Gobierno de Yamandú Orsi

Summarize Timeline Top Qs Fact Check

El Frente Amplio, una fuerza política heterogénea de izquierda fundada el 5 de febrero de 1971, gobernó por primera vez en Uruguay, y de forma consecutiva, por 15 años entre 2005 y 2020 con las presidencias del médico Tabaré Vázquez —2005-2010 y 2015-2020— y el exguerrillero José Mujica —2010-2015—, rompiendo con el viejo bipartidismo uruguayo de los Partidos Tradicionales.^[2][3][4] Durante el proceso de definición de precandidatos presidenciales para las elecciones de 2019, en un contexto de renovación de dirigentes nacionales, el entonces intendente de Canelones Yamandú Orsi fue mencionado por el expresidente José Mujica —líder de su sector político, el MPP— como un posible precandidato. Sin embargo, Orsi descartó esa posibilidad en aquel momento.^[5][6] Las elecciones internas de junio de 2019 definieron al entonces intendente de Montevideo, Daniel Martínez, como candidato a la presidencia por el Frente Amplio, y en octubre de ese año Orsi fue nombrado como su jefe de campaña rumbo al balotaje.^[7] El balotaje de 2019 dio como resultado la derrota electoral del Frente Amplio contra el candidato nacionalista Luis Lacalle Pou, dejando el gobierno tras 15 años consecutivos de su ejercicio.^[8]

Casi un año después, Yamandú Orsi fue reelecto como intendente de Canelones en los comicios departamentales de 2020,^[9] lo que lo perfiló como un posible precandidato para las siguientes internas.^[10] A principios de marzo de 2023, el sector frenteamplista Vertiente Artiguista fue el primero en formalizar su respaldo a la precandidatura de Yamandú Orsi para las elecciones internas de 2024.^[11] Poco días después, el MPP anunció también de forma oficial su apoyo a Orsi.^[12] El 10 de diciembre de 2023 fue proclamado oficialmente como precandidato por el Congreso del Frente Amplio.^[13] El 20 de febrero de 2024, presentó formalmente su renuncia ante la Junta Departamental de Canelones para dedicarse a la campaña presidencial; renuncia que fue programada para el 1.º de marzo de 2024.^[14] En las elecciones internas de junio, Orsi se impuso sobre los otros precandidatos Carolina Cosse y Andrés Lima, y fue ungido como candidato del Frente Amplio para la elección general de octubre.^[15] Ese mismo día confirmó a Carolina Cosse, entonces intendenta de Montevideo y su rival en la interna, como su compañera de fórmula.^[16]

Al respecto de los dos plebiscitos que serían sometidos a consulta popular en la elección, se posicionó en contra de ambos: tanto del referido a habilitar los allanamienos nocturnos,^[17] como el de modificación al sistema de seguridad social.^[18][19] El 16 de septiembre, presentó en la plaza de toros Real de San Carlos de Colonia del Sacramento los principales lineamientos de su programa de gobierno.^[20] En la primera vuelta de las elecciones generales celebradas el 27 de octubre, la fórmula Orsi - Cosse fue la más votada, consiguiendo una mayoría absoluta en la Cámara de Senadores y una minoría mayoritaria en la Cámara de Representantes.^[21] El 17 de noviembre participó de un debate presidencial junto al candidato del Partido Nacional y de la Coalición Republicana, Álvaro Delgado.^[22] La fórmula Orsi - Cosse se impuso en la segunda vuelta realizada el 24 de noviembre, obteniendo el 52% de los votos contra el 48% de la fórmula Delgado - Ripoll.^[23]

Tras la proyección de los resultados, fue saludado por diversos mandatarios, como los presidentes de Chile, Brasil, México, España, Guatemala y Venezuela: Gabriel Boric, Luiz Inácio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum, Pedro Sánchez, Bernardo Arévalo y Nicolás Maduro, respectivamente.^[24] Asimismo, líderes políticos internacionales también felicitaron a la fórmula electa, como Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Yolanda Díaz y Claudia López Hernández.^[25] Según analizaron distintos politólogos, la falta de mayorías parlamentarias conseguidas en la elección llevaría a una dinámica de gobernabilidad distinta a la de previas administraciones frenteamplistas, implicando mayor negociación entre los dos bloques.^[26][27]

El domingo 24 de noviembre de 2024, tras confirmarse la victoria de la fórmula frenteamplista Orsi - Cosse, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a través de la red social X, se comunicó con Yamandú Orsi para felicitarlo y comunicar el inicio de la transición.^[28] Tras la noche del balotaje, la primera actividad pública de Orsi como presidente electo fue al día siguiente visitando al expresidente José Mujica y a su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, en su residencia particular.^[29] El miércoles 27 de noviembre se reunieron por primera vez el presidente Luis Lacalle Pou y el electo Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva, dando inicio formal a la transición.^[30] Dirigentes del gobierno electo ubicaron su sede de trabajo en el Hotel Hampton by Hilton Montevideo, en el barrio Carrasco.^[31] En la tarde del jueves 28 Orsi viajó junto a Gabriel Oddone, previsto ministro de economía; Alejandro Sánchez, previsto secretario de presidencia; y Álvaro Padrón, su asesor en asuntos internacionales; a Brasilia para mantener una reunión al día siguiente con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.^[32] En los días siguientes hubo desacuerdos en declaraciones de prensa entre Orsi y Oddone por si rebajar o no la edad jubilatoria nuevamente a 60 años.^[33]

En los primeros días de diciembre hubo desacuerdos entre la vicepresidente electa y el presidente electo sobre la vigencia de los TLCs, a raíz de una reunión de Cosse con el embajador chino en Uruguay, donde Orsi afirmó en rueda de prensa que dichos tratados «pasaron de moda».^[34][35] Posteriormente, ambos dirigentes se reunieron en una rueda de prensa donde aclararon que no existían desacuerdos sobre esta cuestión.^[36] El viernes 6 de diciembre se dio inicio a la Cumbre del MERCOSUR en Montevideo a la que Yamandú Orsi asistió como invitado del presidente Luis Lacalle Pou, y donde el presidente electo mantuvo encuentros bilaterales con varios mandatarios de la región.^{[37][38][39][40]} En dicha cumbre se cerró el texto definitivo del tratado de libre comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea después de casi 25 años de negociaciones.^[41][42]

El lunes 9 de diciembre el Ministerio de Ambiente habilitó el proyecto de una nueva planta potabilizadora en Arazatí, conocido también como proyecto Neptuno, a lo que el presidente Lacalle adelantó que no pondría «freno de mano», pero sí buscaría un «punto intermedio» con la administración entrante.^[43][44] En esta discusión, la vicepresidenta electa Carolina Cosse afirmó que la «prioridad» para la próxima administración sería el proyecto Casupá ―otro proyecto planteado para obtener más agua de la misma fuente, en el Santa Lucía―.^[45][46] Durante esa semana dirigentes del gobierno electo plantearon la posibilidad de implementar un IVA personalizado.^[47][48]

En el mediodía del lunes 16 de diciembre fue presentado el gabinete de ministros y subsecretarios del gobierno electo en el hotel Radisson de Montevideo.^[49][50] Así, durante el transcurso del resto diciembre, se inició la transición en distintos ministerios como en la cartera de Economía y Finanzas, en la de Trabajo, en el MIDES y en el de Educación y Cultura.^{[51][52][53][54]} Durante esta etapa varios ministros designados realizaron planteamientos ante la prensa: Lucía Etcheverry, ministra de Industria prevista, afirmó que se debería «renegociar el contrato» con la empresa Katoen Natie sobre el puerto de Montevideo, argumentando una «lesión de la soberanía»;^[55] Cristina Lustemberg, ministra de Salud prevista, planteó «revisar» la ley de aborto ―Ley N.º 18987― ante la posibilidad de aumentar su límite;^[56][57] y José Carlos Mahía, ministro de Educación y Cultura previsto, adelantó su intención de impulsar un proyecto de ley que derogue el artículo de la Ley de Urgente Consideración ―LUC― que eliminó los consejos de Educación Primaria, Secundaria y Técnico Profesional electos por docentes.^[58][59]

En materia de derechos humanos, el martes 17 de diciembre el Frente Amplio no votó la «gravedad y urgencia» del tratamiento de una declaración presentada por partidos de la coalición de gobierno en el Senado sobre la situación en Venezuela, donde entre distintos temas se recordaba la situación de Fabián Buglione, uruguayo desaparecido en Venezuela desde hace más de un mes en ese momento.^[60] Asimismo, tras ser divulgados por la prensa, se volvieron polémicos los dichos de la exvicepresidenta Lucía Topolansky, recopilados en el libro Los Indomables del periodista Pablo Cohen, en los que afirmaba conocer personas que «mintieron» en procesos judiciales para lograr la condena de varios militares acusados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar.^[61][62] Ese mismo día, con la publicación de un adelanto a una entrevista a José Mujica del programa radial Fácil Desviarse, el expresidente reafirmó los dichos de su esposa: «sé que hubo casos».^[63] La Mesa Política Nacional del Frente Amplio sesionó para desmarcarse de los dichos de estos dirigentes;^[62] el presidente electo también se desmarcó de dichas declaraciones;^[64] y la organización civil Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos emitió un comunicado de repudio.^[65]

Además, durante este mes hubo polémicas entre autoridades del gobierno y del gobierno electo sobre el contenido del contrato entre el Estado uruguayo y la empresa internacional HIF Global sobre el proyecto de esta última de construcción de una planta de hidrógeno verde en Paysandú.^{[66][67][68][69]} A finales de mes se dio el primer encuentro oficial del gabinete ministerial y se cambió la sede de trabajo del Hotel Hampton by Hilton Montevideo al edificio Plaza Alemania, en el barrio Palermo.^[70][71] Allí el presidente electo recibió a la expresidenta de Brasil y presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo del BRICS ―NBD―, Dilma Rousseff.^[72] La titular del NBD le propuso al presidente electo la adhesión de Uruguay al banco; el ingreso del país al NBD fue aprobado en 2021, durante la administración de Luis Lacalle Pou, pero su formalización no ocurrió en los hechos.^[73]

El viernes 4 de enero el presidente Lacalle se reunió con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, en la residencia presidencial Suárez y Reyes; reunión a la que Yamandú Orsi no asistió.^[74][75] A mediados de enero el gobierno electo se distanció de la idea de modificar la materia impositiva en el primer año de gobierno, incluyendo el proyecto del IVA personalizado; Yamandú Orsi se operó de cataratas en los ojos; y la Comisión Permanente del Parlamento se reunió y aprobó una declaración que describió como «dictadura» al gobierno venezolano y de «golpe de Estado» la asunción del 10 de enero de Nicolás Maduro, sin contar con los votos del Frente Amplio.^[76][77][78] Además, durante el transcurso de todo el mes se inició a la transición en los restantes ministerios: en Salud, Interior, Transporte, Defensa, Vivienda, Turismo, Ganadería, Industria y finalmente Ambiente.^{[79][80][81][82][83][84][85][86][87]}

En la mañana del jueves 23 de enero, el gobierno firmó en Torre Ejecutiva el contrato que dio inicio al proyecto Arazatí, generando discrepancias con autoridades del gobierno electo.^[88][89] Más tarde ese mismo día, el presidente electo Yamandú Orsi recibió a Álvaro Delgado, excandidato nacionalista, siendo la primera reunión mano a mano entre ambos candidatos presidenciales del balotaje tras las elecciones de 2024.^[90] El sábado 25 el presidente electo Orsi transmitió sus condolencias por redes sociales a la familia del soldado uruguayo fallecido y a los otros militares heridos en servicio de una misión de paz en la República Democrática del Congo tras un ataque del grupo rebelde M23.^[91] El lunes 27 de enero, la Mesa Política Nacional de Frente Amplio emitió un comunicado declarándose en contra del proyecto Arazatí.^[92]

Durante la primera semana de febrero Yamandú Orsi confirmó que por motivos familiares se no mudaría a la residencia presidencial de Suárez y Reyes después de su asunción; el presidente chileno Gabriel Boric visitó Uruguay y se reunió con Lacalle, Mujica y Orsi; y se celebró el Congreso de intendentes donde coincidieron Lacalle y Orsi.^[93][94][95] El jueves 13 de febrero, el secretario de presidencia previsto, Alejandro Sánchez, afirmó ante la prensa que se invitó a la ceremonia del cambio de mando todos los presidente con los cuales Uruguay tiene relaciones diplomáticas.^[96] Al día siguiente, el presidente Lacalle vetó las invitaciones realizadas a los mandatarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela.^[97] El 15 de febrero asumieron los nuevos parlamentarios de la Asamblea General, la L Legislatura para ambas Cámaras.^[98] En los días siguientes hubo distintos anuncios, como un posible cambio de nombre al Ministerio de Educación y Cultura,^[99] y la creación de una nueva secretaría bajo la órbita de la presidencia.^[100] Además, se iniciaron las conversaciones para la entrega de cargos públicos a la oposición.^[101] Asimismo, hubo contestaciones de parte de dirigentes frenteamplistas a la propuesta de Gabriel Oddone de desindexar salarios.^[102][103] El jueves 27, el gobierno saliente publicó un documento con un resumen de su gestión llamado «Uruguay más libre»,^[104] y al día siguiente, último día de gestión, el gobierno de Lacalle sostuvo su última reunión oficial con el Consejo de Ministros, tanto con los vigentes como con anteriores, en la Torre Ejecutiva.^[105]

