Crisis política en Perú de 2021-presente
período de inestabilidad gubernativa por pugna entre el Ejecutivo y oposición del Congreso
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La crisis política en Perú de 2021-2026, también llamado segundo quinquenio de los cuatro presidentes,[10][11] se refiere al período de inestabilidad que ha caracterizado al periodo parlamentario 2021-2026 y que inició durante el gobierno de Pedro Castillo. Similar al quinquenio anterior, la crisis estuvo marcada por la constante confrontación entre el Poder Ejecutivo y una oposición mayoritaria en el Congreso.[12][13][14][15] Los sectores más radicales de ambos bandos impulsaron el cierre del congreso y la vacancia presidencia, mecanismos cuestionado por la CIDH,[16][17] mientras que el TC terminó asumiendo un papel decisivo en los conflictos.[18] Ha sido descrita como una crisis moral, política, de representación y de gobernabilidad.[19][20][21] El deterioro institucional y el auge de tendencias autoritarias causaron que la revista británica The Economist cambiara la denominación de Perú de "democracia" a "régimen híbrido" en 2023.[22][23] El diario El Comercio señaló que ha sido el quinquenio con mayor deterioro social, económico e institucional en los últimos 25 años.[24]
(5 años, 1 mes y 21 días)
Perú- Crisis política en Perú de 2016-2021
- Elección de Pedro Castillo como presidente del Perú
- Constante obstrución por parte del Congreso de la República
- Juicio político de Martín Vizcarra
- Crisis poselectoral de Perú de 2021
- Protestas en Perú de 2021
- Reforma agraria peruana de 2021
- Conflicto minero de Ayacucho de 2021
- Primer y segundo proceso de vacancia contra Pedro Castillo
- Crisis de seguridad en Perú
- Protestas en Perú de 2022
- Intento de autogolpe de Estado de 2022 tras tercer proceso vacancia
- Arresto de Pedro Castillo y asunción de Dina Boluarte
- Conflicto diplomático de 2022
- Estallido peruano de 2022-2023
- Escándalo de corrupción en el Ministerio Público del Perú
- Restablecimiento de la bicameralidad
- Investigaciones fiscales a Dina Boluarte
- Vacancia de Boluarte y asunción de José Jerí
- Protestas de la generación Z
- Censura de Jerí y asunción de José María Balcázar
- Crisis postelectoral de 2026
- Elección y asunción del Gobierno de Keiko Fujimori
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Aunque es un resurgimiento de la crisis política de 2016-2021, marcado por una falta de representación por las autoridades;[25] sus orígenes inmediatos se remontan a las elecciones de 2021, en las que Pedro Castillo (de Perú Libre) derrotó por estrecho margen a Keiko Fujimori, quien no reconoció los resultados y alegó un supuesto fraude electoral.[26][27][28] El nuevo gobierno no obtuvo mayoría en el parlamento,[29] el cual en cambio estuvo conformado por una coalición autodenominada como el Bloque Democrático.[30] Dicha alianza ha sido descrita por distintos medios como conservadora, corrupta y autoritaria.[31][32] Parte del Bloque firmó la Carta de Madrid por iniciativa del partido español de ultraderecha Vox,[33][34][35] en que denunció ante la OEA una supuesta campaña de «desestabilización contra el Perú».[36][37]
La confrontación entre ambos poderes se agravó por las diferencias ideológicas y por los sucesivos escándalos de corrupción que afectaron al Ejecutivo, en un contexto de escasa disposición al diálogo.[38][39][40] A estos enfrentamientos se suman conflictos directos con el Poder Judicial, los cuales terminaron por ser resueltos por el Tribunal Constitucional en favor del Congreso.[41]El punto de quiebre ocurrió en diciembre de 2022, cuando Castillo intentó disolver el Congreso e intervenir el sistema judicial en un fallido autogolpe de Estado, siendo destituido horas después con apoyo incluso de su propia bancada.[42] La sucesión de Dina Boluarte estuvo acompañada por una fuerte convulsión social y decenas de muertes durante las protestas posteriores.
Tras la destitución de Castillo, el Congreso, liderado de facto por el Fujimorismo, consolidó su posición de poder con el apoyo del Tribunal Constitucional,[43][44][45] el cual eliminó la supervisión judicial del Congreso y le dio control absoluto del gobierno.[46] La encuesta El poder en el Perú identificó al Congreso como la institución más influyente,[47] y el propio representante de la mesa directiva Alejandro Soto lo calificó como «el primer poder del Estado».[48] A pesar de los escándalos de abuso que enfrentaba,[49] el Congreso continuó concentrando su poder por encima de otras instituciones. Esto encontró escasa resistencia por parte de la presidenta Boluarte,[50] así como de la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional, cuyos miembros habían sido reemplazados de forma cuestionada por el Congreso en mayo de 2022.[51][52][53] En mayo de 2023, una mayoría de parlamentarios propusieron nombrar a un procurador propio, independiente de la Procuraduría General.[54] El mismo mes, se aprobó una ley que ilegaliza la protesta en contra del gobierno.[55][56]
Durante los meses siguientes, el Congreso impulsó acusaciones constitucionales contra organismos electorales,[57][58][59][60] y, con apoyo de Perú Libre,[61] promovió la reestructuración de la Junta Nacional de Justicia,[62][63] un movimiento denunciado internacionalmente por numerosas ONG, incluyendo a la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, que exigió la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.[64][65] Varios organismos internacionales también criticaron la represión policial durante las protestas, y criticaron el uso del terruqueo para deslegitimar a los protestantes.[53][66][67] El Congreso posteriormente aprobó una ley limitando el actuar de las ONG y prohibiéndoles demandar al Estado.[68]
A finales de 2023, la Fiscalía se enfrentó al Ejecutivo después de la escándalo de corrupción que evidenciaba un conflicto de intereses en la elección del Defensor del Pueblo, quien a su vez presidiría la elección de la Junta Nacional de Justicia.[69][70][71][72] La Fiscalía respondió presentando una denuncia contra Boluarte por las muertes durante la convulsión social.[69] El llamado «Caso Valkiria» fue eventualmente archivado por el restituido fiscal Tomás Gálvez, uno de los investigados por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.[73]A fines de 2024, una comisión de magistrados (incluyendo el Defensor del Pueblo y la presidenta del Tribunal Constitucional) eligió a la nueva JNJ en un proceso acusado como poco transparente por organismos internacionales.[74][75] La junta restituyó a Patricia Benavides, investigada por el «Caso Valkiria»,[76] y suspendió a su reemplazante Delia Espinoza,[77][78] quien fue posteriormente inhabilitada en otro proceso condenado internacionalmente.[79] La junta posteriormente retiró de sus funciones a los fiscales José Domingo Pérez y Pablo Sánchez,[80][81] y a los jueces Oswaldo Ordóñez Alcántara y Richard Concepción Carhuancho,[82][83] todos investigadores clave en el caso de corrupción internacional «Lava Jato», en una serie de medidas condenadas por la ONU como persecución política.[84][85]
La inestabilidad continuó con la sucesión de gobiernos. En octubre de 2025, Dina Boluarte fue destituida y reemplazada por José Jerí, de Somos Perú, quien a su vez fue destituido 4 meses después y reemplazado por José María Balcázar, de Perú Libre. Will Freeman (investigador del Consejo de Relaciones Exteriores) dedujo para el diario The New York Times que la democracia se estaba desgastando sin necesidad de contar con un autócrata.[86]
La crisis política ha sido acompañada por una creciente ola de inseguridad, principalmente relacionada con extorsiones. El gobierno de Boluarte ha sido acusado de favorecer al crimen organizado mediante la promulgación de diversas leyes, incluyendo restricciones a la colaboración eficaz, eliminación de la detención preliminar, y cambios a la definición de organización criminal.[87][88][89] La promulgación de leyes antidemocráticas y pro-delincuencia, usualmente aprobadas por insistencia, ha sido señalada como una de las causas del deterioro de la institucionalidad del Perú.[90] Otras leyes pro-crimen incluyen la Ley de amnistía, explícitamente promulgada para favorecer a militares condenados durante el gobierno de Alberto Fujimori,[91] y una ley que impide que militares sean juzgados por la justicia ordinaria.[92][93] Este tipo de leyes han sido también criticadas por la ONU.[94]
Antecedentes
Se sostiene y argumenta que esta crisis es una continuación de la anterior que inició en 2016, cuando se censuró al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.[95][96] El portavoz del fujimorismo, Pedro Spadaro, aseguró que «Fuerza Popular gobernará el Congreso cinco años sin PPK ni izquierda»,[97] algo que se cumplió con tres mesas directivas conformadas en parte por el grupo parlamentario. La posteriormente electa congresista Susel Paredes señaló a Keiko Fujimori como responsable de la nueva crisis, debido a similitud con las elecciones de 2016, en que ella postuló y pasó a la segunda vuelta.[98] Algunos han llegado a denominar a toda la crisis en su conjunto como "la década de la pataleta", expresión surgida de un artículo de Mesías Guevara.[99]
Las elecciones generales de Perú se realizaron el 11 de abril en un contexto de gran desconfianza por parte del público, puesto que ningún candidato parecía acaparar más del 15% de votos. De hecho, el voto nulo o viciado se mantuvo siempre más elevado que el del candidato «preferido».[100][101][102] Varios partidos de derecha e izquierda, incluidos los más radicales, participaron en las elecciones.[103] El ganador sorpresivo de las elecciones resultó ser Pedro Castillo, del partido Perú Libre, quien obtuvo 15.3% de votos emitidos y 18.9% de votos válidos.[104] A este le siguió Keiko Fujimori, quien ocupó el segundo puesto con 10.9% de votos emitidos y 13.4% de votos válidos (incluso a pesar de haber acumulado un anti-voto de casi el 60% durante la campaña).[105] Como anticipaban las encuestadoras, la cantidad de votos nulos y viciados (18.7%) terminó siendo mayor a la del candidato ganador (15.3%).[104]
La campaña de la segunda vuelta estuvo caracterizada por una severa polarización en la ciudadanía, divida entre el «antifujimorismo» y «anticomunismo».[106][107][108] En la noche del 6 de junio, el día de las elecciones, el flash electoral a boca de urna dio como resultado un empate técnico entre ambos candidatos. La ventaja inicial de Fujimori en el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se fue reduciendo paulatinamente, conforme se contabilizaban las actas rurales y del extranjero. En la mañana del día siguiente, Castillo adelantó a Fujimori.[109][110] El 15 de junio, la ONPE publicó los resultados finales, en los cuales Castillo (50.1%) superó a Fujimori (49.9%) por apenas 44 mil votos.[111] Este resultado fue muy similar al de las elecciones generales anteriores, donde el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (50.1%) derrotó también a Fujimori (49.9%) por 41 mil votos.
Al día siguiente de las elecciones, el 7 de junio, mucho antes de que terminara el conteo final, la candidata Fujimori denunció que el partido Perú Libre ha cometido un «fraude en mesa», acusándolo de una estrategia para «distorsionar o dilatar los resultados» de las elecciones.[112] En respuesta, Perú Libre acusó también a Fujimori de tener «todo armado», declarando que «jamás incurrió al fraude electoral» y recordando al fraude fujimorista durante las elecciones del año 2000.[113] Fuerza Popular llegó a presentar 802 solicitudes de anulación de actas, principalmente de las regiones rurales del país, donde la victoria de Castillo fue abrumadora. Esto significaría la anulación de más de 200 mil votos.[114] Sin embargo, estos «indicios de fraude sistemático» fueron pronto desmentidos por los entes electorales nacionales e internacionales, incluyendo a la Organización de Estados Americanos,[115] la Unión Europea,[116] la Asociación Civil Transparencia[117] y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el cual calificó al sistema electoral peruano como «un modelo de democracia en la región».[118] A pesar de la falta de evidencias de fraude, varios personajes públicos (principalmente aliados de Fuerza Popular) se negaron a reconocer la victoria de Castillo, insistiendo en un fraude electoral y llegando a solicitar la anulación completa de elecciones.[119] El Jurado Nacional de Elecciones rechazó casi la totalidad de solicitudes de Fuerza Popular debido a la falta de pruebas, problemas de trámite y la extemporaneidad de la mayoría de sus solicitudes (que tenían como fecha límite el 9 de junio a las 8:00 p. m.). Durante la conmoción, se reveló que el exlíder del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, estuvo involucrado en la campaña para anular las elecciones desde prisión.[120]
El 19 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó ganador de la segunda vuelta a Pedro Castillo, del partido Perú Libre. La resistencia a su victoria electoral se vería reflejada posteriormente en la conformación de dos bloques opuestos: el oficialismo en el Poder Ejecutivo y la oposición instalada principalmente en partidos políticos de derecha en el Poder Legislativo.[121] Este último, el autodenominado Bloque Democrático, buscó medidas para retirar a Castillo del mandato por métodos como la vacancia por incapacidad moral.[122] No obstante, en comparación con otros partidos políticos, el ingresado Perú Libre y Castillo comparten en común la docencia,[123] en que este último admitió en 2022 que «el Perú seguirá siendo mi escuela».[124]
A pesar de que Keiko Fujimori declaró a la crisis presidencial de «enfermedad»,[125] la lideresa política reconoció la victoria de Castillo por la «[llegada] a la presidencia en forma legal y constitucional», luego que Dina Boluarte fuera la sucesora al poder.[126] No obstante, Fuerza Popular continuó con su campaña al firmar la Carta de Madrid del Foro Madrid.[33] Esta organización internacional posteriormente respaldó al Congreso de la República, que aquel entonces instaló un comité para investigar el «fraude electoral» que fue declarado de institucional;[127] y realizó un comunicado en contra del gobierno de Pedro Castillo.[128]
Repercusiones hacia la autoridad electoral durante la crisis política
El Jurado Nacional de Elecciones, luego que aquella crisis electoral, siguió acusando al Poder Legislativo, donde Fuerza Popular ocupó algunas curules, de someter el sistema electoral «bajo el temor del juicio político para evitar que se tomen determinadas decisiones».[129] El presidente Jorge Salas Arenas (considerado por el medio conservador La Razón de España como un «garante último de la limpieza de los procesos electorales en el país»)[130] alertó en 2023 de un nuevo peligro a la democracia,[131] culpó a los congresistas Jorge Montoya y Rosselli Amuruz por estar implicado en una red de troleo[132] y solicitó medidas de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).[133] Esta solicitud fue aprobada por la Corte Interamericana.[134]
En 2024, la Junta Nacional de Justicia no alcanzó los votos requeridos para retificar el nombramiento de Piero Corvetto como director de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.[135] Corvetto desempeñó un papel relevante durante la crisis electoral de ese año. El especialista Fernando Tuesta manifestó que la salida de Corvetto se atribuyó a las acusaciones de presunto fraude electoral.[136] Esta decisión coincidió con la destitución de dos representantes de la JNJ por el Congreso. No obstante, con la restitución de los representantes a mediados de año, Corvetto pidió a la JNJ su reconsideración para su ratificación y esta finalmente la aprobó.[137]
También en 2024, Salatiel Marrufo, que trabajaba en el Ministerio de Vivienda, denunció que Perú Libre podría haber influido en las elecciones de 2021. Sus declaraciones, sin aportar nuevas pruebas, respaldaron la teoría fujimorista sobre el supuesto fraude electoral.[138] Al año siguiente, con motivo del aniversario de Fuerza Popular, Keiko Fujimori insistió en que había ganado las elecciones presidenciales.[139]
En 2025, coincidiendo con los proyectos de ley para regular a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y fiscalizar cualquier organización que recibiera dinero extranjero, el JNE y la ONPE negaron que recibieran apoyo financiero de la USAID, que había suspendido su ayuda económica en el país.[140] Al año siguiente, el JNE y la ONPE advirtieron de que no contaban con suficiente presupuesto para garantizar la celebración de las elecciones de ese año.[141]
Gobierno de Pedro Castillo (2021-2022)
El gobierno de Pedro Castillo, relacionado con la izquierda conservadora, se caracterizó por una serie de escándalos políticos a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). Este grupo, liderado por Marita Barreto entre 2021 y 2024,[nota 1] fue importante para investigar varios casos, tanto de Castillo como de su sucesora, Dina Boluarte, y los congresistas. Al mismo tiempo, el gobierno de Castillo se vio fuertemente fragmentado por un enfrentamiento interno entre la facción de Perú Libre, liderada por Vladimir Cerrón, y otra facción magisterial afín al electo presidente (bautizada como el Bloque Magisterial).[145] Pedro Castillo y Dina Boluarte reconocieron que Perú Libre los había utilizado, lo cual provocó un enfrentamiento interno en la administración,[146] aparte del conflicto político por parte de otros partidos políticos.
