Ataque estadounidense a Venezuela de 2026

En enero de 2025, Joe Biden incrementó la recompensa por el arresto de Maduro a 25 millones de dólares estadounidenses.^[36] El ataque para capturar a Maduro ocurrió al cabo de un incremento de tensión entre Venezuela y Estados Unidos.^[37]

El ejército estadounidense denominó Operación Lanza del Sur,^[38] a su operativo liderado por el SOUTHCOM cuyo objetivo es combatir el narcotráfico en Latinoamérica, principalmente en Venezuela (Cártel de los Soles) utilizando una flota híbrida de buques equipados con robótica y armas autónomas para la detección y eliminación de lanchas. Durante Lanza del Sur, Estados Unidos comenzó a ejecutar ataques aéreos contra buques en el Caribe que, según este país, estaban realizando narcotráfico, protegidos por el régimen venezolano. Estados Unidos comenzó así un aumento de la capacidad naval en el sur del Caribe, incluido el despliegue del USS Iwo Jima y su grupo anfibio listo, y el USS Gerald R. Ford, que comenzó a interceptar y confiscar petroleros, imponiendo una cuarentena naval a Venezuela.^[39][40] Estados Unidos también lanzó una fase de operaciones encubiertas en Venezuela bajo la directiva de la CIA a finales de diciembre de 2025.^[41]

Estados Unidos incrementó sanciones y acciones de interdicción de buques petroleros sancionados con crudo venezolano, lo que redujo la capacidad del estado latinoamericano para exportar crudo y generar ingresos comerciales.^[42] Sin embargo, en julio de 2025 la administración Trump le concedió licencias a Chevron Corporation para continuar con operaciones en Venezuela.^[43] En diciembre de 2025, tras la incautación y bloqueo de buques sancionados que trasportaban petróleo venezolano, el presidente Trump justificó su accionar acusando a Venezuela de un supuesto robo debido a la nacionalización de la industria petrolera. De igual forma el funcionario de la casa blanca, Stephen Miller, calificó la nacionalización como «el mayor robo» de la historia estadounidense.^[44][45][46]

Al mismo tiempo, la administración estadounidense mostró interés en la eventual recuperación y reconstrucción de la industria petrolera venezolana mediante inversiones privadas una vez que se restablezcan condiciones políticas y de seguridad, incluyendo declaraciones de apoyo a la participación de petroleras extranjeras tras el retiro de restricciones previas, aunque bajo licencias y condiciones específicas.^[47]

De acuerdo con una exclusiva del Miami Herald, los hermanos Rodríguez (Jorge y Delcy) realizaron una primera propuesta en el mes de abril de 2025 a la administración Trump para una transición en paz sin Maduro, pero donde el chavismo se mantendría en el poder. En dicha propuesta, Maduro se mantendría en Venezuela con garantías a su seguridad, mientras Delcy Rodríguez asumiría la presidencia del país, y se negociaría un acuerdo para permitirle el acceso a las empresas estadounidenses a cambio de que se le retiraran los cargos criminales a Maduro.^[48]

Según la exclusiva, los hermanos realizaron una segunda propuesta en septiembre donde Maduro sería reemplazado por un gobierno de transición encabezado por Delcy y por Miguel Rodríguez Torres, para entonces exiliado en España, incluyendo a «opositores» cercanos al oficialismo para ofrecer una fachada de pluralismo sin cambiar la estructura de gobierno y con garantías de que Maduro pudiese exiliarse en Catar o en Turquía. María Corina Machado no fue incluida en dicha propuesta. Ambas propuestas fueron realizadas con intermediación de Catar y con el conocimiento como la autorización de Maduro. El gobierno estadounidense rechazó las propuestas.^[48]

The New York Times describe que luego de que Maduro rechazara el ultimátum de un exilio a finales de diciembre, la administración Trump consideró a Delcy Rodríguez como sustituta y que María Corina Machado no obtuvo su aprobación.^[49]

