Aborto en Chihuahua

Artículo	Concepto	Descripción
143	Definición	La muerte del producto desde la concepción en cualquier momento del embarazo.
	Sanciones por asistir en un aborto	6 meses a 3 años de prisión si el aborto fuera con el consentimiento de ella. Al faltar su consentimiento, la pena es de 3 a 6 años; al usar violencia física o moral, se agrava de 6 a 8 años.
144	Sanciones por asistir en un aborto y ser profesional de la salud	Además de las sanciones correspondientes al artículo 143, suspensión del ejercicio de su profesión por la misma cantidad de tiempo por la pena impuesta
145	Sanciones por aborto consentido	6 meses a 3 años de prisión a la madre que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otros la hagan abortar. Se sanciona únicamente si el aborto fue consumado
146	Causales de exclusión de responsabilidad	1) Producto como consecuencia de una violación. 2) Peligro de muerte o grave daño a la salud de acuerdo con el juicio del médico que la asista y confirmado por otro médico. 3) Resultado de conducta imprudencial de la mujer embarazada.

Hasta la fecha y al igual que las otras entidades, a excepción de la CDMX, tanto la secretaría de salud como los servicios de salud del estado (SSCH) aún no publica, de manera accesible y constante, información sobre el número de procedimientos (totales, por año o por unidad de atención), sobre las usuarias o los usuarios (procedencia, edad, nivel educativo, estado civil, ocupación, número de hijos o semanas de gestación) o sobre el tipo de procedimiento.

Summarize Timeline Top Qs Fact Check

Hasta la fecha y al igual que las otras entidades, a excepción de la CDMX, tanto la secretaría de salud como los servicios de salud del estado (SSCH) aún no ha facilitado la información sobre procedimientos, requisitos o unidades de atención.

Según el Directorio de Servicios de Aborto Seguro, elaborado por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), existen varias unidades pertenecientes tanto al sistema estatal de salud como al federal que ofrecen el servicio.^[8]

Algunas estas unidades brindan la atención con personal capacitado para acompañar el proceso conforme a los lineamientos federales, pues a partir de 2025, el ISSSTE fue la primera institución pública federal de salud en anunciar que proveería servicios de aborto seguro en todo el país, aunque limitándose a las causales de cada entidad.^[8] Por otro lado, a partir de 2022, el Gobierno federal comenzó a centralizar los servicios de salud de las entidades mediante su integración al IMSS-Bienestar. Esto implica que las clínicas y hospitales, antes dependientes de las secretarías de salud locales en las entidades firmantes, ahora forman parte de la federación. Sin embargo, Chihuahua no es una de ellas.^[9][10]

Lista de Unidades de Salud Pública del Estado de Chihuahua

Localidad	Municipio	Institución	Unidad
Zona Metropolitana de Chihuahua	Chihuahua	SSCH	Hospital General de Chihuahua Dr. Salvador Zubirán Anchondo
		ISSSTE	Hospital General Presidente Gral. Lázaro Cárdenas
			Clínica Médico Familiar Chihuahua
Zona metropolitana de Delicias	Delicias	ISSSTE	Clínica Médico Familiar Ciudad Delicias
Zona Metropolitana de Ciudad Juárez	Juárez	ISSSTE	Clínica Médico Familiar Ciudad Juárez

También se han instalado otras clínicas privadas en las principales ciudades de la entidad.

Por su parte, el Grupo de Información en Reproducción Elegida contiene un directorio de asociaciones y colectivas aliadas por cada entidad federativa para acompañamiento, orientación y apoyo médico, emocional, psicológico, legal, financiero o logístico; sobre todo en contextos en los que el apoyo del Estado es insuficiente.^[11]

Como indica la guía federal del Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro en México^[12] (siguiendo los estándares de la Organización Mundial de la Salud), en la actualidad, el legrado uterino instrumental se considera obsoleto, nocivo y está totalmente desaconsejado. En su lugar, los protocolos federales sugieren dos abordajes para interrumpir embarazos de manera segura y de calidad, siempre y cuando se realicen bajo las condiciones médicas correctas y en un contexto de legalidad.