En el primer año de gobierno de Castillo, según El Comercio, se reportaron 237 escándalos.[147] En ese gobierno, la corrupción y los conflictos de intereses, que incluyeron la designación de figuras políticas a cargos de confianza,[148] fueron una constante de la crisis. Uno de ellos, a cuatro semanas de que Castillo asumiera el poder, correspondió a las reuniones clandestinas realizadas en una vivienda de la calle Sarratea,[149][150] a unas cuadras del Palacio de Gobierno. Las reuniones en dicha vivienda, descrita por el Ministerio Público como el «centro de investigaciones criminales»,[151] fueron denunciadas inicialmente por la lobista empresarial Karelim López.[152] Para garantizar la privacidad de las reuniones, Castillo estableció más adelante que una puerta del Palacio de Gobierno tuviera «acceso exclusivo para ingresar y salir del domicilio oficial (residencia)» y que, años después, Dina Boluarte prohibiera que esa puerta registrara a los visitantes.[153]
Otros casos del gobierno de Castillo se destacaron posteriormente, como los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas,[154] y el caso consorcio Tarata III (conformado por dos empresas).[155][156][157] Hasta julio de 2022, cinco de los escándalos ya son motivo de investigación por el Ministerio Público.[158][159] Mientras que su sexta investigación, sobre irregularidades de obras, se abrió al mes siguiente.[160] Luego de fundamentarse varias investigaciones, la Fiscalía anunció su juicio político por casos de corrupción, el primero en la historia en realizarse a un mandato en funciones.[161][162] Para diciembre de ese año, creció a ocho por casos de rebelión y adquisición de un terreno estatal a nombre de Sada Goray.[163] Castillo se convirtió con el tiempo en un pato rengo, debido al abandono de apoyo de Perú Libre y el crecimiento de acusaciones de corrupción;[164] además, su oposición estuvo alimentada de organizaciones políticas de derecha y exmilitares retirados que exigieron su vacancia.[165][166][167]
El periodista César Hildebrandt señaló que «el gran problema es Castillo, el presidente».[168] Medios internacionales como Neues Deutschland calificaron a la crisis por la llegada de Castillo como «desgobierno»,[169] mientras que The New York Times señaló que «el mandato de Castillo solo ha profundizado la sensación de que el sistema político del país está dañado».[170] Entre tanto, el medio The Economist recalcó que «la degradación de la política peruana es extrema»,[171] caso que redujo el índice de democracia de «democrático» a «régimen híbrido» en febrero de 2023.[172] En el ámbito nacional, según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el término Castillo tiene un mayor índice de Presencia Mediática en los principales diarios El Comercio y La República.[173] En el ámbito de gobierno, el Consejo Privado de la Competitividad redujo el Índice de Gobernabilidad Descentraliza de 46.3 % (2021) a 43 % (2022) a causa de la inestabilidad en las carteras ministeriales.[174]
Por otro lado, organizaciones religiosas intentaron reconciliar entre la izquierda y la derecha política desde la llegada de Castillo al poder.[175] La Conferencia Episcopal Peruana, que instó tanto a Castillo como al Congreso a establecer un consenso,[176][177] se reunió con Pedro Castillo a finales de 2022 para negociar una solución pacífica.[178] No obstante, el cardenal Pedro Barreto (de la Iglesia católica) manifestó que la solución a esta crisis es la vacancia del mandatario y el adelanto de elecciones.[179]
Gabinete Bellido y primeros días de gobierno
El 28 de julio, Pedro Castillo asumió la presidencia en la tradicional toma de mando. Al día siguiente, 29 de julio, Castillo juramentó de manera simbólica en la Pampa de la Quinua, santuario histórico ubicado en la región Ayacucho. Ese mismo día tomó juramento al congresista Guido Bellido, de Perú Libre, como nuevo presidente del Consejo de Ministros.[180][181] Esa misma noche, en el Gran Teatro Nacional, juramentaron la mayoría de ministros a excepción de los del Ministerio de Economía y Finanzas y Justicia y Derechos Humanos, que juramentaron al día siguiente debido a una serie de desacuerdos.[182] Esta designación de Guido Bellido trajo duras críticas de parte de los congresistas de oposición, puesto que Bellido habría realizado comentarios a favor del movimiento terrorista Sendero Luminoso y de la fallecida terrorista Edith Lagos.[183] Bellido actualmente es investigado por apología al terrorismo y lavado de activos.[184] La oposición criticó la designación de ministros por su «inexperiencia», y por «no tener el perfil adecuado para el cargo que desempeñaban» por sus supuestos vínculos con grupos extremistas y organizaciones terroristas.
En agosto, el canciller Héctor Béjar renunció a su cargo luego de que un programa periodístico expusiera algunas controversiales declaraciones que realizó el 2020. En estas señalaba que Sendero Luminoso había sido obra de la CIA y que el terrorismo lo había iniciado la Marina con el patrocinio de los Estados Unidos.[185][186] Más adelante, el premier Bellido protagonizó un incidente con la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, a quien le dijo «solo falta que te violen» luego de su presentación en el Congreso.[187]
La participación de Vladimir Cerrón en los primeros días de gobierno también fue uno de los aspectos más criticados durante este periodo. A pesar de que Castillo declaró que Cerrón no estaría «ni de portero»,[188] la designación de cargos importantes a personas allegadas a Cerrón, incluyendo personal sin experiencia y con antecedentes delictivos, aumentó las sospechas y la desconfianza sobre la autonomía de Castillo.[189][190] Entre otros funcionarios designados se encuentran Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir e investigado por lavado de activos, como vocero del partido en el Congreso;[191] Braulio Grajeda, ex abogado de Cerrón encargado de recaudar fondos para su reparación civil, como viceministro de Gobernanza Territorial;[192] y Natalia Jiménez Velásquez, hija del excandidato de Perú Libre al Congreso Manuel Jiménez, como directora de Provías Descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones pese a no cumplir con el requisito de diez años de experiencia en administración pública,[193] por lo que posteriormente su nombramiento quedó sin efecto.[194] Vladimir Cerrón originalmente planeaba postularse para la presidencia, pero no pudo debido a estar sentenciado por corrupción. Tras esto intentó postular a la segunda vicepresidencia de Castillo, pero esto fue declarado improcedente por el Jurado Nacional de Elecciones.[195]
El 6 de octubre, el presidente Castillo dio a conocer la renuncia del premier Bellido al cargo, y al día siguiente, juramentó la excongresista Mirtha Vásquez.[196] Esto provocó el inicio de las divisiones en el partido Perú Libre, ya que un grupo encabezado por el congresista Waldemar Cerrón (hermano del líder del partido Vladimir Cerrón), anunció que no le darían la confianza al nuevo gabinete ministerial.[197] El gabinete obtuvo la confianza el 4 de noviembre, con 68 votos a favor y 56 en contra.[198] El nuevo gabinete ha sido calificado como mucho más moderado que el anterior,[199] pero esto no fue del agrado de una facción de Perú Libre, ya que 16 de sus congresistas le negaron la confianza.[198] Como resultado, en 2022, Cerrón dejó de apoyar al gabinete de Castillo.[200]
Los Niños
Se conoce como «Los Niños» o el «Brazo Congresal» [201]a un grupo de congresistas peruanos del periodo parlamentario 2021-2026 involucrados en una presunta red de corrupción para obtener beneficios gubernamentales a cambio de votar en contra de los procesos de vacancia que fueron presentados contra el presidente Pedro Castillo, en contra de la censura a sus ministros y a favor de las cuestiones de confianza presentadas por el entonces mandatario.[202]
Consorcio Tarata III
Reuniones en su domicilio de Breña
Castillo fue cuestionado numerosas veces por su decisión de no atender juntas en el Palacio de Gobierno, incluso llegó a declarar en su mensaje a la Nación que «no gobernaría desde allí» y planteó la propuesta de convertir el recinto en un museo.[203] En medio de esa polémica, en noviembre de 2021 el programa Cuarto Poder lanzó unos reportajes donde se acusaba a Castillo de realizar reuniones secretas no informadas en su domicilio ubicado en el distrito de Breña. Según el registro de las cámaras, se realizaron tres visitas: el 20 de octubre de Carlos Ponce, quien llegó en un vehículo a nombre de la Empresa de Representaciones María de Jesús E. I. R. L.; el 5 de noviembre de otro vehículo a nombre de la empresa Mazavig S. A. C. liderada por el acusado por lavado de activos Marco Antonio Villaverde; y el 10 de noviembre de Jaqueline Perales Olano, gerente general de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.[204][205] Posteriormente, el mismo programa captó la presunta visita de Karelim López, empresaria y allegada del ex secretario Bruno Pacheco, realizada el 19 de noviembre. López se reunió 41 veces con diferentes instituciones del Estado entre julio y diciembre de 2021.[206] El 6 de marzo de 2022, el programa Punto final entrevistó al dueño de la vivienda, Alejandro Sánchez. En esa entrevista, el dueño reconoció que, por su amistad con Castillo, le ofreció un espacio personal hacia el entonces presidente.[207]
El escándalo salió a la luz luego de que el consorcio Tarata III, ambos vinculados a su participación, obtuviera la licitación de la construcción del Puente Tarata sobre el Río Huallaga. El consorcio Tarata III, formado por tres empresas (Tableros y Puentes, H. B. Estructuras Metálicas y Termirex) con Marco Antonio Pasapera como fundador,[208] obtuvo la contratación de 232,5 millones sin contar con los criterios técnicos para la construcción de la obra.[209] Las visitas involucraron a Juan Silva, quien asumió la cartera de Transportes y Comunicaciones, para autorizar la construcción de la obra, que posteriormente pasó como investigado por la Comisión de Fiscalización en abril de 2022.[210]
López había visitado Palacio de Gobierno siete veces, manteniendo comunicación con Castillo y Pacheco. La empresaria se defendió diciendo que representaba al grupo Arcose (operado por el familiar de Marco Antonio, Héctor Antonio Pasapera),[208] sin embargo, este también se encontraba involucrado con el consorcio.[211] El propietario de la vivienda de Breña negó que Castillo haya tenido una reunión con López, a pesar de que se produjo la visita.[212][213]
Castillo se defendió de las acusaciones afirmando que las reuniones fueron «de carácter personal»; sin embargo, la congresista de Perú Libre, Katy Ugarte, manifestó que las reuniones sí tocaron temas políticos y magisteriales.[214] La Procuraduría General del Estado y la Contraloría General de la República abrieron una investigación por las visitas irregulares fuera de Palacio de Gobierno.[215] Además, la Comisión de Fiscalización del Congreso citó a Aníbal Torres, debido a que Karelim López lo señaló como autor de presiones contra Bruno Pacheco.[216]
Primer proceso de vacancia
En ese contexto, el Congreso de la República, decidió aprobar una primera moción de vacancia contra el presidente Castillo, lo cual contó con el apoyo de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.[217] En diciembre de 2021, la moción de vacancia fue rechazada con 76 votos en contra y 46 a favor; y, por consiguiente, no fue admitida a debate a pesar de la solicitud del 25 de noviembre pasado.[218]
Club del Dragón
En febrero de 2022, Karelim López denunció la existencia de "una mafia en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones, el ministro Juan Silva" y empresas chinas.[219] Esto motivó las investigaciones relacionadas con el denominado "club de la construcción chino" o "Club del Dragón", realizando el congreso de la República la investigación respectiva sobre el caso.[220]
Primera investigación del Ministerio Público
El 5 de mayo de 2022, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra el exministro Juan Silva y seis congresistas de Acción Popular (AP) apodados «Los Niños» en el caso Puente Tarata III, cuyas evidencias se obtieneron del informe de la fiscal Luz Taquire.[221] Posteriormente, el entonces fiscal Pablo Sánchez justificó que Castillo estaría involucrado en una supuesta organización criminal.[222] Según el defensor de pueblo de ese año, Walter Gutiérrez, la saliente fiscal de la Nación Zoraida Ávalos no vio probable que una persona de alta investidura sea acusada por delitos comunes o de corrupción.[223]
El exprocurador César Azabache señaló que la investigación sería un hito en la historia del país al tratarse de una interpretación del artículo 117 de la Carta Magna de 1993.[224]
Irregularidades en ámbito de seguridad
El excomandante general del Ejército José Alberto Vizcarra Álvarez declaró en noviembre de 2021 que el presidente Pedro Castillo lo retiró porque no aceptó ascender a los recomendados por Castillo debido a «que era imposible porque sus puntajes no sobrepasaban a los demás candidatos, me manifestó si se podía hacer algo, le dije que podía darle una vacante por decreto, pero le advertí que el impacto negativo iba a ser grande».[225] Además, denunció que el secretario presidencial Bruno Pacheco y el ministro de Defensa Walter Ayala ordenaron el ascenso irregular de dos coroneles del Ejército a cambio de jurar lealtad al presidente.[226][227] El entonces general Vizcarra, días después de sus declaraciones, pasó al retiro.[228]
El exsubcomandante de la Policía Nacional del Perú Javier Bueno denunció que hubo interferencia de Castillo en los ascensos en la policía.[229] Tras la denuncia, la Comisión de Defensa del Congreso de la República citó a Javier Bueno para que dé su declaración al respecto.[230]
En julio de 2022 la fiscal Patricia Benavides, elegida el mes anterior bajo una sesión extraordinaria de la junta y que apoyó la posibilidad de investigar a un presidente de la República en funciones,[231] incluyó a Castillo como implicado en la organización en el proceso de los ascensos tanto militares como policiales.[232] Según la Fiscalía, los ascensos generaron ingresos de la US$120 mil al despacho del gobierno.[233]
Descubrimiento de El Español
En marzo de 2023 el Equipo Especial de la Fiscalía contra la Corrupción detuvo a Jorge Hernández, alias El Español, supuesto operador de la red de inteligencia paralela de Pedro Castillo.[234][235][236] Este fue punto relevante para el descubrimiento del sistema irregular de ascensos del Ministerio del Interior y la Policía Nacional,[237] a través de conversaciones filtradas del comandante general de la PNP, Raúl Alfaro;[238][239] además de espiar a la fiscal de la Nación Patricia Benavides, la fiscal superior Marita Barreto y el jefe del Equipo Especial, el coronel PNP Harvey Colchado.[240] El Español admitió ante la Comisión de Fiscalización en el Congreso ser colaborador eficaz.[241]
Nombramientos en la gerencia de Petroperú
Los primeros registros del Palacio de Gobierno vinculados con la clínica La Luz datan de septiembre de 2021, en que aparece en las visitas a su fundador nacido en Chota, Fermín Silva Cayatopa.[242] Si bien Castillo usa la clínica para realizar diagnósticos médicos debido a su amistad con el fundador,[243] posteriormente se realizaron varios encuentros entre el despacho presidencial y los representantes de la empresa, e involucraron el reclutamiento de Hugo Chávez Arévalo como gerente de la empresa Petroperú.[244][245] En marzo de 2022, en una entrevista con Milagros Leiva, Chávez Arévalo admitió que Silva le reclutó,[246] hecho que el propio empresario admitió ante el Ministerio Público haber entregado dinero.[247]
Los hechos coinciden con la contratación de Heaven Petroleum Operators (operado por el empresario Samir Abuyadeh) por parte de Petroperú,[248] que surgió una serie de irregularidades en la licitación para la adquisición de biodiésel B100 y abastecer combustible al país.[249] En febrero de 2022, la Fiscalía allanó las viviendas de los implicados Samir Abudayeh, Hugo Chávez Arévalo y Karelim López (socia de Abudayeh) a través de su operativo Resplandor 2022.[250] También, en febrero de 2022, la Contraloría General de la República denunció la existencia de amenazas del mencionado gerente hacia sus trabajadores.[251]
Declaraciones de Karelim López
El 28 de febrero de 2022, la lobista Karelim López, declaró ante el Ministerio Público, como aspirante a colaboradora eficaz, y dijo que el presidente Pedro Castillo, encabezaba una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, junto con el ministro Juan Silva y cinco legisladores del partido Acción Popular, a lo que Karelim llamó como «Los Niños».[252] Tras estas revelaciones, el ministro Silva renunció al cargo,[253] el mismo día en que el Congreso había decidido aprobar una moción de censura en su contra.[254] Más adelante, en marzo del mismo año, juramentó el nuevo ministro Nicolás Bustamante, en reemplazo de Silva.[255]
Segundo proceso de vacancia
En marzo, el Congreso decidió promover una segunda moción de vacancia contra el presidente Castillo, lo cual no fue aprobada con 54 votos a favor, 55 en contra y 19 abstenciones.[256][257]
Investigación a funcionarios cercanos al presidente
En febrero de 2022, Carlos Jaico, renunciante secretario general, señaló la existencia de un gabinete alterno debido a la falta de toma de decisiones que ejerce el presidente.[258][259][260] Este entorno palaciego se le llamó extraoficialmente «gabinete en la sombra»,[261] término recurrido en el dominical Panorama y el diario El Comercio.[262][263] En marzo del mismo año, la Fiscalía abrió una investigación a funcionarios cercanos por el presunto delito de organización criminal.[264][265] En octubre de 2022 se realizó el operativo Valkiria II por solicitud del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder para el allanamiento de Beder Camacho y otros asesores.[266]
Pachecho, el sucesor en la secretaría de Palacio, es una de las figuras clave en la investigación de varios casos cercanos al presidente Castillo debido a su confianza depositada en él.[267][268] El 19 de noviembre de 2021, agentes del Ministerio Público realizaron una inspección y allanamiento en el Palacio de Gobierno de documentos y equipos electrónicos como parte de una investigación por presunto tráfico de influencias.
