Irredentismo peruano
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El irredentismo peruano es una corriente de pensamiento nacionalista que propone la integración del denominado «Gran Perú», una entidad territorial hipotética que incluye al actual territorio de la República del Perú junto con otros países y regiones de América del Sur. Según esta doctrina, todos comparten vínculos históricos y culturales con las antiguas áreas de influencia del Imperio Inca y del Virreinato del Perú.
Los defensores de esta visión planteada por Thaiel Martínez argumentan que dichos territorios poseen una tradición de peruanidad, entendida no necesariamente desde la perspectiva de la identidad nacional moderna, sino a partir de las identidades sociales, culturales y políticas asociadas a los antiguos Reinos del Perú. En este sentido, el irredentismo peruano plantea la posibilidad de anexión o confederación de estos territorios con el Perú contemporáneo, basándose en la continuidad histórica y cultural compartida.
Oficialmente, el Estado peruano ha practicado el irredentismo pero nunca políticas irredentistas y revanchistas en sus relaciones exteriores. Sin embargo, ha habido muchas personalidades históricas, referentes e intelectuales, que han hecho presión para desarrollar un proyecto irredentista, tuvo su apogeo entre 1884 y 1929, durante la Cuestión de Tacna y Arica,[1] y otro reavivamiento en la década de 1970 durante el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada ante el centenario de la Guerra del Pacífico y la rivalidad entre Juan Velasco Alvarado y Augusto Pinochet en medio de la Guerra Fría.[2][3][4]
En Perú existe una corriente llamada «irredentista», que no está dispuesta a cerrar los temas de frontera con Chile y que aspira al menos a «recuperar» Arica, como se observó, por ejemplo, en la respuesta peruana al acuerdo chileno-boliviano de 1975. Su estrategia es mantener siempre temas abiertos, hasta esperar una ocasión propicia de redefinición de la frontera terrestre. Este enfoque es un factor de permanente inestabilidad regional, que la política exterior chilena debe lograr cerrar.
A lo largo de la historia han aparecido varias civilizaciones e imperios cuyas sedes de poder u origen se asentaban en territorios del actual Perú, como por ejemplo la Cultura chavín, el Imperio wari-Tiahuanaco, el Imperio incaico o el Virreinato del Perú, dependiente del Imperio español. Todas estas sociedades pan-étnicas habrían dejado una notable huella cultural en la que varios territorios terminaron integrándose y entrelazándose en una sola unidad política, y luego una sola cultura (como la Civilización incaica y luego la identidad «Perulera»), lo cual a su vez generó entre sus habitantes una sensación de patria, con base en la común lealtad de distintas comunidades a una tradición socio-cultural y política-económica que se entendía como «El Perú». Esto no se desarrolló basándose en el moderno concepto de Estado nación, sino con base en el pactismo de vasallaje de los Cacicazgos con las autoridades superiores, como el Inca del Tahuantinsuyo, y luego de las República de españoles y Repúblicas de indios con el Monarca español como Rey del Perú o «Inca católico», dentro de un reino específico llamado El Perú, propio y distinto del resto de Reinos de indias que conformaban el Imperio español. En el contexto del Antiguo Régimen, entre las élites políticas de la Nobleza incaica, y posteriormente de la Nobleza peruana virreinal, esta concepción tradicionalista de la Patria generaría una sensación de que estos tenían la posesión de todos estos territorios de los "Reinos del Perú" (en nombre de la Monarquía Hispánica, que en la época de la Casa de Austria tenía una autoridad mayormente nominal, dado que el gobierno de facto lo hacían autoridades locales como los Cabildos coloniales y los caciques), y que entonces tales élites poseían un derecho natural e histórico de conformar una Sociedad política en la región del Perú, independientemente de la figura que encarne y represente está Unión Política, pues con la doctrina de la Retroversión de poderes se fundamentaba que el Rey de España, dentro de sus juramentos en el Pacto colonial, tenía un deber implícito por proteger la integridad territorial de esta Unidad Territorial, y que en sí mismo el Virreinato del Perú era un Estado dentro de un Estado (un Reino propio en Unión personal con la Corona de Castilla en la Monarquía compuesta, en vez de una propiedad del Estado Español), con fuero propio a respetar y que en cualquier momento podría cambiar de amo si el Rey de España no cumplía tal juramento que se hizo bajo el fundamento del Translatio imperii de la Casa real incaica a Carlos I de España como sucesor de Atahualpa, pues el reconocimiento del vasallaje de los súbditos estaba condicionado por el respeto del Rey a dicho Fuero en el Derecho indiano, y entonces los representantes e instituciones directas del Rey (como el Virrey del Perú, el Consejo de Indias, la Real Audiencia de Lima) venían a ser garantes de tal cumplimiento del juramento de vasallaje, que en el aspecto de la integridad territorial, generó que existiera una fuerte coordinación institucional entre tales comunidades (teniendo que consultarse a los municipios de los «países de indias» antes de hacer reformas territoriales), desarrollándose circuitos económicos y militares muy integrados a pesar de las diferencias culturales de una sociedad plurinacional, y con ello un sincretismo cultural no solo entre lo español y mestizo, también entre indios de distintos cacicazgos.[5][6]
