en el quinto lugar ese año en la mayoría de los sumarios de emergencia, ordinarios y otros del Título IV de la Ley de Procedimiento Penal por el delito de aborto. Ese año se realizaron seis resúmenes en cada una de esas provincias.^[16]

En 1975 Valladolid y León empataron en el quinto puesto como provincias con más diligencias previas iniciadas. Aquí se abrieron seis procesos cada uno.^[15] Vizcaya y Valladolid quedaron en tercer lugar con el mayor número de sumarios de emergencia, ordinarios y otros del Título IV de la Ley de Procedimiento Penal por el delito de aborto, con cuatro cada uno.^[16]

En 1978, entre las mujeres casadas de Castilla y León, el 59% no había utilizado nunca métodos anticonceptivos y el 84% no tenía hijos.^[56] En ambas Castillas, en 1978, entre el 19 y el 22 por ciento de las mujeres casadas utilizaban métodos anticonceptivos antes del nacimiento de su primer hijo. En aquella época, había muchas familias que eran pequeños propietarios agrícolas.^[56] Las mujeres casadas que no estaban embarazadas o en pueblos de menos de 10.000 habitantes utilizaban mucho menos métodos anticonceptivos que mujeres similares en el resto de España. Esto se compara con un promedio nacional de 50 y 14% respectivamente.^[57]

En noviembre de 1979 se llevó a cabo una encuesta de opinión pública, con un seguimiento en diciembre de 1979 por el Centro de Estudios Constitucionales.^[58][59] Se preguntó: "¿Crees que debería permitirse el aborto en España?". Del total de 390 encuestados nacionales de Asturias, Cantabria, Navarra, las dos Castillas, Aragón, Baleares, Murcia, Valencia, Extremadura y La Rioja que estaban agrupados en lugar de por su propia región, el 29% dijo que no. El 38% dijo que sí si había peligro para la vida de la madre, el 12% dijo que si había alguna anomalía fetal, el 14% dijo que sí por libre decisión y el 7% no respondió.^[60] La encuesta también preguntaba: "¿Está usted a favor o en contra de que se legalice el aborto en España?". Del total de 390 encuestados nacionales de Asturias, Cantabria, Navarra, las dos Castillas, Aragón, Baleares, Murcia, Valencia, Extremadura y La Rioja que estaban agrupados en lugar de por su propia región, el 19% dijo que a favor, el 68% dijo estar en contra, el 9% no sabía y el 5% no quiso responder. Esto se compara con los totales nacionales donde el 27% dijo estar a favor, el 60% se opuso, el 8% no sabía y el 5% no respondió.^[17]

La sentencia judicial de las 11 de Basauri movilizó a las feministas de toda España. Esto llevaría a las mujeres de Castilla y León a intentar cambiar las leyes nacionales y abrir un debate en la sociedad española sobre si, a nivel legal, los embriones deberían tener los mismos derechos que las mujeres, que también tienen derechos reconocidos constitucionalmente. Numerosos grupos feministas de toda España apoyaron a las mujeres procesadas en el juicio. Mujeres de Valladolid realizaron manifestaciones en apoyo a las mujeres.^[18]

A partir de los años 90 hubo en Castilla y León un problema con los médicos que se declaraban objetores de conciencia, al significar que en gran medida los abortos no se podían realizar en los hospitales públicos.^[20]

Entre el 2 de agosto de 1985 y el 10 de junio de 1987 se registraron cincuenta y ocho abortos en la región. En 1989 se registraron 3.251 abortos en Castilla y León.^[19]

En 1995 el número de embarazos en menores adolescentes de la región que terminaron en aborto fue del cuarenta y cincuenta por ciento en comparación con los embarazos que terminaron en nacimientos vivos. El porcentaje de embarazos de menores adolescentes en la región que terminaron en abortos en lugar de nacimientos vivos fue mayor en 1995 que en 1990.^[61]

De 1990 a 1995, la tasa de fertilidad a nivel nacional para mujeres de treinta a treinta y cuatro años aumentó un 10%, con grandes variaciones de una región a otra. En Castilla y León el incremento para este grupo de edad fue del dos por ciento. De 1990 a 1995, la tasa de embarazo a nivel nacional para mujeres de treinta a treinta y cuatro años en la región fue inferior al uno por ciento.^[61]

Hubo indicios de que las mujeres de cuarenta a cuarenta y cuatro años eran más laxas en el uso de anticonceptivos en comparación con otros grupos de edad en la región entre 1990 y 1995. Esto se debe a que la diferencia en el porcentaje de embarazos que terminaron en abortos aumentó más del treinta por ciento.^[61]