Acceso al mar para Bolivia
En una entrevista dada al periodista Fernando del Rincón del canal CNN en Español,[269] Castillo manifestó que era un «clamor de Bolivia» tener acceso al mar. Consultado sobre sus declaraciones anteriores en apoyo a esa idea, manifestó que las había emitido cuando «ni siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato».[270] Añadió que consultaría «al pueblo» sobre la salida al mar para Bolivia, sin definir por medio de qué mecanismo.[271] Sectores de la derecha política calificaron a las declaraciones dadas por Castillo como «traición a la patria».[272][273]
Denuncia constitucional
El 9 de agosto de 2022, el congresista Wilson Soto presentó un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en que se denuncia constitucionalmente por «traición a la patria» al citar los artículos 32, 54, 110 y 118 (incisos 1, 2 y 11) de la Constitución Política del Perú.[274][275][276][277] El proceso, que comenzó en febrero de ese año,[278] incluye la entrevista realizada para CNN que consideró un posible referendo para ofrecer salida al mar a Bolivia.[279] En junio de ese año la Primera Sala Constitucional de Lima rechazó el derecho de habeas corpus a Castillo.[280]
El 11 de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aprobó admitir la denuncia constitucional contra el presidente Castillo por «traición a la patria».
Conflicto minero de Ayacucho
El conflicto minero de Ayacucho de 2021 inició el 28 de octubre cuando grupos opositores a la explotación minera iniciaron un paro indefinido. El conflicto se agudizó cuando un grupo de 500 manifestantes tomó los campamentos Apumayo, Inmaculada, Breapampa y Pallancata. El 31 de octubre, la premier Mirtha Vásquez anunció el fin del paro y la instalación de una mesa de diálogo.
Paro de transportistas y manifestaciones
En marzo, se dio inicio a una serie de manifestaciones por parte de un grupo de transportistas, quienes estaban en contra del alza del precio del combustible, debido a que este incremento en los productos hace que su negocio ya no sea rentable. En abril, en la ciudad de Huancayo, Junín, se registraron fuertes disturbios y saqueos en distintas tiendas de la ciudad, que dejó un muerto en dichas manifestaciones.
El 4 de abril, un grupo de transportistas lideró otra manifestación en la Carretera Central, que terminó en enfrentamientos con la Policía y asaltos a las tiendas. A través de un Mensaje a la Nación, el presidente Pedro Castillo, anunció que el Consejo de Ministros decretó declarar en estado de emergencia, las ciudades de Lima y Callao, así como también decretó el toque de queda desde las 2:00 a. m., hasta las 11:59 p. m., del 5 de abril.
Ese día, miles de personas salieron a protestar a las calles, en rechazo al toque de queda y exigiendo la renuncia del presidente Castillo. Sin embargo, esas protestas se tornaron violentas cuando un grupo de vándalos provocó disturbios y saqueos en el centro de Lima. Ante esa ola de reclamos de la ciudadanía, el presidente Castillo, anunció que su gobierno, decidió dejar sin efecto el toque de queda.
Alejamiento y renuncia a Perú Libre
El 30 de junio de 2022, renunció a la militancia en Perú Libre un día después de que el partido emitiera un comunicado pidiendo su salida como paso previo a la apertura de un proceso disciplinario. En el escrito se le acusó de promover la desunión de la agrupación y de implantar políticas contrarias al programa electoral, quedando Pedro Castillo así como un político independiente.[281][282]
Irregularidades de las obras de edificación
El Ministerio Público, a través del Equipo Especial contra la Corrupción de Poder, estableció en su tesis de agosto de 2022 una posible organización criminal para «ganar licitaciones de manera fraudulenta en [pro] de otras provincias y/o departamentos».[283] El canal Willax, en su reportaje del programa dominical Contracorriente, apodó como el «club chotano de la construcción»,[284] al incluir coordinadores y testaferros en su operación. Posteriormente, fue vinculado con el caso Los Chiclayanos, responsables de una serie de envíos de fondos públicos para la ejecución de obras públicas a través de decretos de urgencias por el ministerio de Vivienda en el gobierno de Castillo.[285][286][287]
Uno de los integrantes vinculados con la construcción irregular de obras es Yenifer Paredes, hija putativa del presidente Castillo y hermana de Lilia Paredes, que trabajó para empresas constructoras del departamento de Cajamarca, operadas por la familia Espino Lucana y amigos según el reportaje del dominical Cuarto poder en julio de 2022.[288]
El 9 de agosto de 2022 se dictó una detención preliminar por 15 días para Paredes, los hermanos Espino y el alcalde Medina Guerrero.[289][290] Al día siguiente, la hija putativa de Castillo se entregó a la justicia.[291] En respuesta a las investigaciones, el 9 de agosto Pedro Castillo declaró un mensaje de la Nación en el que calificó a dichas investigaciones de «show mediático».[292][293]
Las obras irregulares fueron también marcadas por parte de convenios con la empresaria Sada Goray junto a funcionarios públicos,[294] que terminó en la paralización de las mismas.[295] El ministerio de Vivienda de Geiner Alvarado también estuvo involucrado, en especial al fondo Mivivienda, que fue responsable de hacer iniciativas para edificar nuevas viviendas a los peruanos que necesiten.[296]
Un detalle relevante fue posteriormente descubierto por su sucesora Hania Pérez de Cuéllar, al señalar que «hubo una primera auditoría que dio luces sobre el caso de Sada Goray que amplió el caso».[297] En febrero de 2023 Luis Mesones Odar confirmó supuestos casos de privilegio de edificaciones bajo el programa sector Vivienda.[298] En este caso participó Mauricio Fernandini, responsable de invitar una reunión de Alvarado con Goray por mensaje escrito,[299] quien estuvo de colaborador eficaz.[300]
En julio de 2023, la Policía arrestó tanto a Goray como a Fernandini, para que sean juzgados por el soborno hecho para Salatiel Marrufo, para luego ser enviados a prisión en agosto del mismo año.
En mayo de 2024, el Poder Judicial, ordenó la libertad inmediata de Mauricio Fernandini, asimismo, en julio del mismo año, el Poder Judicial, revocó la orden de prisión preventiva para Sada Goray, ordenando su inmediata libertad.
Denuncia constitucional contra Pedro Castillo
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El 11 de octubre, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunció, a través de una conferencia de prensa, que presentó una acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo, por encabezar una red criminal desde Palacio de Gobierno. Asimismo, esta denuncia, implicó un colectivo conformado por su familia y también por los exministros del Gobierno, como Juan Silva y Geiner Alvarado, además de los congresistas de Acción Popular, denominados «Los Niños» (que actuaban como supuestos tránsfugas).[302] La fiscal, además, dijo que la denuncia sería presentada ante el Congreso de la República, y que el Parlamento, tendría que tomar la decisión de archivar la denuncia o suspender al presidente Castillo del cargo.[303]
Según declaraciones del fiscal adjunto supremo, Marco Huamán Muñoz, el expediente contiene más de 192 elementos de convicción (pruebas), algunos de ellos no revelados durante su investigación.[304] Como represalia, el gobierno solicitó a la OEA la activación de la Carta Democrática para la supervisión del proceso,[305] en que el informe preliminar difundido por el vocero Eladio Loizaga mostró la existencia de «una guerra civil entre las instituciones públicas».[306]
El 16 de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aprobó la denuncia constitucional de la fiscal Benavides contra el presidente Castillo, por los delitos de tráfico de influencias y colusión agravada.
Intento de autogolpe, destitución y arresto
Durante su campaña presidencial, Castillo ya había declarado que disolvería el Congreso en caso de que el parlamento no atendiera su propuesta para cambiar la Constitución. Además, insistió en su propuesta para desactivar y reformar el Tribunal Constituional porque «no defienden los derechos de los ciudadanos».[307]
El 8 de noviembre de 2022 Aníbal Torres le solicitó al parlamento votar una cuestión de confianza para reformar la Ley 31355, la cual modificaba el procedimiento parlamentario para disolver el Congreso y llamar a elecciones. El Congreso archivó la petición de reforma del Ejecutivo, por lo cual el 11 de noviembre Castillo advirtió: «Hemos declarado ante el Parlamento una prerrogativa del Ejecutivo, como es la cuestión de confianza. Hoy conocemos la respuesta. Debo anunciar que el Ejecutivo dará también una respuesta en las próximas horas al pueblo peruano». El 14 de noviembre, Torres volvió a pedirle al parlamento que votara otra cuestión de confianza para derogar otra ley, la 31399, que fue aprobada en enero de 2022 y que modificó el referéndum. El Gobierno se opuso a la norma alegando que impedía la participación de los ciudadanos de forma directa. El 24 de noviembre, la Mesa Directiva del Congreso rechazó la cuestión de confianza. El presidente del Parlamento y apoyado por la derecha política,[308] José Williams Zapata, explicó que la Ley 31399 no ameritaba una cuestión de confianza por no ser una política general de gobierno, que era precisamente la restricción que el propio Legislativo había puesto con la norma anterior. El 30 de noviembre, el Tribunal Constitucional determinó que la Ley 31399 tampoco contravenía la Constitución, como alegaba el Gobierno.
Ante esta situación, Aníbal Torres renunció a su cargo como primer ministro, con lo que le abrió las puertas a Castillo para disolver el Congreso, pues según la norma, el Ejecutivo puede conformar un nuevo gabinete y solicitar la segunda votación. Si esta también se vota en contra, el presidente puede optar por la disolución. Sabiendo este contexto, los legisladores iniciaron una tercera moción de vacancia por «incapacidad moral».[309]
El 7 de diciembre de 2022, a pocas horas de que se diera la votación por la tercera vacancia, el presidente Pedro Castillo anunció en un mensaje a la nación el cierre del Congreso, la intervención del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional, la convocatoria a elecciones congresales y un toque de queda que empezaría a las 10:00 p. m. de ese mismo día. Tras esto diversas instituciones, líderes políticos y medios de comunicación criticaron y condenaron este acto por ser inconstitucional e ilegal y lo compararon con el autogolpe que dio el expresidente Alberto Fujimori de 1992. Las Fuerzas Armadas no obedecieron la medida por vulnerar la constitución y el poder legislativo peruano destituyó al presidente Castillo de su cargo de Presidente de la República.[310] En efecto, el autogolpe fracasó cuando el Ejército desconoció la orden presidencial de instaurar un estado de excepción, y, por el contrario, se decantó por someterse a los líderes parlamentarios. En ese mismo día, Dina Boluarte juramentó ante el presidente del Congreso José Williams Zapata como presidente de la República, asumiendo el cargo y convirtiéndose así en la primera mujer presidente del país. Esto llevó a que la misma escolta del presidente arrestara a Castillo tras recibir la respectiva orden por la cadena de mando castrense. Castillo fue detenido mientras intentaba llegar a la embajada mexicana donde esperaba recibir asilo político.
Por otro lado, se marcó un conflicto diplomático a causa de la solidaridad a Pedro Castillo por presidentes de Bolivia y México, entre otros. El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador criticó la destitución de Castillo afirmando: «A ellos lo que les interesa son sus privilegios, y sobre todo el privilegio de mandar, y más en este caso que lo consideran de la sierra, se le añade el racismo, entonces no lo quieren».[311] Asimismo, el presidente de Colombia Gustavo Petro solicitó a la CIDH proteger la vida del exmandatario y restaurar sus derechos políticos.[312]
El 8 de diciembre, el expresidente Castillo fue formalmente acusado por la Fiscalía del Perú por los delitos de rebelión y conspiración. Se le impuso una medida preventiva privativa de la libertad de siete días por parte del juez Juan Carlos Checkley de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mientras se tramitaba la acusación contra el expresidente por los delitos reseñados. Fue detenido con su esposa Lilia Paredes, quien es investigada por la Fiscalía por tráfico de influencias junto con el ex primer ministro Aníbal Torres, quien se encontraba con el expresidente y su familia al momento de su arresto. Según la Fiscalía Peruana, Pedro Castillo sería cabecilla de una organización criminal que presuntamente involucra a la familia presidencial, congresistas, ministros, funcionarios y empresarios.[313] A pesar de sus posteriores protestas a causa de esos acontecimientos, el Tribunal Constitucional declaró solucionado la etapa crítica de la crisis por el intento de autogolpe.[314]
Gobierno de Dina Boluarte (2022-2025)
Como resultado del arresto del presidente, se dieron protestas en varios puntos del país, especialmente en los departamentos del sur, donde Castillo obtuvo la mayor votación. Asimismo, tras la posesión de la nueva presidente por parte del Congreso, se dieron bloqueos de la autopista Panamericana en Ica y Arequipa.[315] Los protestantes identificaron el arresto de Castillo como un «golpe de Estado», exigieron la disolución del congreso, la convocatoria de una asamblea constituyente y la renuncia de la presidente Dina Boluarte,[316] en que calificaron supuestamente a esta última como «gobierno cívico-militar».[317]
El diario The Economist cuestionó tal argumentación e interpretó que «[los] pueblos indígenas y rurales, entre los cuales Castillo hizo campaña con promesas de cambiar el statu quo, están particularmente enojados».[318] Algunos gobiernos subnacionales, incluido el gobernador de Ica, solicitaron a la nueva presidente constitucional Dina Boluarte adelantar elecciones para evitar el surgimiento de focos de insurgencia en las provincias del país,[319] al igual que congresistas y organizaciones sociales.[320] Se recurrieron en casos extremos a la toma de aeropuertos para impedir el acceso aéreo a las ciudades.