Sin embargo, durante las Reformas borbónicas, esta concepción del Virreinato del Perú, como una Unión personal, sería desafiada por la concepción modernista de de la Unión real, promovido por los Regalistas y luego absolutistas españoles en la Corte de España. Así, muchos reformadores consideraban que, si bien el derecho soberano del Rey de España tras la conquista del Perú se fundamentaba en el Translatio imperii que hizo la nobleza indígena aliada a los conquistadores españoles, a su vez creían que dicho Pacto debía ser modificado o incluso violado en nombre de la Razón de Estado, para así poder beneficiar a los estamentos de indios y españoles con una administración más eficiente y sin las trabas burocráticas que generaba el pluralismo jurídico de los fueros y su lentitud por consultar a las autoridades locales americanas, sean indígenas o criollas (que los españoles, ante las múltiples denuncias de abusos e irregularidades para cumplir las Leyes de Indias, percibían como corruptas y en un estado de oligarquía por la poca presencia del poder ejecutivo del Estado español). Así, las reformas borbónicas se propusieron a aumentar la autoridad del Poder Real y la soberanía del Estado español de los peninsulares (específicamente del Reino de Castilla, dado los ataques a los Fueros de Aragón y las Constituciones catalanas con los Decretos de Nueva Planta) en los Reinos de Indias, en detrimento de la Soberanía del Estado peruano conformada por los estamentos de indios y el de españoles [criollos]. Lo cual a su vez generaría resentimientos en las élites políticas peruanas, tanto indígenas como criollas, cuando se crearon los nuevos reinos autónomos del Virreinato de Nueva Granada y Virreinato del Río de la Plata (cuyos territorios y reinos eran estados o provincias de los Reinos del Perú), algo que se consideró impuesto y que muchos sectores contra-reformistas de la élite considerasen que fue una violación del juramento de vasallaje, lo cual provocó una serie de Protestas y rebeliones en el Virreinato del Perú durante el siglo XVIII, fundamentados bajo la consigna de "Viva el rey, muera el mal gobierno", dado que los peruleros estaban convencidos de que estas decisiones eran arbitrariedades de funcionarios coloniales corruptos, responsabilizándose a los peninsulares Gachupines de estas violaciones, pero jamás a la persona del Rey de España o "Inca católico" (percibido como una figura paternal y mitificada, una figura ejemplar de Aristocracia clásica que encarnaba la ética de las virtudes y era el garante de justicia en todo el imperio, viéndole como una víctima inocente de malos asesores políticos afrancesados y de la codicia de la burguesía peninsular en detrimento de los criollos e indios) y con ello eran raros los movimientos separatistas en está primera ola de irredentismo peruano, siendo mayormente reformistas, dado que a pesar de la fragmentación territorial, aún había de hecho una unión política al ser todavía todos estos territorios una serie de provincias de un mismo imperio.[5]
Historia
Irredentismo virreinal
Esta ola irredentista virreinal intentó ejecutarse durante el siglo xviii. Primeramente por la vía diplomática, a través de muchos funcionarios expertos en asuntos de los Reinos de Indias, como Francisco Requena, el virrey Manuel Guirior, etc., que aconsejaron que se restauren ciertos territorios al Virreinato Peruano, como el Reino de Quito[7] (o al menos la Gobernación de Guayaquil, que se dio en 1803)[8][9] o la Provincia de Charcas (o al menos la intendencia de Puno, que se logró en 1796), fundamentándose en que la Real Audiencia de Charcas y la Real Audiencia de Quito históricamente estuvieron subordinadas a la Real Audiencia de Lima.[10] De hecho, los Virreyes peruanos sentían que aún tenían cierta responsabilidad política con Quito y Charcas a pesar de las nuevas fronteras, por lo que trataban de tener una injerencia cuando se presentaba la oportunidad, y era muy frecuente que recíprocamente hubiera muchos funcionarios quiteños y charqueños (en mayor proporción que otros hispanoamericanos) laborando en la soberanía de la Real Audiencia de Lima.[11] Sin embargo, también fue considerado ejecutarse aquellas aspiraciones irredentistas por la vía armada, como fue el caso de la Rebelión de Túpac Amaru II, en el que José Gabriel Tupac Amaru se coronó como "Don José primero, por la gracia de Dios, Inca, rey del Perú, Santa Fe, Quito, Chile, Buenos Aires y continentes de los mares del sur, señor de los Césares y Amazonas, y del gran Paititi" con una intención explícita de anexar el Virreinato de Nueva Granada y el del Río de la Plata (además de pretender expandirse a la Amazonia, la Polinesia y la Antártida) a su proyecto monarquista de Imperio Peruano basado en un nacionalismo neo-inca.[12]