En 2001, las menores de Cataluña, Aragón, Islas Baleares, Madrid, Castilla y León y Asturias fueron las que más solicitaron la interrupción voluntaria del embarazo, superando la media nacional por comunidades autónomas del 49,15% de embarazos en menores que terminaron en un aborto.^[63] Ese año, la región tenía una de las poblaciones más envejecidas de España, con menos del dieciséis por ciento de la población entre cero y diecisiete años.^[64]

A mediados de la década de 2000, la región no contaba con un protocolo relacionado con el aborto para el personal médico de los centros de salud públicos.^[66]

En 2005 ningún hospital público realizó abortos.^[67] Ese año, la mayoría de las mujeres de la región que buscaban abortar después de la semana 12 fueron a Madrid o Asturias. El motivo citado para más del 95% de los abortos realizados en la región fue la salud materna.^[68] En 2006, 169 menores de edad residentes en la región abortaron. Esto representó el 5,38% de todos los abortos realizados por mujeres que vivían en la región ese año.^[69]

En algunas industrias y en algunas regiones en general han surgido leyes laborales y contextos de negociación colectiva que reconocen la necesidad de crear algunas adaptaciones para las mujeres embarazadas, ya que de lo contrario habría un riesgo para su salud y la salud de su feto. En 2005 entró en vigor en Castilla y León uno de estos acuerdos con el Convenio Colectivo de Actividad de Ayuda a Domicilio de Castilla y León, Resolución de 28 de junio de 2005.^[70]

En 2009, el 26% de las mujeres de Castilla y León iniciaron el proceso para abortar en un centro de salud público. Esto en comparación con el promedio nacional del 43%.^[71] En 2009, Ceuta, Melilla, Navarra, Galicia, Castilla y León y Extremadura tuvieron el menor número total de abortos realizados entre todas las comunidades autónomas de España.^[72]

Desde 2010 y hasta principios de 2023, cinco de las nueve provincias de Castilla y León no ofrecían ningún servicio de salud público o privado para que las residentes realizaran la interrupción voluntaria del embarazo.^[73] En 2010 se realizaron en España 113.031 abortos. En 2014, a nivel nacional había caído un dieciséis por ciento hasta 94.706 abortos. En este periodo comprendido entre 2010 y 2014, las regiones con menor tasa de abortos por cada 1.000 mujeres residentes, menos de siete, fueron Ceuta y Melilla con cuatro cada una, mientras que Castilla y León, Extremadura, Galicia y La Rioja se situaron entre tres y siete.^[74]

Un aspecto nuevo de la Ley Orgánica 2/2010 en comparación con la ley de 1985 fue que permitía enseñar salud sexual y reproductiva en las escuelas, y que esa educación podía mencionar el aborto. Sin embargo, la implementación real de esto se dejó en manos de los sistemas educativos administrados regionalmente. En Castilla y León, hubo llamamientos por parte del gobierno regional para implementar educación para la salud en la escuela secundaria en 2005 y 2009. El enfoque previsto de estos programas de educación para la salud eran la nutrición, la promoción de la actividad física, cómo prevenir embarazos no deseados y cómo prevenir contraer ITS. Sin embargo, la última parte fue solo una parte muy pequeña de esa educación, y la mayor parte de la financiación del gobierno regional entre 2005 y 2015 se destinó a promover la alimentación saludable y el ejercicio.^[75]

La Orden 961/2010 de la Consejería de Sanidad es la orden reglamentaria de Castilla y León por la que se crea un comité clínico para abordar los procedimientos de IVE relacionados con anomalías fetales y situaciones en las que el desarrollo fetal no es compatible con la vida fuera del útero. El objetivo del comité es tramitar recursos presentados sobre decisiones clínicas anteriores para permitir a una mujer someterse a un procedimiento de IVE que había sido rechazado por no cumplir con el artículo 15c de la ley nacional Ley Orgánica 2/2010.^[76]

El proceso para acceder al aborto en la mayoría de provincias de Castilla y León a través de la sanidad pública tras la aprobación de Ley Orgánica 2/2010 fue a menudo muy lento, implicando mucha burocracia y con las mujeres recibiendo un trato desigual. El artículo 4 de la ley del aborto señalaba que la igualdad de acceso a los procedimientos de la IVE estaba garantizada, pero las capas adicionales de burocracia impuestas por varias regiones en ocasiones pusieron en peligro la privacidad de las mujeres que solicitaban el procedimiento y las obligaron a absorber los costos financieros de un proceso que por ley, cuando era remitido por la sanidad pública, se suponía que era gratuito.^[77]