Los eventos fueron citados como convulsión social,[324][325][326][327] mientras que los medios internacionales y algunos locales calificaron a esos sucesos de «estallido social».[328][329][330][331][332][333][334]
Sobre la llegada de Boluarte al gobierno, el politólogo Alberto Vergara advirtió durante un evento organizado por Diálogo Interamericano que «es la continuidad degradada de Castillo».[335] Mientras que la agencia Europa Press señaló que «la llegada de la primera presidenta en la historia del país no ha resuelto como se creía esta crisis, cuyo último capítulo se resiste a ser escrito».[336] El Índice de Democracia de 2024 clasificó al Perú como un «régimen híbrido», destacando que el indicador de cultura política resulta ser el más deficitario. Este hecho adquiere especial relevancia a la luz del informe de los acontecimientos del 2023, que señala que dicho indicador se encuentra «entre los más bajos de la región, lo cual refleja una polarización extrema y una elevada tolerancia hacia normas militares».[337] Además, S&P Global Ratings rebajó la calificación del país a BBB- desde BBB, lo que llevó al primer ministro a instar a los políticos a «no dispararse a los pies».[338] Tras la rebaja, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, reconoció la fragilidad gubernamental en medio de las disputas con otros ministros.[339]
En febrero de 2023, en que se desarrollaron los eventos de protestas, el Tribunal Constitucional aprobó dictámenes que permiten al poder parlamentario a elegir representantes del ámbito judicial, incluido al futuro defensor del pueblo.[340] La CIDH recomendó que se considere el balance de poder y «rodear de garantías de legitimidad y credibilidad al Sistema Electoral y al Poder Judicial para ejercer sus mandatos con independencia y autonomía».[341] Además, las autoridades del JNE y la ONPE no participaron en el mensaje a la Nación del 28 de julio.[342]
A diferencia del gobierno de Pedro Castillo, que consiguió la censura de cuatro ministros al año, el mandato de Boluarte fue menos agresivo para el Congreso, y solo consiguió censurar a un ministro a los once meses transcurridos.[343] Adicionalmente, la nueva jefa de Estado manifestó participar en la conmemoración a la Constitución de 1993, que prometía derogarla en su campaña de 2021.[344]
Desde el Ministerio Público, su máxima autoridad, Patricia Benavides, fue acusada de formar parte de una organización delictiva que tomaría decisiones políticas. En respuesta a las acusaciones, Benavides se negó a renunciar y anunció que denunciaría a la presidenta Boluarte y al primer ministro Alberto Otárola.[345] Tras la denuncia, Boluarte manifestó extrañeza en una rueda de prensa y calificó la denuncia de «maniobra política».[346] Finalmente, Benavides perdió su puesto de fiscal de la Nación, pero las nuevas revelaciones que estuvieron bajo investigación del Ministerio Público continuaron. Varias investigaciones, como el Rolexgate, fueron presentadas al Congreso, pero este hizo caso omiso de muchas de ellas.[347]
Desde la salida de Benavides, el Ministerio Público ha estado en el punto de mira del Gobierno de Boluarte y uno de los ministerios, el de Cultura, ha publicado un artículo en el que lo señala como promotor de un «golpe de Estado blando» contra la presidenta de la República.[348] El portavoz Víctor Cubas denunció que las autoridades investigadas han tomado represalias, disminuyendo drásticamente el monto del presupuesto para operar con normalidad.[349][350] Además, la entonces fiscal Delia Espinoza denunció que Benavides tenía la intención de recuperar su alto cargo sin cumplir los protocolos administrativos y advirtió a la ciudadanía de que «parecería el primer paso de un golpe de Estado contra el estado democrático del país».[351]
Para 2024, Boluarte acumuló nueve denuncias relacionadas con los delitos de homicidio, lesiones graves, enriquecimiento ilícito, cohecho y abandono del cargo;[352] en 2025, acumuló 34.[353] Sin embargo, ninguna de estas denuncias fue aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República,[353] que decidió no aceptar más denuncias constitucionales hasta 2026 por orden del Tribunal Constitucional.[354]
En 2025, Boluarte anunció la presentación de un proyecto destinado a «defender la soberanía nacional», por el que la presidenta y los miembros de su entorno político pretenden que Perú salga del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.[355][356] Antes de esa presentación, se vislumbraba una situación institucional débil y con contrarreformas estructurales. Los expertos del Atlantic Council advirtieron de la existencia de un círculo vicioso en el que la inestabilidad alimenta la falta de reformas y viceversa.[357] Meses después, Boluarte destituyó a altos mandos militares antes de ser destituida por el Congreso de la República.[358]
Estallido social y muertes por represión
Desde el mismo día en que la presidenta Boluarte asumió la conducción del país, se reportaron las primeras protestas pacíficas en Puno, Arequipa, Lima y otras regiones.[359] Estas protestas empezaron a tornarse violentas a partir del 10 de diciembre, en la región Apurímac, la que posteriormente se expandiría al resto del país.[360] Las manifestaciones estuvieron acompañadas de jornadas violentas, creación de organizaciones, crisis política y social, desabastecimiento y pérdidas económicas. Se exigía principalmente la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la inmediata convocatoria a elecciones generales,[361] mientras que otras facciones más radicales o politizadas exigían la instalación de una asamblea constituyente, la liberación del expresidente Pedro Castillo y la independencia o federalización de los departamentos del sur.
Las marchas tuvieron el apoyo de numerosas organizaciones, facciones y políticos tanto de derecha como de izquierda. En las protestas de 2023, las organizaciones predominantes fueron la Coordinadora Macrorregional del Sur, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP),[362] y el SUTEP.
La convulsión se esparció a casi todo el territorio peruano, y aunque numerosas regiones presentaron enfrentamientos, disturbios y otras alteraciones del orden público. Fueron cinco los frentes relevantes de conflicto: Lima Metropolitana,[363] Puno, Apurímac,[364] Madre de Dios e Ica.[365] No obstante, las convocatorias no mermaron la fortaleza del Congreso, institución que incrementó su control político debido a un fallo del Tribunal Constitucional,[366][367][368] invalidando la denuncia contra el asumido alcalde de Lima Rafael López Aliaga, quien en un mitin profirió amenazas de muerte contra Pedro Castillo.[369] El órgano finalmente obtuvo el respaldo de Boluarte en 2024.[370]
Los fallecimientos por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad fueron presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la Procuraduría General del Estado, a cargo de Daniel Soria Luján, remitió a la Fiscalía de la Nación para su revisión los reclamos realizados ante la jurisdicción internacional.[371] Por otro lado, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, encargó al equipo Lava Jato, sin la participación del fiscal de renombre Rafael Vela, que se encontraba de licencia por enfermedad, la investigación de la represión.[372] En un resultado inesperado, Soria y Vela fueron suspendidos de sus puestos días después.[373]
Las manifestaciones que evidenciaban el descontento social impulsaron al gobierno a adoptar medidas cada vez más autoritarias.[374] Tras la agresión sufrida por la mandataria Boluarte en el año 2024, un año después de iniciadas las protestas, el Poder Judicial se pronunció proponiendo sanciones para quienes agredan a las máximas autoridades, de la misma forma que se aplicó a policías y fiscalizadores de tránsito.[375] En enero del mismo año 2024, obispos de la Conferencia Episcopal Peruana manifestaron en una asamblea plenaria su preocupación por «la crisis de los valores que fundaron la Nación, involucrando a muchos de quienes hoy ejercen el poder en medio de un creciente autoritarismo».[376][377] También reclamaron continuar las investigaciones por quienes perdieron la vida en las protestas.[376]
En 2025, se supo que algunos colectivos de jóvenes estaban organizando manifestaciones en Roblox e intentando incendiar simbólicamente el Palacio Legislativo, coincidiendo con la intención de organizar futuras manifestaciones presenciales contra el Gobierno y el Congreso.[378] El diario La República habló con el especialista Ricardo Falla para comparar el impacto con las protestas ocurridas en Nepal, y este señaló que «la sociedad nepalí es bastante más estamental que la peruana». No obstante, el especialista comentó que «podría haber una gran revuelta, con muchísima gente participando, pero yo no pienso tanto en la marcha. Pienso en el día siguiente a la marcha, en lo que viene después».[379] El sociólogo e historiador José Guillermo Nugent apuntó a la idea de que los jóvenes tienen una «relación muy crítica con el mundo público» y que por eso han descartado el concepto de que las marchas no tienen legitimidad por ser «políticas».[380]
Las manifestaciones ocurrieron al finalizar el gobierno de Dina Boluarte y fueron autoconvocadas, por lo que no existe una organización estructurada. Por ejemplo, uno de los portavoces de los colectivos de jóvenes se reunió posteriormente con Manuel Merino, una figura controvertida en las protestas de 2020.[381] El noticiero 24 horas señaló que los jóvenes rechazaron las declaraciones de Dina Boluarte, quien intentó minimizar la lucha social.[382] El portal RPP indicó que la convocatoria juvenil recuerda a la realizada contra la denominada «Ley Pulpín» en 2015.[383]
Medidas políticas por la coalición conservadora
De acuerdo con el análisis de distintos politólogos, la asunción de Dina Boluarte al poder dio lugar al nacimiento de una coalición conservadora o autoritaria entre la mayoría de bancadas parlamentarias,[384][385][386][32] surgida sobre la base del llamado Bloque Democrático opositor a Pedro Castillo. Así, el politólogo Martín Tanaka explicó que «se fueron revelando progresivamente actitudes conservadoras entre los representantes de la izquierda y populistas de la derecha, lo que permitió alcanzar acuerdos contrarios a ciertas lógicas reformistas desarrolladas en los últimos años».[385]
El abogado Ronald Cross recurrió al concepto de «cosmovisión conservadora» para referirse a las acciones de la mayoría parlamentaria en la elección de sus autoridades, la realización de reformas administrativas y el mantenimiento de su narrativa para evitar que los opositores cambien la política del país.[387] Por su parte, el politólogo Alberto Vergara afirmó que la coalición fue mucho más autoritaria que el Gobierno de Alberto Fujimori.[388]
Cuestionamientos en la elección del defensor del pueblo y otras acciones bajo influencia parlamentaria en común
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Durante el periodo legislativo 2021-2026, Fuerza Popular se alió con Perú Libre,[392] ya sin Castillo como integrante.[393] Si bien la alianza de estos y otros partidos del Bloque Democrático se denominó oficialmente Bloque País,[394] los medios empezaron a referirse a ella como la alianza «fujicerronista».[395]
Aunque el medio La República señaló que ambos partidos políticos tenían algunos intereses en común desde 2022;[396] estadísticamente, en mayo de 2023, el partido de izquierda votó en contra de las medidas de Boluarte en el 80 % de las sesiones, mientras que la derecha lo hizo a favor en un 60 % de los casos.[397]
En mayo de 2023 se compartió una foto de una reunión instantes antes de la elección de José Gutiérrez como defensor del pueblo,[398] en la que se buscaría convencer de una menor presencia judicial en la política nacional.[399] Guitérrez fue propuesto por el partido cerronista y con ayuda de la banca fujimorista sin recurrir a debate ni justificar las razones, obtuvo los 88 votos requeridos en mayo de 2023.[400] La elección de este político generó polémica por las irregularidades detectadas cuando postuló.[401] Algunos funcionarios decidieron renunciar a la institución por diferencias,[389] mientras que el ahora defensor elaboró un proyecto de ley para establecer a su sucesor por resolución, bajo elección de los congresistas, en lugar de concurso público en que fue convocado.[402] La coalición de Fuerza Popular y Perú Libre continuó con la aprobación de un dictamen para modificar la meritocracia de la Defensoría del Pueblo en noviembre de 2023.[403] Hacia 2025, Waldemar Cerrón confirmó en una conversación privada que los votos de Fuerza Popular se disciplinan antes de tomar decisiones.[404]
Diversos periodistas como Beto Ortiz afirmaron la existencia de tal coalición,[405] mientras que Augusto Álvarez Rodrich señaló la posibilidad de una «repartija» de cargos.[406] Esta unión fue respaldada por el congresista Jorge Montoya, quien afirmó que César Acuña, político de Alianza para el Progreso, y los fujimoristas controlan el Congreso y ahora están aliados con Vladimir Cerrón.[407] A pesar de las acusaciones, ambos partidos (FP y PL) negaron formar una alianza tras aquella elección.[408] Tampoco la vicepresidenta Boluarte negó la participación del fujimorismo en el pacto.[409]
A raíz de las expresas críticas de congresistas ajenas a la alianza política, como Susel Paredes,[410] se produjeron renuncias de miembros críticos del partido político. En junio de 2023, la congresista Silvana Robles renunció a Perú Libre por su aparente «pragmatismo» con el fujimorismo.[411] Al mes siguiente, Jaime Quito, Álex Flores y Alfredo Pariona imitaron la decisión.[412] En septiembre de ese año, la organización expulsó a Jorge Spelucín Aliaga por su postura crítica contra el fujicerronismo,[413] en la que recurrió al calificativo de «tontos útiles».[414]
Las decisiones adoptadas entre la supuesta alianza, posteriormente justificadas en la «ruptura de la hegemonía derechista»,[415] generaron diversos comentarios más allá de intereses políticos. El abogado y secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, y el exdefensor del Pueblo Walter Albán advirtieron un plan para extender el debilitamiento del Congreso a otras instituciones judiciales con el objetivo de concentrar su poder y así debilitar a la oposición de partidos de derecha en una eventual nueva contienda presidencial.[416] A estas críticas, José Ugaz señaló que la participación conjunta entre Congreso y Palacio de Gobierno viene actuando de manera obstruccionista para evitar que el primero se vea obstaculizado en sus intereses.[417] Además, el expresidente Martín Vizcarra responsabilizó a Keiko Fujimori de la situación.[418] El periodista César Hildebrandt también expresó que, por la posible unión de los dos poderes del Estado, «nos hemos quedado sin Tribunal Constitucional, sin Defensoría del Pueblo, sin Fiscalía de la Nación independiente».[419] En julio de ese año, la Federación Internacional por los Derechos Humanos alertó los actos calificados de «ultraconservador» que afectan la autonomía de las instituciones públicas.[420][421]
Vladimir Cerrón acusó a los detractores de las decisiones políticas, que denominó simplemente «caviarada», al aparentemente desanimar alianzas coyunturales;[422] así mismo, elogió a las renuncias de políticos a su partido político Perú Libre cuando señaló que «la línea procaviar ha sido expectorada del partido».[423] Estas acusaciones incluyeron a la excandidata presidencial Verónika Mendoza, en palabras de Cerrón, por representar «a los intereses estadounidenses con sus ONG, un peligro para el movimiento popular».[424] En cambio, la congresista Gladys Echaíz dijo que «no lo vería cuestionable» tal ayuda para un «fin institucional».[425]
En 2024, representantes de Fuerza Popular y Perú Libre aprobaron un dictamen para impedir que los partidos políticos sean sancionados penalmente.[426] Aquello coincidió con la aprobación de normas que favorecían al crimen organizado (como la Ley 32108), al evitar que fueran investigados.[427] Con la crisis de extorsiones al transporte público, ninguno de los partidos negó en rotundo revetir aquella ley. Cabe destacar que algunos parlamentarios de Fuerza Popular se abstuvieron de aprobar una solicitud para investigar un vehículo presidencial en el que Cerrón había huido de Lima.[428] Este se le conoció como el caso «Cofre».