En el primer trimestre, los procedimientos siempre deberían ser ambulatorios, por lo que pueden realizarse en cualquier unidad de primer nivel (centros de salud o clínicas familiares). En el segundo trimestre se requeriría de atención intrahospitalaria, por lo que pueden realizarse en cualquier unidad de segundo nivel (hospitales generales o regionales).

El aborto farmacológico, consiste en el uso de mifepristona y misoprostol por diferentes vías (vestibular, vaginal o sublingual) ya sea combinado (ambas sustancias) o de manera individual (misoprostol únicamente). Ambos medicamentos provocan dilatación del cérvix y contracciones uterinas que contribuyen a la expulsión de su contenido.

La dosis y vía de administración del tratamiento depende de las semanas de gestación o del antecedente de cirugías uterinas previas. Se considera no invasivo por lo que no necesita de un antibiótico profiláctico (previo a la intervención). En el régimen combinado (comparado con el individual) el tiempo para la resolución del aborto es menor (en horas o días) y suele haber menos molestias posteriores. Su éxito terapéutico podría disminuir conforme aumenta la edad gestacional.

• Antes de la semana 10, el procedimiento puede realizarse total o parcialmente autogestionado y con una asesoría o vigilancia mínima (ya sea por prestador/a de servicios de salud o por colectiva de acompañamiento).
• Entre la semana 10 y 12 se requiere mayor seguimiento y vigilancia por el personal especializado. Está contraindicado en presencia de inestabilidad hemodinámica y sepsis.

El aborto quirúrgico se realiza a través de la succión del producto con la ayuda de instrumentación médica de operación manual o eléctrica (como cánulas, tubos o bombas). Sí precisa de antibiótico profiláctico (previo a la intervención), así como de bloqueo paracervical y analgésicos. Las molestias posteriores serían mínimas y la resolución del aborto es inmediata.

Este método también es conocido como aspiración endouterina y es la primera elección cuando hay presencia de inestabilidad hemodinámica y sepsis.

Al tratarse de procedimientos médicos, se tiene la posibilidad de presentar pequeñas molestias que pueden controlarse satisfactoriamente si se toman las medidas preventivas y se sigue fielmente las recomendaciones del personal especializado. Estas pueden ser dolor cólico y sangrado transvaginal, ligeramente mayor a lo experimentado en una menstruación. La intensidad de lo anterior disminuirá de manera progresiva, aunque podría continuar en menor cantidad y de manera esporádica durante las primeras 4 a 6 semanas. También se puede experimentar algo de fiebre en las primeras 24 horas, la cual cederá con la ingesta de antipiréticos. Así mismo, para evitar el riesgo de infección, se deberán tomar medidas de higiene vaginal y no se recomienda tener relaciones sexuales en un periodo aproximado de dos semanas.

Igualmente, existe una pequeña posibilidad, y bastante infrecuente, de experimentar algunos riesgos. De esta manera, la o el paciente deberá buscar atención médica inmediata ante los siguientes datos de alarma: ausencia de sangrado o cantidad mínima de este (sobre todo entre las primeras 4 a 6 horas posteriores ya que puede indicar fallo en el procedimiento o un embarazo ectópico), un sangrado persistente y progresivo (que empape más de dos toallas higiénicas por hora durante dos horas consecutivas), secreción fétida, debilidad, mareo, reacciones alérgicas a algún medicamento (como exantemas o edemas faciales o bucales), así como fiebre o malestar general después de las primeras 24 horas.

Así mismo, el Lineamiento Técnico para la atención del Aborto Seguro en México^[13] hace hincapié en dos leyes federales fundamentales: la NOM-046-SSA2-2005^[14][15] y la Ley General de Víctimas (LGV)^[16]. Estas dos últimas normatividades señalan que para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (en caso de violación):

• No se requiere presentar denuncia previa ante el Ministerio Público ni contar con autorización judicial.
• Basta con una solicitud por escrito bajo protesta de decir la verdad, en la que se manifieste que el embarazo es producto de una violación.
• El personal de salud no está obligado a verificar la veracidad del dicho.
• Personas menores de 12 años requieren autorización de madre, padre, tutor o representante legal.
• Personas mayores de 12 años pueden tomar la decisión de manera autónoma.
• No se establece límite gestacional para acceder a este derecho.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ratificado estas disposiciones en múltiples resoluciones (amparos en revisión AR-601/2017, AR-1170/2017, AR-438/2020; controversias constitucionales CC 53/2016 y CC 45/2016).