El 3 de enero de 2026, Trump ordenó ataques dentro de Venezuela, incluidas instalaciones militares.^[64] Según el jefe del Estado Mayor, Dan Caine, 150 aeronaves militares participaron en la operación militar, que significó en un despliegue que combinó acción de inteligencia y fuerza militar coordinada a gran escala, ejecutada en distintos puntos de Venezuela.^[65]

Se reportaron al menos siete explosiones alrededor de las 2:00 a. m. VET, y se observaron aeronaves volando a baja altura,^[66] además se usó el AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), un misil aire-tierra diseñado para atacar objetivos desde distancias seguras, fuera del alcance de las defensas enemigas y alcanza más de 100 km. ^[67]Aeronaves volaron predominantemente en La Guaira, Higuerote, Meseta de Mamo, Baruta, El Hatillo, Charallave y Carmen de Uria, que se encuentran principalmente dentro o cerca de la capital Caracas.^[68] La mayoría de las explosiones estaban dirigidas a antenas y bases militares activas.^[69] Los primeros informes sugirieron que las explosiones pudieron haber ocurrido en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda (La Carlota) y Fuerte Tiuna, dos instalaciones militares en el área.^[13] También se reportaron grandes explosiones en el Aeropuerto de Higuerote.^[69][16] En medio de los ataques, el antiguo Observatorio Naval Cagigal donde está el Comando de la Milicia Bolivariana fue alcanzado por las bombas.^[17]

Los ataques duraron media hora. Se observó humo saliendo de un hangar militar en una base de Caracas, mientras que otro quedó sin electricidad.^[66] David Smolansky, portavoz de la líder opositora venezolana María Corina Machado, declaró a CBS News que, además de Fuerte Tiuna y la base aérea de Miranda, el puerto de La Guaira y las antenas en el Cerro El Volcán también fueron alcanzados.^[70]

La guerra electrónica neutralizó la capacidad de mando y control de la FANB. El ataque al complejo de antenas de comunicaciones en el cerro El Volcán dejó incomunicados a los mandos y unidades con despliegue en el área metropolitana de Caracas. Al mismo tiempo, los ataques con municiones de precisión buscaron neutralizar las defensas aéreas. El ataque en La Carlota dejó destruido al menos un sistema antiaéreo de medio alcance Buk M2E que estaba sin camuflaje.^[71]

Durante la operación, el presentador de televisión chavista Mario Silva intentó ir a varias instalaciones militares sin éxito. Expresó: «Yo traté de entrar a Fuerte Tiuna y no pude, traté de entrar a [el Palacio de] Miraflores y no pude (…) Yo no fui con un telefonito (…)». Posteriormente fue a su puesto de combate designado, y al llamar al responsable le respondió «ve a dormir».^[72]

La Fuerza Delta del Ejército de los Estados Unidos ingresó a Caracas en helicópteros MH-60L DAP (direct action penetrator) y MH-47G del 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales (160.º SOAR) del Ejército, en el "apagón" causado por efecto de la guerra electrónica. A las 02:01 HLV descendieron en el complejo militar del Fuerte Tiuna.^[71] A las 03:30 HLV capturaron a Nicolás Maduro y su esposa antes que pudieran ingresar a su búnker. A las 04:31 HLV aterrizaron en el buque de asalto USS Iwo Jima (LHD-7).^[71] La operación militar duró 47 segundos. La acción no les dio tiempo a la pareja para vestirse.^[73][74] El gobierno prometió defenderse de las acciones militares estadounidenses que buscaban un cambio de régimen. Las calificó de «agresión imperialista».^[75][76] El piloto del helicóptero CH-47 Chinook líder fue herido en la pierna por fuego de un cañón antiaéreo ZSU-23-2 cuando se acercaban al complejo fuertemente fortificado.^[77]