En el mismo año, 2024, se aprobó la ley de amnistía y, seguidamente, se publicó un comunicado afirmando que el Congreso «rechaza cualquier forma de intromisión nacional o extranjera en nuestras decisiones».[429] Para ratificar esa decisión, el entonces presidente del Legislativo, Alejandro Soto, y la presidenta Boluarte se opusieron en una carta conjunta a las recomendaciones de la Corte IDH, como la derogación de la ley de amnistía y el término «conflicto armado interno».[430]
En 2025, el portal Infobae informó de que los congresistas de un pacto fujimorismo-cerronismo habían acordado un proyecto de ley para poner fin a la extinción de dominio de los investigados, lo que habría beneficiado a Vladimir Cerrón y a Keiko Fujimori.[431] Ese mismo año, el diario La República señaló que la alianza fujicerronista y el partido Alianza para el Progreso se habían fortalecido con la elección de José Jerí como presidente del Congreso.[432] Vivian Olivos, quien renunció a Fuerza Popular, advirtió que la alianza fujicerronista continuaría en las elecciones generales de 2026.[433]
Solicitud de inhabilitación a Zoraida Ávalos y limitación de poderes de la Junta Nacional de Justicia
En mayo de 2023 el Congreso, con capacidad para sancionar administrativamente a quienes le resultaban incómodos,[436] solicitó una nueva sesión para constitucionalmente inhabilitar por cinco años a Zoraida Ávalos tras supuestamente rehusarse en la investigación contra Pedro Castillo,[437] que fue aprobada en el plano interno en diciembre del año pasado.[438] A pesar de las acusaciones, Ávalos justificó que sí realizó investigaciones el 10 de noviembre de 2021 con los casos de las irregularidades en los ascensos de figuras policiales, el consorcio Tarata III y la gestión de diésel en Petroperú.[439]
En un comunicado, la Junta Nacional de Justicia solicitó al ente legislativo «reflexionar» esta futura decisión «teniendo a la vista que las imputaciones en su contra guardan relación con el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal, como expresión de su propia independencia».[440] La presidente de JNJ, Imelda Tumialán, precisó que «consideramos que, dentro de un marco del Estado constitucional de derecho, debe existir el respeto por las instituciones y especialmente por la independencia de jueces, juezas y fiscales del país».[441] Esto generó el malestar de la parlamentaria Patricia Chirinos, quien denunció a la JNJ por la «intromisión en las decisiones del Congreso para salvar» a Ávalos,[442] caso que trascendió cuando presentó la remoción de todos los miembros de JNJ.[443]
En junio de 2023, la magistrada Zoraida Ávalos fue sometida a un juicio político. El proceso no resultó en su destitución por el Parlamento, sino en su inhabilitación y la imposibilidad de reemplazar su cargo debido a una interpretación legal impulsada por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.[445] Tras el evento, la magistrada Ávalos manifestó que la inhabilitación infringía el equilibrio de poderes entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo.[446] En ese mes, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia envió un comunicado en que «ningún poder público puede entrometerse en el contenido de lo que resuelva un juez o fiscal».[447] En julio de 2023, el Poder Judicial formalizó investigación preparatoria contra Ávalos por «omisión, rehusamiento o demora de acto» durante el gobierno de Pedro Castillo.[448] Sin embargo, en 2024, el Poder Judicial ordenó la reposición de Zoraida Ávalos a la Junta de Fiscales Supremos, anulando así la inhabilitación impuesta por el Congreso.[449]
Zoraida Ávalos no fue la única sometida a un juicio político. Posteriormente, el Congreso de la República organizó otras sesiones para sancionar a las autoridades de la Junta Nacional de Justicia (2021-2025), así como a figuras políticas como Francisco Sagasti y Martín Vizcarra, y también a los exministros Salvador del Solar, Vicente Zeballos, José Elice, Rubén Vargas y Víctor Zamora.[450]
Patricia Chirinos se convirtió en una de las personas que llevaron a cabo una contraofensiva aprobada en pleno, que consistió en destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia,[451] ente que posteriormente investigó a los parlamentarios y a las figuras cercanas a Patricia Benavides.[452] Para ello, Chirinos formalizó una investigación sumaria que pasó a debate.[453] La contraofensiva fue cuestionada por la Organización de las Naciones Unidas por interferir en el Estado de derecho;[453] motivo por el cual la cancillería propuso citar coordinador de la ONU en el país por «intromisión en asuntos internos»,[454] mientras que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso propuso expulsar al coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, el chileno Igor Garafulic.[455] Sin embargo, la Defensoría del Pueblo bajo la dirección de Josué Gutiérrez no criticó la contraofensiva, según el abogado Walter Albán.[456]
Por otro lado, dentro del marco constitucional,[457] el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia impidió a la Junta Nacional de Justicia en continuar las indagaciones contra Patricia Benavides,[458] fiscal responsable de exponer la red de corrupción supuestamente liderada por Pedro Castillo y quien se opuso a ser investigadas.[459]
El Congreso continuaba concretando el plan de destituir a los primeros integrantes de la JNJ, pero finalmente no se llevó a cabo, ya que estos dejaron sus puestos en 2025. Antes de la nueva formación de la JNJ, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, designado tras la destitución de Benavides, advirtió de un plan para reestructurar el Ministerio Público y destituir a los fiscales supremos. Según declaró Villena, la institución está realizando investigaciones a 45 congresistas que conforma el periodo 2021-2026 que podría comprometerse con su eventual reestructuración.[460] Los presidentes de las juntas de fiscales provinciales emitieron un pronunciamiento en respaldo a las declaraciones del fiscal de la Nación.[461]
Designación de Delia Espinoza y supuesta restitución de Patricia Benavides
En octubre de 2024, Delia Espinoza sustituyó a Juan Carlos Villena. En su ceremonia no se invitó al Congreso ni al Gobierno a asistir.[462] El portal Infobae señaló que los grupos de la derecha política, es decir, una parte de la coalición conservadora, se unieron para destituir a Espinoza de la misma forma que pasó con Ávalos.[463] Juan José Santiváñez, ministro del Gobierno de Boluarte, la denunció y la nueva conformación de la Junta Nacional de Justicia (2026-2030) admitió la denuncia.[464] También recibió demandas por parte de Kira Alcarraz, debido a las denuncias contra los legisladores que aprobaron el proyecto de doble sueldo para militares retirados,[465] y por parte del Ministerio del Interior, por negarse a participar en el Protocolo de Actuación Interinstitucional de Investigación del Delito.[466]
En junio de 2025, la nueva conformación de la Junta Nacional de Justicia designó a Patricia Benavides como fiscal de la nación, a pesar del respaldo de la Junta de Fiscales Supremos a Espinoza. El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, respaldó la decisión.[467] Días después, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibió 10 denuncias, la mayoría de ellas contra varios fiscales por supuestamente desatacar la orden de la nueva JNJ.[468] La Subcomisión archivó algunas denuncias que iban contra los nuevos miembros de la JNJ.[469]
Mientras se producía la controvertida designación, un fiscal denunció a los medios que la JNJ estaba solicitando asistencia policial para facilitar el ingreso de Benavides al Ministerio Público.[470] Tres altos funcionarios de la JNJ presentaron su renuncia.[471] El diario La República y la exmagistrada Marianella Ledesma advirtieron que la restitución de Benavides podría generar un conflicto de intereses a favor de la coalición conservadora, dado que un fiscal tiene la facultad de determinar el futuro de las investigaciones en su contra.[472][473] Tras ello, la fiscal Delia Espinoza, encabezó una vigilia en la sede del Ministerio Público, en contra del regreso de Benavides al cargo de fiscal de la Nación, junto a otros fiscales y magistrados. Este acto fue interpretado como una «desobediencia a la autoridad», por lo que se habló de una posible denuncia constitucional contra ella por no acatar el retorno de Benavides a su cargo.
El 25 de junio, el Poder Judicial, acordó suspender por 24 meses a Benavides de su cargo como fiscal de la Nación, esto luego que estallara el escándalo de su restitución como fiscal suprema. Tras esto, el Congreso, decidió aprobar una denuncia constitucional contra la fiscal Delia Espinoza, por desobediencia a la autoridad.
El 31 de julio, el Poder Judicial revocó la suspensión por 24 meses contra Patricia Benavides y de esta manera se ordena su reposición en el cargo como fiscal suprema. Sin embargo, en agosto, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos Patio, envió un oficio al presidente del Congreso de la República, José Jerí, informándole de la negativa de la fiscal Espinoza de reponer en su cargo a Benavides, por lo que queda aún inconcluso el retorno de Benavides a su puesto.
En septiembre de 2025, la Junta Nacional de Justicia apartó a Espinoza del cargo de fiscal de la Nación. Espinoza fue reemplazada por Tomás Gálvez, quien se encargó de apartar a algunos fiscales de las investigaciones a Dina Boluarte y Juan José Santiváñez.[474]
En octubre, el Poder Judicial anunció que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, había sido repuesta en su cargo tras ser suspendida por la Junta Nacional de Justicia. Esto ocurrió cuando Espinoza presentó una medida cautelar ante el Poder Judicial para solicitar su reincorporación. Sin embargo, la Junta Nacional de Justicia solicitó al Tribunal Constitucional que anulase la reincorporación. Si no se anulaba dicha reincorporación, se esperaba que Espinoza recuperase el puesto de fiscal antes del 1 de diciembre, o que denunciara a la JNJ por desacato.[475]
Reunión del oficialismo con el colectivo La Resistencia
En julio de 2023, el Ministerio de Cultura invitó a Juan Muñico Gonzales (Jota Maelo), líder del grupo La Resistencia, para abordar el tema del racismo.[476][477][478] La Resistencia fue uno de los grupos partícipes en la crisis electoral a mostrar apoyo a la campaña presidencial de Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones de 2021 y estuvo en la mira por sus intenciones vandalistas a pesar de la impasibilidad de las autoridades,[479] por lo que el Ministerio lo recibió «para dar a conocer sus inquietudes con relación a casos de discriminación».[480]
Aquella reunión conllevó la indignación de activistas de derechos humanos,[481] de la política Indira Huilca[482] y de Francisco Sagasti;[483] además, de la renuncia de directora sectorial de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural por estar en contra de sostener reuniones con esta agrupación.[484][485] No obstante, Jota Maelo justificó su presencia «sobre la discriminación y racismo, del cual nosotros somos víctimas».[486]
Mientras tanto, el vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, señaló que «si nosotros decimos que no hay que escuchar las posiciones por más extremas que sean […] estamos negándonos al diálogo»;[487] además que el congresista José Cueto, de Renovación Popular, minimizó el grado violento del colectivo frente a contrapartes alejadas de Lima.[488] De hecho, el exjefe del Fondo Editorial del Congreso de la República del Perú, Carlos Cabanillas León, señaló para Perú 21 que «la narrativa (de la que el autor considera "izquierda") ha querido convertir a cuatro gatos revoltosos en una célula fascista» y justificó una supuesta estrategia para generar polarización entre «La Resistencia con la Toma de Lima […] [e] inclinarse del lado de los luchadores sociales que asaltan aeropuertos e incendian comisarías y sedes del Poder Judicial».[489]
A pesar de que la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, confirmó el encuentro[490] y pidió disculpas «a quienes se hayan sentido agredidos por una actitud que no debió darse y que no representa la posición del Gobierno en este tema»;[491] horas después de la reunión, el primer ministro anunció la remoción de Juan Reátegui del viceministro de Interculturalidad, quien se encargó de reunierse con Muñico Conzales.[492] Urteaga, quien se negó recibir a la exintegrante de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Sofía Macher por los ataques hacia el monumento El ojo que llora en febrero de 2023;[493] finalmente reconoció su responsabilidad en invitar al colectivo de derecha ultraconservadora,[494] pero negó renunciar su puesto de ministra.[495]
Posteriormente, La Resistencia adoptó una postura crítica hacia el Ministerio de Cultura, calificándolo de «[inservible] a la población» y exigiendo su desmantelamiento para convertirlo en un museo dedicado a la Operación Chavín de Huántar.[496] Además, el colectivo irrumpió en un foro sobre la película La piel más temida, acusándola sin sustento de promover el terrorismo con fondos del Ministerio.[497]
Creación de un sistema bicameral con atribuciones críticas al senado
Aunque no es popular, hemos hecho un cambio en el modelo político de tener un sistema unicameral y ahora tenemos un sistema bicameral. Porque consideramos que es fundamental pensar en el futuro, más allá de si es popular o no —Keiko Fujimori en 2025, anunciando que reemplazó la unicameralidad de su padre por un sistema congresional reestructurado[498] |
En marzo de 2024, el Congreso aprobó una reforma de la Constitución que modificó 50 de sus artículos con votos mayoritarios de partidos de derecha.[499][500] Las modificaciones incluyen la implementación de un sistema bicameral parlamentario, conformado por la Cámara de Diputados y el Senado. Además, la enmienda también estipula la postulación simultánea para el Ejecutivo y Legislativo[501] y la posibilidad de reelección para cargos públicos.[502] Fue nombrada como ley n.º 31988.[503]
En el ámbito parlamentario, surge una disputa en torno a la Cámara de Senado, que será considerada como una de las instancias con mayor desempeño en el poder político, según analistas como Alejandro Boyco.[504][505] Este órgano estará conformado por individuos con experiencia previa en el Congreso, incluyendo aquellos elegidos mediante un único distrito electoral.[501] Asimismo, se otorgó a la Cámara de Senado la facultad de acusar, a solicitud de un diputado, a funcionarios de alto nivel. Entre los funcionarios se señalan a magistrados del Tribunal Constitucional, miembros de la Junta Nacional de Justicia, jueces de la Corte Suprema, fiscales supremos, el Defensor del Pueblo y el Contralor General, en casos de violaciones a la Constitución o comisión de delitos.[501] Es oportuno subrayar que el Senado cuenta con una protección especial, ya que no puede ser disuelto por el presidente de la República, lo que garantiza su continuidad funcional incluso en caso de vacancia de la Cámara de Diputados.[503]
Pese a las críticas expresadas por la ciudadanía sobre la bicameralidad en 2018, la líder política Keiko Fujimori defendió esta nueva configuración como un «triunfo del diálogo democrático».[499][506] Perú Libre, en oposición, votó en contra de la reforma, afirmando que era la «mejor forma para demostrarle al pueblo que no hay fujicerronismo, que respetamos su voz del referéndum».[507]
Posteriormente, el partido fujimorista aprobó una modificación del artículo 99 de la Constitución, permitiendo la acusación política de representantes de instituciones electorales como el Jurado Nacional de Elecciones y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.[508][509][510] Esta modificación se fundamenta en sentencias del Tribunal Constitucional sobre control político.[511] Sin embargo, la congresista opositora Ruth Luque denunció un proyecto para conceder al nuevo Senado la potestad de nombrar funcionarios, eliminando la Junta Nacional de Justicia.[512]
Leyes de prescripción y amnistía por crímenes contra los derechos humanos
La presidenta ha promulgado dos leyes que tienen como objetivo que no se persigan crímenes contra los derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o comités de autodefensa en el contexto del conflicto armado interno peruano o época del terrorismo 1980-2000. El 7 de agosto de 2024, la presidenta promulgó la Ley N° 32107 titulada "Ley que prescribe delitos de lesa humanidad ejecutados antes del 2002".[513] Dicha norma establecía que no sería posible aplicar la clasificación de "lesa humanidad" a crímenes cometidos antes de que el Perú hubiera suscrito el estatuto de Roma en 2002, con lo cual se les aplicarían los plazos de prescripción ordinarios.[513] El 13 de agosto de 2025, el Despacho Presidencial anunció que la presidenta Boluarte promulgaría en ceremonia especial una nueva ley de amnistía referida específicamente al periodo de violencia 1980-2000, la «ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000».[514] Ambas normas fueron de iniciativa de políticos conservadores como Jorge Montoya y Fernando Rospigliosi,[515][516] y recibieron el respaldo público de ex altos mandos militares del país[517][518] y del colectivo La Resistencia. La promulgación de ambas normas ocurrió a pesar de la existencia de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que mandataban al Estado peruano a suspender su tramitación.[519][520][521][522]
También en agosto de 2025, el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi se mostró a favor de promover una nueva ley de amnistía a favor de policías y militares procesados como autores materiales o mediatos de las muertes de civiles ocurridas en el estallido peruano al inicio del gobierno de Boluarte.[523][524]
Escándalo por implicación de la fiscal Patricia Benavides en organización delictiva
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 Especial de La Encerrona, dirigido por el periodista Marco Sifuentes, sobre las investigaciones de la presunta organización delictiva que involucraría al Ministerio Público, el Congreso e instituciones afines. | ||