El sábado 1.º de marzo de 2025 se llevó a cabo la investidura presidencial de Yamandú Orsi como 43.º presidente constitucional de Uruguay, primero en el Palacio Legislativo, ante la Asamblea General, y luego en la Plaza Independencia, donde el presidente saliente Luis Lacalle Pou hizo entrega de la banda presidencial. Asimismo, también prestó juramento Carolina Cosse como 19.ª vicepresidenta de Uruguay, y el Estado uruguayo celebró 40 años de democracia ininterrumpida.^[106][107]

El evento comenzó con una sesión ante la Asamblea General, donde el presidente y la vicepresidenta electos prestaron su compromiso de honor frente a diputados y senadores. Luego, se realizó un desfile por Avenida Libertador hasta la Plaza Independencia escoltados por el cuerpo de Blandengues, guardia ceremonial del Poder Ejecutivo. El presidente y la vicepresidenta se desplazaron en un Hyundai Ioniq 5 eléctrico, que había sido adaptado para la ocasión. Llegados a la Plaza Independencia, el presidente saliente le entregó la banda presidencial al entrante, se realizó un acto protocolar con honores militares y el primer discurso público del nuevo presidente. La jornada finalizó con la presentación del gabinete y el saludo a las delegaciones extranjeras en el Palacio Estévez.^[107]

Summarize Timeline Fact Check

Partidos: color #0E4477 Frente Amplio / color lightgrey Independiente
Sectores políticos: color #E34234 MPP / color #5DC1B9 Seregnistas / color #af0001 Partido Comunista / color #FFD700 Vertiente Artiguista / color #5564EB La Amplia / color #008F39 Partido Socialista / color #FF0080 El Abrazo / color #6576B4 Progresistas 76

Gabinete del gobierno de Yamandú Orsi
Ministerio	Titular		Período	Subsecretario		Período
Ministerio de Ambiente		Edgardo Ortuño[108]	Desde el 1 de marzo de 2025		Leonardo Herou[109]	1 de marzo de 2025 - 10 de julio de 2025
					Óscar Caputi[110]	Desde el 10 de julio de 2025
Ministerio de Defensa Nacional		Sandra Lazo[111]	Desde el 1 de marzo de 2025		Joel Rodríguez	Desde el 1 de marzo de 2025
Ministerio de Desarrollo Social		Gonzalo Civila[112]	Desde el 1 de marzo de 2025		Federico Graña	Desde el 1 de marzo de 2025
Ministerio de Economía y Finanzas		Gabriel Oddone[113]	Desde el 1 de marzo de 2025		Martín Vallcorba	Desde el 1 de marzo de 2025
Ministerio de Educación y Cultura		José Carlos Mahía[114]	Desde el 1 de marzo de 2025		Gabriela Verde	Desde el 1 de marzo de 2025
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca		Alfredo Fratti[115]	Desde el 1 de marzo de 2025		Matías Carámbula	Desde el 1 de marzo de 2025
Ministerio de Industria, Energía y Minería		Fernanda Cardona[116]	Desde el 1 de marzo de 2025		Eugenia Villar	Desde el 1 de marzo de 2025
Ministerio del Interior		Carlos Negro[117]	Desde el 1 de marzo de 2025		Gabriela Valverde	Desde el 1 de marzo de 2025
Ministerio de Relaciones Exteriores		Mario Lubetkin[118]	Desde el 1 de marzo de 2025		Valeria Csukasi	Desde el 1 de marzo de 2025
Ministerio de Salud Pública		Cristina Lustemberg[119]	Desde el 1 de marzo de 2025		Leonel Briozzo	Desde el 1 de marzo de 2025
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social		Juan Castillo[120]	Desde el 1 de marzo de 2025		Hugo Barreto	Desde el 1 de marzo de 2025
Ministerio de Transporte y Obras Públicas		Lucía Etcheverry[121]	Desde el 1 de marzo de 2025		Claudia Peris	Desde el 1 de marzo de 2025
Ministerio de Turismo		Pablo Menoni[122]	Desde el 1 de marzo de 2025		Ana Claudia Caram	Desde el 1 de marzo de 2025
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial		Cecilia Cairo[121]	1 de marzo de 2025 - 17 de abril de 2025		Christian Di Candia	Desde el 1 de marzo de 2025
		Tamara Paseyro[123]	Desde el 21 de abril de 2025
Secretaría/Oficina	Titular		Período	Prosecretario/Subdirector		Período
Secretaría de Presidencia de la República		Alejandro Sánchez[124]	Desde el 1 de marzo de 2025		Jorge Díaz	Desde el 1 de marzo de 2025
Oficina de Planeamiento y Presupuesto		Rodrigo Arim[125]	Desde el 1 de marzo de 2025		Jorge Polgar	Desde el 1 de marzo de 2025
Secretaría Nacional del Deporte		Alejandro Pereda[126][127]	Desde el 1 de marzo de 2025		Gabriela Freire	Desde el 1 de marzo de 2025
Secretaría de Ciencia y Valorización de Conocimiento		David González[128][129]	Desde el 2 de enero de 2026		Silvana Ravía	Desde el 2 de enero de 2026

Summarize Timeline Top Qs Fact Check

El Proyecto Neptuno, o Proyecto Arazatí, un proyecto de desarrollo de infraestructura hídrica en la zona de Arazatí del departamento de San José, fue una de las principales polémicas de la transición de gobierno de Luis Lacalle Pou - Yamandú Orsi; siendo firmado el jueves 23 de enero de 2025 sin el apoyo de las autoridades electas.^[88] Edgardo Ortuño, el ministro de Ambiente de Yamandú Orsi, en su ceremonia de asunción del jueves 6 de marzo de 2025, solicitó a OSE retomar la construcción de la represa de Casupá, en el departamento de Florida —la alternativa a Arazatí para el Frente Amplio—.^[130] A finales de mes, el martes 25 de marzo, tras el primer Consejo de Ministros del gobierno se anunció que se iniciaría la renegociación del proyecto Arazatí.^[131] El viernes 11 de abril, el gobierno y el consorcio Aguas de Montevideo llegaron a un acuerdo para suspender por 90 días la ejecución del contrato del proyecto, estableciendo una mesa permanente que discutiría en esos días con el objetivo de renegociar el contrato.^[132][133]

Por otro lado, a principios de mayo el ministerio de Ambiente convocó a instituciones y organizaciones para el estudio de la modificación del decreto 253/79, promulgado en mayo de 1979, que reúne los criterios para los estándares de calidad del agua.^[134] El 19 de mayo distintas organizaciones civiles presentaron un recurso de nulidad del contrato del proyecto Arazatí, afirmando que el proyecto es inconstitucional;^[135] y el 22 de mayo el ministro Ortuño afirmó que la construcción de la represa en Casupá «es una realidad» y que está «resuelta».^[136] Asimismo, el ministro afirmó que la inversión de Casupá está prevista en 130 millones de dólares, con el financiamiento a cargo del CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.^[137] El miércoles 4 de junio, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo —TCA— rechazó la demanda presentada en 2022 por Edgardo Ortuño, en ese momento director por la oposición de OSE, contra ese organismo para anular el avance del proyecto Arazatí.^[138]

El miércoles 16 de junio fue anunciado el cancelamiento del proyecto Arazatí, y la continuación de las negociaciones con el Consorcio Arazatí —anteriormente Aguas de Montevideo— con el objetivo de no romper el contrato, sino avanzar en una planta potabilizadora en Aguas Corrientes.^[139] El martes 19 de agosto el ministro Ortuño fue interpelado en la Cámara de Representantes por la cancelación del proyecto Neptuno.^[140] El lunes 8 de septiembre, OSE y CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe firmaron un convenio de cooperación técnica, para contribuir al desarrollo sostenible de la infraestructura hídrica de Uruguay.^[141] El viernes 10 de octubre, OSE informó sobre la aprobación formal del préstamo de 130 millones de dólares para construir la represa en Casupá.^[142] El jueves 18 de diciembre, el gobierno anunció el cierre de las negociaciones por la modificación del contrato con el consorcio privado; en lugar de hacer las tres obras que sustituían Arazatí se pactó hacer una sola: una nueva planta en Aguas Corrientes, una planta de tratamiento de los lodos en la misma localidad, y una nueva línea de bombeo al sistema metropolitano, con un costo total de US$ 212,6 millones.^[143]

El martes 20 de enero de 2026, el ministro Ortuño y el directorio de OSE acudió ante la Comisión Permanente legislativa con el incremento de tarifas y las obras alternativas al proyecto Casupá como temas centrales.^[144] El jueves 19 de febrero, el Tribunal de Cuentas resolvió por cuatro votos a favor y tres en contra observar el contrato firmado por OSE con un consorcio privado para la construcción de una nueva planta potabilizadora de agua potable en el río Santa Lucía en Aguas Corrientes, que implicó la renegociación del proyecto Neptuno en Arazatí.^[145] El jueves 5 de febrero, el directorio de OSE suscribió la modificación del contrato de renegociación del proyecto Neptuno, con cambios en el diseño y en la ubicación de la construcción de la planta que se traslada a Aguas Corrientes, Canelones.^[146]

El miércoles 12 de marzo de 2025 el presidente Orsi firmó una resolución para postergar por 180 días la aplicación del nuevo reglamento de jineteadas del Instituto Nacional de Bienestar Animal —INBA—, que entró en vigor el pasado 10 de febrero, y que generó la suspensión de varias criollas en el interior del país.^[147] El 24 de mayo el Ministerio de Ambiente anunció la creación de un grupo de trabajo contra la amenaza nacional del picudo rojo, insecto catalogado como plaga que ingresó a Uruguay en 2022.^[148] El jueves 16 de octubre, el gobierno firmó un decreto para la creación de un plan nacional para combatir el picudo rojo.^[149] El miércoles 29 de octubre, el Senado dio el aval legal para que el Ejército Nacional participe en el combate contra la cotorra de campo, especie considerada plaga por su impacto en la producción agrícola.^[150]

El jueves 22 de enero de 2026, el Poder Ejecutivo resolvió crear un grupo asesor ad hoc de expertos con el fin de combatir el picudo rojo.^[151] El martes 24 de febrero, el MGAP declaró emergencia sanitaria nacional por Influenza Aviar H5 —gripe aviar— tras hallar el virus en fauna silvestre de Maldonado, Rocha y Canelones, lo que implicó restricciones a los movimientos de aves, suspensión de eventos avícolas y refuerzo de las medidas de bioseguridad en todo el país.^[152]

El lunes 2 de junio de 2025, se creó el plan VALE —Valorización de Envases—, una iniciativa de alcance nacional que promueve la recuperación y valorización de envases, impulsando la economía circular y el cuidado del ambiente.^[153] El jueves 8 de enero de 2026, en Nuevo Berlín del departamento de Río Negro, se realizó el acto oficial de recibimiento de la donación de tres islas —llamadas Chala, Ingá y Pingüino— por parte de la organización ambientalista sin fines de lucro AMBÁ y la fundación Butler Conservation Inc., propiedad del filántropo y multimillonario estadounidense Gilbert Butler, al Estado uruguayo que las incorporó al Sistema Nacional de Áreas Protegidas —SNAP— como parte del Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay.^[154]

El Ministerio de Ambiente convocó el martes 5 de agosto de 2025 a una audiencia pública en Maldonado donde se presentaron y analizaron los estudios de impacto ambiental correspondientes a los proyectos presentados por Apa Exploration Uruguay, y Searcher Geodata Uk Limited para prospección sísmica tridimensional submarina en distintos bloques del mar uruguayo como una fase inicial de la exploración de posibles yacimientos de petróleo y gas.^[155] Cinco meses después, el viernes 5 de diciembre, el Ministerio de Ambiente otorgó la autorización ambiental para que cuatro empresas —Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS— realizaran proyectos de exploración sísmica tridimensional con miras a obtener datos geológicos que permitan evaluar la oportunidad de posibles perforaciones en busca de petróleo.^[156][157]

El miércoles 11 de febrero de 2026, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo —INDDHH— presentó ante la Justicia una acción de amparo con el objetivo de detener de forma inmediata las actividades de prospección sísmica destinadas a la búsqueda de hidrocarburos en el mar territorial uruguayo.^[158] El viernes 27 de febrero, el Poder Ejecutivo aprobó el plan de gestión ambiental que iniciará la exploración sísmica en aguas uruguayas.^[159]

El lunes 10 de marzo de 2025 se produjo un derrame de ácido sulfúrico en el muelle de la planta de la empresa de celulosa UPM, en Fray Bentos, durante la descarga del producto químico desde un buque.^[160] Meses después, el jueves 31 de julio, el Ministerio de Ambiente impuso una multa de 4.000 y 1.000 unidades reajustables a UPM —lo que equivale a 9,1 millones de pesos— por el derrame de ácido sulfúrico de marzo, mediante una resolución emitida el 17 de julio por haber incumplido el Plan de Gestión Ambiental de Operación.^[161] El domingo 17 de agosto, ANCAP resolvió parar la refinería de La Teja por falta de crudo debido a una rotura en la boya petrolera de José Ignacio detectada el 3 de agosto.^[162] El viernes 10 de octubre la refinería de La Teja retomó sus operaciones tras casi dos meses sin funcionar.^[163]