El gobierno venezolano, cifró en cien la cantidad de muertes en este ataque y dijo que había un número similar de personas heridas.^[78][79]El gobierno de Estados Unidos por su parte, dijo que el total de víctimas venezolanas fatales fue de más de setenta personas.^[80]

Investigaciones periodísticas de Venezuela, incluyendo el Monitor de Víctimas de Runrunes, han identificado a 55 fallecidos durante el ataque: 47 militares venezolanos (nueve mujeres), 32 militares cubanos (la mayoría mayores de 34 años con rangos de capitanes, mayores y coroneles),^[81] y 2 civiles. ^[19] Una de las muertes civiles se produjo cuando los ataques alcanzaron un complejo de apartamentos civiles de tres pisos en Catia La Mar, hiriendo a otra y destruyendo la pared exterior.^{[82][83][84][85]} La otra ocurrió cuando una residente del sector El Volcán salió de su casa y se acercó a las antenas de transmisión durante el ataque para ver lo que ocurría y tomar fotos; fue alcanzada por esquirlas en el pecho cuando cayó un segundo misil. Alguno de los nombres de los militares fallecidos identificados han sido los siguientes:^[19][86]

Militares venezolanos fallecidos

Militares cubanos fallecidos

Civiles venezolanos fallecidos

1. Rosa Helena González
2. Yohanna Rodríguez Sierra

Las bajas estadounidenses durante la breve incursión ascendieron a dos hospitalizados y cinco heridos leves.^[87]

A las 05:21, Hora Estándar de Venezuela, o 04:21 Horario del Este de América del Norte,^[88][89]el presidente Donald Trump confirmó a través de un mensaje en Truth Social que Nicolás Maduro junto con su mujer, Cilia Flores, habían sido capturados y sacados del país en avión.^[92]La captura fue realizada por la Fuerza Delta del Ejército de Estados Unidos con inteligencia sobre el terreno proporcionada por la CIA. Trump publicó una fotografía en su cuenta de Truth Social de Maduro a bordo del USS Iwo Jima.^[93]La fotografía mostraba a Maduro con los ojos vendados, con auriculares insonorizados, un chándal gris de Nike y sosteniendo una botella de agua de plástico.^[94]

Nahum Fernández, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dijo que Maduro y Flores fueron capturados en su casa en el Fuerte Tiuna. Delcy Rodríguez confirmó que tanto Maduro como Flores fueron capturados y exigió una fe de vida mediante un mensaje de audio en la televisión estatal.^[95]

Poco antes de las 18:00 (VET), el avión que transportaba a Maduro y Flores aterrizó en la Base de la Guardia Nacional Aérea Stewart en Nueva York.^[96] Se le vio bajando del avión, rodeado de agentes federales, antes de entrar en un hangar. Posteriormente fue trasladado en helicóptero a Manhattan, Nueva York. Fue llevado en un convoy blindado a una oficina local de la Administración de Control de Drogas (DEA), donde fue procesado antes de ser finalmente retenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.^[97][98]

Ante la captura, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela determinó que existía una «ausencia forzosa» del presidente, de modo que la vicepresidenta en funciones, Delcy Rodríguez, asumiría como «presidenta encargada», un cargo que podría desempeñar hasta por seis meses sin que exista obligación de convocar a elecciones según la Constitución venezolana.^[24]

Una encuesta realizada por The Economist a venezolanos en enero de 2026 determinó que la mayoría de los encuestados apoyaban la captura de Nicolás Maduro. Más de la mitad de quienes respondieron valoraron positivamente la captura, comparado con un 13% que se oponía al menos ligeramente. Más de la mitad respondió que su opinión de los Estados Unidos mejoró después de la operación. Para entonces, las expectativas sobre el futuro de los encuestados mejoraron: casi cuatro de cada cinco dijeron que creían que la situación política habría mejorado dentro de un año, y alrededor de la misma cantidad respondieron que creían que su situación económica personal también habría mejorado.^[104]