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Vídeo de ATV+ sobre las manifestaciones a favor y en contra de la permanencia de Patricia Benavides. | ||
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En el mes de noviembre de 2023, el Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder llevó a cabo la operación Valkiria V, bajo la dirección de la fiscal Marita Barreto.[525] En esta operación se investigaba a una presunta organización delictiva liderada por la fiscal Patricia Benavides, quien fue acusada de obstaculizar la investigación en su contra.[525]
El informe de la operación reveló conversaciones con el fiscal Jaime Villanueva, indicado como «el único autorizado por la fiscal de la Nación»,[526] que evidenciaban la influencia política de la Fiscalía. En esas conversaciones, Villanueva hacía referencia a Martín Vizcarra como una «amenaza lagarta»[527] y al objetivo de «sacar a la élite caviar de la JNJ y de todas las instituciones» con la supuesta ayuda del defensor del pueblo.[528] El documento también hizo mención de un hipotético favor político en sentenciar a Zoraida Ávalos, con la aprobación del informe final del fujimorista Ernesto Bustamante,[529] a cambio de absolver a los congresistas asociados a «Los Niños».[530]
Suspensión de Patricia Benavides
El 7 de diciembre, la Junta Nacional de Justicia, acordó por mayoría, la suspensión del cargo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En respuesta, Benavides, dijo en un mensaje, que no está de acuerdo con su suspensión, asimismo, arremetió contra los fiscales supremos, de quienes dijo, de que hay un sector que intentaría copar el Ministerio Público. La conspiración se repitió cuando el Congreso de la República la citó.[531]
Mientras que Benavides fue suspendida, el fiscal interino que la sucedió, Pablo Sánchez, autorizó la restitución de Marita Barreto.[532] En mayo de 2024, la JNJ volvió a resolver, por unanimidad, separar a Benavides de su cargo como fiscal de la Nación tras comprobar irregularidades durante su gestión inicial.[533]
Primera denuncia constitucional contra Dina Boluarte
El 27 de noviembre, la fiscal Patricia Benavides, dio un mensaje donde afirmó que no iba a renunciar al cargo de fiscal de la Nación, y, anunció además, que presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y los exministros del Interior, César Cervantes y Vicente Romero, por «las trágicas muertes que ocurrieron entre diciembre de 2022 y marzo de este año».[534] La denuncia recibió críticas por la inmediatez que fue presentada, identificando solo a los responsables de la represión policial en seis personas.[535]
En enero de 2024, se realizó la primera orden de prisión preventiva a un policía por un caso de homicidio, un año después del inicio de las protestas.[536]
Renuncia de Alberto Otárola
En marzo de 2024, Alberto Otárola dimitió tras la publicación de un audio en el que mantenía una conversación con una ciudadana solicitando un puesto laboral.[537] Yaziré Pinedo, la ciudadana involucrada, alegó la existencia de una conspiración contra Otárola, en la que se utilizó el escándalo para influir en la composición del nuevo gabinete por parte de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República.[538] Posteriormente, señaló en el dominical Cuarto poder que Alberto Otárola fue a su casa cuando era premier y que Nicanor Boluarte le ofreció 200 mil dólares.[539]
El canal de televisión ATV también insinuó un posible conflicto entre Otárola y Nicanor Boluarte,[540] mientras que el semanario Hildebrandt en sus Trece afirmó que hubo una notificación sobre el suceso desde el despacho presidencial.[541] Sin embargo, el gobierno rechazó las acusaciones de corrupción relativas al incidente[542] y negó que Boluarte sea responsable del complot.[543]
Previamente a su dimisión, Otárola mantuvo una postura firme contra las protestas sociales. En una conferencia de prensa, manifestó su intención de enfrentar el «fundamentalismo violentista que no deja gobernar al país». Atribuyó esta agitación a la figura política emergente de Antauro Humala.[544]
El 6 de marzo, el gobierno de Dina Boluarte nombró a Gustavo Adrianzén como nuevo premier, quien cuenta con una trayectoria profesional similar a Otárola.[545][546] La asociación de familiares de las víctimas del 9 de enero mostró su rechazo en el nombramiento.[547]
En noviembre de 2024, Yaziré Pinedo presentó varias grabaciones en las que se la veía manteniendo una relación sentimental de un año con Alberto Otárola. También denunció que había sido amenazada por el Tren de Aragua y «coaccionada» por la empresaria Karelim López, quien supuestamente controlaba la narrativa del Gobierno para evitar que fuera investigada.[548]
Investigaciones durante el gobierno de Dina Boluarte
Nuevas irregularidades en el financiamiento de campaña presidencial
El 28 de marzo, el fiscal provincial Richard Rojas incorporó a la presidenta Dina Boluarte, al expresidente Pedro Castillo y al empresario Henry Shimabukuro en una investigación fiscal por organización criminal por supuestos aportes ilícitos durante la campaña electoral del partido político Perú Libre en las elecciones generales del 2021.[549][550] Shumabukuro es presuntamente responsable de financiamiento ilícito a través del Ranchito Dina Boluarte.[551] En abril de 2023 la ONPE solicitó información sobre los gatos en la campaña a la vicepresidencia aún no declarados.[552] Marcela Saldarriaga, una de las militantes de Perú Libre, fue responsable de revelar las irregularidades del financiamiento hasta su fallecimiento en agosto de 2023.[553]
Shimabukuro culpó al Ejecutivo, Legislativo y a la Fiscalía de la Nación cuando fue detenido en noviembre de 2023.[554] En ese entonces, fue citado de grado o fuerza ante la Comisión de Defensa, presidida por Patricia Chirinos.[555]
En octubre de 2023, se redujo el personal de investigación a Boluarte de 14 a 4 fiscales asignados por «falta de presupuesto».[556]
El semanario Hildebrandt en sus Trece afirmó en junio de 2024 que el Ministerio Público tenía evidencias para señalar que Boluarte sería líder de una presunta organización criminal. En su tesis se tomó la tesis del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Perú sobre contratos millonarios registrados con empresas que aportaron en la campaña presidencial.[557]
Caso de los relojes
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En 2024, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación adicional sobre la adquisición de relojes de Dina Boluarte.[558] Esta investigación surgió tras un análisis de sus declaraciones juradas, el cual reveló un incremento de 400 000 soles en sus activos entre 2021 y 2023.[559] Posteriormente, el medio digital La Encerrona obtuvo fotografías oficiales que proporcionaban evidencia visual de la posesión de numerosos relojes por parte de Boluarte.[560] El caso suscitó interés internacional, reflejado en la comparativa realizada por el canal de televisión español La Sexta con el caso Gürtel.[561]
En una entrevista con la prensa, la entonces presidenta Boluarte afirmó que los relojes habían sido adquiridos mediante su «trabajo [constante] desde los 18 años». Solicitó además que no se incursionara en «temas personales».[562] Esta afirmación contradijo la declaración del exasesor presidencial Henry Shimabukuro, quien indicó que Boluarte no usó relojes de lujo durante la campaña electoral.[563] La excolaboradora Maritza Sánchez corroboró la afirmación de Shimabukuro.[564]
Posteriormente, un grupo de diez ministros,[565] entre ellos Hania Pérez de Cuéllar, trataron de minimizar el escándalo. Pérez de Cuéllar intentó justificar la compra admitiendo la adquisición de una «réplica» de un reloj Rolex,[566] mientras que Jennifer Contreras y Leslie Urteaga apelaron a la victimización por motivos de género.[567]
El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, instó a la Presidencia de la República a proporcionar explicaciones «verosímiles» en relación con las declaraciones emitidas por la exmandataria, que han generado «cierto desconcierto».[568] Ante la falta de aclaración sobre la adquisición de los relojes, el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, ordenó «medidas de emergencia» para investigar el caso.[569] El 30 de marzo de 2024 se procedió con el allanamiento en la casa de Boluarte.[560]
El caso suscitó división entre gobernadores regionales. El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Werner Salcedo, manifestó su oposición a la jefa de Estado,[570] provocando la disconformidad del flamante primer ministro.[571] Por su parte, César Acuña y Rafael López Aliaga emitieron un comunicado desmintiendo su participación en la condena gubernamental y optaron por brindar asistencia.[572]
Allanamiento a la casa de la presidenta
El 29 de marzo, en horas de la noche, equipos de la Fiscalía de la Nación y de la División de Investigación Criminal, ingresaron a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, en el distrito de Surquillo, para proceder con el allanamiento. Posteriormente, la Policía y el Ministerio Público llegaron también a la casa de la presidenta, así como el despacho presidencial de Palacio de Gobierno, para continuar con el allanamiento. Tras esta noticia, la Presidencia del Consejo de Ministros, convocó a una reunión de emergencia en la madrugada del 30 de marzo. Asimismo, el premier Gustavo Adrianzén y todos sus ministros defendieron a Boluarte, aduciendo que se le había brindado todas las facilidades para su defensa legal.[560]
Más adelante, la presidenta Boluarte, dio su mensaje a la Nación, donde rechazó tajantemente el allanamiento a su domicilio y el despacho presidencial de Palacio de Gobierno, indicando que tanto ella como la institución presidencial, están siendo víctimas de un «ataque sistemático» que busca desestabilizar la democracia en el Perú. Igualmente, informó que brindará su testimonio ante el Ministerio Público, por la obtención de sus relojes y demás accesorios de lujo, y que por recomendación de su abogado no dará más declaraciones del caso al respecto.[560]
Frente a todo el escándalo, el partido Perú Libre, anunció que presentó una moción de vacancia presidencial contra la presidenta Boluarte, donde indicaron que la mandataria debería ser destituida del cargo por presentar incapacidad moral permanente. Mientras tanto, dos ministros renunciaron horas después del allanamiento.[573] Días después, el 4 de abril, el Congreso desestimó los dos pedidos de vacancia presidencial contra la presidenta Boluarte por incapacidad moral.[574]
En abril de 2024, el Coronel de la PNP Harvey Colchado fue relevado de su cargo tras la divulgación de una imagen en las redes sociales en la que representación virtual portaba un ariete apuntando a una puerta con su nombre. Esta imagen, aparecida en los estados de WhatsApp del funcionario, fue difundida por el medio de comunicación Willax.[575][576] Tras la difusión de la imagen, el Palacio de Gobierno convocó una reunión con el ministro del Interior y los altos mandos de la PNP.[575] En declaraciones realizadas a un dominical, la jefa del Eficcop, Marita Barreto, expresó su preocupación por el cese de Colchado, calificándolo como una «venganza del poder corrupto».[577]
Subsiguientemente, agentes del Ministerio del Interior intentaron acceder a equipos informáticos y documentación sensible del Eficcop. La Inspectoría General del ministerio anunció el inicio de una investigación formal debido a la irregularidad de esta acción.[578]
En noviembre de 2024, la Inspectoría de la PNP anuló la destitución de Colchado, meses después de que el Poder Judicial admitiese la demanda de amparo.[579] No obstante, la anulación de la destitución no impidió que Colchado pasara a la situación de retiro al mes siguiente y que la Comandancia General de la Policía anunciara que todos los oficiales que formaron parte del operativo serían destituidos de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, donde estaba destinado Colchado.[580]
Caso «Waykis en la Sombra»
El 10 de mayo de 2024, el Ministerio Público realizó el operativo denominado Valkiria Jericó.[581] Durante la operación fue detenido preliminarmente Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, acusado de presuntamente utilizar su influencia para favorecer intereses en el Poder Ejecutivo,[582] lo cual se habría extendido al Instituto Peruano del Deporte.[583] También fue arrestado Mateo Castañeda, abogado de la presidenta, por presunta obstrucción a la labor del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.[584]
Simultáneamente, se produjo el desmantelamiento de la unidad policial encargada de brindar apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.[585][586] Esta decisión fue implementada por el Poder Ejecutivo y apoyada por el ministro del Interior,[587] a pesar de las acusaciones previas de la Fiscalía, que planteó hipótesis sobre la posible remoción del cargo de Harvey Colchado y el espionaje a Marita Barreto, ambos miembros del Eficcop.[588][589] El ministro de Justicia justificó el desmantelamiento como una «decisión netamente administrativa».[590]
El 17 de mayo, el Poder Judicial, ordenó la revocación de la detención del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte y del abogado de la mandataria, Mateo Castañeda. En la misma fecha, el Congreso de la República rechazó tres mociones de vacancia presidencial presentadas contra Boluarte.[591] Estas mociones habían sido criticadas por diversos actores políticos (principalmente de Fuerza Popular)[592] y algunos medios de comunicación, por basarse en supuestas imputaciones formuladas por grupos de interés, los «caviares».[593] La periodista Juliana Oxenford comentó en su cuenta de Twitter el resultado de la votación en el Congreso, señalando:
Juliana Oxenford X (antes, Twitter) @julianaoxenford Resulta que la "mafia caviar" es tan peligrosa y dominante que las tres mociones de censura para vacar a Dina Boluarte fueron rechazadas en el Congreso. Por eso la Pdta se va feliz a China. Puede quedarse a vivir allá. Con tal, aquí quienes gobiernan son los bancadas de derecha.17 de mayo de 2024[594]
Días después, Castañeda anunció que dejó de asumir la defensa de Dina Boluarte.[595]
A pesar de que el Congreso promulgó la ley que modifica la definición de crimen organizado, el Eficcop se negó a aplicarla (bajo el concepto del «control difuso») para evitar la liberación de Nicanor Boluarte.[596]
El 19 de noviembre, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte,[597] pero horas antes de que se dictara la sentencia se reveló que el hermano de la presidenta Boluarte se había escapado a un lugar desconocido y que temía que lo capturaran, según contó su abogado Luis Vivanco.
En enero de 2025, Nicanor Boluarte quedó en libertad. A pesar de haber sido detenido preventivamente, el Congreso de la República consiguió anular dicha detención. El ministro Eduardo Arana defendió las observaciones del Ejecutivo para que se restituyera la detención preliminar en casos de no flagrancia y argumentó que se habían usado «fines políticos» contra el detenido.[598] Según denunció el fiscal Mirko Cano, Nicanor Boluarte ha recibido respaldo del gabinete presidencial.[599]
En julio de 2025, el Poder Judicial ordenó al Equipo Especial contra la Corrupción del Poder que dejara de investigar a Mateo Castañeda.[600]
Caso «Cofre»
En septiembre de 2024, la Fiscalía de la Nación solicitó al Palacio de Gobierno información sobre la flota de vehículos destinados a la presidenta, Dina Boluarte, a partir de las revelaciones sobre el paradero del prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón.[601] Un ex director general de la PNP afirmó que existen cinco de estas flotas y que llevan el apodo de «Cofre», tal como se llamó el caso.[602] Para evitar que la prensa indague en el tema, el gobierno optó por ocultar detalles sobre su flota de transporte.[603]
Días después, una empresa de videovigilancia confirmó que un vehículo presidencial se había desplazado al sur de Lima, donde se localizó a Cerrón.[604] Sin embargo, los vecinos de la zona negaron que la presidenta estuviera a bordo del vehículo en cuestión[605] y afirmaron que no había registros de su llegada a una de las viviendas.[606] Un conductor afirmó que había trasladado a Dina Boluarte a un complejo donde se llevó a cabo una operación para capturar a Vladimir Cerrón, que supuestamente el Gobierno trató como una «actividad familiar».[607] Finalmente, el presidente de la junta de vecinos del condominio reveló que la dueña de la vivienda, Kelly Jaramillo Lima, habría acompañado a Boluarte el mismo día en que se habría realizado una redada policial para encontrar a Cerrón.[608]
El Ministerio Público formalizó el caso el 28 de septiembre de 2024.[609] Al mes siguiente, el Ejecutivo separó de su equipo de seguridad al conductor del vehículo investigado, Félix Montalvo Guevara.[610] Además, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, confirmó que Boluarte visitó una de las residencias donde la policía habría afirmado que vivía Cerrón y pidió disculpas posteriormente por compartir tal revelación.[611]
En noviembre de 2024, se debatió la moción para otorgar a la Comisión de Fiscalización facultades de investigación, pero no se admitió a debate en el Pleno. El partido Alianza para el Progreso se opuso y el fujicerronismo y otras bancadas prefirieron mostrarse indiferentes con la abstención.[612] El titular de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, comparó la visita a la casa veraniega con el caso Sarratea.[613]
En diciembre, la presidenta Dina Boluarte negó, a través de un mensaje a la Nación, haber visitado el condominio Mikonos, donde supuestamente había fugado Cerrón, y culpó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de urdir una conspiración. Mientras tanto, el Gobierno optó por nombrar a la policía Ruth Ligarda Castro, la principal sospechosa del caso, como integrante de su misión diplomática en España.[614] Esta designación generó duras críticas, pues consideraron que sólo se trataba de un interés político por desviar el tema.