Durante el gobierno de Mariano Rajoy se eliminó de los puntos de información sanitaria de la sanidad pública casi toda la información sobre anticonceptivos de última generación disponibles en el sistema sanitario público de Castilla y León, y se dejaron de financiar políticas específicamente dirigidas a proteger la libertad y la salud sexual, poniendo en riesgo a grupos vulnerables a problemas de salud sexual y reproductiva como adolescentes y mujeres inmigrantes.^[78]

En 2014 había provincias de Castilla y León que no contaban con clínicas de IVE privadas, y las mujeres locales se veían obligadas a viajar.^[22] Esto creó una desigualdad en la atención reproductiva de una provincia a otra y generó costos adicionales y barreras de acceso en aquellas provincias que ni siquiera tenían una clínica privada. La sanidad pública de la región tenía convenios sólo con dos clínicas de la región, una en Salamanca y otra en Valladolid, además de tener convenios con tres clínicas privadas de la Comunidad de Madrid. Esto significaba que las mujeres de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria y Zamora no tenían acceso a dicha atención en su provincia y debían viajar por sus propios medios a Madrid, Salamanca o Valladolid.^[22]

En 2014 las organizaciones feministas venían solicitando se pudieran realizar abortos en casos graves, como por ejemplo una amenaza inminente para la vida de la madre, en los hospitales públicos de Castilla y León. A pesar de sus demandas, el sistema sanitario siguió negando esas solicitudes. En cambio, las mujeres que tenían problemas de salud graves que amenazaban sus vidas como consecuencia de un embarazo eran enviadas a clínicas privadas.^[22]Existía un centro de salud público autorizado para realizar abortos en la región y tres clínicas privadas autorizadas para realizar abortos.^[22] La dilatación y aspiración fue el método de IVE más utilizado en Castilla y León en 2014.^[79]

La mayoría de mujeres residentes en Castilla y León que solicitaron un aborto en la sanidad pública en 2015 fueron derivadas a una clínica privada llamada Red Madre, una organización creada por el Foro Español de la Familia (FEF) y diseñada para disuadir a las mujeres de hacerse una IVE.^[22][80] Estas remisiones a Red Madre se produjeron a pesar de la oposición de Red Madre al aborto y de tener el propósito institucional de disuadir a las mujeres de abortar en la década de 2010. El uso de Red Madre por parte de la Junta de Castilla y León como parte de la atención sanitaria relacionada con el aborto dio legitimidad a través de las instituciones públicas de la región a actividades antiaborto y antiderechos de las mujeres y socavó la salud sexual y reproductiva de las mujeres en la región.^[81]

El IV Plan de Salud de Castilla y León 2020 también hablaba de la promoción de hábitos de vida saludables. Se suponía que los docentes debían estar capacitados en salud emocional-sexual. Incluía medidas que buscaban prevenir la violencia machista y combatir el ciberacoso. No incluía referencias al aborto.^[75][82]

En diciembre de 2013, el Consejo de Ministros del Partido Popular aprobó un proyecto de ley llamado Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y la Mujer Embarazada. La ley representó un retroceso de los derechos de las mujeres en relación con el aborto, con la intención de dar marcha atrás a las reformas de 2010. El esfuerzo por cambiar la ley fue impulsado en gran medida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El proyecto de ley permitía el aborto en determinadas circunstancias específicas, como si una mujer había sido violada hasta la semana dieciséis de embarazo o si había "menoscabo importante y duradero" para la salud física o mental de la mujer o del feto hasta la semana veintidós del embarazo con al menos tres profesionales médicos aprobando el deterioro de la salud. Incluso entonces, el proyecto de ley decía que si las mujeres recibían ese diagnóstico sobre su salud de su médico original y de otros dos de los centros de salud que tenía que visitar para la evaluación, la mujer tendría que recibir información verbal sobre las alternativas al aborto y esperar siete días antes de que pudiera completarse el procedimiento. En aquel momento, el tiempo de espera para la contemplación era de tres días. El proyecto de ley también estipulaba que las menores debían obtener el consentimiento de sus padres o tutores legales antes de someterse a un aborto. El proyecto de ley permitía el procesamiento penal de mujeres que tuvieran abortos que no cumplieran con estos requisitos, y decía que los médicos que realizaran abortos fuera de los nuevos requisitos legales podrían recibir penas de prisión de uno a ocho años. Además, el proyecto de ley prohibía a cualquier centro médico anunciar que ofrecía procedimientos de IVE.^[83][84]

