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Gobernador de Aragón

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El regente de la Gobernación General de Aragón, conocido habitualmente como gobernador general de Aragón, gobernador del reino o gobernador de Aragón[a] fue una institución del reino de Aragón en la Edad Media y Edad Moderna.

Sucesor del procurador general de Aragón, se trataba del último de una sucesión de cuatro cargos críticos en la legalidad del reino tras codificación de las instituciones de la Corona de Aragón en 1344: el monarca, el lugarteniente general de la Corona, el lugarteniente del reino y el gobernador general.[2] Estos seguían este orden de prelación y actuaban sucesivamente como reemplazos interinos en las funciones del cargo superior cuando el ocupante de uno de estos no estaba disponible.[2]

El gobernador debía ser natural del reino y típicamente provenía de la baja nobleza del mismo (milites). No necesitaba tener formación jurídica, pues estaba asesorado por letrados profesionales. A él respondían los justicias locales, sobrejunteros, merinos y bailes locales, así como instituciones militares y de orden público. En caso de ausencia del lugarteniente del reino (también conocido a partir del siglo XVI como virrey de Aragón), actuaba interinamente como tal y varios ocupantes del cargo ejercieron amplios periodos como virreyes en funciones.

El cargo fue abolido con el resto del ordenamiento jurídico aragonés con los Decretos de Nueva Planta de 1707.

Historia

Creación del cargo

El cargo traza sus orígenes a 1344, cuando las Ordenaciones de Pedro el Ceremonioso codificaron los oficios de la Corona de Aragón.[3] La institución se apoyaba en la tradición de que el heredero de la corona a veces sustituía al rey si este no estaba presente. Esta inicialmente era una lugartenencia general compartida entre los distintos territorios de la corona. Al no tener hijos aún Pedro el Ceremonioso, esta lugartenencia general era ejercida por el infante Jaime, hermano del monarca, que desde el ascenso al trono de Pedro ejercía como lugarteniente, gobernador y procurador.

Sin embargo, el Ceremonioso empezó en 1344 un proceso de creación de gobernaciones generales subordinadas para cada territorio, que unificaron las regencias del lugarteniente en cada zona, las funciones legales de los procuradores generales preexistentes y parte de las funciones de los bailes y justicias reales.[4] En Aragón estas gobernaciones incluyeron inicialmente un gobernador general para Huesca, otro para Zaragoza y un tercero para la Serranía[5] pero para 1346 las tres se fusionaron en un gobernador general de Aragón para todo el reino.[6] El Principado de Cataluña y los reinos de Valencia, Mallorca y Cerdeña fueron objeto de otras gobernaciones generales con estructuras y concentraciones paralelas. Estos gobernadores generales coexistían con el uso del título de gobernador general de la Corona para el heredero.

El nuevo cargo de gobernador general, significativamente, pasó a ser ocupado por miembros de la alta nobleza mientras que los procuradores previos habían habitualmente sido cargos reservados a caballeros.[7] Así mientras que tras la creación de una gobernación unificada se había elegido al caballero Miguel Pérez Zapata, previamente gobernador de la Serranía, para 1347 el rey usó la promesa del título para atraer a su lado al poderoso Lope de Luna, primer conde de Luna.[8]

Algunos autores señalan que eso comienza el proceso para desplazar al infante Jaime del puesto de heredero de la Corona en favor de la hija de Pedro el Ceremonioso, Constanza. Así, con una administración más institucional, el reino quedaba ligada a personas de la confianza personal del monarca.[9] Lope de Luna sería así el principal general del rey en la guerra de la Unión contra la nobleza agrupada alrededor de los derechos de su hermano.