Sin embargo, la opinión estaba más dividida en cuanto al control de la industria petrolera: alrededor de un tercio de los encuestados opinaba que el gobierno venezolano debía controlarla, casi el 30 % optaba por empresas privadas, y sólo casi la cuarta parte consideraba que el gobierno estadounidense debía estar a cargo. Dos tercios de los participantes consideraba que debían celebrarse nuevas elecciones, de los cuales un 91% afirmó que debían tener lugar dentro de un año, y la mayoría deseaba que se celebraran en tan solo seis meses. ^[104]

A las 04:19 HLV Gustavo Petro pidió la convocatoria de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.^[105]

El ataque estadounidense a Caracas y otras ciudades del país, así como la captura del jefe de Estado, motivaron de inmediato una serie de reacciones al interior de Venezuela, en EE. UU. y en el resto del mundo. Algunas de estas reacciones fueron de respaldo e incluso celebración por lo que percibían como el fin del régimen de Maduro y una promesa de apertura democrática, mientras que otros criticaron fuertemente la injerencia extranjera en los asuntos de un Estado soberano y la violación de los principios básicos del derecho internacional.

Miembros de la diáspora venezolana festejaron la salida de Maduro en varias ciudades en el exterior, incluyendo Bogotá, Buenos Aires, Lima, Santiago de Chile, Ciudad de México, Miami, Nueva York, Guayaquil, Madrid, Santo Domingo, entre otras.^{[25][26][27][28][29]}

Antes del ataque, los sistemas de defensa antiaéreas S-300 (uno de los más avanzados del mundo) y Buk-M2 de fabricación rusa fueron anunciados por el presidente Hugo Chávez como una disuasión frente a una agresión estadounidense. Sin embargo, Venezuela falló en darle mantenimiento a los sistemas; al momento del ataque ni siquiera estaban conectados al radar de detección, y algunos componentes de las defensas permanecían almacenados, dejando expuesta a Venezuela al ataque y demostrando que, pese a meses de advertencias, el país no estaba preparado a la intervención.^{[106][107][108][109]} Un análisis de imágenes satelitales por parte del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) concluyó que el ataque de Estados Unidos fue «quirúrgico», y no una campaña de shock and awe (conmoción y pavor), diferenciándolo de los ataques aéreos en contra de Irak en 1991 y en 2003.^[110]

Analistas han concluido que a pesar de décadas de retórica antiimperialista, las negociaciones con Estados Unidos fueron impulsadas activamente por actores dentro del propio régimen en Venezuela y no desde afuera.^[111] El Wall Street Journal reportó que la CIA le aconsejó al presidente Donald Trump respaldar a leales a Nicolás Maduro en vez de a la líder opositora María Corina Machado, y que una evaluación clasificada de inteligencia sostuvo que los altos funcionarios del régimen de Maduro, incluyendo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, estarían mejor posicionados para liderar un gobierno de transición en Caracas y mantener la estabilidad a corto plazo.^[112][113]Aleksandr Duguin, filósofo ruso cercano a Putin, calificó a Delcy Rodríguez como «La Judas femenina».^[114][115]

Una investigación exclusiva de The Guardian determinó que Delcy Rodríguez le aseguró cooperación a los Estados Unidos antes de la captura de Maduro.^[116]

Fuentes cercanas a la Casa Blanca consultadas por el Washington Post expresaron que Donald Trump perdió interés en respaldar a la líder opositora María Corina Machado para dirigir el país porque aceptó su Premio Nobel de la Paz en lugar de exigir que se le otorgara a Trump, lo que Trump consideró un «pecado capital».^[117] John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, le aconsejó a María Corina entregarle su medalla del Nobel a Trump, expresando su preocupación y que temía que Trump se quedara con la medalla en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, concedida al presidente Theodore Roosevelt por mediar el fin de la guerra entre Rusia y Japón, y que declarara que era suya.^[118]