En marzo de 2025, se creó una directiva que permite a toda la flota de vehículos presidenciales pasar más tiempo fuera del Palacio de Gobierno.[615] En agosto de ese año, la Presidencia del Consejo de Ministros estableció que toda la información sobre el despliegue de vehículos presidenciales era de carácter «reservado».[616]
Segunda denuncia constitucional contra Dina Boluarte
El 27 de mayo de 2024, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, acusándola de la compra valorizada de relojes de marca Rolex. Al presidente solo le puede investigar pero no acusar, debido a que la presidenta está siendo protegida por el artículo 117 de la Constitución Política del Perú. El 18 de julio, el Congreso admitió la denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte, pero al final la denuncia fue archivada el 23 de mayo siguiente.[617][618][619]
Vacancia presidencial
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El 8 de octubre de 2025, se desató una feroz balacera en el Círculo Militar de Chorrillos, mientras la agrupación de cumbia Agua Marina, realizaba una presentación por el feriado celebrado por el Combate de Angamos, resultando heridos 4 músicos de la orquesta piurana. Al conocerse la noticia, diversas bancadas, entre ellas Fuerza Popular, decidieron presentar 4 mociones de vacancia presidencial contra la presidenta Dina Boluarte, ante el avance de la ola delincuencial en el Perú y el reciente atentado contra Agua Marina.
El 9 de octubre, se inició el Pleno en el Congreso de la República, donde al promediar las 9:50 de la noche, se aprobaron las 4 mociones de vacancia presidencial contra Boluarte, asimismo, acordaron citar a la presidenta para las 11:30 de la noche, para sustentar su defensa junto con su abogado. Sin embargo, y ante la ausencia de Boluarte en el Pleno, los congresistas procedieron a votar por la vacancia de la presidenta, siendo aprobada a las 00:07 de la madrugada del 10 de octubre, con 118 votos a favor y 0 en contra, siendo Boluarte destituida de la presidencia por incapacidad moral.
Tras la votación del Congreso, la presidenta dirigió su último mensaje a la nación, en el que resaltó los logros de su gobierno para, supuestamente, «recuperar la democracia». Posteriormente, el presidente del Congreso, José Jerí, asumió la presidencia de la República de manera interina.
El periodista de la BBC Jonny Dymond describió que «el drama de la destitución de la presidenta fue solo un síntoma de la situación política y social que se vive en Perú» y señaló que, a pesar de los logros alcanzados por el país en la década de 2010, «es deprimente ver cómo la delincuencia está minando tanto la vida de los ciudadanos como la confianza que estos tienen en las instituciones».[620]
Gobierno de José Jerí (2025-2026)
El 10 de octubre, José Jerí Oré, del partido Somos Perú, fue elegido presidente del Congreso de la República y asumió la presidencia. Fue la octava máxima autoridad en 10 años, en el que el Ejecutivo habría perdido poder político ante el Legislativo, como reseñó France 24.[621] Según BioBioChile, se buscó a un primer ministro en cuatro ocasiones hasta que el cargo recayó en Ernesto Álvarez Miranda.[622] Jerí empezó a tomar medidas políticas centradas en la seguridad. Con el tiempo, aprovechó su imagen de «La Máquina», que formaría parte del lema gubernamental «A toda máquina». El especialista en marketing político, Miguel Antezana, señalaba que el lema «no era una política de comunicación gubernamental, sino una estrategia de promoción personal» del nuevo presidente.[623]
Su asunción fue muy criticada. Los sectores progresistas acusaron a Jerí de estar siendo investigado por una supuesta violación sexual a una menor de edad (caso que fue archivado y que Jerí negó rotundamente) y por enriquecimiento ilícito.[624] La periodista Juliana Oxenford señaló que los habitantes de Puno lo habían rechazado por ser «la continuidad de Dina Boluarte».[625] En esa misma línea, la lideresa de Somos Perú, Nora Bonifaz, acusó a la secretaria general del partido, Patricia Li, de nombrar a Jerí como presidente de la República, afirmó además no estar de acuerdo con su gestión y solicitó la renuncia de Li al partido por dicho nombramiento. Cabe señalar que, según Jerí, Li es considerada como su «madre», ya que siempre apoyó a Jerí en su candidatura al Congreso por ese partido.[626]
Posteriormente, se produjeron una serie de escándalos adicionales, como los vínculos con trabajadores chinos y la contratación irregular de personal femenino joven[627][628] o no cualificado.[629] En febrero de 2026 se presentaron siete mociones de censura para destituir a Jerí, lo que permitía retirarlo con menos votos necesarios que la solicitud de vacancia. El congresista Carlos Zeballos advirtió que, durante la propuesta de las mociones, el Congreso había incluido la «cuestión previa» para debatir si a Jerí se le debía aplicar el proceso destinado a los congresistas que son jefes de Estado, la «censura», o el proceso destinado a los jefes de Estado, la «vacancia», que se realizaría al mes siguiente.[630]
Protestas de la generación Z
El 15 de octubre de 2025, la «Generación Z» llevó a cabo protestas en toda la ciudad de Lima contra el régimen interino de Jerí y la coalición conservadora (conocida como el «pacto corrupto»). Durante las protestas se produjeron enfrentamientos con la policía y un violín de poliestireno (relacionado con un caso de presunta violación sexual de Jerí) fue quemado en la entrada del Congreso de la República, lo que causó caos y desesperación entre los manifestantes. La Defensoría del Pueblo informó de que un manifestante falleció por un impacto de bala recibido en el pecho, a causa del suboficial de la Policía Nacional del Perú, Luis Magallanes. El presidente Jerí llegó rápidamente al lugar de los hechos y mostró su solidaridad con los policías heridos por los manifestantes.[622] El partido Fuerza Popular respaldó la actuación policial para repeler las manifestaciones.[631]
Días después, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú llevó a cabo sus propias protestas. La congresista Diana Gonzáles cuestionó que el Gobierno de José Jerí diera un «trato diferenciado» a las manifestaciones de los mineros artesanales, que pudieron protestar con mayor libertad en el Congreso de la República que los integrantes de la «Generación Z».[632][633]
Aprobación del juicio político a Delia Espinoza
El Congreso de la República continuó con sus actividades después de que José Jerí pasara de la presidencia parlamentaria a la ejecutiva. En octubre, se aprobó por votación el reglamento del nuevo sistema bicameral, a pesar de haber sido rotundamente rechazado por la ciudadanía en el referéndum del 2018.[634] En noviembre, la Comisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el juicio político a los fiscales Delia Espinoza, Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos.[635] Organismos internacionales criticaron el actuar del Congreso y lo calificaron como persecución política.[79]
En noviembre de 2025, Delia Espinoza fue destituida por el Congreso y, además, se le retiró el seguro, tras saberse que la empresa aseguradora había sido contratada por el Congreso de la República.[636] 25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la destitución formaban parte de los expedientes de Espinoza.[637] José Jerí apoyó esa destitución.[638] Espinoza afirmó que no se arrepentía de sus acciones y que incluso había visitado Juliaca para apoyar a las víctimas de la masacre del 9 de enero de 2023.[639]
En junio de 2026, el Jurado Nacional de Elecciones ordenó que Delia Espinoza permaneciera excluida del padrón electoral por el mismo tiempo que lleva excluida. Con esta resolución, cualquier persona sancionada por el Congreso de la República no podrá ejercer su derecho al voto.[640]
Chifagate y destitución presidencial
Desde diciembre de 2025, José Jerí participó en una reunión clandestina con un empresario chino cercano a Nicanor Boluarte y vinculado al «Club del Dragón» para tratar de supuestos asuntos empresariales.[641] Aunque la reunión fue confirmada por la oficina del poder ejecutivo, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, restó importancia al encuentro.[642][643] El partido oficialista Somos Perú abrió una investigación contra él,[644] mientras que Fuerza Popular se negó a investigarlo por formar parte de un «coro desestabilizador».[645]
Medios locales revelaron que Jerí se había reunido con el empresario en varias ocasiones,[646] incluyendo un local que fue clausurado.[647] Las visitas no registradas de Jerí se conocieron como el caso Chifagate y fueron comparadas con la visita de Castillo a la casa de Sarratea.[648] La exministra de Justicia Ana Neyra afirmó que Jerí daba diferentes versiones de la reunión, en las que «cada versión fue más inverosímil que la anterior».[649]
Jerí fue destituido el 17 de febrero de 2026 tras la admisión de siete mociones de vacancia. Debido a la negativa del presidente del Congreso Fernando Rospigliosi a asumir la jefatura del Estado, Perú se quedó sin presidente durante al menos 24 horas.[650]
Gobierno de José María Balcázar (2026)
El 18 de febrero, el Congreso de la República designó a José María Balcázar del partido Perú Libre como presidente de la República. La Red de Medios Regionales del Perú reseñó que, en el pasado, Balcázar había presidido en el pasado la comisión especial que había elegido a los miembros mayoritariamente afines del actual Tribunal Constitucional y que había sido elegido gracias a la consolidada alianza entre Fuerza Popular y Perú Libre.[651] Entre sus planes, figuraba condicionar económicamente al Ministerio Público, dominado por Tomás Gálvez (después de Patricia Benavides, Delia Espinoza y Juan Carlos Villena durante la crisis), para que no investigara a las altas autoridades.[652]
Los partidos políticos se acusaron mutuamente por la elección de Balcázar. El partido Fuerza Popular acusó a Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Perú Libre de haber creado un «pacto mafioso» para elegir a Balcázar como presidente, ya que estos partidos votaron a favor de que María del Carmen Alva, del partido Acción Popular, fuera elegida presidenta. En respuesta, Rafael López-Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, arremetió contra Keiko Fujimori, señalando que está tratando de obstaculizar toda su campaña electoral con la elección de Balcázar. Asimismo, marcó distancia del nuevo Gobierno y dijo que no se descartaría una posible censura del presidente Balcázar ni que le den la confianza al nuevo gabinete.
El 22 de febrero se había rumoreado que Hernando de Soto sería su nuevo primer ministro, pero días después la exministra de Economía del Gobierno de José Jerí, Denisse Miralles, asumió el cargo. Esta elección fue cuestionada por el propio De Soto, quien afirmó que la alianza entre César Acuña y Vladimir Cerrón «ha hecho todo lo posible para que yo no jurara». El gabinete contó con el canciller Hugo de Zela, quien, en su calidad de autoridad, había infringido la neutralidad al animar a «elegir a alguien totalmente distinto a Pedro Castillo».[653] Miralles renunció menos de un mes después, en medio de la falta de consenso entre los congresistas.[654] El abogado Alberto Quintanilla señaló que la destitución de Miralles fue consecuencia del colapso de la coalición parlamentaria.[655]
El mandato de Balcázar no impidió que el Congreso elaborara un informe para sugerir al Ministerio Público que denunciara a otras figuras importantes como José Domingo Pérez, Rafael Vela y Gustavo Gorriti.[656] Además, el Parlamento aprobó un proyecto de ley que garantiza que los militares y policías no sean juzgados como ciudadanos de a pie, proyecto que el Instituto de Defensa Legal consideró que solo el fuero militar puede tomar decisiones en temas de corrupción y derechos humanos.[657]
Compra de aviones F-16
El 22 de abril de 2026, el canciller Hugo de Zela renunció a su cargo a causa del escándalo de la adquisición secreta de los cazas F-16 estadounidenses, negociada inicialmente y en secreto por José Jerí.[658] Otros países, como Francia y Suecia, también participaron en la adquisición, pero fueron descartados. Las Fuerzas Armadas aceleraron la adquisición de estos aviones de guerra ante la posibilidad de que el candidato Roberto Sánchez ganara las elecciones presidenciales.[659] Un sector del Congreso impulsó una nueva moción de vacancia, pero no consiguió suficientes votos.[660][661]
Crisis energética
En marzo, una filtración en el gasoducto de Camisea en el Cusco, provocó una crisis energética, pues muchos taxistas hacían cola en diferentes grifos en busca de abastecimiento de gasolina y GNV, asimismo, los productos en los mercados y las tarifas en el transporte público, subieron sus precios. Es por ello, que, ante toda la crisis surgida por la rotura de un ducto de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), la premier Denisse Miralles, anunció que se implementarán el teletrabajo y las clases virtuales en colegios, universidades e institutos a nivel nacional. Esto provocó que un gremio del sector Educación, saliera a marchar frente al Ministerio de Educación, para que se levante la medida decretada por el gobierno.
Más adelante, el presidente Balcázar, anunció en una conferencia de la Presidencia del Consejo de Ministros, que las clases presenciales y trabajo presencial, se retomarán con normalidad, y que el problema de la rotura de un ducto de la empresa TGP, se solucionará a partir del día sábado 14. Ese día se restableció el servicio de gas y de GNV en todos los grifos de la ciudad de Lima, lo que supuso una solución parcial a la crisis energética, aunque los precios de los servicios de transporte no se estabilizaron.
Elecciones generales, crisis postelectoral y transición de gobierno
El mandato de Balcázar coincidió con las elecciones generales de abril de 2026 y, consecuentemente, con la crisis poselectoral, la cual se desencadenó a partir de problemas logísticos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la región de Lima Metropolitana. El jefe de la ONPE Piero Corvetto se vio forzado a renunciar ante la serie de cuestionamientos y críticas.