En 1350 nació sin embargo el infante Juan, primer hijo varón de Pedro el Ceremonioso, lo que estabilizaba la línea sucesora. Dicho nacimiento supuso que el heredero natural ahora pasaba a ser el infante, lo que revirtió algunas innovaciones como el uso de la alta nobleza o mandatarios no naturales del reino para el cargo de gobernador del reino. Las Cortes de Zaragoza de 1350 supusieron un nuevo acuerdo entre monarca y estamentos, que buscaron limitar el uso del nuevo cargo como instrumento de control arbitrario por el monarca.[10]

La guerra de los Dos Pedros

Sin embargo, la guerra de los Dos Pedros requirió a la Corona de Aragón el uso de estas nuevas instituciones dada la necesidad de un mando efectivo durante la guerra con Castilla. Dada la minoría de edad del nuevo heredero y lugarteniente, cargos como el de gobernador general de Aragón, ahora en manos del caballero Jordán Pérez de Urriés fueron críticos. Jordán trabajó significativamente vinculado a otros cargos ocupados por caballeros, como el justicia de Aragón Juan López de Sesé o el bayle general de Aragón Pedro Jordán de Urriés.

Jordán Pérez de Urriés fue así uno de los primeros cargos del reino en recibir instrucciones tras desencadenarse la guerra en 1356.[11] Fue el responsable, en ausencia del rey, de convocar las huestes del mismo como capitán general en funciones y repeler una primera incursión castellana en Ibdes.[12] Hasta la tregua de 1357, Jordán Pérez de Urriés quedó a cargo de la frontera del reino.[13] La documentación de su mandato muestra como durante ese periodo el gobernador ejerció como remplazo del rey en requisiciones, gestiones del quinto real, convocatoria de huestes, gestión de fortificaciones y mando directo durante el asedio de Tarazona, algo que fue confirmado por el monarca cuando las autoridades de las comunidades de aldeas de Calatatud y Daroca trataron de oponerse.[14]

Cuando por motivos de la guerra el rey designó capitanes generales o lugartenientes (como el nombramiento de López de Sesé en 1358, el de Enrique de Trastámara en 1359 o el del infante Fernando en 1360), el gobernador general pasó a actuar como complemento suyo en frentes en el que el lugarteniente no estaba presente (como la defensa de Tauste en 1363).[15] Actuó igualmente como el responsable del orden público en la retaguardia como en Ejea en 1360,[16] además de tomar medidas de fortificación y acopio en Montalbán u Orera.[15]

Papel en el interregno de 1410

Desde al menos 1392[17] fue gobernador Gil Ruiz de Lihori.[18] Este hubo de gestionar los conflictos civiles, incluyendo hostilidades abiertas entre la casa de Urrea y la casa de Luna, así como banderías menores entre las familias Marcilla y Muñoz en Teruel, mientras el lugarteniente Alfonso de Aragón el Viejo, conde de Denia, estaba impugnado por su origen extranjero.[18] El gobernador fue entonces clave para la estabilidad del reino.[19][b]

En medio de los conflictos sucesorios tras la muerte de Martín el Humano en 1410, esta situación se amplificó. El nuevo lugarteniente, Jaime II de Urgel, seguía teniendo en contra a partes importantes de las instituciones del reino, incluyendo a la ciudad de Zaragoza y a su arzobispo, García Fernández de Heredia.[21] Asesinado el arzobispo de Zaragoza por Antón de Luna y los partidarios del derecho del conde de Urgel a la corona, el lugarteniente del gobernador fue clave para la candidatura de Fernando de Antequera al trono.[22] Así, convergían tanto los vínculos familiares (Lihori era cuñado del arzobispo asesinado) como las funciones de orden público del gobernador.[23] Tras la elección de Fernando en el Compromiso de Caspe, Ruiz de Lihori recibió en recompensa el cargo de camarlengo del rey.[24]

Bajo la dinastía Trastámara

No se sabe seguro el final del mandato de Ruiz de Lihori. Para 1423, era ya gobernador Blasco Fernández de Heredia.[25] Las Cortes de Teruel de 1427-1428 reafirmaron la autoridad del cargo frente a sobrejunteros y otras figuras reales.[26]