Al ser preguntado si consideraba que una operación similar pudiera tener lugar en Cuba, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, afirmó que la captura de Maduro fue posible gracias a «grandes complicidades dentro del sistema político venezolano», descartando un escenario similar en Cuba.^{[119][120][121]} El mandatario ruso Vladímir Putin afirmó que hubo funcionarios venezolanos que facilitaron la extracción de Maduro, declarando: «Conocemos los nombres de estos traidores».^{[122][123][124]}

Tanto el ataque como los golpes militares previos contra barcos frente a las costas de Venezuela por parte de Estados Unidos, fueron considerados por diversos observadores políticos como «actos contrarios al derecho internacional».^[125] Trump describió su línea de actuación frente al continente americano como la «doctrina Donroe», un neologismo creado a partir de su nombre y la doctrina Monroe. El término fue utilizado por primera vez en 2025 en el New York Post y posteriormente difundido por otros medios de comunicación estadounidenses.^[126]

El experto en derecho internacional y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro, sostuvo que la intervención en su conjunto y, en particular, la captura de Nicolás Maduro serían actos ilegales por parte de Estados Unidos y constituirían «una amenaza directa a derecho internacional y a la paz en el mundo». Según afirmó, «la intervención de Trump y sus amenazas a otros países viola totalmente las leyes», puesto que un jefe de Estado, independientemente de lo que se piense sobre él, «no puede ser secuestrado» ya que se trata de una figura protegida por el derecho internacional. La única excepción sería un arresto que ocurra en cumplimiento de una resolución de la Corte Penal Internacional. «Crímenes casi tan graves han sido cometidos en torno a la mitad de los países en el mundo. Hay desaparición forzada en decenas de países. Ni por eso puede un Estado decidir que va a invadir a otro país y secuestrar al jefe de Estado».^[127]

Académicos expertos en derecho constitucional e internacional como Jeremy Paul, de Estados Unidos, o Marc Weller, del Reino Unido, han señalado que el uso de la fuerza como medio de la política está totalmente prohibido por el derecho internacional a menos que esto ocurriese «en respuesta a un ataque armado o para rescatar a una población bajo amenaza inminente de exterminio». Incluso en tal situación, se necesitaría un mandato de la ONU. Dado que no es este el caso de la intervención estadounidense en Venezuela, concluyen que la acción es ilegal y que «el interés de Estados Unidos en reprimir el narcotráfico o las afirmaciones de que el gobierno de Maduro era, en esencia, una empresa criminal, no ofrecen ninguna justificación legal».^[128]

Carolina Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), destacó las preocupaciones regionales que suscitana el precedente que se estaba marcando, al mismo tiempo que reconoció una segunda dimensión sin resolver: Venezuela ha soportado años de represión sistemática bajo un gobierno autoritario y violento, y la necesidad de rendir cuentas y de una transición democrática sigue siendo urgente.^[111] La organización no gubernamental del Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) publicó un comunicado días después del ataque en el que expresa que «la comunidad internacional se enfrenta ahora a una última gran oportunidad para mitigar una crisis que su propia ineficacia prolongada ha contribuido a crear».^[111][129]

El periodista y defensor de los derechos humanos Luis Carlos Díaz sostuvo que «enmarcar la crisis únicamente en términos de violación territorial sin reconocer la captura criminal del Estado venezolano produce un efecto concreto: normaliza y protege a los responsables de destruir el orden constitucional y cometer crímenes contra la humanidad. Desde la perspectiva de las víctimas, esto no es neutralidad: es revictimización discursiva».^[111]