Las feministas de la región se movilizaron en 2013 y 2014 en respuesta a los cambios propuestos en la ley del aborto por Alberto Ruiz-Gallardón, siendo en algunos casos las movilizaciones más grandes desde mediados de la década de 1980.^[85]

La ruta de la marcha del 1 de febrero de 2014 del tren de la libertad en apoyo del derecho al aborto iba de Asturias a Madrid, y a ella se unieron personas de diferentes regiones de España, incluida Castilla y León.^[86] En respuesta a la manifestación del Tren de la Libertad, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que en ese momento se encontraba en Valladolid, expresó su intención de completar la reforma de la ley contra la que protestaba la manifestación:^[87]

"Tenéis mi compromiso personal que no habrá ni un grito ni ningún insulto que a este ministro le vaya a hacer abdicar del compromiso de cumplir el programa de regular los derechos de las mujeres y del concebido."^[88]

Alberto Ruiz-Gallardón finalmente se vio obligado a dimitir de su cargo en septiembre de 2014 tras fracasar en su capacidad para impulsar los controvertidos cambios a la ley del aborto. El cambio de ley propuesto había empoderado al PSOE y creado divisiones internas dentro de su propio partido.^[89]

En 2011, Ceuta y Melilla tuvieron la tasa de aborto más baja, seguidas de Navarra, Castilla y León, Galicia y Extremadura. Navarra tenía una tasa de alrededor de 7 por 1.000 mujeres, mientras que los demás países que la seguían tenían una tasa de alrededor de 8 por 1.000 mujeres.^[90]

Entre 2010 y 2014, el 6,36% de los abortos en Castilla y León se realizaron por riesgo para la salud o la vida de la mujer embarazada, el 6,85% se realizaron por anomalías fetales y el 86,16% se realizaron por riesgo para la salud o la vida de la mujer embarazada. Los abortos en Castilla y León se hacían a petición de las mujeres.^[91]

Sólo el 55,87% de las mujeres de Castilla y León acudieron a un centro de salud público para iniciar el proceso para abortar en 2014.^[92] El 99,03% de las IVE en la región se realizaron en clínicas de IVE privadas.^[22]

En 2014 la mayoría de las mujeres de la región que abortaron nacieron en España, lo que supone el 74,53% del total de mujeres de Castilla y León que abortaron sobre 2.615. El porcentaje de mujeres migrantes que abortaron en la región en 2014 estuvo por debajo del cincuenta por ciento, un 14,49% ese año.^[93]

El número de abortos que se realizaron en la región en 2014 por provincia no fue el mismo. El 5,97% eran residentes de Zamora, el 15,33% de Burgos, el 23,17% de León, el 6,75% de Palencia, el 5,47% eran de Salamanca, el 6,88% de Segovia, el 4,44% de Soria, y el 26,92 de Valladolid.^[23]

Hay provincias de la región que hasta 2019 no habían reportado ningún aborto realizado en ellas desde que se despenalizó el aborto en 1985.^[96] En 2021, la región con menor porcentaje de interrupción voluntaria del embarazo en mujeres de 15 a 44 años fue Galicia, seguida de La Rioja, Extremadura y Castilla y León.^[97]

Las provincias de Palencia, Segovia, Ávila, Zamora y Soria no realizaron abortos entre 2017 y 2021.^[98] En 2020 no se realizaron IVE en hospitales públicos de las provincias de Ávila, Palencia y Soria porque los médicos de todos esos hospitales dijeron que eran objetores de conciencia.^[20] Según la Consejería de Sanidad de Castilla y León, en 2020 se contabilizaron las provincias que ofrecen interrupciones voluntarias del embarazo en función del número de solicitudes en la sanidad pública de este servicio.^[62] Ese año el único hospital público de la región que realizó interrupciones voluntarias del embarazo fue el Hospital Santiago Apóstol Miranda de Ebro. Además, ese año solo había cuatro clínicas de IVE privadas autorizadas en la región.^[20] En 2021 se informó que hubo mujeres de las provincias de Palencia, Ávila, Segovia, Soria y Zamora en Castilla y León que habían abortado en España, pero el recuento oficial de abortos en esas provincias y ciudades es cero, ya que las mujeres tuvieron que viajar a otra provincia para obtener la interrupción voluntaria de su embarazo.^[24] Esto se debía a que estas provincias, León, Segovia, Ávila, Zamora, Palencia y Soria no contaban con una clínica pública o privada que realizara abortos. Cuando las mujeres de estas provincias necesitaban o deseaban una interrupción voluntaria del embarazo, debían viajar a otra provincia.^[97]