Para 1433 era gobernador Martín de Torrellas. Este se hizo famoso por usar el cargo en su beneficio, apropiándose en 1436 de Plasencia en una disputa con su suegra sobre el reparto de la herencia.[27] Las Cortes de Alcañiz de 1436 dispusieron que el gobernador mantuviera un archivo documental del oficio en Zaragoza.[28]

A mediados de siglo fue gobernador Juan de Moncayo durante el reinado de Alfonso V.[29] La política italiana de dicho rey le llevó a estar en Italia delegando el poder en Aragón en autoridades como el gobernador. Cuando en respuesta a sus campañas italianas Francia se unió a la coalición contra la corona de Aragón, Juan de Moncayo actuó como capitán general repeliendo una incursión en la frontera en 1447.[30] Igualmente repelió otra incursión castellana contra Villel.[30]

Las tensiones políticas entre el siguiente monarca, Juan II de Aragón, y su hijo Carlos de Viana, llevaron al rey a permitir la monopolización del cargo por la familia de Juan de Moncayo para asegurar la lealtad de las instituciones aragonesas.[31] Así entre 1459 y 1462, ejerció de gobernador Luis de Coscón, cuñado de Juan de Moncayo.[32] Las Cortes de Calatayud de 1461 volvieron a reafirmar los requisitos y poderes del cargo, recordando de nuevo que debía ser natural del reino, jurar los fueros y que tenía jurisdicción civil y criminal sobre todos aquellos que no fueran diputados del reino (y por ende, tuvieran recurso al Justicia de Aragón).[33] Luis de Coscón fue sucedido en el cargo por otro cuñado de Juan de Moncayo, Juan López de Gurrea y Torrellas.[29]

Para finales del siglo XV, el cargo volvió a un miembro de la familia Fernández de Heredia. En 1479 lo ocupaba Juan Fernández de Heredia y Bardají, hijo del señor de Fuentes, que sin embargo tuvo que renunciar en 1508 al ser nombrado conde de Fuentes.[34] Le sucedió su pariente Francisco Fernández de Heredia.

En la Monarquía Hispánica

Con la llegada al poder de la Casa de Austria, el título pasó a ser monopolizado por el linaje de los Gurrea. Su ascenso en la administración real parece ligado a Juan de Aragón, hijo bastardo de Fernando el Católico, arzobispo de Zaragoza y virrey de Aragón durante el reinado de su sobrino Carlos V. Este tuvo como amante a Ana de Gurrea y usó a esta familia en el gobierno del reino. Miguel de Gurrea, barón de Pomar, fue gobernador a principios del siglo XVI.[34] En 1531 cedió el cargo a su hijo Francisco de Gurrea, señor de Gurrea y Tormos, que lo ocupó hasta su fallecimiento en 1554.[34]

A este le sucedió su hermano Juan de Gurrea, barón de Argavieso, que fue uno de los más significativos ocupantes del cargo.[35] Juan de Gurrea fue así gobernador de 1554 a 1590, uno de los mandatos más largos de la institución. En medio de un creciente bandolerismo en Aragón, Gurrea realizó repetidas campañas militares en el reino para mantener el orden.[36] Tuvo también que lidiar con las alteraciones de Ribagorza, que amplificaron muchos de los problemas de orden público en Aragón. Fue asimismo una época de crecientes tensiones entre la monarquía y la nobleza aragonesa, siendo el gobernador una de las piezas clave del juego político de la época.[35]

Durante su gobierno hubo de ejercer de capitán general múltiples veces[37] y, durante un tiempo, de virrey de Aragón en funciones en 1556. Gurrea hubo de reclutar y encabezar tropas en el reino a raíz de múltiples guerras de la Monarquía Hispánica. Así, por ejemplo, el asalto turco a Menorca de 1558 llevó al rey a ordenar una movilización en Aragón para mandar refuerzos a las guarniciones en Cataluña y Valencia, que ejecutó el gobernador.[38] El estallido de las guerras de religión de Francia en 1562 trajo nuevas preocupaciones al reino, que implicaron nuevas medidas de control y vigilancia en el Pirineo. La rebelión de las Alpujarras de 1568 añadió más complejidad al juego político aragonés, dada las sospechas que la Corona desarrolló sobre las comunidades moriscas de Aragón, sometidas a una creciente represión desde la Pragmática Sanción de 1567.