El miércoles 26 de marzo de 2025 el programa Ceibal lanzó la iniciativa EduIA Lab, pensado como el «primer laboratorio regional de inteligencia artificial en educación», la propuesta adoptó como objetivo desarrollar y dar disponibilidad a herramientas de IA en los salones de clase, así como también sistematizar conocimiento y fortalecer capacidades a nivel regional.^[164] El miércoles 21 de mayo se lanzó el programa Uruguay Innova, con la idea de potenciar el sistema de investigación e innovación desde una perspectiva estratégica.^[165] Asimismo, se anunció que la secretaría, prometida en la transición de gobierno, pensada para guiar la política científica dentro del ámbito de la presidencia de la República se llamaría «Secretaría de Ciencia y Generación de Conocimiento».^[166][167] El martes 17 de junio el presidente Yamandú Orsi asistió a la presentación del centro educativo Tumo.^[168] El lunes 29 de diciembre, el gobierno anunció a David González como el titular del nuevo organismo ahora llamado Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización del Conocimiento.^[129] El miércoles 11 de febrero de 2026, el secretario de presidencia Alejandro Sánchez encabezó el evento donde se firmó un convenio entre el Laboratorio Tecnológico del Uruguay —LATU— y Microsoft para implementar soluciones de IA en las áreas sociales, sanitarias, ambientales y culturales.^[169]

Summarize Timeline Top Qs Fact Check

El 8 de marzo de 2025 el Palacio Legislativo se iluminó por primera vez de color violeta por el Día internacional de la Mujer.^[170] El lunes 10 de marzo se realizó en Torre Ejecutiva una actividad bajo la consigna «Cuando todas las mujeres avanzan, la sociedad avanza» donde participaron el presidente Yamandú Orsi, la vicepresidenta Carolina Cosse, el ministro del MIDES Gonzalo Civila y la directora de InMujeres Mónica Xavier.^[171] El jueves 11 de septiembre, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley para subir la edad mínima autorizada para contraer matrimonio de 16 a 18 años, aunque con la excepción de adolescentes de 16 y 17 años con una autorización expresa de un juez.^[172] El lunes 15 de septiembre, la secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, Collette Spinetti, confirmó la instalación de oficinas de derechos humanos y de diversidad en intendencias.^[173]

El miércoles 15 de abril de 2026, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto que modifica la ley que determina el procedimiento para la fijación de los apellidos de los recién nacidos en el registro civil; se mantiene que apellidos se asignan en el orden que acuerden los padres al momento de la inscripción, pero se agrega que al no haber acuerdo el orden pasa a sorteo realizado por el oficial de estado civil, y no hay preferencia masculina.^[174]

El 6 de marzo de 2025 se declaró oficialmente a la exvicepresidenta Lucía Topolansky como testigo por sus dichos a principios de 2025 sobre falsos testimonios de crímenes durante la dictadura luego de que el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° Turno rechazara la decisión de la jueza Verónica Pena de no citarla a declarar.^[175] El miércoles 12 de marzo el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, pidió 15 años y seis meses de penitenciaría para los militares retirados Óscar Mario Roca, Ivo Morales y Abel Pérez por reiterados delitos de privación de libertad, con reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y reiterados delitos de lesiones graves y torturas a 11 personas que ocurrieron en el Batallón de Infantería 9 de Fray Bentos entre los años 1980 y 1984, durante la época de la dictadura cívico militar.^[176][177] El jueves 27 de marzo la exvicepresidenta Topolansky declaró dos horas ante la Justicia por sus anteriores dichos, pero según Fiscalía «no aportó ningún nombre concreto ni ningún dato útil para la investigación».^[178] El lunes 21 de abril, a 51 años del asesinato de las conocidas como «Muchachas de Abril», el presidente Orsi se reunió con representantes de la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.^[179][180]

El martes 22 de abril, la Justicia dispuso medida cautelar en un predio del Comando General de la Armada zona en el puerto de Montevideo ante información «verosímil» sobre la presencia de restos de desaparecidos.^[181] Previo a la primera Marcha del Silencio del gobierno, el lunes 19 de mayo, la secretaría de Derechos Humanos y la del Pasado Reciente realizó un homenaje a las madres de detenidos desaparecidos.^[182] Tras la Marcha, el miércoles 21 de mayo la subsecretaría del Ministerio del Interior anunció la reapertura de archivos de Inteligencia policial para buscar información sobre desaparecidos.^[183]

El lunes 15 de diciembre, el senador colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley titulado «Reconciliación, verdad y nunca más» con doce artículos en los que se propone la creación de una Comisión Nacional por la Reconciliación y el Nunca Más, que se limitaría a “ecabar, sistematizar y ordenar información, la creación de un Archivo Nacional de la Verdad, y la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria a militares mayores de 75 años condenados por hechos ocurridos hasta 1985; este último polémico con el oficialismo.^[184][185] Paralelamente, el lunes ingresó otra iniciativa parlamentaria firmada por el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, que propone habilitar la prisión domiciliaria para personas mayores de 70 años condenadas.^[184] El lunes 22 de diciembre, la Justicia condenó a entre 11 y 15 años de prisión para los 9 imputados por el caso Roslik, secuestro y tortura de 30 residentes de San Javier, entre los que estaban dos menores de 16 y 17 años, y el médico Vladimir Roslik.^[186]

El jueves 13 de marzo de 2025 se volvió a presentar en el Parlamento el proyecto de ley para regular la eutanasia que en el anterior período legislativo fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero que luego naufragó en el Senado por falta de votos.^[187] El miércoles 16 de julio la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley de eutanasia presentado por el FA, previsto a ser discutido a principios de agosto.^[188] Ese mismo día se rechazó la propuesta alternativa del senador Pedro Bordaberry, quien la presentó como «superadora de antagonismos».^[188][189] El proyecto de ley de eutanasia comenzó su debate en la Cámara de Representantes el martes 12 de agosto, pero fue aprobado en la madrugada del miércoles 13 por 64 votos a favor de 93 legisladores presentes al momento de la votación.^[190] En la noche del miércoles 15 de octubre, el Senado terminó de aprobar la ley que regula la eutanasia con 20 votos a favor en 31 senadores.^[191] De esta manera, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia mediante el trámite parlamentario, a diferencia de países como Colombia y Ecuador, donde el procedimiento fue despenalizado a través de fallos de la Corte Constitucional.^[192]El miércoles 15 de abril de 2026, el presidente Yamandú Orsi firmó el decreto reglamentario de la Ley.^[193]

Summarize Timeline Top Qs Fact Check

El lunes 28 de abril de 2025 la ministra Sandra Lazo anunció el comienzo de una investigación administrativa por la compra de patrullas oceánicas OPV al astillero español Cardama durante el gobierno de Lacalle Pou; y por el cual en esas últimas semanas cuatro jerarcas de la Armada Nacional fueron sentenciados con arresto a rigor por entre 15 y 30 días como consecuencia de incumplimiento en sus responsabilidades.^[194] El jueves 15 de mayo comenzó la construcción de las patrullas oceánicas OPV en España en medio de la investigación administrativa del Ministerio de Defensa; el acto de inicio no contó con la presencia de autoridades del gobierno de Yamandú Orsi.^[195]

El miércoles 22 en una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva con presencia del presidente, secretario, prosecretario, vicepresidenta y la ministra de defensa, el gobierno anunció que rescindía del contrato con el astillero español Cardama para la compra de los dos buques de patrulla oceánica OPV adquiridos en el período anterior, basándose en presunción de fraude al Estado uruguayo.^[196] El viernes 24, el secretario Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz presentaron la denuncia contra Cardama en Fiscalía.^[197] El lunes 27 de octubre, el expresidente Luis Lacalle Pou declaró ante la prensa, donde afirmó que «arrastraron al presidente [Yamandú Orsi] a una operación política» y que llamó personalmente al mandatario por el tema.^[198] Al día siguiente, el presidente Orsi respondió en rueda de prensa a los dichos del expresidente y del Partido Nacional, donde llegó a manifestar: «me hubiese gustado que salieran más a la defensa del Estado y no tanto en defensa de la empresa».^[199]

El miércoles 5 de noviembre el Registro Mercantil de Reino Unido —Companies House— dispuso la disolución de Eurocommerce Limited, la empresa que había emitido la garantía financiera del astillero español Cardama en el contrato con el gobierno nacional para la construcción de dos patrullas oceánicas.^[200] El jueves 13 de noviembre el BROU entregó al presidente un informe técnico que detalla su participación en el cuestionado contrato entre el Ministerio de Defensa y el astillero español Cardama como estricta a los procedimientos vigentes cuando emitió una carta de crédito destinada a financiar la construcción de las dos patrullas oceánicas.^[201] El lunes 8 de diciembre, el prosecretario Jorge Díaz descartó públicamente toda mediación con Cardama y confirmó que se avanza hacia la rescisión del contrato.^[202] El miércoles 10 de diciembre se desarrolló una interpelación a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, en el marco de la decisión del gobierno de iniciar acciones para rescindir el contrato con el astillero Cardama, teniendo como miembro interpelante al exministro de Defensa, Javier García.^[203] El lunes 15 de diciembre, el gobierno anunció que enviará a otra clasificadora con sede en Francia para hacer inspecciones al proceso de construcción que lleva adelante el astillero Cardama de la primera patrulla oceánica.^[204] El viernes 26 de diciembre, gobierno uruguayo confirmó que representantes legales del astillero español Cardama fijaron una fecha de conciliación de las partes para el mes de marzo de 2026.^[205]

El jueves 8 de enero de 2026, la presidencia denegó una solicitud de acceso a la información presentada semanas atrás por el senador colorado Andrés Ojeda, quien pidió conocer el texto de la denuncia penal presentada contra el astillero español Cardama.^[206] El viernes 16 de enero la prensa informó que el gobierno uruguayo el gobierno resolvió no habilitar el pago por el tercer hito del proyecto, luego de que Cardama no acreditara la disponibilidad de los motores principales del primer buque, que si bien la fecha pautada era para el 15 de febrero, el astillero debía dar cuenta de la disponibilidad de los mismos para su instalación hasta el 14 de enero —estipulado en la carta de crédito—, de modo que alcanzaran los tiempos para su colocación efectiva en la embarcación correspondiente.^[207] El pago no ejecutado correspondía al 20% del total del costo de una de las OPV, mientras que la explicación que la compañía española esgrime como justificación fue que la empresa proveedora, Caterpillar, no cumplió con los plazos propios de entrega.^[207]

El viernes 13 de febrero, después del Consejo de Ministros celebrado ese día, el presidente Yamandú Orsi anunció que el Poder Ejecutivo rescindió definitivamente el contrato con el astillero español Cardama por la compra de dos patrullas oceánicas tipo OPV que adquirió el Estado uruguayo por US$ 92 millones, bajo la interpretación de que la compañía no cumplió con los avances de la construcción de la primera barcaza.^[208] El viernes 20 de febrero, el Poder Legislativo acordó la creación de una comisión bicameral de 17 integrantes por seis meses para llevar a cabo la investigación correspondiente a la compra de las patrullas oceánicas, que data desde 2010 hasta ese momento, en la que también se incluye la rescisión del contrato con el astillero español Cardama.^[209] El jueves 19 de febrero, se anunció que la rescisión del contrato con Cardama no fue recurrida por el astillero español y eso permite al Ministerio de Defensa Nacional avanzar en el reclamo de daños y perjuicios.^[210]

El martes 7 de abril, la Cámara de Senadores aprobó la venia para ascender a Ismael González —capitán de navío que inspeccionó los barcos del astillero Cardama— a contralmirante; contó solamente con los votos del Frente Amplio al igual que una moción presentada por la senadora frenteamplista Bettiana Díaz para enviar al Tribunal de Honor del Ministerio de Defensa las versiones taquigráficas de la interpelación de la ministra Lazo realizada en diciembre de 2025 y la de la sesión de ese día para que se analicen en el entorno de la cartera, lo que fue criticado por la oposición.^[211]

Summarize Timeline Top Qs Fact Check

El miércoles 5 de marzo de 2025 se realizó el evento de asunción de las nuevas autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, encabezado por Gabriel Oddone.^[212] El lunes 10 de marzo Oddone se encontró con la bancada del Frente Amplio en el Palacio Legislativo para dar comienzo al trabajo de la primera Rendición de Cuentas del novel gobierno, señalado por dirigentes, como el secretario de presidencia Alejandro Sánchez, como el «punto de partida» de la implementación de las políticas económicas previstas.^[213] A la salida, Oddone prefirió no hacer comentarios ante la prensa sobre los dichos del prosecretario de presidencia, Jorge Díaz, que anteriormente se refirió a la situación de Uruguay como la «Ferrari está fundida»^[214] —en referencias a dichos previos del senador nacionalista Sebastián da Silva—.^[215] Sin embargo, sí afirmó: «la situación económica es de un país sólido […] pero que tiene enormes oportunidades de mejora y que, además, tiene una situación fiscal frágil. Es manejable, pero es frágil».^[216] El jueves 3 de abril, en una conferencia de prensa, el presidente Yamandú Orsi se alineó a los dichos del ministro Oddone del día anterior, desmarcándose de los dichos previos del senador Daniel Caggiani sobre la supuesta existencia de «bombas instaladas» en la economía.^[217]