Finalmente y posterior a la consejería, las y los pacientes tendrían que llenar y firmar formatos sobre el consentimiento informado^[17] pues representa el principal instrumento jurídico y ético para que la persona sea dueña efectiva de sus decisiones, como corresponde a su dignidad y autonomía. A través de este documento, las personas usuarias del servicio otorgarán o no su autorización para cada uno de los procedimientos (como la modalidad de abordaje o el método anticonceptivo posterior), las posibles alternativas o los probables riesgos. Así mismo, las y los pacientes tienen el derecho y facultad de poder revocarlo si así lo quieren. En caso de personas con discapacidad transitoria o permanente, el consentimiento informado debería ser suscrito por el familiar más cercano o el tutor / representante legal. En casos extremos, cuando no exista acompañante y la persona usuaria cuenta con una discapacidad, el personal médico (previa valoración y con el acuerdo de por lo menos dos profesionales) podrían otorgar el consentimiento informado.

Summarize Timeline Fact Check

Su constitución política señala, en su artículo 5°, que "todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la concepción".^[18] El 18 de octubre del 2023, la SCJN determinó que los artículos 143, 145 y 146 son inconstitucionales.^[19] Ahora bien, estos candados a la vida en gestación son reconocidos por la SCJN desde 2021 totalmente inconstitucionales por lo que deben ser reformados.

Tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 7 de septiembre del 2021, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Marisela Terrazas Muñoz presentó en el Congreso de Chihuahua una iniciativa, apoyada por su partido, para exhortar a los ministros de la Suprema Corte a reconsiderar los argumentos del fallo a favor de la despenalización del aborto. La actual gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, también se encuentra en contra del fallo.^[20]

El 10 de marzo del 2022, una propuesta a favor de reformar el Código Penal, de manera que no se persiga la interrupción del embarazo, realizada por los partidos Del Trabajo, Morena y Movimiento Ciudadano fue boicoteada por los congresistas del PAN, quienes salieron de la sesión para que no hubiera quórum.^[21] Dicha sesión estuvo acompañada de protestas ciudadanas, con pañuelos verdes y azules, afuera del Congreso.^[22] En agosto del mismo año, una mujer obtuvo un amparo contra el delito de aborto con el apoyo de los colectivos Marea Verde Chihuahua y Aborto Seguro Chihuahua, lo cual es parte de una estrategia legal que busca garantizar condiciones para que, desde los centros de salud pública, se permita el acceso a un aborto libre, gratuito y seguro.^[23]

La exigencia para consolidar este derecho es mayor pues en 2023, la SCJN realizó otra jurisprudencia para declarar inconstitucional la penalización de aborto, de manera que se deben modificar el Código Penal Federal para eliminar el delito de aborto y las instituciones federales de salud deben prestar el servicio.^[24][25]

El 27 de mayo del 2024, un tribunal colegiado del Poder Judicial federal ordenó a la Secretaría de Salud del estado a difundir información y garantizar los servicios de aborto voluntario hasta las 12.6 semanas de gestación.^[26] Aunque la sentencia no obliga al Congreso de Chihuahua a reformar el Código Penal, el juzgado federal declaró que las autoridades estatales violan la Constitución al no garantizar el acceso a servicios de aborto voluntario en hospitales y clínicas públicas.^[27] Igualmente, esta sentencia refuerza la obligación que tienen las autoridades de salud de ofrecer el servicio, aún si el Congreso estatal no ha eliminado el aborto como delito del código penal.

El 30 de enero del 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizó el aborto en el estado de Chihuahua por unanimidad de votos, invalidando el artículo 143 párrafo primero y 146 proemio y la fracción I del Código Penal del Estado de Chihuahua que regulan la prohibición absoluta del aborto voluntario y los requisitos para acceder al aborto por violación.^[6]