El politólogo Günther Maihold expresó en una primera declaración sus dudas sobre la hipótesis, que él denominó «estrategia del castillo de naipes», según la cual la caída de Maduro provocaría «el colapso de todo el aparato de poder».^[130] El politólogo Herfried Münkler y el jurista Björn Schiffbauer también calificaron la operación de contraria al derecho internacional en declaraciones a la emisora Deutschlandfunk. Schiffbauer señaló que Maduro, como jefe de Estado, goza en realidad de inmunidad política.^[131]

Un editorial del New York Times calificó las acciones militares de Estados Unidos contra Venezuela como contrarias al derecho internacional, inconstitucionales y estratégicamente problemáticas. Aunque Maduro ha sido criticado internacionalmente por su régimen autoritario y sus violaciones de los derechos humanos, el editorial se refirió a la experiencia histórica de que las intervenciones estadounidenses —por ejemplo, en Irak, Afganistán o Libia— a menudo han provocado una inestabilidad duradera. El editorial argumentó que Trump había actuado sin el consentimiento constitucionalmente necesario del Congreso. La justificación oficial de la lucha contra los «narcoterroristas» se considera empíricamente inexacta, ya que Venezuela no desempeñó un papel central en el tráfico de drogas a Estados Unidos. Al mismo tiempo, se señaló la inconsistencia política, como el indulto de Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico. La intervención se situaría en el contexto de la estrategia de seguridad nacional de Trump, que prevé la reactivación de la doctrina Monroe y la ampliación de la influencia estadounidense en América Latina. Desde el punto de vista geopolítico, existiría un considerable potencial de escalada, ya que las estructuras militares y paramilitares de Venezuela permanecerían intactas a pesar de la detención de Maduro.^[132]

El editorial de El País titulado «Fuerza bruta en Venezuela» coincidió con el análisis de The New York Times: «La captura del presidente Nicolás Maduro tras una operación militar de Estados Unidos en Venezuela que vulnera las leyes internacionales abre un escenario peligroso», y «Trump no actúa aquí como garante de la democracia, sino que sitúa la fuerza por encima del derecho. Otras potencias tomarán nota de las nuevas reglas cuando miran a Taiwán o a Ucrania. Señalarlo no es una defensa del régimen venezolano» Decía más adelante:

«Esta deriva [de Trump, que ha mostrado reiteradas veces su desprecio por las instituciones] quedó aún más clara cuando el propio Trump afirmó que Estados Unidos dirigirá Venezuela hasta que haya una transición segura, asumiendo de facto el control del país y sin mencionar en ningún momento a la oposición democrática venezolana. La afirmación es inaceptable. [...] A esta pretensión política se suma otra no menos alarmante: el anuncio de que compañías estadounidenses se harán cargo de la industria petrolera venezolana para hacer dinero, lo que refuerza la percepción de que la intervención no busca restituir derechos, sino administrar poder y riqueza».

Continuaba la nota diciendo que «la desescalada inmediata es el primer paso indispensable. El siguiente es abrir un proceso de transición que respete el resultado electoral de Julio de 2024, cierre de verdad la etapa del chavismo autoritario y devuelva a los venezolanos algo que les ha sido negado durante demasiado tiempo: la posibilidad de decidir, sin miedo y sin tutelas, el destino de su país», concluía el editorial.^[133]

La académica Laura Vidal escribió para The Foreign Policy Centre que cualquier análisis considerando a la intervención estadounidense como un hecho aislado y por un único grupo de actores estaba incompleto. Vidal describió que Venezuela no era un espacio libre de influencia extranjera, citando la interferencia cubana en las estructuras de inteligencia y represivas documentada desde hacía años, las operaciones documentadas de la organización paramilitar rusa del Grupo Wagner, la deuda de Venezuela de aproximadamente 20 000 millones de dólares con acreedores chinos que han determinado su dependencia económica y limitado su autonomía política, y el apoyo tecnológico por parte de Irán (incluyendo el uso de drones en las protestas en Venezuela de 2024). También escribió que igualmente cualquier análisis que no tomase en cuenta a los derechos humanos era «analíticamente incompleto». Vidal concluye diciendo:^[111]

Centrarse exclusivamente en la legalidad de un solo acto, ignorando el daño acumulado que lo hizo posible, conlleva el riesgo de repetir el mismo error que ha caracterizado la relación internacional con Venezuela durante más de una década: reaccionar ante momentos de ruptura mientras se tolera el lento desmantelamiento que los precede. Para que el derecho internacional conserve su significado, no puede invocarse solo en el momento de la intervención. También debe tener en cuenta el largo historial de impunidad, complicidad y preocupación selectiva que allanó el camino.