En el Parlamento ante la vicepresidenta de la República, el lunes 2 de junio, el ministro Gabriel Oddone entregó la Rendición de Cuentas del ejercicio 2024, solicitando en su artículo 7° elevar el tope de deuda hasta un límite neto de endeudamiento para el ejercicio 2025 de US$ 3.450 millones.^[218] Además, otros artículos contemplaron, entre otros elementos, un refuerzo de US$ 62,3 millones para la Administración de Servicios de Salud del Estado —ASSE—, ante la deuda del organismo; también unos US$ 144 millones a favor del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para saldar el diferendo con el Grupo Vía Central por la obra del Ferrocarril Central.^[218] Junto a ASSE, el Ferrocarril Central y otros elementos, el MEF pidió más de US$ 260 millones para cubrir deudas y compromisos.^[219]

En la madrugada del miércoles 18 de junio, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, tras una sesión que duró poco más de 15 horas, habilitándose el pasaje de la iniciativa del Poder Ejecutivo para que sea discutida a la brevedad en la Cámara de Senadores, donde el Frente Amplio tiene mayoría.^[220] El FA consiguió la aprobación de los artículos clave de la iniciativa —del 3° al 7°—, que consistían en un aumento del tope de endeudamiento solicitado por el Ministerio de Economía y el otorgamiento de partidas extra para ASSE y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, gracias a los votos de los legisladores de Cabildo Abierto que dieron mayoría en la Cámara baja.^[220] De acuerdo a medios periodísticos, el diputado cabildante Álvaro Perrone acordó semanas atrás con el secretario de presidencia, Alejandro Sánchez, en Torre Ejecutiva, que CA votaría la Rendición de Cuentas como la presentó el FA.^[221] Sánchez negó públicamente haber negociado previamente con Perrone.^[222] Finalmente, el miércoles 16 de julio, el Senado aprobó el proyecto de Rendición de Cuentas.^[223]

El lunes 25 de agosto, bicentenario de la independencia de Uruguay y el día del Comité de Base para el Frente Amplio, el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, contestó en una conversación con militantes frenteamplistas que el programa de gobierno del FA era «impagable».^[224] El jueves 28 de agosto, tras el consejo de Ministros donde se presentó el Presupuesto que será entregado al Parlamento el siguiente domingo, el ministro Gabriel Oddone brindó una conferencia de prensa donde aseguró que esta Ley, compuesto por 700 artículos, tiene dos grandes componentes: en primer lugar, de naturaleza incremental, previéndose un presupuesto de US$ 140 millones para 2026 que crecerá hasta los US$ 240 millones en 2029, y en segundo lugar unos US$ 700 millones por año en recursos presupuestales para nuevas obras.^[225][226] Asimismo, confirmó anuncios brindados días previos como la imposición de IVA a compras desde el exterior en respuesta al «efecto Temu», la modificación del régimen de franquicias —que será de hasta tres compras por US$ 800 en total—, y la implementación de un impuesto a empresas multinacionales que facturan más de US$ 750 millones como implementación del impuesto mínimo global.^[225][226]

Finalmente, el domingo 31 de agosto, el ministro Oddone y otras autoridades presentaron la Ley de Presupuesto al Parlamento, compuesta por 714 artículos.^[227] Además del «impuesto Temu» y la creación del denominado «Impuesto Mínimo Complementario Doméstico», o IMCD —el impuesto mínimo global en línea con lo propuesto por la OCDE—, dicho proyecto también incluyó el levantamiento del secreto bancario si la Dirección General Impositiva —DGI— o la Dirección Nacional de Aduanas lo requieren, mayores facultades indagatorias para la Inspección General de Trabajo, el cambio de nombre de la Cédula de Identidad a «Documento Nacional de Identidad», y la creación de una «Agencia de Vigilancia Sanitaria del Uruguay» —Avisu— bajo la supervisión del Ministerio de Salud Pública.^[228][229] A principios de septiembre, Oddone anunció ajustes en la redacción del artículo sobre levantamiento del secreto bancario para que la DGI tenga que fundamentar una «presunción de evasión».^[230] Posteriormente, el MEF confirmó cambios, como que el levantamiento del secreto bancario se pueda dar por la DGI si un juez competente en diez días hábiles no responde, y se especificó que el propuesto IMCD no afectaría a las zonas francas.^[231]

En la madrugada del viernes 10 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto en general, por 84 votos positivos a 14 negativos —estos últimos de la mayoría del Partido Colorado y los dos diputados de Identidad Soberana—, dando paso a la votación artículo por artículo.^[232] En la noche de ese mismo día, con los votos del Frente Amplio y Cabildo Abierto, la Cámara de Diputados aprobó las principales iniciativas tributarias impulsadas por el Poder Ejecutivo: la creación del llamado «impuesto Temu», para aplicar IVA a las compras en plataformas internacionales salvo las estadounidenses, y la instauración del impuesto mínimo global a las multinacionales que facturan más de 750 millones de dólares anuales.^[233] En la madrugada del jueves 16 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Presupuesto Nacional.^[234] El último debate se dio alrededor de una propuesta fallida de artículo para que el Parlamento pudiera solicitar informes a la presidencia de la República sobre todos los temas que entienda pertinente.^[234]

El lunes 3 de noviembre ocurrió el quinto Consejo de Ministros del gobierno, donde entre varios temas se discutió en el proyecto de presupuesto quinquenal.^[235] El viernes 28 de noviembre, el Senado aprobó el proyecto de ley del Presupuesto Nacional con las modificaciones introducidas durante el debate.^[236] Finalmente, el martes 9 de diciembre de 2025 se aprobó la Ley de Presupuesto quinquenal con la aprobación final de la Cámara de Representantes.^[237]

El lunes 9 de marzo de 2026, el secretario de presidencia Alejandro Sánchez propuso la idea de que las empresas públicas uruguayas emitan acciones que puedan ser compradas por el público uruguayo.^[238] Esa semana el presidente Orsi demostró favorabilidad a la propuesta.^[239]

A principios de abril de 2025, la Dirección Nacional de Aduanas —DNA— creó una unidad especializada para gestionar el proceso de control de los envíos postales internacionales, luego de que se diera un crecimiento exponencial de la mano de llegada de Temu a Uruguay entre 2024 y 2025.^[240] El jueves 5 de junio, el ministro Oddone en una conferencia de prensa en Artigas anunció cinco medidas para atender la situación actual de los comerciantes de los departamentos de la frontera con Brasil —como la eliminación del IVA mínimo, la reducción del 50% de la tasa básica, entre otros—.^[241] El miércoles 9 de julio, el ministro Oddone presentó distintas futuras medidas para facilitar los procesos de comercio exterior: la reducción del impuesto LATU a las exportaciones no tradicionales en un 20%, la eliminación de la tasa ANSE a las importaciones, y la quita del del anticipo especial de IRAE y del anticipo de IVA a las materias primas.^[242]

El martes 5 de agosto por la noche se aprobó por unanimidad en la Cámara de Representantes el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para establecer diversas medidas de apoyo al comercio en las zonas de frontera, con el objetivo de mitigar la diferencia cambiaria y la brecha de precios con Brasil y Argentina, como la creación de un régimen especial de comercio de frontera para importar de forma más simple, la reducción de hasta un 75% de aportes patronales de nuevos empleos formales, la eliminación del IVA mínimo y la reducción 50% de la tasa básica, que pasaría así del 22% al 11%.^[243] El martes 12 de agosto, el Senado aprobó este proyecto por unanimidad, solo modificando nuevamente su aplicación a 60 kilómetros de la frontera, tal como lo planteó originalmente el Poder Ejecutivo.^[244] El miércoles 20 de agosto, el ministro Oddone dio una serie de lineamientos que el gobierno buscó impulsar en su primer ley de Presupuesto Nacional, como la implementación del «impuesto mínimo global» de la OCDE, y atender el denominado «efecto Temu» analizando la introducción del IVA a las compras, aunque aumentando el límite de franquicias de importación.^[245] El jueves 28 de agosto, tras el consejo de Ministros donde se presentó el Presupuesto que será entregado al Parlamento el siguiente domingo, el ministro Gabriel Oddone aseveró sobre estas afirmaciones.^[225][226]

El lunes 10 de noviembre, el Poder Ejecutivo reglamentó la ley, para entrar en vigencia en diciembre, que dispone para las zonas fronterizas con Brasil —Bella Unión, Artigas, Rivera, Aceguá, Río Branco y Chuy—, y con posibilidad de extenderse a las zonas fronterizas con Argentina, tres tipos de medidas económicas: la exoneración de aportes patronales para la contratación de nuevos trabajadores, la reducción de IVA mediante pagos con tarjetas de débito en pequeños comercios, y la instrumentación de un régimen especial mediante el cual las micro, pequeñas y medianas empresas pueden importar determinadas mercaderías exentas de IVA e Imesi.^[246]

El martes 17 de febrero de 2026, el presidente uruguayo Yamandú Orsi y el ministro Gabriel Oddone brindaron una conferencia de prensa donde anunciaron un proyecto de Ley de Competitividad e Innovación —LCI—, así como cuatro medidas que no requieren de iniciativa legal.^[247] Estas cuatro medidas anunciadas fueron: eliminar la intervención previa de la DGI en el comercio exterior, eliminar el papel físico de las operaciones del comercio exterior, permitir el pago de importaciones de mercadería dentro de un mes, y la reducción de costos aduaneros bajo distintos medios como la eliminación del precinto electrónico.^[247]

Tras el tercer Consejo de Ministros celebrado el jueves 26 de junio, Gabriel Oddone, anticipó que el gobierno establecerá una meta del nivel de deuda prudente de alrededor del 60% del PIB, como parte del capítulo de institucionalidad fiscal de la Ley de Presupuesto Quinquenal.^[248]

Tras el primer Consejo de Ministros del gobierno, el martes 25 de marzo de 2025, el gobierno anunció que extendería por un año más el descuento del 9% del IVA para el pago con medios electrónicos en el sector gastronómico, normativa que iba a quedar sin efecto el 30 de abril de ese año.^[249][131] En abril de 2025, la Dirección General Impositiva —DGI— totalizó 60.315 millones de pesos, significando su primera baja en la recaudación en 11 meses.^[250] El lunes 19 de mayo, en una conferencia sobre un acuerdo entre el gobierno y el consorcio Vía Central, el ministro Oddone previó como posible «cambios tributarios» pero sin aumentar la «presión fiscal».^[251]

A mediados de 2025 se plantó como una disputa interna del gobierno la idea de crear un impuesto para el 1% más rico del país, rechazada por el presidente Orsi y su administración así como por distintos sectores políticos del FA como el MPP; pero apoyada por el PCU, entre otros, y la central sindical PIT-CNT.^[252] El miércoles 30 de julio de 2025, en la 2ª Sesión Plenaria Extraordinaria del Congreso Nacional de Intendentes, el presidente Yamandú Orsi aludió en dos ocasiones a la creación de un «Banco Municipal» con el objetivo de recaudar los impuestos municipales en todo el país, como la contribución inmobiliaria rural y urbana, las tasas municipales, las tarifas de saneamiento, y el RUNAEV, para luego repartirla a las intendencias en función de su recaudación.^[253] El lunes 18 de agosto de 2025 el MEF anunció una batería de medidas enfocadas a promover las inversiones en el país, como la creación de una nueva unidad ejecutora fusionando a la COMAP y la Dirección Nacional de Zonas Francas, con el nombre de Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión —Dinaii—.^[254]

El martes 20 de enero de 2026, el MEF anunció la modificación en el cálculo de la Base de Prestación y Contribución —BPC—, ahora por IPC y no por IMS, y, por lo tanto, ocurrió un aumento en las franjas de IRPF y del IASS, lo que generó críticas por parte de la oposición.^[255]

El lunes 24 de marzo de 2025 asumió el economista Guillermo Tolosa como presidente del Banco Central del Uruguay, quien en rueda de prensa valoró la baja de la inflación, que en febrero de 2025 se ubicó en 5,1%, y afirmó que la meta es alcanzar el 4,5%.^[256] A principios de septiembre de ese año, Guillermo Tolosa explicó en un evento un plan integral a aplicarse a partir de 2026 para fomentar la desdolarización del consumo y el ahorro en Uruguay.^[257]

El miércoles 12 de marzo de 2025 se hicieron públicos los planes del MEF sobre la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios —CJPPU—, cuyas reservas alcanzan para cumplir sus obligaciones solo hasta junio de 2025, en las que el gobierno busca alternativas para estabilizar las finanzas de la caja que no impliquen un «salvataje» y conlleve «poner la menor cantidad de dinero posible», afirmó Oddone.^[258] Tras el primer Consejo de Ministros del gobierno, el martes 25 de marzo, se anunció la creación por decreto de una Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, que funcionaría bajo la órbita de la OPP.^[131]