Llegó a su clímax durante las Guerras de independencia hispanoamericanas, cuando el Virrey José Fernando de Abascal logró asegurar las simpatías Realistas entre los peruanos (tanto la nobleza como los plebeyos, sean blancos, indios o negros) a través de un gobierno reaccionario muy eficiente, puesto que fue corporativista y populista, atendiendo muchas demandas sociales de la población que percibieron un "buen gobierno", evitando que los liberales españoles y separatistas pudieran abanderarse de tales demandas sociales para propagar sus ideologías revolucionarias, y con ello Abascal logró que triunfe en el Perú la Contrarrevolución. Entre esas demandas, estaban la de los irredentistas peruanos que querían reincorporar al Virreinato del Perú varios territorios que se consideraban parte del "verdadero" Perú, las cuales tuvieron una oportunidad de realizarse al desarrollarse las Juntas de Gobierno de Hispanoamérica, que fueron reprimidas por el Ejército Real del Perú y así se cumplieron demandas territoriales como la re-anexión de la Provincia de Quito y la Provincia de Charcas, así como partes de la Intendencia del Tucumán (Salta, Jujuy y Córdoba) y de la Provincia de Popayán (Provincia de Pasto), además de reforzar la autoridad española y peruana sobre el Reino de Chile y la Intendencia de Chiloé.[13][14] Incluso se hizo una fuerte re-integración entre el Sur Peruano y el Altiplano Boliviano, dado que la Real Audiencia del Cuzco se hizo responsable de muchos atributos eclesiásticos y civiles cuando José de la Serna abandono Lima entre 1822-1824 (aunque no se atrevió a absorber la Real Audiencia de Charcas, para evitar conflictos entre realistas como la Rebelión de Olañeta).[11]
Irredentismo republicano
Dada la derrota del Ejército Real del Perú tras la Independencia del Perú, las ganancias territoriales del Virreinato fueron anuladas por presión de las Provincias Unidas del Río de la Plata (que disputaba el Alto Perú),[15] Chile (que tenía pretensiones expansionistas en Chiloé y El Paposo, y especialmente por parte de la Gran Colombia, que disputaba el control de Guayaquil —ciudad que anexó por la fuerza junto con Quito al distrito del Sur—, mientras simultáneamente realizaba campañas por la independencia de Bolivia e incluso consideraba la posibilidad de dividir al Perú en dos estados: uno norteño y otro sureño.[16] Dada las circunstancias de que el Estado peruano requería fuertemente de la asistencia de fuerzas extranjeras para subsistir (dado que la mayoría de la población se decantaba por el ejército real), terminó aceptando la aplicación del principio bolivariano de Uti possidetis iuris en base a las fronteras de 1810 (donde la diplomacia extranjera quiso desconocer las conquistas de Abascal), con la esperanza que el otro principio aceptado internacionalmente, el de libre determinación de los pueblos, permitiera que al menos las poblaciones del actual Ecuador y Bolivia (incluyendo zonas fronterizas con el Sur de Colombia Andino-Amazónico y el Noroeste Argentino de la Puna) pudieran ser incorporados al Perú, dado que a principios del siglo xix habían fuertes lazos de unión entre las poblaciones del Perú con las de esos territorios, siendo heredado de la época virreinal y manteniendo su unidad regional a pesar de las divisiones artificiales que generaron las reformas borbónicas, fundamentándose entonces que en todos esos lugares había una sola realidad social "pan-peruana".[17][18][19][20]
De estar forma, hubo proyectos como el de la Confederación Perú-Boliviana, el Reino Unido de Ecuador, Perú y Bolivia, los Estados Unidos Perú-Bolivianos y otros de esta naturaleza que deseaban concretar tales aspiraciones, con o sin la colaboración de políticos ecuatorianos o bolivianos, pues existieron figuras como Agustín Gamarra o Nicolás de Piérola que propusieron la anexión total de dichos países, o al menos balcanizar y repartírselos con ayuda de Colombia (como la propuesta de José María Obando en 1841)[21]o de Argentina y Chile (como la propuesta de Federico Errázuriz Echaurren).[22] Además, hubo figuras como Juan José Flores en Ecuador, Antonio José de Sucre y José Ballivián en Bolivia, Diego Portales en Chile, o Juan Manuel de Rosas en Argentina, que hicieron acusaciones de que los gobiernos peruanos (como el de José de la Mar, Agustín Gamarra o Andrés de Santa Cruz) pretendían anexarse sus provincias como Cuenca, Guayaquil, La Paz, Beni, Chiloé, Salta-Jujuy, etc.[23][24]
| Estado | Escudo | Mapa |
|---|---|---|
| Confederación Perú-Boliviana |  |  |
| Estados Unidos Perú-Bolivianos |  |  |
| Reino Unido de Ecuador, Perú y Bolivia |  |  |
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