Gurrea destacó significativamente en apoyo del virrey Artal de Alagón y Martínez de Luna, conde de Sástago, en su enfrentamiento con el bandolero Lupercio Latrás que extendió el conflicto ribagorzano por el resto del reino. Gurrea libró repetidas campañas contra este bandolero a lo largo de los años. Mientras las Cortes del reino desarrollaban otras medidas para reforzar el orden, como la creación de la Guardia del Reino, el Justicia de las Montañas o un cuerpo militar de apoyo bajo el mando del Justicia de Aragón, Gurrea fue pieza clave del orden institucional.

Juan de Gurrea fue alabado por parte de sus coetáneos y criticado por otros.[39] Con salarios de gobernador a menudo atrasados,[40] Juan aprovechó la renuncia del virrey Artal de Alagón, para presionar al rey en 1588 y lograr no solo compensaciones económicas sino también el nombramiento de un coadjuntor.[41] El marqués de Almenara, candidato real a virrey rechazado por la nobleza aragonesa por su origen extranjero, lo tenía por codicioso y ganable para la corona si se le daban esas mercedes, algo en que coincidían sus críticos aragoneses como el cronista Argensola.[41] Gracias a estas concesiones, durante el comienzo de las alteraciones de Aragón, Juan se mantuvo en el bando regio usando el oficio de gobernador para tratar de hacer cumplir las órdenes contra Antonio Pérez.[41]

La muerte de Juan de Gurrea en medio de estas alteraciones llevaron al cargo en 1590 a su coadjuntor, Ramón Cerdán de Escatrón.[42] Cerdán era significativamente otro partidario del bando centralista, como Juan de Gurrea.[43] Heredando los conflictos de su predecesor, realizó en 1595 una inspección de las guarniciones pirenaicas en medio de un escalamiento de las guerras de religión francesas. El fallecimiento de Cerdán en 1606, en un momento en que la lugartenencia estaba igualmente vacante, generó un problema institucional que no se solventó hasta el nombramiento en 1608 de Juan Fernández de Heredia, hijo del influyente Justicia de Jaca y las Montañas.[44] Esto supuso un cambio dinástico en el título de gobernador, pues la familia logró la confirmación de que el puesto sería heredado en el futuro por su hijo.[45][46]

Decadencia del cargo

Así en 1636, Juan Fernández de Heredia fue sucedido en la gobernación dicho hijo, Pedro Pablo Fernández de Heredia y Zapata según las promesas de la Corona. Sin embargo, sus pretensiones al condado de Aranda desde 1654 le restaban la categoría de caballero necesaria para ser gobernador y causaron un largo pleito no resuelto hasta 1661.[47]

Como parte de los acuerdos para resolver la disputa, Pedro Jerónimo de Urriés, barón de Ayerbe, sucedió en 1662 a Juan Fernández de Heredia en el cargo de gobernador.[48] A cambio del cargo, debía compensar al conde de Aranda y a su hijo con parte de los salarios asociados al puesto.[48] Pedro Jerónimo usó a su vez ese compromiso para pedir a cambio a la Corona la promesa de que le sucediera su hijo.[49] Esto se hizo con más promesas de mantener la compensación al hijo del conde de Aranda.[50] Con ello la familia logró finalmente que en 1696 José Domingo Benito de Urriés sucediera a su padre en el puesto de gobernador.[51]

El fallecimiento de Pedro Jerónimo de Urriés en 1706, durante la guerra de la Sucesión Española, llevó a Felipe V de España a nombrar gobernador a Francisco Miguel de Pueyo.[52] Este, maestre de campo, se hizo así con la presidencia efectiva de la Real Audiencia de Aragón. Los decretos de Nueva Planta de 1707 supusieron la abolición del cargo.