En 2021, la Junta de Castilla y León anunció que iba a establecer relaciones con clínicas privadas para realizar IVE a pacientes derivadas desde la sanidad pública. El Gobierno regional también cubriría todos los costes de estos procedimientos para las pacientes derivados desde la sanidad pública. El sistema sanitario público también anunció planes para que un hospital público de Burgos empezara a ofrecer interrupciones voluntarias del embarazo.^[20] A fecha de octubre de 2022, Castilla y León es la única región de España que no proporciona financiación sanitaria pública para la sedación durante procedimientos de IVE cubiertos por la sanidad pública.^[99]

En 2020, las mujeres residentes en Castilla y León viajaron a varias provincias para abortar, no solo a Madrid.^[20] En 2020, 153 mujeres residentes en Palencia las que tuvieron que desplazarse a otra región para realizarse un procedimiento de IVE. A diferencia de otras provincias de la región, la mayoría de los costos, incluidos los de viaje, se pagaron con financiación pública. Entre 2010 y 2020, más de 1.600 mujeres residentes en Soria tuvieron que viajar fuera de la provincia para poder abortar al no existir en la provincia centros que cumplieran los requisitos legales para realizar el procedimiento.^[20]

Más de 4.000 mujeres tuvieron que abandonar Castilla y León en 2021 para abortar por falta de centros públicos y privados que realicen interrupciones voluntarias del embarazo.^[100] Ese año, alrededor del 27% de las mujeres tuvieron que abandonar la provincia en la que vivían para abortar, ya fuera desplazándose a otra provincia de la región o a otra parte de España. Esto incluía a las mujeres de Palencia, Ávila, Segovia, Soria y Zamora, obligadas a viajar a otra provincia para obtener una interrupción voluntaria de su embarazo.^[24]

Las mujeres de la provincia de Soria que necesitaron un aborto tuvieron que recorrer al menos 460 kilómetros para poder acceder a un procedimiento de IVE en 2021, realizándose casi la totalidad de estos procesos en Madrid.^[20]La provincia no tenía instalaciones que realizaran interrupciones voluntarias del embarazo. Las 120 mujeres de Soria que tuvieron una interrupción voluntaria del embarazo ese año tuvieron que abandonar su provincia para poder realizarla.^[100] La mayoría de mujeres de la provincia de Ávila en 2021 que querían o necesitaban un aborto fueron trasladadas a centros de Madrid, donde se realizó el procedimiento de IVE.^[20]

En 2021 Castilla y León puso límites a la financiación máxima que permitirían en salud pública para servicios relacionados con el aborto, empujando a las mujeres locales a acudir a otras regiones para abortar.^[53]

En 2019, la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo por cada 1.000 mujeres residentes de 15 a 44 años en la región fue de 7,05. El año anterior, en 2018, la tasa era de 6,60. La media nacional en España en 2019 fue de 11,53 y en 2018 fue de 11,12.^[101] En 2019, Castilla y León tuvo una de las tasas notificadas de gonorrea más bajas de España, con un 5,37.^[102]

115 de las mujeres que abortaron en Castilla y León lo hicieron por riesgo grave para la vida de las gestantes en 2020, mientras que 183 mujeres se sometieron a una IVE por anomalías fetales. 2.168 mujeres abortaron en 2020 por elección personal. Entre las mujeres de la región que abortaron, el 29,6% no utilizó ningún tipo de anticonceptivo. Esto fue mucho más bajo que el promedio nacional del 41,31%. El 82% de las mujeres de Castilla y León que abortaron nacieron en España. El 97,5% de los 2.361 abortos realizados en 2020 tuvieron lugar en centros privados. De todos los procedimientos de IVE que se realizaron en Castilla y León en 2020, el 85% no se realizaron en un hospital.^[20] En 2020, las comunidades autónomas con mayor porcentaje de abortos realizados en clínicas privadas fueron Castilla y León con un 82,5%, Castilla-La Mancha con un 99,9% y Madrid, Extremadura y Murcia con un 100%.^[103]