El viernes 11 de abril el presidente Orsi recibió un proyecto de ley creado por los ministerios de Economía y Trabajo y la OPP para ayudar a la CJPPU con vistas a los próximos 20 años mediante una reestructura en la gobernanza del organismo, aumentos de aporte de los profesionales activos sobre una nueva escalda de sueldos fictos, creación de una «contribución» de los pasivos, entre otras medidas.^[259][260] Este proyecto, que será posteriormente discutido en el Parlamento, fue rechazado por las autoridades de la Caja.^[261] El martes 22 de abril, se celebró la primera sesión del Comité Ejecutivo de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, que definió una hoja de ruta basándose en cuatro ejes prioritarios: protección a la infancia, sistema de cuidados, protección a las personas activas, jubilaciones y pensiones.^[262] El 30 de abril, en el marco del análisis del proyecto de ley de la CJPPU, las autoridades del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay presentaron como planteo que todos los profesionales que se declararon en no ejercicio comiencen a aportar.^[263]

El jueves 22 de mayo la CJPPU comunicó formalmente al gobierno que en julio no tendría los fondos suficientes para cubrir sus obligaciones.^[264] El martes 27 de mayo, el presidente Orsi y el ministro Oddone firmaron un decreto para transferir 583,6 millones de dólares al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas —SRPFFAA—, más conocida como la Caja Militar.^[265]

En la mañana del jueves 29 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de reforma y rescate de la CJPPU, pero sin ser aprobados dos artículos previstos en el proyecto original propuesto por el Poder Ejecutivo: la «contribución pecuniaria» a los jubilados con carácter gradual, y un aumento de 18,5% a 22,5% del aporte de los activos creando una nueva escala de fictos —aunque la nueva escala de 15 escalones, previamente de 10, sí tuvo respaldo—.^[266] Dichos cambios pudieron ser realizados por la oposición —PN, PC, CA y PI— debido al retiro de sala de los dos diputados de Identidad Soberana.^[266] Tras distintas postergaciones, el miércoles 2 de julio el Senado aprobó el rescate de la Caja de Profesionales con acuerdo entre gobierno y oposición: aumento progresivo del aporte de los profesionales en actividad —partiendo en 18,5%, subiendo 2% en 2026, 1% más en 2027 y otro 1% en el 2028— y un nuevo aporte de los pasivos dividido por tres franjas —la primera con aporte extra de 0%, la segunda con 2% y la tercera con 5%—.^[267]

El martes 11 de noviembre, el Poder Ejecutivo firmó el decreto reglamentario de la ley de reforma de la CJPPU, donde se establecen los aumentos de la tasa de aportación para los afiliados activos para los próximos años: 20,5% en 2026, 21,5% en 2027 y 22,5% en 2028; y con relación a la Comisión de Expertos en Seguridad Social, el Poder Ejecutivo dispuso en el decreto que esta estará integrada por un representante de la OPP, uno del MEF, uno del MTSS y tres representantes de la Caja.^[268]

El viernes 16 de enero de 2026, el directorio de la CJPPU aprobó por mayoría una partida de 131.520 pesos para sus miembros, lo que fue denunciado por la oposición por estar prohibido por ley, votado a favor por los directores Fernando Rodríguez Sanguinetti y Odel Abisab —electo por los afiliados jubilados—, así como los dos representantes designados por el Poder Ejecutivo: María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez.^[269] Así, el martes 20 de enero, los dos directores designados por el Poder Ejecutivo presentaron su renuncia en la Caja de Profesionales.^[270]

El lunes 14 de julio de 2025, el Partido Colorado y el Partido Nacional anunciaron su rechazo a formar parte de una instancia de «diálogo social» que convocó el gobierno para discutir cambios en la reforma del sistema de seguridad social a través del Comité Ejecutivo de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social.^[271] El rechazo fue compartido por el Partido Independiente y por Identidad Soberana, pero Cabildo Abierto aceptó formar parte.^[271] Tras esto, el presidente Orsi convocó a líderes de todos los partidos de oposición a reuniones particulares el jueves siguiente en Torre Ejecutiva.^[272]

En la tarde del miércoles 16 de julio de 2025, se lanzó oficialmente la instancia del «diálogo social» en el Auditorio del Sodre con presencia del presidente de la República y distintos representantes de sindicatos, empresas, organizaciones, la academia y la ciudadanía, con el objetivo de «construir acuerdos» en materia de seguridad social y pensiones, sistema de cuidados, pobreza infantil y el financiamiento del sistema.^[273] La hoja de ruta indicó que desde julio a noviembre de 2025 está previsto que se recopilen insumos, y entre octubre de 2025 hasta abril de 2026 realizar un documento final con acuerdos y propuestas.^[273] Al día siguiente, en Torre Ejecutiva, el presidente de la República se reunió con representantes de los partidos políticos de oposición.^[274]

El viernes 25 de julio, en una conferencia de prensa con los ministros Oddone y Castillo, se confirmó el incremento adicional del 3% para las jubilaciones mínimas, que se cobrará en dos cuotas y estará focalizado en las personas que perciban la pasividad de 20.057 pesos como único ingreso, que era parte del programa de campaña del FA y fue adelantado un día antes por el secretario de presidencia, Alejandro Sánchez.^[275]

El viernes 17 de abril de 2026 se dio la última reunión del diálogo social sobre la seguridad social, donde se acordó con representantes de grupos como el PIT-CNT un régimen de retiro anticipado para devolver a los 60 años al edad de jubilación y quitar a las AFAP la administración de la cuentas personales.^[276] El jueves 23 de abril, el ministro Oddone confirmó las medidas resueltas por la instancia.^[277]

El miércoles 10 de diciembre de 2025, el colectivo Cincuentones se movilizó frente a Torre Ejecutiva, con el objetivo de solicitar que el presidente Yamandú Orsi los reciba para dialogar; aglutinamiento donde hubo críticas por considerar que no recibieron respuestas del programa de Diálogo Social propuesto por el gobierno.^[278]

Tras el tercer Consejo de Ministros celebrado el jueves 26 de junio de 2025, el gobierno definió que el criterio con el que se elaborarán las pautas salarias para el Consejo de Salarios previstos para el siguiente jueves se daría sobre la base de tres franjas salarias, con aumentos diferenciales: un sistema de «construcción de franjas» donde, el lineamiento general, es que la más baja tendrá ajustes salariales más grandes, mientras que la intermedia tendrá un aumento menor y, por último, la de ingresos más altos tendrá ajustes solo por inflación; definido por las autoridades como una desindexación salarial «refinada» —concepto que fue polémico entre autoridades del FA antes de la asunción—.^[279]

Previo a esto, el 27 de mayo de 2025, comenzó un largo conflicto en el sector de la pesca cuando su sindicato reclamó que los 28 pesqueros costeros contraten a otro tripulante para que realice las guardias en el puente mientras el capitán descansa, lo que los empresarios rechazaron porque incrementaba los costos operativos y por había un convenio vigente firmado en 2024 que no estipulaba dicha contratación.^[280] El miércoles 3 de julio, ocurrió un enfrentamiento entre fuerzas policiales y trabajadores de la pesca nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines —Suntma—, en frente a la Torre Ejecutiva mientras protestaban en reclamo a salarios adeudados y mejores condiciones laborales.^[281] El viernes 19 de septiembre la Cámara de la Industria Pesquera confirmó el regreso a la actividad con la operación de toda la flota con normalidad, aunque desde el Suntma aseguran que los reclamos no acabaron.^[282]

En la noche del martes 14 de octubre, el Senado de la República aprobó el proyecto de ley que establece normas comunes de transparencia, mérito e igualdad de oportunidades para el ingreso y ascenso del personal presupuestado o contratado en los gobiernos departamentales.^[283] La iniciativa —que establece que las designaciones o ascensos de funcionarios deberá realizarse por concurso público y abierto, conforme a criterios de publicidad, capacidad técnica, méritos y antecedentes— contó con el apoyo de los legisladores del Frente Amplio y del Partido Nacional para su aprobación definitiva, pero con críticas del senador colorado Pedro Bordaberry por el artículo , inciso modificado luego de su aprobación en Diputados, que establece una excepción para que pueda haber un 4% de los cargos presupuestados que acceda de forma directa en cada una de las intendencias.^[283] El senador colorado lamentó que «no queda nada» del proyecto original propuesto por el fallecido senador colorado Adrián Peña.^[283] A principios de diciembre de ese año, El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social anunció su intención de presentar un proyecto de ley en el Parlamento para que las empresas avisen con antelación al Estado a la hora de despedir trabajadores.^[284] El jueves 19 de marzo de 2026, el presidente Orsi presentó durante una conferencia de prensa el proyecto de Ley de Empleo Integral.^[285]

En el marco de la discusión parlamentaria sobre la Ley de Presupuesto Nacional 2025-2029, el sábado 11 de octubre, con los votos del Frente Amplio y Cabildo Abierto, la creación de la Secretaría de Litigio Estratégico del Estado, un organismo desconcentrado que dependerá directamente de Presidencia para defender al Estado uruguayo en juicios internacionales.^[286]

El 2 de abril de 2025 la Corte de Casación de Francia dejó sin efecto una sentencia emitida en febrero de 2023 por un Tribunal de Apelaciones que anulaba el laudo dictado por el tribunal que actuó en primera instancia en el CIADI en Estados Unidos en el marco del juicio internacional iniciado por los hijos del empresario indio Pramod Agarwal por el fallido proyecto minero de Aratirí durante la administración de José Mujica.^[287]

El jueves 22 de mayo de 2025 la Corte Interamericana de Derechos Humanos —CIDH— condenó al Estado uruguayo a resarcir a cincuenta ahorristas del desaparecido Banco de Montevideo, institución protagonista de la grave crisis financiera del año 2002. Tras agotarse las instancias judiciales a nivel nacional, el caso se trasladó al CIDH e inició en 2011, arribando en 2025 su primer fallo.^[288]

Durante la administración de Luis Lacalle Pou, el 18 de enero de 2024, la empresa Montecon, encargada de manejar contenedores en los muelles públicos del puerto de Montevideo, demandó al Estado uruguayo por 600 millones de dólares por la extensión de la concesión de la terminal de contenedores del puerto capitalino hasta el año 2081 a la empresa belga Katoen Natie, socio mayoritario de la Terminal Cuenca del Plata —TCP—. Después de ser presentado el reclamo, el 23 de mayo de 2024 el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones —CIADI— aceptó la demanda de Montecon. Tras esto, el 30 de julio de 2025 se designó al tribunal, pero el 25 de agosto de ese año se notificó un acuerdo entre la empresa y el gobierno uruguayo para suspender el arbitraje internacional hasta el 12 de enero de 2026.^[289] Pasada la fecha, el miércoles 14 de enero de 2026, el gobierno uruguayo resolvió acceder a una prórroga adicional de otros 90 días.^[290]

Mientras avanzaba el caso en el plano de la justicia internacional, el martes 3 de febrero el Tribunal de lo Contencioso Administrativo —TCA— desestimó el recurso presentado por Montecon pidiendo la nulidad del decreto que regula todo el funcionamiento de la terminal especializada de contenedores concesionada a TCP, incluyendo la ampliación por 50 años de la concesión. El TCA también desestimó el pedido de nulidad del decreto que regula todo el funcionamiento de la terminal especializada de contenedores, concesionada a TCP, incluyendo la ampliación por 50 años de la concesión, cumpliendo determinadas condiciones de inversión. Como único punto a favor de Montecon fue la anulación de la cláusula que establecía que no podría otorgarse otra Terminal de Contenedores, salvo que TCP trabaje por 2 años consecutivos a 85% de su capacidad.^[291][292]

Summarize Timeline Top Qs Fact Check

El jueves 27 de marzo asumieron las nuevas autoridades del CODICEN - ANEP asignadas.^[293] El jueves 8 de mayo, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, envió un proyecto de decreto para derogar el decreto firmado el 26 de noviembre de 2024 por el presidente Lacalle Pou, mediante el cual se otorgó la «autorización definitiva» a cuatro universidades privadas —la Universidad Católica del Uruguay, la Universidad ORT, la Universidad de Montevideo, la Universidad de la Empresa y la Universidad Claeh—, así como a la ACJ.^[294] Según el artículo 29 del Decreto Ley N° 15.661, de 29 de octubre de 1984, las instituciones con «autorización definitiva» pueden, entre otros aspectos, «cambiar modalidades, modificar planes de estudio, cambiar la denominación del título final, […] sin otro trámite que informar al Ministerio de Educación y Cultura […]».^[295] El martes 3 de junio se derogó dicho decreto.^[296] A principios de junio, las instituciones privadas reclamaron sin éxito revocar la resolución del MEC que dejó sin efecto sus autorizaciones definitivas.^[297] El lunes 22 de diciembre la ANEP firmó un convenio con la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina para implementar una maestría en formación docente, a diferencia con la pasada administración que había firmado convenios con universidades privadas uruguayas —ORT, UCU, UM— con el mismo propósito y se decidió no renovarlos.^[298]