Funciones

Judiciales

Era considerado el responsable de garantizar que las autoridades locales cumplieran las leyes y disposiciones del monarca.[53] El gobernador supervisaba la justicia ejercida en cada jurisdicción por figuras locales como el merino y el zalmedina de Zaragoza,[c] los sobrejunteros (presentes en Teruel, Ejea, Tarazona, Sobrarbe, Alcañiz...) y justicias locales como el Justicia de las Montañas, el de Huesca o los justicias de las comunidades de aldeas de Daroca y Calatayud. El zalmedina de Zaragoza se consideraba el primero entre pares de estos, pero en un escalón inferior al gobernador general, al que no podía remplazar en caso de ausencia.[2]

Funcionaba así como un tribunal de segunda instancia para apelaciones de la justicia impartida por estos.[54] En temas de orden público era directamente competente en todo el reino,[54] si bien actuaba de forma itinerante y tenía jurisdicción directamente solo cuando se encontraba presente en la localidad del hecho a juzgar.[55] Si no, debía establecer órdenes para los sobrejunteros u otros oficiales locales.[56] Para ejercer estas funciones legales, contaba con un equipo técnico del que destacaba especialmente un asesor togado.[53]

En teoría, si coincidía con el lugarteniente general de Aragón (y posteriormente, con su sucesor, el virrey de Aragón), se había de inhibir en favor del mismo.[1] Sin embargo, el esquema habitual era que el lugarteniente/virrey estuviera de forma regular en Zaragoza como presidente de la Real Audiencia de Aragón mientras que el gobernador ejercía su labor de forma itinerante a largo del reino de forma que ambos se complementasen.[1]

Aunque en principio su jurisdicción natural estaba limitada a las tierras de realengo, desde sus comienzos se involucró en las treguas y mantenimiento de paz entre los señores y caballeros del reino.[57] Los diputados del reino, sin embargo, estaban exentos de su autoridad dado que tenían derecho a ser juzgados por el Justicia de Aragón. Igualmente, el gobernador debía abstenerse de tramitar casos que afectar a familiares suyos, salvo que la otra parte aceptara el conflicto de interés.[56]

Gubernamentales

El gobernador podía suplir al lugarteniente general del reino en caso de ausencia de este. Eso implicaba en tales momentos la presidencia de la Real Audiencia de Aragón. Se trataba del último presidente nato la audiencia, pues en caso de falta también del gobernador no había presidente para la misma.[58] Sin embargo, la existencia del cargo superior del lugarteniente hacía estas ocasiones excepcionales y limitaba la autoridad del gobernador.[58]

Desde el siglo XV el gobernador supervisaba igualmente en nombre del rey la elección de los cargos de los concejos municipales en localidades como Huesca.[59] El éxito del sistema de bolsas bajo supervisión del gobernador llevó a extender su autoridad a los concejos de Zaragoza, Tarazona, Calatayud, Daroca, Sariñena, Alquézar, Aínsa, Barbastro, Ejea, Jaca, Tauste, Sos, Uncastillo, Sádaba y Murillo de Gállego.[60]

Militares y económicas

La no separación medieval entre funciones judiciales, investigativas y ejecutivas llevaba al gobernador a ser competente también temas más allá de los jurídicos. Así, se solapaba con el baile general en la defensa de los derechos y prerrogativas económicos de la Corona.[53]