En 2021, aproximadamente el 0,7% de todas las mujeres de 15 a 44 años de la región tuvieron una interrupción voluntaria del embarazo.^[97] Las regiones con las tasas de aborto por cada 1.000 mujeres más bajas en 2021 fueron Castilla y León con un 7,17 y La Rioja con un 6,17.^[53] Sólo 59 de los 2.597 abortos que hubo en Castilla y León en 2021 se realizaron en hospitales públicos.^[104] Nueve casos involucraron a niñas menores de quince años.^[104] 236 involucraron a menores de quince a diecinueve años.^[104]

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo fue reformada en mayo de 2022 de diferentes maneras. Se abordó específicamente la falta de centros, especialmente públicos, que brindaran servicios para la interrupción voluntaria del embarazo en provincias que no los tenían y exigían que las mujeres de esas provincias viajaran a otras provincias u otras regiones para poder acceder a ese servicio.^{[105][106][107]}

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León Juan García-Gallardo emitió un comunicado en septiembre de 2022 para condenar la legislación sobre aborto aprobada por el gobierno nacional que exigía que los hospitales públicos contaran en su plantilla con médicos dispuestos a realizar abortos.^[21] Sostuvo que esa ley daría lugar a la creación de listas negras de médicos objetores y que se violaría la privacidad de estos médicos que se negaban a realizar abortos al tener en el hospital una lista de médicos que no estaban dispuestos a realizar procedimientos de IVE.^[21] A pesar de sus objeciones, García-Gallardo confirmó que la región cumpliría con la ley del aborto, pero sólo en la medida en que no fuera contraria a la interpretación de la región de la totalidad de la ley, incluida la Constitución española y las leyes de protección de datos.^[21]

El jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital Clínico de Valladolid, José Ignacio González Martín, dijo en septiembre de 2021 que en el hospital no había listas de espera para mujeres que buscaban una IVE pero sí para pacientes con cáncer.^[108] También dijo que no se podía obligar a los médicos del hospital a realizar una interrupción voluntaria del embarazo. Si una mujer que deseaba abortar tenía que esperar, se la remitía a un centro privado y los costos se pagaban con financiación pública.^[20]

Del 2 de marzo de 2022 al 10 de abril de 2022, la asociación católica 40 días para la vida organizó eventos fuera de los centros de salud que realizaban interrupciones voluntarias del embarazo en ciudades de toda España, incluida Valladolid. Lo hicieron a pesar de un cambio en el Código Penal aprobado el 3 de febrero de 2022 que castigaba a las personas que acosan a mujeres que buscan abortar. El castigo por acosar a las mujeres en esta nueva ley incluye penas de prisión.^[109]

A pesar de las reformas legales a las leyes sobre el aborto a nivel nacional en 2023, la capacidad de las mujeres de la región para acceder al mismo en la sanidad pública siguió siendo escasa: Burgos fue la única capital provincial con un centro de salud pública que brinda servicios de interrupción voluntaria del embarazo.^[73]

A principios de 2023, en respuesta directa al intento exitoso del gobierno de Sánchez de cambiar las leyes nacionales sobre el aborto, el partido político de extrema derecha Vox intentó impulsar una ley regional que habría requerido que las mujeres que solicitaran una interrupción voluntaria del embarazo fueran obligadas a hacerse una ecografía 4D y escuchar la actividad cardíaca fetal antes del procedimiento.^[73][110] El objetivo de Vox era específicamente impedir que una mujer "sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo, la comunicación de su decisión y la puesta en práctica de la misma".^[110] A pesar de que Vox estaba en coalición con el Partido Popular, no pudieron aprobar esta propuesta de ley.^[73]

El Ministerio de Igualdad envió una carta al Gobierno regional en mayo de 2023 para recordarles que los cambios en la ley del aborto en febrero de 2022 implicaban que todos los hospitales públicos debían contar con médicos que estuvieran dispuestos a realizar un aborto y que las unidades de ginecología de estos hospitales no podían contar únicamente con objetores de conciencia. El Ministerio de Igualdad dijo al Gobierno regional que, si era necesario, debían contratar médicos que realizaran procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo si no hubiera ninguno en plantilla. La ley establece que se garantiza a las mujeres el acceso a servicios de aborto hasta la semana catorce en un centro de salud público cercano a su hogar.^[111]

En 2022 el gobierno regional consagró en una política que no crearía listas de médicos en hospitales públicos que fueran objetores de conciencia, citando leyes de protección de datos en su justificación.^[26]

En 2022, hubo 7,95 interrupciones voluntarias del embarazo por cada 1.000 mujeres en la región. Esto se compara con un promedio nacional de 11,68 por cada 1.000 mujeres.^[112] Ese año se produjeron 289 interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres menores de veinte años.^[113]