A finales de marzo de 2025 se lanzó en proyecto Moña, en iniciativa conjunta del Ministerio del Interior y la ANEP, para promover convivencia respetuosa en las escuelas públicas.^[299] En junio se anunció que, a partir del mes siguiente, se implementaría un apoyo económico de 2500 pesos uruguayos a las familias con niñas y niños que asisten a centros educativos de Educación Inicial y Primaria de los quintiles más bajos.^[300] En mayo de 2025 se relanzó el Programa Nacional de Salud Visual Escolar, que había funcionado entre 2017 y 2019, para procurar garantizar el acceso y la equidad en salud visual en las escuelas públicas del país.^[301] El miércoles 27 de agosto, ANEP anunció que daba marcha atrás con un plan piloto anunciado en el liceo de Piriápolis que suponía el uso de cámaras de reconocimiento facial para el control de asistencia en ese centro educativo.^[302] El martes 2 de septiembre, el presidente Orsi se pronunció en contra de una propuesta manejada por una Asamblea Técnico Docente de eliminar la obligatoriedad de los actos patrios y también de suprimir la marcha Mi Bandera.^[303] A finales de septiembre, dirigentes de la oposición y otras asociaciones demostraron disconformidad con el presupuesto educativo asignado en la Ley de Presupuesto presentado el 31 de agosto, denunciado una baja en términos reales.^[304][305] A finales de octubre de 2025, el CODICEN de la ANEP definió cambios de la malla curricular de Secundaria, que habían sido establecidos en la reforma educativa del gobierno de Luis Lacalle Pou, y que comenzarán a regir desde el año lectivo 2026, como parte de la primera fase de revisión de la anterior reforma.^[306]

El martes 10 de febrero, el Banco de Previsión Social —BPS— anunció el pago del bono escolar de 2500 pesos a alumnos de los quintiles uno, dos y tres a partir del 3 de marzo.^[307]

Iniciado el primer día de clases de la administración, el miércoles 5 de marzo, docentes de Las Piedras afiliados a la Asociación de Docentes de Educación Secundaria —ADES— realizaron un paro en protesta de la situación de superpoblación en varios grupos —con más de 40 alumnos en el aula— e inseguridad en el barrio. El presidente designado de la Administración Nacional de Educación Pública —ANEP—, Pablo Caggiani, afirmó que los paros docentes son «una medida legítima», pero «el primer día de clases es un día de bienvenida […] no es la mejor medida».^[308][309] El 18 de marzo de 2025, la justicia uruguaya falló a favor de la comunidad menonita en juicio contra la ANEP, organismo que denunció en 2023 que once niños de esta comunidad no asistían a centros educativos públicos ni privados, argumentando una supuesta vulneración del derecho a la educación niños, niñas y adolescentes.^[310] El 23 de abril, ANEP levantó sanciones a maestras de la escuela 35 de Montevideo que a inicios de 2023 leyeron una proclama sindical de ADEMU en contra de la «transformación educativa» del gobierno de Lacalle Pou.^[311] El viernes 9 de mayo la Justicia condenó en primera instancia a la ANEP por «accionar abusivo» contra dos profesoras del Liceo 1 de San José, con retribución total de US$ 25.000, por manifestarse en contra de la campaña Vivir sin miedo de 2019 cerca de instituciones educativas.^[312]

El 6 de junio el medio La Diaria informó que la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria —Fenapes— y la Dirección General de Educación Secundaria —DGES— llegaron a acuerdos por los cuales se revirtió decisiones de la gestión anterior; suspendiendo la elección de horas docentes por un año y asegurando libertad de cátedra para los docentes.^[313]

El lunes 26 de mayo de 2025, coincidiendo con la celebración del Día del Libro en Uruguay, que se conmemora en el aniversario de la fundación de la Biblioteca Nacional de Uruguay —BNU—, la directora de la institución, Rocío Schiappapietra, anunció que la sede principal de la institución en la avenida 18 de Julio cerraría al público a partir del día siguiente argumentando «crisis estructural» y de «usabilidad».^[314] El martes 17 de junio, tras concurrir a la Comisión de Educación de Diputados por el cierre de la Biblioteca Nacional, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, informó en rueda de prensa que el centro quedará totalmente abierto para el público general en el último trimestre del año.^[315] El viernes 25 de julio, en el teatro Lavalleja, se desplegó la primera instancia del programa Espacios MEC, como una iniciativa para promover territorialmente el acceso a la cultura, la educación y la innovación.^[316] El lunes 20 de octubre de 2025, en conferencia de prensa con el presidente presente, el gobierno presentó que planea reestablecer todos los servicios de la Biblioteca Nacional en diciembre y oficializó un plan de «rescate» para la institución.^[317]

A finales de septiembre de 2025, el ministro Pablo Menoni anunció un cambio de la marca país, pasando del nombre Uruguay Natural a Uruguay Sorprende.^[318]El lunes 20 de abril de 2026, luego del Consejo de Ministros de ese día, el ministro Pablo Menoni anunció el lanzamiento del Sistema Nacional de Tursimo Social, un nuevo programa con partidas en subsidios para personas con menos recursos.^[319]

El lunes 10 de marzo de 2025, dentro de la novel legislatura, la bancada del Frente Amplio desarchivó 39 proyectos de ley, entre ellos, uno que busca nuevamente habilitar el voto en el exterior.^[320] El lunes 12 de mayo el senador colorado Pedro Bordaberry presentó dos iniciativas para «reducir el período electoral sin afectar el cronograma, empezando en agosto con las [elecciones] internas y terminando en marzo con las departamentales» —y moviendo la asunción de las autoridades del Poder Ejecutivo al 10 de febrero, en lugar del 1.º de marzo—, así como una reducción del receso parlamentario de verano.^[321] Por ser una ley Constitucional, para ser aprobado debe contar con la sanción de dos tercios del total de componentes de cada una de las cámaras dentro de una misma Legislatura, y sometido a plebiscito junto a las elecciones nacionales, en este caso las de 2029.^[321]

El 1° de abril de 2025 el Poder Ejecutivo presidido por Yamandú Orsi suspendió el decreto N° 31/025, firmado por el entonces presidente Luis Lacalle Pou el 13 de febrero de ese año, que reglamentó la Ley de Servicios de Difusión de Contenido Audiovisual —o «Ley de Medios»—, promulgada en octubre de 2024.^[322][323] La suspensión se dio bajo el argumento de constatar «que la referida norma tendría disposiciones que no respetan el marco normativo vigente».^[323] A principios de junio, el nuevo directorio de la empresa Antel revocó un plan comercial aprobado por la gestión anterior que permitía a empresas competidoras utilizar su infraestructura de fibra óptica.^[324] Además, el ente público anunció que no renovaría el contrato que establecía el pago de 3,6 millones de dólares por año a los canales privados 4, 10 y 12, por transmitir sus señales a través de sus dispositivos móviles.^[324] En septiembre, el Poder Ejecutivo autorizó por resolución la habilitación de la compra del total de las acciones de Movistar Uruguay, segundo operador de telefonía móvil de Uruguay y que era propiedad del grupo español Telefónica, a la multinacional Millicom cuya principal marca es Tigo.^[325] El jueves 9 de octubre, el directorio de Antel votó para que el Antel Arena pasara a ser gestionado por ITC, subsidiaria de la empresa estatal, tras el vencimiento el 31 de diciembre del vigente contrato con una firma privada.^[326]

Summarize Timeline Fact Check

A finales de marzo y principios de abril de 2025, la oposición cuestionó dichos de la ministra de Industria Fernanda Cardona sobre un congelamiento de los precios de los combustibles durante dos meses; el cuestionamiento de la oposición apuntó al hecho de que las referencias internacionales daban margen para una baja.^[327] A finales de abril, el viernes 25, el presidente Orsi y la ministra Cardona brindaron una conferencia de prensa donde expresaron preocupación por los resultados financieros de ANCAP en 2024: una pérdida por US$ 118 millones y una deuda total de US$ 255 millones.^[328] Distintos dirigentes de la oposición calificaron la conferencia de prensa como una «excusa» del gobierno para realizar un ajuste fiscal en lugar de bajar los combustibles de acuerdo al Paridad de Precios de Importación ―PPI―.^[329] De acuerdo a estados contables publicados por ANCAP recopilados por el medio El Observador, exceptuando el año 2020, la empresa pública generó ganancias entre los años 2016 y 2023.^[330] Las razones de las pérdidas en 2024 se enumeran entre: los subsidios al portland y al supergás, la fijación de precios de venta por debajo de los valores calculados por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua ―URSEA―, y la longeva parada técnica realizada en la refinería de la empresa en La Teja que duró alrededor de seis meses y que comenzó a operar a plena capacidad en junio.^[330][331]

El lunes 28 de abril de 2025, parlamentarios blancos y colorados resolvieron la convocatoria «urgente» a comisión parlamentaria a la ministra Fernanda Cardona por sus declaraciones, y el sector colorado Vamos Uruguay indicó la posibilidad de llamar a la jerarca a una interpelación en caso de un aumento del combustible.^[332] El jueves 1.º de mayo, el gobierno ajustó los precios de los combustibles para ese mes sin publicar previamente el informe de la URSEA sobre los PPI, lo que fue criticado por la oposición como una falta de transparencia.^[333] Al día siguiente, la ministra Cardona asistió al Parlamento para exponer sobre la situación.^[334] En más de seis horas de comisión los medios periodísticos rescataron que las dos diferencias de fondo fueron: la cantidad de información brindada u omitida, y el planteo de una posible reforma no concreta sobre los medios para determinar los precios de los combustibles.^[334][335] Un mes después, el viernes 30 de mayo, en una conferencia de prensa los ministros Gabriel Oddone y Fernanda Cardona anunciaron la baja de la nafta y el gasoil para junio —0,07 pesos por litro el primero y 2,39 pesos por litro el segundo—, y se comunicó un nuevo esquema de fijación de precios de los combustibles a ser incorporado el 1.º de julio: los ajustes pasarían a ser bimestrales, se toparían tanto en la suba como a la baja en el 7%, y se fijaría el factor de estabilización en $1,5 por litro de nafta y gasoil 50-S.^[336][337]

El viernes 27 de marzo de 2026, el Poder Ejecutivo confirmó el aumento en naftas, gasoil y supergás del 7% a partir de abril de ese año, manteniendo la metodología de ajuste implementada a comienzos del año pasado, pero cambiando la periodicidad a mensual y no bimestral, teniendo en cuenta lo extraordinario del contexto internacional a partir del reciente conflicto en Medio Oriente.^[338]Ese mismo día, a través del decreto IE/146 el presidente Orsi exhortó a la URSEA a intensificar el monitoreo del mercado de gasoil en la frontera.^[339]

El lunes 13 de abril de 2026, el ente estatal UTE anunció una inversión superior a los 75 millones de dólares para la construcción del Parque Fotovoltaico Melo, previsto para ser la planta solar más grande de Uruguay.^[340]

Summarize Timeline Fact Check

Tras ganar el balotaje en noviembre de 2024, la primera visita oficial al exterior de Yamandú Orsi fue a Brasil, donde se reunió en Brasilia con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el viernes 29 de noviembre.^[341] El fortalecimiento de la relación bilateral entre Uruguay y Brasil durante el primer año de gobierno de Orsi también se evidenció en otros hechos relevantes, como la invitación realizada el 1 de marzo por el presidente Lula a Uruguay, México y Colombia para participar en la cumbre de los BRICS prevista para julio de 2025 en Río de Janeiro; el cambio de postura de Uruguay al retirar su respaldo al candidato paraguayo a la Secretaría General de la OEA, Rubén Ramírez Lezcano, para apoyar en su lugar al candidato promovido por Brasil, el canciller de Surinam, Albert Ramdin; y el respaldo político brasileño durante la Cumbre de la CELAC en 2025 para que Uruguay asuma la presidencia pro témpore del organismo en 2026.^{[342][343][344]} No obstante, el mayor giro en la política exterior uruguaya hacia América durante el primer año de gobierno se dio en relación a Venezuela. El 2 de marzo de 2025, en declaraciones al medio español El Mundo, el canciller Mario Lubetkin anunció que Uruguay dejaría de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, aunque tampoco otorgaría reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro.^[345]

Al respecto de Asia Oriental, Yamandú Orsi afirmó tras ser electo que abandonaría la idea del gobierno de Lacalle Pou de buscar un Tratado de Libre Comercio bilateral con China.^[346] Según analistas, el plan del gobierno de Orsi sería buscar una relación bilateral basada en microacuerdos sectorizados, exploración de oportunidades comerciales y de inversión china en Uruguay.^[347]

En cuanto a Medio Oriente, el conflicto israelí-palestino causó rispideces iniciales dentro del gobierno y con otros actores nacionales. En marzo de 2025 el gobierno mantuvo la histórica posición uruguaya de defensa a la solución de dos Estados e instó al inmediato alto al fuego en Gaza, aunque las estructuras partidarias del Frente Amplio mantuvieron su posición de responsabilizar a Israel por la situación del conflicto e instó a clausurar la oficina uruguaya de innovación situada en Jerusalén desde diciembre de 2024.^[348][349] En abril el canciller Lubetkin ratificó que el gobierno mantendría dicha oficina en Israel, si bien días después autoridades de la Universidad de la República votaron por unanimidad un pedido de cierre de la oficina o no participarían en proyectos vinculados a la misma.^[350][351] A finales de mayo, el embajador uruguayo en Palestina fue parte de la delegación de diplomáticos que sufrió un ataque, que resultó sin heridos, de «tiros de advertencia» del ejército de Israel durante un recorrido por la localidad de Yenín a causa de «desviarse de la ruta aprobada».^[352]