También tenía funciones de inspección de fortificaciones y de cumplimiento de obligaciones militares de las autoridades locales. Así, por ejemplo, el gobernador estaba facultado para imponer multas por incumplimiento de órdenes reales relativas a la defensa del reino.[61] Confirmaba así que las autoridades locales habían recaudado los fondos comprometidos, que las fortificaciones estaban en buen estado y que las armerías estaban abastecidas de material.[62]

Podía igualmente suplir las ausencias del lugarteniente del reino de Aragón en el ejercicio de las funciones de capitán general del reino.[63] Esto fue clave en varios momentos en los que hubo interregnos o vacíos de poder en Aragón, así como en ocasiones de guerra abierta donde las fuerzas del reino tuvieron que combatir en múltiples frentes que requerían desdoblar el mando.

La figura del gobernador

El gobernador era nombrado de entre la baja nobleza y debía ser caballero.[58] Así, cuando el designado no era aún caballero se le nombraba caballero antes de designarle gobernador.[53] En el otro extremo de la jerarquía social, no podía ser noble titulado, por lo que la elección del titular para cargos como el de conde debía implicar su renuncia. Esto fue significativo en Aragón, pues a diferencia de otras gobernaciones como la de Valencia, permitió a la baja nobleza aragonesa desarrollar redes clientelarias propias al margen de las de la nobleza titulada.[64] El cargo era igualmente incompatible con el ejercicio de órdenes militares, suspendiéndose la membresía en estas durante el ejercicio del cargo.[53]

El nombramiento era típicamente vitalicio.[65] Recibía un salario a cargo de las generalidades de Aragón y de los impuestos administrados por el baile general de Aragón, si bien los retrasos en el cobro fueron habituales.[66]

Desde las Cortes de Zaragoza de 1350, el gobernador debía ser natural del reino.[67] Se trató de un punto que lo diferenciaba del lugarteniente/virrey, que se vio marcado por la polémica del pleito del virrey extranjero y era visto como de más libre designación real.

Protocolariamente, era la cuarta figura en el reino, solo por detrás del rey de Aragón, su heredero y el lugarteniente/virrey, y por delante del justicia de Aragón. Tras la incorporación de la corona de Aragón a la Monarquía Hispánica, este orden protocolario se mantuvo, quedando el nuevo consejo de Aragón por debajo de estas instituciones preexistentes.

La oficina del gobernador

El gobernador contaba con el apoyo de un asesor legal (togado), un alguacil, un escribano y un portero, nombrados por el rey.[53] A diferencia de otros gobernadores generales de la Corona de Aragón, no tenía inicialmente un lugarteniente hasta que en el siglo XVI se estableció la figura del coadjuntor.[37]

Los documentos generados por la institución, como las de otros oficiales del reino, se conservaban en un archivo en Zaragoza.[28]

Véase también

Notas

  1. La nomenclatura exacta osciló según el periodo. Lupercio Leonardo de Argensola comenta:
    llámase vulgarmente el gobernador general, aunque el rei, ni la lei no le nombran sino regente[de] la general gobernación; porque gobernador general está prohibido por fuero.
    Pese a ello, en los comienzos de la institución sí se llegó a denominar gobernador general de Aragón (generando confusión con el título de gobernador general que tenía el heredero de la Corona) o lugarteniente del gobernador (generando confusión con el lugarteniente general de la Corona y el lugarteniente general del reino). El uso popular de gobernador general o gobernador de Aragón se ha preservado en la historiografía para evitar confusiones.
  2. Lihori llegó a actuar como lugarteniente interino ante la ausencia de lugarteniente y algunos autores lo han llamado erróneamente lugarteniente, algo que la bibliografía más especializada corrige.[20]
  3. El rey cobraba las caloñas a través del merino, lo que hacía a este el juez competente en casos de homicidio mientras que el zalmedina, como juez municipal, tenía jurisdicción sobre la justicia cedida por los fueros a la ciudad

Referencias

Bibliografía

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