Al igual que lo ocurrido en las elecciones de 2021, casi ningún candidato pudo alcanzar siquiera 10% de los votos. La fragmentación del voto fue agraviada por la exagerada cantidad de partidos políticos: 36 partidos en comparación a los 18 del 2021. Esto fue consecuencia directa del gobierno de Boluarte, el cual eliminó las Elecciones PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias). Se trataba de un filtro creado precisamente para evitar la participación de demasiados partidos, siendo una especie de "pre-elección" con participación ciudadana.[662][663] La decisión fue criticada por varios especialistas.[664][665][666][667][667] Se predijo correctamente que la representación política del próximo presidente sería de un «5 o 10 % como máximo» para poder entrar a una segunda vuelta.[668]
Keiko Fujimori pasó a la segunda vuelta por cuarta vez consecutiva, nuevamente con un nivel de representación mínimo de tan solo 14.26% de los votos emitidos (17% de votos válidos). Su rival de turno fue Roberto Sánchez, del partido izquierdista Juntos por el Perú, quien obtuvo apenas 9.99% de los votos (12% de votos válidos).[669] Estos resultados fueron prácticamente idénticos a los del 2021 con Keiko y Pedro Castillo, pero con los roles invertidos. En ambas elecciones, la cantidad de votos nulos y viciados (18% en 2021 y 17% en 2026) superó al candidato "ganador".[670] Nuevamente se vivió un periodo de marcada polarización ciudadana.[671] Por un lado, Keiko revindicaba la figura de su fallecido padre, Alberto Fujimori, mientras que Roberto Sánchez revindicaba a Pedro Castillo, quien declaró su apoyo desde prisión, aunque en su momento Sánchez se abstuvo durante la votación de su vacancia.[672]
En tercer lugar, y con un muy pequeño margen de desventaja respecto a Roberto Sánchez, quedó Rafael López-Aliaga, del partido ultraconservador Renovación Popular. Su partido inicialmente desconoció el resultado de las elecciones, incitando a movilizaciones contra la ONPE. Según sus declaraciones, el presunto fraude habría tenido como objetivo favorecer a Roberto Sánchez para que pasara a segunda vuelta contra Keiko y posteriormente ganara la presidencia.[673] Sin embargo, dichas acusaciones requerían de pruebas de intencionalidad y manipulación sistémica, las cuales no fueron demostradas y fueron descartadas por observadores internacionales, la Asociación Civil Transparencia y la Organización de los Estados Americanos.[674][675][676][677][678] Fuerza Popular y Renovación Popular, quienes consiguieron escaños parlamentarios nuevamente, culparon a Balcázar por la pobre organización de las elecciones.[679] Varios ciudadanos se enfrentaron a Balcázar acusándolo de «comunista».[680] Herberth Cuba, exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, advertía de que la intención de Renovación Popular de cancelar los comicios reforzaría la crisis política y se viviría una «desorden total».[681] Posteriormente, López-Aliaga utilizó el supuesto fraude como excusa para no asumir su cargo de senador y así poder postular en las elecciones municipales de Lima de 2026.[682]
Tras tres intentos fallidos, Keiko Fujimori finalmente consiguió vencer en segunda vuelta. Igual que en las elecciones del 2021, el candidato que ganó lo hizo con una diferencia de apenas 40 mil votos (0.26 % de votos).[683] Roberto Sánchez anunció que no reconocería los resultados, alegando otro fraude electoral y exigiendo que se impida la proclamación de la presidenta.[684] Keiko Fujimori declaró que habría una «reconciliación».[685] Por su parte, Balcázar cuestionó que Fujimori busque la reconciliación en un eventual gobierno y planteó que solo participaran en su mandato los militantes fujimoristas.[686] De forma insólita, el Congreso anunció que el mandato de Balcázar terminaría el 26 de julio, el mismo día de la instalación del nuevo congreso bicameral,[687] aunque posteriormente se anunció que su mandato como presidente sí culminaría el día 28.[688]
Sondeos y propuestas para adelantar elecciones generales
Se ha discutido, entre varias posibilidades, la opción de «que se vayan todos», propuesta de adelanto de elecciones con reformas políticas inicialmente creada por el colectivo La Propuesta,[689][690] y que posteriormente formalizaron en su tiempo por los congresistas Nano Guerra,[691] Pasión Dávila y Digna Calle.[692] Dicha estrategia fue planteada por Flor Pablo Medina en la visita de la OEA en noviembre de 2022.[693] Según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP): en marzo de 2022 un 80 % de los electores apoyan nuevas elecciones, en caso de vacancia presidencial,[694][695] cifra que creció hacia un 87 % en noviembre de ese año.[696] Según Ipsos (noviembre de 2022), el 60 % de peruanos acuerdan «modificar la Constitución para acortar el mandato del presidente y del Congreso y adelantar las elecciones generales de manera excepcional dada la crisis actual».[697]
A raíz del cambio de administración liderado por Dina Boluarte en diciembre de 2022, las encuestas han reflejado un significativo apoyo público a la celebración de elecciones anticipadas. Según un estudio realizado por el Instituto de Estudios Peruanos, el 83 % de los ciudadanos respalda esta medida.[698] Posteriormente, en marzo de 2023, una encuesta de Ipsos entre 6500 participantes reveló que el 70 % de los encuestados responsabilizaba al Congreso por la situación actual del país, mientras que el 63 % atribuía la culpa al gobierno de Boluarte.[699]
Sin embargo, las propuestas de adelante de elecciones aún son inciertas. El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, señaló en 2024 que «hoy en día nadie quiere renunciar a los cargos por más desafortunada que sea la situación que atraviesa el país».[700] Además, una encuesta de Ipsos (2023), días antes del escándalo de corrupción en el Ministerio Público, reflejó que la crisis política afecta en la elección de partidos políticos. Acorde a la encuestadora, un 11 % votaría por un nuevo partido y un 27 % no tiene una decisión definida.[701]
Efectos
Económicos
Durante el estallido peruano de 2022-2023, los principales sectores de la economía peruana se paralizaron en gran medida durante las protestas.[702] Tres semanas después del inicio de las protestas, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) informó que, debido a las protestas, Perú había perdido aproximadamente 1.700 millones de soles (450 millones de dólares estadounidenses) en ingresos turísticos desde el comienzo de las manifestaciones.[703] Un mes después del inicio de las protestas, algunas tiendas en Lima reportaban una disminución del 60% en las ventas en comparación con el año anterior.[704] Según el gobierno de Boluarte, Perú sufrió daños a la infraestructura por valor de 1.300 millones de dólares debido a las protestas a finales de enero.[702] El 31 de enero de 2023, la agencia de calificación de riesgos Moody's cambió la perspectiva de la calificación crediticia de Perú a "negativa", citando "un deterioro en la cohesión institucional, la gobernabilidad, la efectividad de las políticas y la fortaleza económica a través de gobiernos sucesivos".[705]
Política exterior
Tras la destitución de Castillo, México y otros países de la región continuaron reconociéndolo como presidente legítimo, provocando una crisis diplomática.[706][707][708] Una situación similar ya sea había visto durante las protestas de 2020, durante las cuales El Salvador y Venezuela se negaron a reconocer a Manuel Merino.[709] A raíz de los nuevos disturbios, las relaciones con Estados Unidos también se deterioraron luego de una carta de 15 miembros del Congreso estadounidense que criticaban al gobierno por sus nombramientos antidemocráticos para el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.[53] Sin embargo, el presidente Joe Biden posteriormente demostraría apoyo al gobierno de Boluarte, lo que causó críticas.[710] [711][712]Las relaciones con España y Brasil también se deterioraron luego de un rechazo a la venta de armas debido a la violencia.[713]
Erosión democrática
Desde que comenzó la crisis, Perú ha experimentado una erosión democrática significativa, con los sucesivos gobiernos siendo descritos como autoritarios y corruptos,[714][715][716][717]especialmente el de Dina Boluarte.[718] Incluso durante las presidencias de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, Perú fue percibido como una democracia en retroceso debido a los esfuerzos obstruccionistas del Congreso.[719]
Durante las elecciones generales de 2021, la campaña de Keiko Fujimori fue criticada por ser antidemocrática y por lanzar una campaña de desprestigio contra Pedro Castillo, utilizando el racismo y el terruqueo para dañar su reputación.[720][721][722] Tras la victoria de Castillo, Fujimori y sus aliados intentaron anular las elecciones mediante acusaciones infundadas de fraude electoral.[723][724] Posteriores declaraciones confirmaron de que existió un esfuerzo coordinado entre prensa, congreso y ministerio público para vacar a Castillo apenas asumió la presidencia.[725] Fujimori también se vio envuelta en controversia después de que se revelara de que Vladimiro Montesinos estuvo involucrado en la campaña desde prisión.[120] Tras asumir la presidencia, Castillo se vio también envuelto en escándalos de corrupción y se iniciaron varias investigaciones en su contra. El Congreso también obstaculizó fuertemente muchas de sus acciones a través del Bloque Democrático. Las acciones de Castillo también fueron vistas como antidemocráticas tras las protestas contra su administración.[726][727] Sus acciones antidemocráticas continuaron durante su tercer proceso de vacancia, en el que ejecutó un autogolpe fallido que fue criticado a nivel nacional e internacional como antidemocrático y autoritario, lo que llevó a su destitución.
Entre 2021 y 2026, los fujimoristas fueron acumulando poder mediante nombramientos arbitrarios en distintas instituciones del Estado. La primera institución fue el Tribunal Constitucional, en mayo de 2022, fortaleciendo su influencia sobre el máximo intérprete de la Constitución. Una de sus primeras acciones fue ordenar la liberación de Alberto Fujimori, desconociendo la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que anuló el indulto dado por Kuczynski. El TC se encargó entonces de restituir magistrados investigados por corrupción, como Tomás Gálvez (acusado de ser parte de los Los Cuellos Blancos del Puerto), y de archivar investigaciones como el Caso cocteles, en el que estaba involucrada Keiko Fujimori. La siguiente institución fue la Defensoría del Pueblo, en mayo de 2024, la cual preside la comisión que selecciona a la Junta Nacional de Justicia. Paralelamente, el Congreso inhabilitó a Inés Tello y Aldo Vásquez, miembros de la JNJ que habían destituido a fiscales relacionados con Los Cuellos Blancos e investigaban a Patricia Benavides por el Caso Valkiria.[51] La nueva JNJ fue elegida en noviembre de 2024, en otro proceso condenado internacionalmente como antidemocrático.[74][75]
Solo unos meses después de esta elección, el Tribunal Constitucional declaró "inconstitucional" el procedimiento disciplinario inmediato de la JNJ, permitiendo el retorno de jueces y fiscales destituidos por corrupción. El restituido Tomás Gálvez anunció que eliminaría todos los equipos especiales de investigación (como el equipo Lava Jato de Domingo Pérez), argumentando que se trataba de un medio para perseguir magistrados.[728] Ya desde 2021 se denunciaba un hostigamiento hacia los equipos especiales.[729] Al año siguiente, 2025, el Congreso suspendió a la fiscal Delia Espinoza, quien había reemplazado a Benavides, bajo argumentos falsos.[77][78] Este fue otro proceso condenado internacionalmente.[79] En 2026 se destituyó a los fiscales José Domingo Pérez y Pablo Sánchez,[80][81] y a los jueces Oswaldo Ordóñez Alcántara y Richard Concepción Carhuancho,[82][83] todos investigadores clave en el caso de corrupción internacional Lava Jato, en una serie de medidas condenadas por la ONU como persecución política.[84][85] También se intentó inhabilitar a Francisco Sagasti, sin éxito.[51] En julio de 2026, Víctor Raúl Rodríguez Monteza fue restituido como fiscal supremo a pesar de sus investigaciones por corrupción, nuevamente por los Cuellos Blancos, efectivamente revirtiendo todas las reformas anticorrupción impulsadas tras 2018.[730] Las investigaciones del caso Odebrecht contra Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori terminaron por ser archivadas, todas bajo el argumento de que sus acciones no constituían "lavado de activos" según la legislación vigente previa al 2016, pese a que ocultaran el origen del dinero.[731][732][733][734][735]
Desde 2024 se han promulgado una serie de leyes apodadas "pro-crimen" que en la práctica dificultan la persecución de la corrupción y el crimen organizado, incluyendo modificaciones a la legislación sobre crimen organizado (impidiendo que partidos políticos sean investigados como organizaciones criminales, lo que favorece directamente a Fuerza Popular), restricciones a la detención preliminar (que da plazo para eliminar evidencias), reducción de plazos de prescripción; entre otras.[51] El Congreso también ha sido criticado por aprobar la creación de un renovado congreso bicameral, a pesar de ser una medida ampliamente rechazada en el referéndum del 2018 impulsado por Vizcarra.[506]
Censura mediática
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Durante las elecciones generales de 2021, los principales medios de comunicación fueron acusados de apoyar abiertamente la campaña de Keiko Fujimori y su estrategia de infundir miedo respecto al peligro de Pedro Castillo.[736][737] [738]En diciembre, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú indicó que 21 periodistas fueron víctimas de agresiones durante protestas.[739]
Desde iniciar sus funcionas, el Congreso ha intentado promulgar leyes que en la práctica limitan la libre expresión. La primera consistió en un proyecto para censurar obras que tergiversaran «la verdad» de la memoria colectiva peruana. El proyecto de ley fue criticado por instituciones museísticas por recurrir a visiones subjetivas de dicha memoria.[740] Posteriormente, el Congreso prohibió de que sus trabajadores realicen declaraciones públicas que «[afecten] la imagen del Congreso o la dignidad de los congresistas».[741] Entre los afectados se encuentra un asesor de la congresista Flor Pablo, Diego Pomareda, sancionado tras denunciar en Twitter un caso de abuso de poder del parlamento.[742][743]
En 2023, tras el período de convulsión social, la administración de Dina Boluarte, respaldada por sectores conservadores del parlamento, propuso medidas para abordar la incitación a la violencia en las protestas, incluyendo sanciones para los comunicadores que promuevan dichos actos.[744] Esta propuesta fue seguida por intentos de separar de la IRTP a quienes se oponen a Boluarte y la formulación de palabras prohibidas en los libros escolares por su carácter sensible.[745]
Tras la muerte de un manifestante el 28 de enero de 2023, el periodista Carlos Cornejo, de la cadena estatal TV Perú, criticó a la policía por negar culpabilidad pese a las contundentes pruebas de que el protestante fue asesinado. Cornejo fue despedido por el IRTP, una acción condenada por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.[746][747]
La prensa tradicional limeña ha sido acusada por terruquear a los manifestantes y minimizar las protestas.[748] El estadounidense The New York Times denunció que «la intensa concentración de la propiedad de los medios de comunicación, con muchos de ellos en Lima, [ignoran] las protestas o [resaltan] las acusaciones de que los manifestantes son terroristas», y advirtió que su cobertura «no ha hecho, sino exacerbar la sensación de que la élite urbana se ha confabulado contra los pobres del campo».[749] El boliviano La Razón obtuvo comentarios de la analista Francesca Emanuele, quien dijo existir que señala una «"concentración demencial" de los medios [convertidos] en los "aliados de la represión"».[750] The Listening Post (del canal Al Jazeera English) también afirmó que los líderes de opinión escrita y televisiva en Lima buscaban minimizar las protestas.[751]
Violencia y derechos humanos
La violencia en Perú durante la crisis política ha aumentado en los últimos años, específicamente durante las presidencias de Pedro Castillo y Dina Boluarte, ya que sus respectivos gobiernos lucharon contra los disturbios en su contra.[752]
El gobierno peruano tiene un historial de violaciones de derechos humanos durante el Plan Cóndor y el Conflicto armado interno, liderados principalmente por Francisco Morales Bermúdez y Alberto Fujimori, respectivamente. Durante esos períodos, la propagación del miedo en los medios de comunicación fue intensa, al igual que las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y las masacres. Las Fuerzas Armadas peruanas tienen un historial de impunidad; entre 2003 y 2020, fueron responsables de 167 muertes, mientras que los perpetradores recibieron pocas o ninguna consecuencia por sus acciones.[753][754] El gobierno participó por primera vez en la violencia durante las protestas de 2020, en las que se reportaron 2 muertes.[755] Los informes de brutalidad policial y represión política fueron ampliamente difundidos en los medios de comunicación y finalmente cesaron después de la renuncia del presidente Manuel Merino. Los informes de violencia volvieron a salir a la luz durante las elecciones de 2021, en las que miembros del movimiento radical La Resistencia se enfrentaron con miembros del partido de ultraizquierda Perú Libre. La Resistencia también intentó un ataque contra el Palacio de Gobierno, que fue repelido por la policía.[756][757][758] Tras la victoria de Pedro Castillo como presidente y su toma de posesión, La Resistencia abogó por su derrocamiento y participó en ataques contra su gobierno, alineándose con el Congreso.[759] El grupo también atacó a periodistas.[760]
Tras la destitución de Castillo en diciembre de 2022 y el inicio de las protestas, el gobierno de Dina Boluarte participó en abusos contra los derechos humanos. Sus fuerzas presuntamente recurrieron a la tortura, intrusiones no autorizadas, brutalidad policial, represión política y ejecuciones extrajudiciales.[761][762] Los abusos también constituyeron presuntamente racismo, afectando de manera desproporcionada a las comunidades indígenas empobrecidas.[763][764] La participación de La Resistencia en la violencia contra los manifestantes también generó más controversia, sumándose a la represión gubernamental.[765][766]
El Congreso se ha esforzado en evitar y bloquear cualquier tipo de investigación en su contra. En abril de 2025 se aprobó una ley que evita que cualquier ONG pueda demandar al Estado peruano.[68] El mes siguiente se aprobó una ley que literalmente ilegaliza la protesta.[55][56]Tras numerosos cuestionamientos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Congreso intentó promulgar un proyecto de ley para retirarse de la corte argumentando que violaban la "soberanía" del Estado.[767] Los roces con la corte se remontan a 2017, cuando la CIDH se pronunció en contra del indulto a Alberto Fujimori, logrando su anulación en 2022. Sin embargo, el Tribunal Constitucional terminaría por devolverle la libertad al año siguiente. El Congreso posteriormente aprobó la Ley 32107, que prescribe delitos de lesa humanidad antes del año 2002, y la llamada Ley de amnistía, la cual prescribe delitos durante el conflicto armado interno, desconociendo por completo las anteriores resoluciones de la CIDH.[768]
En julio se aprobó una ley que impide que policías y militares puedan ser juzgados por la justicia ordinaria.[93] Es decir, los policías y militares solo podrán ser juzgados por otros policías y militares, lo que en la práctica, y dado el historial de abusos policiales, significará impunidad para cualquier delito. Esta norma se aprobó poco después de escándalos como la extorsión, tortura y asesinato de un joven en una comisaría (presentado como un suicidio por la policía);[769][770] el asesinato de un conductor por cruzar la luz roja;[771] y el asesinato accidental de un niño de 8 años en un operativo.[772] La corrupción policial en Perú es un fenómeno reconocido por la propia policía, a la cual se considera como una institución en crisis.[773]
Véase también
Portal:Perú. Contenido relacionado con Perú.
Portal:Política. Contenido relacionado con Política.- Política del Perú
- Crisis política en Perú de 2009
- Crisis política en Perú de 2016-2020
- Protestas en Perú de marzo-abril de 2022
- Intento de autogolpe de Estado en Perú de 2022
- Convulsión social en Perú
- Caso Perú Libre contra Pedro Castillo por el concepto «Izquierda caviar»
- Cobertura de la prensa durante la crisis política en Perú de 2021-presente
- Conservadurismo en el Perú (siglo XXI)