El Washington Post, con su editorial titulado «Justice in Venezuela» —Justicia en Venezuela—, expresó apoyo por la operación. Elogió a Trump por su determinación y calificó la operación como uno de los mayores logros en política exterior de las últimas décadas para los Estados Unidos. También dijo que la captura de Maduro significa «justicia» para los venezolanos. El diario destacó que millones de venezolanos celebran la caída del dictador y que la acción debilita la influencia de aliados de Maduro como China, Rusia, Cuba e Irán. La captura de Maduro envía un mensaje claro a otros dictadores: Trump cumple sus amenazas, en contraste con la política de concesiones de Biden, que —según el Post— Maduro aprovechó para robar elecciones. También sugirió que el hecho tendrá impacto psicológico en regímenes como Irán y Cuba. Aunque advirtió sobre riesgos futuros —como la llegada de otro dictador o el caos—, concluyó de forma optimista, afirmando que la caída de Maduro es una buena noticia y un golpe simbólico contra el colectivismo latinoamericano, y que debería pasar el resto de su vida en una prisión estadounidense.^[134]

Iria Puyosa, investigadora sénior del Atlantic Council, escribió que la coalición gobernante, encabezada ahora por Delcy Rodríguez, ahora enfrentaba un reto sin precedentes: satisfacer las exigencias de los Estados Unidos mientras que al mismo tiempo evita una fractura interna o un golpe militar. Entre esas exigencias se encuentran la estabilidad normativa y la transparencia de los marcos de propiedad, el mismo entorno institucional que el chavismo desmanteló sistemáticamente a lo largo de sus años de gobierno.^[111][135]

Juan Miguel Matheus, escribiendo para La Gran Aldea, argumentó que una transición política en Venezuela sólo podía legitimarse en el pueblo.^[33]

Analistas han expresado escepticismo sobre una transición democrática en Venezuela, destacando que el sistema represivo en el país se mantiene y que los cambios realizados en los primeros meses de 2026 son insuficientes.^{[34][136][35][137]}

Tras la operación, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció un plan de tres fases de Estados Unidos para Venezuela: estabilización, recuperación y transición.^[138][139]

El 19 de febrero de 2026 la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática como parte de las concesiones a Estados Unidos. La ley permitió la excarcelación de al menos 110 presos políticos y que múltiples personas sometidas a medidas cautelares pudiesen solicitar su beneficio. Sin embargo, Delcy Rodríguez anunció el final de la aplicación de la ley el 23 de abril, momento en el que al menos 473 presos políticos todavía se encontraban encarcelados.^[31][32]

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela mejoraron después de la captura de Nicolás Maduro. También en febrero, los Estados Unidos relajaron las sanciones vigentes al sector energético venezolano y emitió dos licencias generales para permitir a empresas llevar a cabo proyectos petroleros y a negociar contratos. El secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, declaró que entre el 3 de enero y entonces las ventas de petróleo entre ambos países habían alcanzado mil millones de dólares y que anticipaba que alcazaran 5 mil millones en los próximos meses.^[30]

El 30 de marzo las operaciones de la embajada estadounidense en Caracas se reanudaron oficialmente, tras siete años sin relaciones diplomáticas,^[140] y el 14 de mayo la Asamblea Nacional de Venezuela conformó el Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Estados Unidos.^[141]