El 3 de marzo de 2025, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ―MGAP―, con Alfredo Fratti como ministro, anunció que su primera medida sería declarar bajo prioridad sanitaria a todos los predios en los que haya vacunos relacionados con la gestión de Conexión Ganadera y otros fondos que son investigados.^[353]

A mediados de marzo la Unidad Agroalimentaria Metropolitana ―UAM―, uno de los mayores centros logísticos y de comercialización mayorista de alimentos en Uruguay, alertó que para abril solo habría 3,5 millones de pesos, cuando se necesitan entre 40 y 45 millones de pesos mensuales para su funcionamiento, sumado a denuncias de «violencia institucional» hacia su presidente Daniel Garín.^[354] El 1 de abril autoridades de la UAM comparecieron ante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Parlamento, exponiendo la situación crítica y anticipando un déficit significativo a partir de junio de ese año.^[355] Meses después, el viernes 25 de julio, el intendente montevideano Mario Bergara cesó al presidente de la UAM, Daniel Garín.^[356]

El lunes 14 de julio, el MGAP anunció, a través de la Dirección de División Sanidad Animal ―DDSA―, la suspensión de los permisos para exportar ganado en pie con destino a faena inmediata.^[357] Al día siguiente, el ministro Alfredo Fratti confirmó, mediante conferencia de prensa, la suspensión momentánea de permisos para las exportaciones de ganado en pie, y que dichos permisos quedarían bajo control de presidencia y del MEF.^[358]

A principios de 2026, el ministro Fratti afirmó que el Fondo Agropecuario, herramienta del ministerio para paliar consecuencias de emergencias agropecuarias como sequías, carecía de fondos; esto llevó a quejas por parte de legisladores opositores.^[359] El jueves 22 de enero, el ministro Fratti compareció ante la Comisión Permanente del Parlamento, convocado por el senador blanco Sebastián Da Silva, por la remoción de seis directores de la cartera en el interior del país.^[360]

El lunes 19 de mayo de 2025, se realizó una conferencia de prensa, que contó con la presencia del presidente Yamandú Orsi, donde se informó la firma de un acuerdo entre el gobierno y el consorcio Grupo Vía Central tras una negociación que se desarrolló desde la asunción de mando, vinculada a pagos del consorcio, y poniendo fin al pedido de arbitraje internacional.^[361][362] En la misma conferencia, la ministra Lucía Etcheverry adelantó las intenciones del gobierno para lograr que el Ferrocarril Central pueda llevar a cabo el transporte de pasajeros.^[362] A finales de mayo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ―MTOP― firmó un acuerdo con el CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y la Corporación Nacional para el Desarrollo ―CND― por un préstamo no reembolsable por 250.000 dólares, con el fin de ejecutar una evaluación del sistema ferroviario y observar la viabilidad de revitalizar el transporte de pasajeros y sumar otras cargas al Ferrocarril Central, más allá del transporte de celulosa.^[363] A finales de noviembre de 2025, el Senado aprobó por unanimidad un artículo del Presupuesto quinquenal que habilita la ampliación de la concesión del Aeropuerto de Laguna del Sauce, de Punta del Este, a cambio de la construcción de una nueva terminal aérea en el departamento de Rocha.^[364]

El miércoles 17 de marzo de 2026, el Banco Hipotecario mandató a la firma de un acuerdo transaccional con Glenby SA, la compañía que ganó la concesión en 1998 de la Estación Central General Artigas de AFE, que pasará a manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas al poner fin al diferendo.^[365] Al día siguiente, el presidente presentó a los intendentes de Montevideo y Canelones alternativas para un plan de movilidad metropolitano.^[366]

Summarize Timeline Fact Check

Durante el gobierno encabezado por Yamandú Orsi ocurrieron distintos incidentes donde figuras públicas acusaron a la institución autónoma de la Fiscalía de llevar a cabo procesos judiciales por motivos políticos, más conocido como lawfare. Durante el primer año de gobierno resaltaron tres casos particulares: el del intendente frenteamplista de Salto, Andrés Lima; el del senador frenteamplista Charles Carrera; y el del intendente nacionalista de Soriano, Guillermo Besozzi.^{[367][368][369][370][371][372][373]}

El 22 de abril de 2025 se comunicó que Presidencia crearía un grupo de trabajo para revisar el Código del Proceso Penal ―CPP― vigente desde 2017, liderado por el prosecretarío Jorge Díaz, exfiscal de Corte, quien promovió su elaboración en 2014.^[374] Su resolución fue firmada el 11 de abril por el presidente Orsi y los ministros Negro y Mahía.^[374] El anuncio se dio días después de una propuesta promovida por el diputado Conrado Rodríguez, y apoyada por el PN y el PC, de crear una comisión especial parlamentaria para revisar el CPP.^[374][375] El 30 de abril senadores de la oposición presentaron un proyecto de ley, a iniciativa del Colegio de Abogados del Uruguay, con modificaciones de «aspectos puntuales» del CPP.^[376] El viernes 9 de mayo el grupo creado por Presidencia y liderado por el prosecretario Díaz inició acciones para elaborar un anteproyecto de ley que luego el Poder Ejecutivo considere.^[377] Meses después, el lunes 22 de diciembre, el presidente Orsi se expresó sobre el uso de los procesos abreviados por parte de la Justicia y los consideró un problema; pero el mismo día el prosecretario Jorge Díaz expresó por su lado que no consideraba que existiera un abuso sobre los procesos abreviados.^[378] El martes 30 de diciembre, a través de la resolución P/312, la presidencia de la República declaró «reservados» todos los informes elaborados por el Grupo Asesor Técnico encargado de revisar el CPP, después de que la información fuera solicitada por el diputado colorado Gabriel Gurméndez a través de un pedido de acceso a la información pública.^[379]

El lunes 2 de marzo de 2026, el presidente Yamandú Orsi dio un discurso ante la Asamblea General como parte de la rendición de cuentas de su primer año de gestión, donde entre sus apartados anunció que el Poder Ejecutivo enviaría al Parlamento una reforma del CPP elaborada por el grupo asesor técnico de 2025.^[380]El martes 14 de abril, el gobierno resolvió retirar de entre los cambios previstos en la reforma del CPP el régimen de libertad anticipada, luego de críticas generadas a este punto.^[381]La propuesta de reforma original proponía permitir que personas condenadas por delitos actualmente excluidos pudieran solicitar su libertad de manera anticipada, y a cambio se establecía un criterio más exigente al requerir el cumplimiento de tres cuartas partes de la pena, en lugar de la mitad.^[381]Las críticas vinieron desde la oposición después de que el lunes pasado la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, anticipó que, de aprobarse los cambios en el Código del Proceso Penal, aproximadamente 2000 presos podrían tener libertad anticipada en el plazo de un año.^[382]

Summarize Timeline Fact Check

El viernes 11 de julio de 2025, autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado ―ASSE― brindaron una conferencia de prensa para replicar a la acusación de algunos actores de la oposición sobre la creación de 52 nuevos puestos de trabajo en el organismo y aumentos de sueldos en 44 cargos ―aumento salarial total de US$ 3 millones entre marzo y junio de 2025―.^[383] El presidente de ASSE, Álvaro Danza, aseguró que la reestructura salarial definida «no se aplicó» y aseveró que «los datos difundidos a la opinión pública son falsos».^[383] El martes 15 de ese mes, el presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública ―FFSP― aseguró que los aumentos de sueldos gerenciales se cancelaron tras una reunión con el Directorio de ASSE.^[384]

En diciembre de 2024, el Comité Ejecutivo del Sindicato Médico del Uruguay constató dificultades financieras acarreadas por el Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay ―CASMU―, denunciadas por más de dos años.^[385] El 25 de marzo de 2025, tras el primer Consejo de Ministros del gobierno de Yamandú Orsi, se informó el envío de un proyecto de ley al Parlamento con el objetivo de brindar un marco legal necesario para resolver las dificultades financieras del CASMU.^[131] El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo al día siguiente.^[386] El martes 1.º de abril el Parlamento votó favorablemente este proyecto por unanimidad, excepto por el primer artículo que fijaba la prórroga por un año de intervención, luego del decreto firmado por Luis Lacalle Pou a fines de julio de 2024 de intervenir CASMU por su situación, de modo que los interventores tengan «las más amplias facultades de contralor, fiscalización e investigación».^[387][388]

El viernes 26 de diciembre, el presidente Orsi adelantó a la prensa la firma de un decreto con modificaciones al sistema de devolución de aportes del Fondo Nacional de Salud ―FONASA― para trabajadores y pasivos.^[389] Mediante el decreto se modificó la metodología del cálculo del Costo Promedio Equivalente para el Seguro Nacional de Salud, un valor que se actualiza periódicamente y se utiliza para fijar los aportes de los afiliados al Fonasa.^[389] A través de esto, el cambio significó un aumento de la contribución.^[390]

El 20 de marzo de 2025, una comisión preinvestigadora solicitada por la diputada Nicolle Salle, con respaldo de su padre el también legislador Gustavo Salle, rechazó la idea de transformarse en una comisión investigadora de la gestión de la pandemia de COVID-19.^[391] A mediados de mayo, el Ministerio de Salud Pública anunció la creación de una Agencia de Medicamentos para regular lo que se venda y suministre en todo el país.^[392] El lunes 26 de mayo, la ministra Cristina Lustemberg informó que a partir de julio el MSP brindaría la vacuna contra meningococo de manera gratuita para dos franjas etarias de jóvenes.^[393]

El martes 3 de junio, en una conferencia de prensa presidida por la ministra Lustemberg y el presidente Orsi, se anunció la derogación de dos decretos del gobierno de Luis Lacalle Pou: el N.º 87/021, del 3 de marzo de 2021, y el N.º 282/2022, del 2 de setiembre de 2022, sobre el uso de productos electrónicos de tabaco calentado y el empaquetado y etiquetado neutro de productos de tabaco, respectivamente.^[394] El miércoles 11 de junio, tras un acuerdo con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado ―COFE―, el gobierno resolvió suspender por 60 días el decreto sobre licencias médicas de los trabajadores públicos que había comenzado a regir en abril de 2024, durante la administración de Luis Lacalle Pou.^[395]

El viernes 17 de octubre, la ministra Lustemberg anunció que «antes de fin de año» se prevé incorporar dos prestaciones específicas de salud al sistema de prestaciones gratuitas o que se realizan con el pago de un tique de medicamentos: la cirugía laparoscópica de la apendicectomía y los anticoagulantes orales.^[396] El 27 de octubre, el gobierno a través del vigente decreto 268/020 se modificó un cambio introducido por el gobierno de Lacalle Pou en 2020, eliminando ahora la posibilidad de que las empresas tabacaleras accedan a los beneficios impositivos previstos en la Ley de promoción de inversiones Nº 16.906.^[397] El viernes 12 de diciembre, mismo día en el que ocurrió el último Consejo de Ministros, el presidente Orsi se vacunó contra el sarampión, al igual que otros ministros, en Torre Ejecutiva.^[398]

El jueves 26 de febrero de 2026, el Poder Ejecutivo fijó a través de un decreto que fijó modificaciones a la normativa que regula la espera para consultas de medicina general, pediatría, ginecología, medicina familiar, y para la atención de especialidades.^[399]

Summarize Timeline Top Qs Fact Check

El 4 de marzo de 2025, el ministro de Interior, Carlos Negro, se reunió con los 19 jefes de policía y presentó «principales lineamientos y acciones prioritarias de gestión», y anunció visitas durante ese mes a las 19 jefaturas.^[400] Durante la asunción oficial del ministro Negro, este expresó los tres principales ejes de acción del Ministerio de Interior del novel gobierno: atender los «altos niveles de violencia que han elevado el número de homicidios», enfocarse en «la gran cantidad de armas que facilita que se cometan los crímenes», y en mejorar «un sistema penitenciario que ha demostrado que las cárceles son una parte importante del problema».^[401] El miércoles 19 de marzo se adelantó que se relanzaría el programa «Pelota al Medio a la Esperanza», iniciado en 2019.^[402] El lunes 24 de marzo el ministro Carlos Negro brindó una conferencia de prensa a raíz del asesinato de un funcionario de la Guardia Republicana en Toledo el pasado viernes, donde afirmó que el Ministerio se encontraba desarrollando un «plan nacional de seguridad pública» con un «alcance de quizás los cinco años de gestión».^[403] A lo largo del mes de marzo de 2025 se experimentaron repetidas amenazas de bomba falsas en centros comerciales y universidades.^{[404][405][406]}

El martes 29 de abril el ministro Negro compareció junto a gran parte de su equipo ante la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado, donde se explicó que acciones fueron tomadas hasta el momento y el estado del desarrollo de su plan de seguridad que comenzará a aplicar definitivamente a partir de 2026, pero cuyas últimas fases y etapas estarán recién culminadas en mayo de ese año.^[407] Varios de estos planes fueron, aseguró el ministro, una política de desarme para controlar las armas nos registradas^[408] o el estudio de la prohibición de circular de a dos personas en una motocicleta para evitar los «robos piraña».^[409] El martes 3 de junio, tras hacerse pública, dirigentes del Frente Amplio criticaron una compra por US$ 33 millones de cámaras de vigilancia por parte del Ministerio del Interior del gobierno de Luis Lacalle Pou dos días después del balotaje de 2024.^[410] Al día siguiente, el ministro Negro afirmó que la compra era necesaria.^[411]

El jueves 6 de julio, el ministro Negro afirmó que se plantearía una convocatoria a los partidos para abordar el Plan Nacional de Seguridad Pública ―PNSP―.^[412] A finales de ese mes, el miércoles 23 de julio, el ministro Negro se reunió con líderes y dirigentes de los partidos políticos con dicho fin;^[413] y el lunes 28 de julio se lanzó «Encuentros por Seguridad», como parte del proceso participativo del Plan Nacional de Seguridad Pública ―PNSP―.^[414] En la tarde del miércoles 26 de noviembre, el presidente Yamandú Orsi aclaró aclaró el alcance de sus dichos polémicos cuando en la mañana de ese mismo día, entrevistado en el desayuno del semanario Búsqueda, habló de seguridad y dijo que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, «es un ejemplo para analizar», aclarando que «es un ejemplo a analizar, no a seguir».^[415]

El miércoles 28 de enero de 2026, el ministro Carlos Negro compareció ante la Comisión Permanente del Parlamento convocado por el diputado nacionalista Pablo Abdala.^[416] A principios de febrero de 2026, el Ministerio del Interior incorporó un plan piloto de pistolas taser para funcionarios policiales.^[417] El lunes 16 de febrero, el ministro Negro presentó el documento del plan de seguridad nacional ante Yamandú Orsi y el resto del gabinete, con intenciones de lanzarlo la siguiente semana.^[418] El jueves 26 de marzo, el presidente Yamandú Orsi reunió al Consejo de Ministros, con la presentación del Plan Nacional de Seguridad como principal tema en la agenda, para luego presentarlo ese mismo día ante la prensa y el público siendo una estrategia que contiene 79 acciones y 130 medidas diversas.^[419][420]El jueves 9 de abril, la Cámara de Senadores interpeló al ministro Negro, donde el legislador interpelante fue el senador colorado Pedro Bordaberry y la sesión duró catorce horas.^[421]

Tras el segundo Consejo de Ministros, del martes 22 de abril, el Poder Ejecutivo emitió un decreto que creó el Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico ―SILCON―, coordinado por Presidencia e integrado por las carteras de Interior, Educación y Cultura, Economía y Finanzas y otras secretarías; y se anunció que la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo estaba trabajando en modificaciones a la Ley de Lavado, prevista a ser remitidas al Parlamento en los primeros días de mayo.^[422][423] El martes 13 de mayo el presidente Orsi encabezó el primer encuentro del SILCON.^[424] El lunes 28 de julio una comisión parlamentaria recibió al prosecretario de presidencia Jorge Díaz en relación a la creación del SILCON.^[425] El miércoles 8 de octubre la Cámara de Senadores aprobó con unanimidad el proyecto que introduce cambios en la Ley Integral de Prevención del Lavado de Activos, enmarcado en la estrategia de alinear la legislación con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional.^[426] El miércoles 17 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó en forma general el proyecto para modificar la Ley de Lavado de Activos, luego de que el Senado diera media sanción en octubre, por unanimidad; pero el tratamiento en particular y su eventual sanción definitiva quedó pautado para la sesión extraordinaria del 23 de febrero de 2026 debido al receso parlamentario.^[427][428]

En la madrugada del domingo 28 de septiembre de 2025, la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, sufrió un atentado en su casa donde se escucharon varios disparos y un fuerte estruendo, aunque nadie resultó herido.^[429] El atentado movilizó a todas las instituciones del Estado y los partidos políticos en un rechazo unánime, y el presidente Orsi convocó al día siguiente una reunión con distintos ministros.^[430] En la madrugada del domingo 16 de noviembre, la sede del Instituto Nacional de Rehabilitación sufrió un atentado cuando dos delincuentes llegaron al lugar en moto y uno de ellos efectuó disparos de arma de fuego a la fachada de la sede del Instituto, además de dejar una amenaza en una nota.^[431]

A inicios del gobierno, durante el primer Consejo de Ministros y un documento de 63 compromisos que asumió la administración, se tomó en cuenta la creación de un Ministerio de Justicia, encargado del sistema penitenciario entre otras áreas.^[432] A principios de junio, ante la restricción del posible primer presupuesto, el presidente aseguró tomar una postura «más gradual» sobre su creación.^[432] Ese mismo mes, el jueves 26, luego de la muerte de cuatro reclusos en un incendio ocurrido en la tarde del lunes 16 de junio en una celda del ex Comcar, el ministro del Interior, Carlos Negro, compareció en la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria del Parlamento.^[433] Ante su comparecencia, el ministro Negro presentó planteó ocho «medidas urgentes» enfocadas en los módulos más críticos del ex Comcar.^[434]

El lunes 2 de marzo de 2026, el presidente Yamandú Orsi dio un discurso ante la Asamblea General como parte de la rendición de cuentas de su primer año de gestión, donde entre sus apartados anunció que ese año se construirían dos nuevas cárceles de máxima seguridad y se enviaría desde el Poder Ejecutivo un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia, una secretaría de Estado que tendría bajo su órbita al Instituto Nacional de Rehabilitación.^[380] Estos temas fueron tratados en el siguiente Consejo de Ministros, acontecido el lunes 9 de marzo.^[435]

El 17 de marzo de 2025 la página web de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica ―DINACIA― fue hackeada, siendo publicados un número de celular del presidente Yamandú Orsi y del director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento ―AGESIC―.^[436] El 19 de marzo el Ministerio de Desarrollo Social ―MIDES― fue víctima de un ciberataque en el que se filtraron nombres, cédulas de identidad y otros datos de la red interna de la cartera acerca de cientos de uruguayos.^[437] Ese mismo día también fue víctima la página web de Buquebus Turismo, donde se apuntó nuevamente con un mensaje antipolítico.^[438] El 29 de marzo fue imputado un adolescente de 18 años por la vulneración a las páginas web del MIDES, DINACIA y Buquebus, entre otras.^[439] El lunes 7 de abril ocurrió un nuevo ciberataque en la página del MIDES, donde se filtraron más de 37 mil formularios con datos personales.^[440] El viernes 6 de junio se comunicó un hackeó que sufrió una plataforma del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el que fueron filtrados 350.800 datos personales.^[441] El lunes 22 de septiembre comunicó un ciberataque a la Corte Electoral donde se filtraron 620 mil registros.^[442]

Summarize Timeline Fact Check

El primer decreto del gobierno de Yamandú Orsi se firmó el 21 de marzo de 2025, fijando nuevos valores de la Unidad Reajustable —UR— y de la Unidad Reajustable de Alquileres —URA—.^[443][444] El martes 25 de marzo, en el primer Consejo de Ministros del gobierno, el presidente Orsi firmó un decreto, sin hacerlo público en la posterior conferencia de prensa, que extendió por un año el régimen de promoción de inversiones —vía exoneraciones tributarias— aplicable al área de la construcción que instauró el anterior gobierno, encabezado por el expresidente Luis Lacalle Pou, a fines de abril de 2020 a través del Decreto 138/020 bajo el amparo de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones.^[445]

A principios de abril de 2025, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial ―MVOT― confirmó que reactivaría luego de una pausa de 10 años la Comisión Asesora de Vivienda ―COAVI―, un espacio de diálogo encargado de proponer soluciones habitacionales;^[446] y el lanzamiento de un programa de streaming para comunicar sus políticas denominado «Viviend@ Uruguay».^[447] El jueves 17 de abril de 2025 la ministra Cecilia Cairo renunció a su cargo a raíz de una polémica sobre irregularidades de su vivienda; fue sustituida oficialmente el lunes 21 de abril por Tamara Paysero.^[448][123]

El jueves 14 de agosto de 2025, la ministra Tamara Paseyro compareció en la Comisión de Vivienda y Territorio de la Cámara Diputados donde expuso las modificaciones que planea realizar el gobierno en el programa de Vivienda Promovida, como la unificación del régimen de subsidios con el sistema público de vivienda, entre otros.^[449] El miércoles 8 de octubre, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto que agiliza los trámites expropiatorios de inmuebles con deuda compensable, con el fin de desestimular la existencia de viviendas vacías.^[450]

El martes 17 de junio de 2025 se reinstaló la Comisión Honoraria Consultiva de Vivienda para jubilados y pensionistas, que funcionó entre 2010 y 2019.^[451] El lunes 23 de junio de 2025 las autoridades del Sistema Nacional de Emergencias ―Sinae―, los ministerios de Desarrollo Social, Salud Pública, Interior y Defensa Nacional, y la Administración de Servicios de Salud del Estado ―ASSE― brindaron una conferencia de prensa en la que el gobierno anunció la activación de una «alerta pública de nivel rojo y alcance nacional» por el estado de las personas en situación de calle, tras la confirmación de la sexta persona fallecida por las bajas temperaturas ese mismo día.^[452] El martes 1.º de julio el ministro del MIDES, Gonzalo Civila, compareció ante la Comisión de Población y Desarrollo de Diputados por esta situación.^[453]

El jueves 12 de febrero de 2026, sesionó por primera vez el gabinete de Primera Infancia sesionó por primera vez, entidad impulsada para trabajar políticas en primera infancia.^[454]El martes 7 de abril el presidente y el ministro Civila presentaron 42 iniciativas para combatir el avance de las personas en situación de calle y ratificaron la continuidad de la alerta roja por frío extremo, en el marco del Plan Invierno.^[455]

Aprobación del gobierno

Encuestadora	Fecha	Aprueba	Desaprueba	Ni apr. / Ni des.	No opina
Equipos Consultores	19 de febrero - 5 de marzo de 2026	33%	40%	24%	3%
Cifra	18 - 28 de febrero de 2026	31%	46%	17%	6%
Factum	8 - 22 de febrero de 2026	37%	41%	21%	1%
Opción Consultores	17 - 25 de febrero de 2026	23%	38%	37%	2%
Equipos Consultores	18 de noviembre - 2 de diciembre de 2025	36%	36%	25%	3%
Opción Consultores	13 - 25 de noviembre de 2025	28%	30%	39%	3%
Cifra	24 de octubre - 3 de noviembre de 2025	40%	40%	15%	5%
Equipos Consultores	7 - 19 de octubre de 2025	36%	32%	28%	4%
Opción Consultores	13 - 17 de setiembre; 18 - 20 de octubre de 2025	26%	29%	40%	5%
Cifra	18 - 28 de septiembre de 2025	43%	33%	17%	7%
Opción Consultores	15 - 20 de julio; 18 - 23 de agosto de 2025	29%	22%	43%	6%
Nómade	12 - 19 de julio de 2025	34,8%	29,8%	28,2%	7,2%
Equipos Consultores	17 de junio de 2025 - 2 de julio de 2025	44%	21%	30%	5%
Ágora	1 - 7 de junio de 2025	38,5%	28,5%	28%	5%
Nómade	3 - 9 de mayo de 2025	31,8%	22,8%	36,7%	8,7%
Cifra	9 - 19 de abril de 2025	41%	18%	15%	26%
Equipos Consultores	Abril de 2025	41%	14%	32%	13%
Cifra	17 - 30 de marzo de 2025	37%	15%	19%	29%

Imagen de Yamandú Orsi

Encuestadora	Fecha	Imagen positiva	Imagen negativa	Otros
CB Consultora	10 - 15 de marzo de 2026	39,2%	57,6%	3,2%
Opción Consultores	17 - 25 de febrero de 2026	29%	33%	38%
CB Consultora	10 - 15 de febrero de 2026	40,7%	56,5%	2,8%
CB Consultora	9 - 13 de diciembre de 2025	43,3%	54,3%	2,4%
Equipos Consultores	18 de noviembre - 2 de diciembre de 2025	46%	31%	23%
Opción Consultores	13 - 25 de noviembre de 2025	34%	30%	36%
Cifra	24 de octubre - 3 de noviembre de 2025.	56%	31%	13%
Cifra	18 - 28 de septiembre de 2025	58%	29%	13%
CB Consultora	18 - 21 de septiembre de 2025	49,0%	47,9%	3,1%
CB Consultora	21 - 25 de julio de 2025	50,3%	47,3%	2,4%
Equipos Consultores	17 de junio de 2025 - 2 de julio de 2025	54%	22%	24%
CB Consultora	14 - 20 de junio de 2025	47,2%	46,7%	6,1%
Factum	25 de mayo - 11 de junio de 2025	46%	22%	32%
CB Consultora	19 - 22 de mayo de 2025	48,8%	47,2%	4,0%
Cifra	9 - 19 de abril de 2025	64%	20%	16%
Equipos Consultores	Abril de 2025	51%	23%	26%
CB Consultora	11 - 16 de abril de 2025	51,3%	44,5%	4,2%
Cifra	17 - 30 de marzo de 2025	63%	24%	13%
Cifra	14 - 25 de febrero de 2025	62%	21%	17%